Acceso a la información pública: un derecho de todos los ciudadanos

El proyecto de ley de acceso a la información pública enviado por el Ejecutivo al Congreso Nacional es una medida de fortalecimiento institucional que vino a saldar una vieja deuda que tiene Argentina con su sociedad y que va a permitir promover mecanismos que fomenten la transparencia y el control sobre la gestión pública.

En nuestro país actualmente el derecho que tiene la ciudadanía a acceder a la información sólo está regulado por el decreto 1172/2003; por eso es necesario debatir este proyecto de ley que nos va a permitir ponernos a la altura de los noventa países del mundo que tienen una normativa vigente en esta área.

En este sentido, es imprescindible contar con una ley que incluya a los tres poderes del Estado, porque el derecho a acceder a la información pública es un derecho humano fundamental que se deriva de nuestra forma republicana de gobierno, que establece como principios la publicidad de los actos de gobierno y la obligación de los funcionarios y los representantes de dar cuenta de sus actos.

El proyecto de ley, que ya tuvo su primer tratamiento ante las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda en la Cámara de Diputados de la Nación, se encuentra en concordancia con los principios rectores para una efectiva y correcta regulación del derecho de acceso a la información pública: publicidad, igualdad, celeridad, informalidad —toda persona puede solicitarla sin acreditar representatividad alguna— y gratuidad. Continuar leyendo

Debate, ¡por fin!

Hoy vivimos un hecho inédito. Por primera vez en su historia, Argentina asistió a un debate presidencial donde los candidatos en carrera intercambiaron ideas y discutieron de cara a la sociedad sus proyectos de país. Al final, quedó demostrado que no era tan difícil y que podía realizarse aun cuando la discusión sobre el marco legal no estuviera cerrada en el Congreso. Bastaba con decisión política, clarificar ideas y un poco de práctica.

Personalmente, participé de un debate entre candidatos a la vicepresidencia para las elecciones de 2011 y lo recuerdo con gran alegría, a pesar de que el candidato oficialista de entonces, Amado Boudou, no quiso asistir y el electorado no nos acompañó en la medida esperada. Aprendí mucho: la semana previa me preparé junto con mi equipo y volví a mi casa con la sensación de haber hecho lo correcto. Creo que hoy Macri y Scioli habrán experimentado un sentimiento similar. El electorado dará su opinión el próximo domingo. Continuar leyendo

Hacia una política de Estado que reivindique nuestra soberanía

A 32 años de iniciado el conflicto bélico en el Atlántico Sur, el reclamo por la soberanía argentina sobre Malvinas sigue siendo justo, pertinente y necesario. Pero la pretensión de soberanía conlleva un objetivo mucho más complejo que la reivindicación sobre una porción de tierra y requiere una política de Estado con consenso en todos los sectores del oficialismo y de la oposición. Esto, por varias razones. En primer lugar, debido a la importancia de los archipiélagos como reserva natural para la explotación de recursos marítimos e hidrocarburíferos. En segundo término, porque desde el punto de vista geográfico la localización de Malvinas constituye un “puente” clave para el acceso a la Antártida.

En un sistema mundial complejo y cambiante, que parece retornar al viejo esquema dominado por la puja entre los dos bloques de poder del siglo pasado, el esfuerzo de la Argentina por posicionar la reivindicación de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur adquiere creciente visibilidad en la agenda internacional. En ese sentido es importante destacar la importancia del apoyo de la comunidad mundial como la única salida viable para alcanzar instancias de diálogo en la construcción de futuras negociaciones con Gran Bretaña. Además de las reiteradas denuncias en Naciones Unidas y la OEA, la Argentina obtuvo el reconocimiento de sus legítimos derechos de soberanía en varios organismos multilaterales como el Mercosur, la Unasur, la CELAC, entre otros. También, otros foros interregionales como el ASPA, el Movimiento de Países No Alineados, el G-77, la Cumbre de Países Árabes y de América del Sur, la Cumbre de América del Sur y África y las Cumbres Iberoamericanas, en donde nuestro país ha reivindicado de manera permanente el reclamo de soberanía sobre las islas.

En 2015, se cumplirán 50 años de la aprobación de la resolución 2065 de la Organización de Naciones Unidas, medida por medio de la cual la Asamblea General afirmó la existencia de una disputa entre los gobiernos de la Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre la soberanía de las islas. Los resultados de la  votación, que tuvo lugar el 16 de diciembre de 1965 fueron: 94 a favor, 14 abstenciones y ninguno en contra. Desde 2004, Malvinas figura en el temario permanente del organismo. La Organización de los Estados Americanos, en 1993, aprobó una declaración que establece que la causa Malvinas es de interés hemisférico permanente, y  convoca a la Argentina y al Reino Unido a concluir la disputa a la brevedad por medio de una solución pacífica de la controversia. También, las Cumbres Iberoamericanas -que agrupan a los mandatarios de los 19 países iberoamericanos, España y Portugal-, reiteran anualmente, desde el año 2000 la necesidad de que la Argentina y el Reino Unido retomen las negociaciones, de conformidad con las resoluciones de la ONU  y de la OEA. Por medio del comunicado emitido el 29 de octubre de 2011, los estados presentes pronunciaron su rechazo a cualquier práctica unilateral, en la zona disputada, que incluya la explotación de recursos naturales y la realización de ejercicios militares. Además, indicaron la incompatibilidad con la resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Por su parte, el Mercosur llevó adelante el 25 de junio de 1996 la Declaración de Potrero de los Funes, en las que el bloque dio apoyo a los legítimos derechos argentinos en la disputa de soberanía por Malvinas y advirtió acerca de su desacuerdo con la exploración de los recursos naturales en la plataforma continental argentina por parte del Reino Unido. Finalmente, en las Cumbres presidenciales de la Unasur, organización establecida en 2008 para reemplazar a la Comunidad Sudamericana de Naciones, se emiten desde 2009, comunicados que subrayan el respaldo a las peticiones de argentinas. A fines de 2012 en la IV Cumbre de la Unasur, celebrada en Lima, los mandatarios se pronunciaron sobre el referéndum celebrado en Malvinas y argumentaron que el resultado no altera la esencia del reclamo, ya que el principio de libre determinación ha sido excluido de la resolución relativa a la cuestión Malvinas por la Asamblea de la ONU en 1985.

Cada uno de las adhesiones que genera nuestro país en la persistencia del reclamo en las distintas instancias -cumbres, foros o espacios multilaterales- configura un único marco institucional posible para cualquier acción que se quiera emprender. La existencia de una estrategia nacional que adopte el mecanismo de apertura al diálogo como proceso de negociación es clave en pos de la defensa de los derechos y deberes argentinos en los temas vinculados a las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, y de los espacios marítimos circundantes.

Es posible y necesario el regreso de Argentina a las Islas Malvinas. Requiere de un esfuerzo constructivo en el diseño y sostenimiento de una política de Estado estratégica que incluya a todas las fuerzas políticas. Hay consenso para ello y es nuestra obligación como dirigentes estar dispuestos a encarar el desafío.

De la legitimidad limitada a la búsqueda de la hegemonía absoluta

Al asumir con lo que los politólogos denominan legitimidad limitada, Néstor Kirchner tuvo la imperiosa tarea de consolidar su legitimidad electoral. Este hecho no es menor, y en alguna medida definió la impronta de los dos primeros años de gobierno, con algunas medidas que son las consideradas como las más positivas. En primer lugar, la modificación de la Corte Suprema de Justicia y también durante esa etapa la reapertura de los juicios a los responsables de las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar. Al mismo tiempo, en términos de dinámica política se proclamaba una supuesta transversalidad y diálogo con otras fuerzas políticas opositoras que nunca se llevó a cabo.

En lo económico, no cabe duda que el modelo implementado en 2003 que se sustentaba en tres pilares -tipo de cambio competitivo, superávits gemelos (fiscal y comercial) y acumulación de reservas internacionales- hace tiempo dejó de existir, aunque el gobierno se obstine en asegurar lo contrario. Hasta 2006 las altas tasas de crecimiento están explicadas por un lado por las excelentes condiciones de la economía internacional, que crecía a tasas que duplicaban el promedio histórico, acompañado por el crecimiento de la demanda generalizada de materias primas y su impulso sobre los precios, lo que conllevaba a una mejora significativa de los términos de intercambio, y por consiguiente su impacto positivo sobre la producción local. En el orden interno la mejora del tipo de cambio que significó la devaluación del 2002 junto con la decisión de establecer un esquema de flotación administrada para evitar la revaluación del peso, significaron un adecuado incentivo para impulsar el aumento de la producción, especialmente del segmento industrial que es la más sensible a la competencia internacional.

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