El relato de la deuda argentina

El relato es un instrumento de la política. Lo ha sido siempre. No es un monopolio del kirchnerismo, sino que se extiende a cada gobierno y a cada político, intentando siempre desligarse de responsabilidades sobre los problemas que nos aquejan

Domingo Cavallo es siempre apuntado como el responsable de la deuda en Argentina. En cualquier discurso sobre deuda o holdouts su nombre resurge. Es por esto que la columna que Infobae publicó ayer con su versión de “la evolución de la deuda argentina” tiene un importante significado.

Como expliqué en otra columna, Cavallo tuvo participación activa en el crecimiento de nuestra deuda en tres momentos históricos. 1) bajo el gobierno militar; 2) bajo el primer gobierno menemista; 3) bajo el gobierno de De la Rúa.

Personalmente, cambiaría el título de la referida columna, porque no trató allí la evolución completa de la deuda, sino la evolución “reciente” de la deuda argentina. Esto lo eximió de responder también por su participación en el crecimiento de la deuda durante el gobierno militar.

Pero su análisis deja igualmente mucha tela que cortar. Señala, por ejemplo, que en su gestión en el primer gobierno menemista la deuda no creció, sino que incluso cayó ligeramente. Llega a esta conclusión luego de mostrar que la deuda pública ascendía a 92.400 millones de dólares en 1989, de los cuales estaban registrados 63.000 millones, y pendientes de registración otros 28.700 millones de dólares. Al final el año 1996, la deuda ascendió a 91.700 millones de dólares.

Debemos aclarar, sin embargo, varias cuestiones.  En primer lugar, que el efecto del mencionado Plan Brady, que implicó una importante quita de la deuda, se eliminó por completo en sólo 3 años de su gestión. En segundo lugar, que Cavallo no menciona el proceso de privatizaciones de aquellos años que llevó a los compradores de las empresas públicas argentinas como Entel o Segba a pagar con bonos del gobierno en default, lo que permitió un importante descenso de aquel capital adeudado.

Con una buena gestión en el primer gobierno menemista, aprovechando la quita de capital y el proceso de privatizaciones, la deuda pública pudo haber bajado realmente a un nivel despreciable, y acompañado del crecimiento económico de aquellos años, su relación con el PIB hubiera mostrado que el problema histórico de la deuda estaba realmente resuelto.

A su favor, su salida del Ministerio de Economía no mejoró las cosas. En el segundo gobierno de Menem, entre 1996 y 1999, la deuda saltó de 91.600 a 111.000 millones de dólares.

En el gobierno de De la Rúa, la deuda volvió a crecer, en este caso de 111.000 a 134.700 millones de dólares, y de nuevo, Cavallo tuvo su responsabilidad. Es cierto que muchos de los vencimientos de la deuda tomada bajo el menemismo se colocaron un día después de abandonar el cargo, con lo cual la Alianza recibió una onerosa herencia, pero la gestión de estos problemas pudo ser mejor. El gobierno de la Alianza nunca pudo gestionar adecuadamente la deuda, ni la economía del país, cediendo terreno a manos del FMI para evitar caer en default y sostener la convertibilidad.

López Murphy tuvo un diagnóstico acertado cuando ocupó el Ministerio de Economía, apuntando al déficit fiscal, pero fue justamente la reaparición de Cavallo lo que minó aquella propuesta apuntando que el problema “no es el défcit, sino la competitividad”. La gestión de Cavallo en el gobierno de De la Rúa fue acompañada de mucha desconfianza del mercado, lo que se reflejó en una fuga de capitales sin precedentes que hicieron imposible sostener la convertibilidad en los años siguientes, con todo lo que ello trae aparejado, desde lo económico y lo social.

Un aporte significativo de este artículo es su mención de la deuda en la “década ganada”. Se suma Cavallo a magnificar el mito del desendeudamiento cuando señala que en estos diez años la deuda sumó otros nuevos 100.000 millones de dólares para pasar en diciembre de 2013 a acumular 231.000 millones de dólares (neta de activos financieros). Señala además que el problema no es sólo cuantitativo, sino cualitativo, especialmente por sentencias incumplidas que implican onerosos intereses, que serán la herencia para el próximo gobierno. Sus cálculos lo conducen a afirmar que la deuda puede llegar a superar los 270.000 millones de dólares y tener un perfil de vencimientos y un costo de intereses bastante peor que el que tenía la deuda al final de 2001.

Concluyendo, Cavallo, como tantos políticos argentinos que se han sucedido en el poder, jamás comprendió la importancia del equilibrio fiscal. El gobierno militar financió su brecha con deuda y emisión (inflación). El gobierno de Alfonsín ya no tuvo acceso a deuda y financió el déficit con la hiperinflación. En el primer gobierno de Menem la brecha se financió con la venta de activos (privatizaciones), y tras el plan Brady con endeudamiento. De la Rúa mantuvo la convertibilidad, y entonces no pudo tampoco monetizar los déficit fiscales, pero también tomó deuda para apagar los incendios. Durante el gobierno de Néstor Kirchner, hubo cierto superávit fiscal, pero éste sólo se justifica por la estatización de las pensiones y el manotazo a los 30.000 millones de dólares que las AFJP tenían ahorrados. Para cuando llegó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ese dinero ya no alcanzaba, volviendo a monetizar los déficits como en los años 1980 y volviendo a sufrir la inflación creciente. Tras su reelección, la negación al ajuste muestra una peligrosa aceleración de la inflación. El pago al Club de París y a Repsol buscaba volver a abrir las puertas al endeudamiento, pero el intento fue fallido gracias al fallo de Griesa y la cláusula Rufo, la que se destrabaría en enero de 2015. En un año de elecciones, me aventuro a predecir una nueva explosión en el gasto, mayor inflación y un nuevo salto en nuestra deuda.

Los peligros de ignorar la ciencia económica

Argentina vuelve a ir a contramano del mundo y también de la ciencia económica. Se podrá señalar que otros países sufren sus propias crisis, como Estados Unidos o aquellos que pertenecen a la Unión Europea, pero en todos ellos está garantizada la estabilidad monetaria. El largo estancamiento que posiblemente sufran se debe a que también ignoran las lecciones de la “buena” economía, pero a un nivel relativamente menor que el caso argentino.

El Gobierno argentino somete innecesariamente a la sociedad a un nivel de inflación cuyas causas ya son conocidas por todos en la profesión. Marcó del Pont o Axel Kicillof podrán discutir que el desequilibrio monetario causa inflación, pero esto choca contra uno de los mayores consensos con los que hoy cuenta la profesión. De ahí que la inflación sea un problema erradicado en casi todo el mundo. Los controles de precios también han mostrado ser una política inútil contra este proceso inflacionario. La ciencia económica desaconseja paliar la inflación con esta herramienta.

La administración kirchnerista tampoco se preocupa por el “equilibrio fiscal”, aspecto fundamental en los tratados de finanzas públicas. Mientras exista desequilibrio en este frente, el gasto excesivo deberá ser financiado por dos vías: deuda, que le es negada al gobierno por el default que lo acompaña desde sus inicios, o emisión monetaria, que justamente es la causa de las constantes subas de precios, e indirectamente también de los cada vez más frecuentes conflictos sociales y huelgas. Es simple concluir que si el déficit fiscal se agrava, bajo estas condiciones se agravará la inflación.

En el plano cambiario, el gobierno promueve un proteccionismo extremo, lo que ha provocado un llamado de atención de la OMC. Se podrá decir que todos los países aplican algún tipo de intervencionismo en el comercio internacional, pero Argentina ha abusado de esta herramienta, y ha traspasado todos los límites. Por un lado, restringe la libertad individual de que la gente acceda a la compra de divisas; por otro, impide la exportación de ciertos productos como la carne o la importación de productos básicos e insumos. La operatoria de las empresas es cada vez más compleja.

El Gobierno insiste que este modelo es inclusivo, “para todos”, pero queda claro que el proteccionismo protege a algunos a expensas de otros. Desde Adam Smith en adelante, los economistas sabemos que el mercantilismo beneficia a algunos industriales amigos, a la vez que perjudica a los consumidores que deben pagar más por productos y servicios de peor calidad.

Reconocer que los problemas de inflación, déficit fiscal, estancamiento o recesión, desempleo en aumento, conflictos sociales continuos y huelgas son la consecuencia lógica de la política económica que la actual gestión en economía provoca, debería conducir a este Gobierno o al próximo a buscar un cambio de modelo.

Concretamente, se requiere: i) un presupuesto base cero para alcanzar la eficiencia del gasto público que pueda ser sostenible en el largo plazo; ii) en base a ese nivel “óptimo” de gasto, habrá que alcanzar un nivel de recaudación tributaria que lo pueda sostener, pero si nos basamos en un “gobierno limitado” habrá espacio para eliminar los derechos de exportación y reducir el IVA a la mitad, de acuerdo a las política tributaria que la mayoría de los países aplican. Nótese que la presión tributaria argentina es la más alta de la región y llega a más que duplicar la de algunos países; iii) habrá que avanzar en eliminar las restricciones cambiarias y permitir una dolarización espontánea, si esto es lo que la gente desea. Tratar como un criminal a quien huye del peso para evitar perder poder adquisitivo constituye un verdadero crimen; iv) también será necesario recuperar el libre comercio, habilitando por ejemplo a los productores ganaderos a exportar carne, o a los importadores a contar con los insumos que necesitan para ser eficientes en los procesos de producción. Sólo de esa forma puede iniciarse un camino que nos permita competir a nivel global; v) habrá que flexibilizar el mercado laboral para que vuelvan a surgir empresas que creen empleo y terminen de una vez con esta destrucción de capital y de trabajo; vi) será fundamental avanzar hacia un federalismo real y correspondencia fiscal para que los gobernadores vuelvan a ser actores centrales en la economía argentina y abandonen su rol pasivo, terminando con el poder central que tanto daño ha hecho a las economías regionales.

Demás está decir que esta simple enunciación de políticas no intenta ser exhaustiva. Sólo comentar en esta nota periodística que un modelo diferente es posible y ya necesario, y que contradecir la ciencia económica tiene sus costos políticos y sociales. Para cerrar, vale recordar que la inflación, el desempleo creciente, la recesión o estancamiento, la fuga de capitales, el default son todos problemas que la mayoría de los países de la región no tienen por la coyuntura favorable que todavía nos acompaña.

La reestructuración completa está en juego

El ministro de Economía Axel Kicillof estuvo ayer en el lugar soñado. De aquellas clases sobre economía marxista que recibí de él en la Facultad de Ciencias Económicas a su conferencia en Wall Street se identifica esta única melodía. Disfrutó como un niño hablar de la crisis de 2008, culpar a los especuladores y a la falta de regulaciones, apuntar a las calificadoras de riesgo y maltratar a todos aquellos que participaron de la negociación. La ensalada verbal sólo puede comprenderla quien se acerque a su biografía. No fue tan explícito como Jorge Capitanich, quien señaló a Griesa y al mediador como agentes de los fondos buitres, pero lo dejó entrever. Resumiendo, señaló que nadie entiende las restricciones a las que se enfrenta la Argentina.

Lo que no dijo Kicillof es que esas restricciones, como las cláusulas RUFO, las firmó el mismo gobierno argentino. Y no los gobiernos anteriores a 2001, sino esta misma administración en las dos reestructuraciones de 2005 y 2010 que calificó de exitosas. Tampoco dijo que si estamos negociando en una jurisdicción norteamericana, esto se debe a que Argentina no habría podido colocar esos bonos bajo jurisdicción propia, por la falta de independencia judicial que tiene nuestro país.

Por supuesto que Kicillof cargó contra las gestiones previas a 2001, exaltó que este gobierno no necesitó tomar nueva deuda y enfatizó la exitosa política de desendeudamiento, que nos dejaría hoy con una deuda sobre PIB de alrededor del 40 %. Pero hay que agregar dos cosas: i) el dato es incompleto, al menos hasta que la reestructuración se complete; ii) no fue la austeridad la que permitió este desendeudamiento, sino las expropiaciones varias y una extraordinaria fortuna con la evolución de los precios de los commodities.

Kicillof no parece comprender los costos a los que se enfrenta el país. Es cierto que la deuda de los holdouts representa el 1 % de la deuda a reestructurar después de 2001. De todas formas, el incumplimiento del fallo, avalado por la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos –que a la vez es el Tribunal al que Argentina se sometió cuando colocó aquellos bonos-, pone en riesgo toda la deuda reestructurada por un posible incumplimiento de pago.

No es que Argentina mañana decida no pagar los bonos reestructurados. Es que las “reglas de juego” indican que se le puede impedir a la Argentina pagar intereses de los bonos reestructurados. Si esto ocurre, podría surgir una avalancha de juicios de los tenedores de esos bonos. Kicillof puede gritar contra estas “reglas de juego” que su agónico marxismo promueve, pero el mundo se rige por estas reglas y conviene no contradecirlas. Durante el discurso de ayer, por un momento, parecía que el ministro volvía al aula y se olvidaba del lugar de representación que estaba ocupando.

La única salida que hoy se visualiza en la Argentina es la que ofrecieron los banqueros privados –independientemente de que hayan sido presionados o no por el Presidente del BCRA-, comprando la deuda de los holdouts. Sin embargo, es muy difícil que los banqueros arriesguen comprar el 100 por ciento de esta deuda sin garantías de que podrán recuperar en 2015 el capital total.

Si esta salida no prospera parece muy difícil encontrar un acuerdo hasta enero de 2015, cuando las cláusulas RUFO pierden vigencia. Empezará entonces una carrera contra reloj por llegar a esa fecha sin sobresaltos, sabiendo que la Argentina no podrá tomar deuda para hacer frente a sus compromisos, y sólo podrá responder con sus limitadas reservas.

“Todo pasa”, decía ayer el ministro. Pero su liviandad, en un momento tan delicado como este, muestra cierta incomprensión por los costos de la falta de un acuerdo. Que quede claro: esta negociación no sólo pone en juego el 1 % de la deuda a reestructurar, sino toda la reestructuración de la deuda. Será difícil afrontar el déficit fiscal, la inflación, la recesión y el creciente desempleo sin acceso al crédito externo, y especialmente si se mantiene un modelo que rechaza cualquier ajuste fiscal.

Vaca Muerta y la enfermedad holandesa

Tras una corta experiencia como profesor visitante en una universidad de Caracas, tuve la oportunidad de reflexionar acerca del problema que puede representar Vaca Muerta para Argentina en el mediano plazo. Y es que Venezuela ofrece sus lecciones. Con una cantidad de petróleo que a este ritmo de explotación podría durar 200 años, el gobierno de Venezuela no entiende de escasez, extiende el populismo a su máxima expresión y deja a su pueblo sin productos básicos como papel higiénico, con una completa dependencia de la importación, arruinando completamente a su propia industria.

Los montes que rodean Caracas hoy ofrecen una nueva geografía que hace algunos años era desconocida. Se trata de millones de personas que han construido villas en las inmediaciones de la capital hambrientos del populismo que Maduro les extiende periódicamente. Ya no hay fábricas que empleen a estas personas, como sí lo hubo en la década del 70, cuando la economía venezolana estaba entre las 20 más ricas del mundo. El pueblo advirtió que bajo este modelo se lo condena a la miseria, lo que ya engrosa las encuestas que miden un 60 % de rechazo a la gestión de Maduro, que estaría considerando no completar su mandato hasta 2019 (Sondeo de Datanálisis, publicado en El Universal).

Argentina podría seguir un camino similar si no se toman medidas urgentes en relación con la formación petrolífera Vaca Muerta, situada en las provincias de Neuquén, Río Negro y Mendoza, y que presenta una estimación de reservas de 22.500 millones de barriles equivalentes de petróleo. Tras la nacionalización estos recursos han quedado en manos del gobierno de turno, aunque está claro que para disfrutarlos primero habrá que generar millonarias inversiones en su explotación. Que Argentina se convierta en un país petrolero no es la bendición que muchos pregonan si atendemos a la experiencia internacional.

Los países árabes, por ejemplo, carecen de una industria propia y tienen enorme dependencia de las divisas que genera el petróleo para la importación, lo que ha motivado emprendimientos de obras faraónicas para que en el futuro la industria del turismo juegue un rol importante en estas naciones.

En Europa, podrá recordarse la experiencia de Holanda en la década de 1960, que le valió el nombre de “enfermedad holandesa”, tras el descubrimiento de grandes yacimientos de gas natural en Slochteren, cerca del Mar del Norte. Como resultado del enorme ingreso de divisas que generó la explotación de este yacimiento, el florín, la moneda holandesa, se apreció perjudicando la competitividad de las exportaciones no petroleras del país.

En América Latina, no quedan dudas que la “enfermedad holandesa” infectó la economía venezolana, cuya industria fue desapareciendo gradualmente durante las últimas cuatro décadas.

Un país que enfrentó notablemente esta “enfermedad holandesa” es Noruega, que paradójicamente es citado como ejemplo de socialismo del siglo XXI. Lejos de la tentación populista y del asistencialismo, Noruega logró independizar los recursos petrolíferos de la garras del Estado y de su industria. Las reglas de administración son claras: todo la renta petrolera se nuclea allí. El 96% de las ganancias e intereses se reinvierte fuera del país (para que no puedan ser utilizados políticamente) y el 4% se puede girar al Tesoro para financiar gasto público. A nivel global, los 810.000 millones en activos financieros se distribuyen: 60% en acciones de empresas, 35 a 40% en bonos y hasta un 5% en inmuebles.

No está de más decir que Noruega está entre las 30 economías más libres del mundo (según el Índice de Libertad Económica que elabora la Heritage Foundation y el Wall Street Journal desde 1995), y que ofrece uno de los 10 entornos más propicios para la generación de negocios (según el Índice Doing Business del Banco Mundial), gozando de mercados libres y competitivos, gracias a escasísimas regulaciones sobre la economía local y también en relación con las empresas multinacionales.

El Congreso de la Nación Argentina necesita iniciar un debate formal en forma inmediata para decidir de qué forma se van a utilizar estos yacimientos petrolíferos: ¿Privatización del subsuelo? ¿Gestión externa de las inversiones y de la renta obtenida? ¿Administración de la YPF nacionalizada sobre estos yacimientos? Afortunadamente, hay tiempo aun para debatir las oportunidades y riesgos de Vaca Muerta, sin la tentación inmediata de utilizar estos recursos en beneficio “político” propio.

Lecciones de historia de la deuda externa argentina

La historia de la deuda externa argentina nace en 1824 con el empréstito de la firma Baring Brothers. Podríamos ofrecer un prolongado detalle de su evolución, pero lo cierto es que en 1976, el monto total de la deuda externa sumaba apenas 4000 millones de dólares. Sobrevaluación cambiaria y “Tablita” mediante, Martínez de Hoz termina su gestión el 31 de marzo de 1981 dejando una deuda pública externa de 17.170 millones de dólares.

El primer “salto” de la deuda llega poco después de esto, cuando en junio de 1982 Domingo Cavallo asume la Presidencia del Banco Central, desencadenando una hiperinflación primero, para luego –dada la carencia de divisas-, nacionalizar la deuda privada. Como resultado, el gobierno del proceso entregó el país al gobierno de Alfonsín con una deuda pública externa de 45.000 millones de dólares en 1983.

Las dificultades fiscales no terminaron con el gobierno de Alfonsín, y su monetización lo condujo a un nuevo proceso hiperinflacionario. En 1989 la deuda ascendió a 66.300 millones de dólares, de los cuales sólo 3000 eran deuda interna.

El segundo “salto” de la deuda aparece en los años 1990. En 1999, cuando culmina el gobierno menemista, la deuda pública externa se había duplicado, alcanzando los 121.400 millones de dólares. Cavallo tuvo un paso significativo en la primera mitad de esta década gestionando la quita de capital del Plan Brady, pero también fue responsable de no utilizar el capital de las privatizaciones para cancelar capital -más de 30.000 millones de dólares- ni preocuparse jamás por el equilibrio fiscal. Tras su salida, la responsabilidad fiscal y el posterior “déficit cero” fueron sólo palabras.

El gobierno de De la Rúa sólo se preocupó por “apagar incendios” y se sucedieron canjes, como los famosos “blindaje” y “megacanje”. Para cuando se declaró la suspensión de pagos en 2001, la deuda era de 144.000 millones de dólares.

Tras una transición de dos años, en 2003 asumió Néstor Kirchner. El kirchnerismo ofreció a los acreedores dos reestructuraciones en 2005 y 2010, reemplazando la deuda con nuevos bonos, a partir de los cuales los acreedores volvieron a cobrar intereses. Esta reestructuración también implicó una quita de capital y fue asociada a las cláusulas RUFO, que básicamente definían que si el gobierno ofrecía a los bonistas que no aceptaron las mencionadas dos reestructuraciones una oferta superior, entonces estos bonistas tenían derecho a reclamar el mismo acuerdo. Estas cláusulas vencen en diciembre de 2014.

El monto de la deuda externa desde entonces fue difícil de estimar, y los números que surgieron fueron siempre parciales, ya que nunca se completó la reestructuración, ni se pudo salir completamente del default anterior.

Sólo la urgencia del gobierno por tomar deuda nuevamente aceleró las negociaciones para pagarle al Club de París y arreglar la expropiación de Repsol-YPF. En este contexto, el juez Griesa determinó que Argentina debía cancelar el capital adeudado con los acreedores pendientes, quienes en realidad ya habían vendido sus bonos a otros acreedores dispuestos a adelantar el capital y esperar por la determinación judicial.

Al momento de escribir estas líneas, el gobierno argentino está aprovechando los últimos 30 días de negociación, antes de cancelar ese capital adeudado. Preocupa al gobierno que las mejores condiciones determinadas por el juez Griesa, activen las cláusulas RUFO y entonces surjan juicios por entre 120.000 y 500.000 millones de dólares.

Esta preocupación, sin embargo, resulta injustificada, ya que la cancelación en efectivo del fallo judicial no es una “mejor oferta del gobierno”, sino la determinación del juez. Por el contrario, las negociaciones iniciadas para cancelar parte del capital en efectivo, y parte en bonos, sí podrían activar las cláusulas RUFO, y con ello implicar un nuevo salto de la deuda pública externa.

Dejando de lado las sucesivas e innecesarias descalificaciones del gobierno argentino hacia el juez Griesa y los holdouts, parece apropiado cancelar este capital en efectivo y definitivamente abandonar la situación de default mantenida desde diciembre de 2001.

El peligro asociado a este acuerdo, sin embargo, es que la voracidad fiscal que ha caracterizado al gobierno, lo conduzca ahora a continuar evitando el ajuste tomando deuda externa, y que entonces se abra la única puerta de financiamiento que permanecía cerrada.

Dado el consenso que los partidos políticos han mostrado en los últimos meses por el desprecio a la deuda externa, me parece que es el momento adecuado para una discusión en el Congreso y el voto de una ley que coloque límites al endeudamiento, por ejemplo, fijando el requerimiento de mantener el porcentaje actual de deuda pública sobre PBI. No hacerlo en el momento apropiado puede convertir a Kicillof en el nuevo Cavallo de la deuda externa argentina, conduciéndonos a un nuevo “salto” antes de las elecciones de 2015, un problema que se trasladará a las generaciones futuras que ni siquiera participaron de la elección del actual gobierno.

La mala costumbre de romper el termómetro

La temperatura del cuerpo humano oscila entre 35 y 37 grados. Cuando nos ataca un virus o una bacteria, la temperatura puede subir por encima de 38 grados y a eso lo llamamos “fiebre”. Las causas pueden ser varias, pero si el termómetro marca esa temperatura, implica que hay un problema. Hay dos acciones posibles ante este problema: intentar solucionarlo atacando la causa o ignorarlo, rompiendo el termómetro. Está claro que hacer esto último en forma continua puede ser fatal. La economía argentina tiene varios desequilibrios, o fiebre, en el frente fiscal, monetario y cambiario. Veamos cómo ataca el gobierno estos problemas.

En primer lugar, tenemos el déficit fiscal, donde la presión tributaria más alta de la historia argentina no alcanza a cubrir el total del gasto público. El gobierno ha decidido ignorar esta situación sumando a los ingresos tributarios el dinero que toma de ANSES como si fueran impuestos. Esta política, sin embargo, le deja al Estado una deuda pública que deberá atenderse con impuestos de generaciones futuras.

En segundo lugar, aparece el desequilibrio monetario, que es una derivación del déficit fiscal anterior. Como la recaudación tributaria más la deuda de ANSES aun no alcanza a cubrir el déficit fiscal, se monetiza la diferencia, lo que quiere decir que se impone un impuesto inflacionario, regresivo y creciente a la población. Las estimaciones no oficiales ya estiman una inflación del 39 % para 2014, aspecto que se cubre con la manta del INDEC, que si bien ha sido corregido, aun está lejos de ofrecer estadísticas confiables.

En tercer lugar, tenemos el déficit cambiario, con una limitada oferta de dólares que no puede atender la creciente demanda de la divisa norteamericana. La respuesta del gobierno ha sido la aplicación de todo tipo de restricciones para la compra de divisas. Primero jurídicas, con penas a quienes compran y venden divisas por fuera del sistema “oficial”, y luego morales, como si estos compradores interesados en mantener el poder adquisitivo de sus ahorros fueran delincuentes, ajenos al “modelo de inclusión”. El desdoblamiento cambiario muestra entonces un dólar oficial en $ 8.20,y un cambio paralelo en torno a los $ 12, aunque una potencial disparada del paralelo está siempre latente. Esta disparada se justificaría en la relación circulante/reservas “netas” que mantiene el BCRA, que se mantiene por encima de los $ 20 por dólar.

Por supuesto que hay otros desequilibrios, como los crecientes niveles de pobreza, las mayores dificultades para encontrar empleo y la recesión. En el primer caso, se observa en la Argentina de estos últimos años crecientes niveles de pobreza asociados a la inflación, que encarece el costo de la canasta básica. El gobierno no sólo niega la realidad sub-estimando la inflación, sino que ahora ha decidido abandonar las mediciones oficiales. La Universidad Católica Argentina (UCA) ha generado mediciones privadas que ubican la pobreza en torno al 30 % de la población.

El desempleo real también es más elevado y creciente de lo que oficialmente se reconoce, pero esto se desmiente tomando a los desempleados que reciben planes sociales como “ocupados”, lo que vuelve ridículas las tasas de empleo y desempleo que se comunican a la sociedad.

Varios indicadores están mostrando una recesión en Argentina que es ajena para los países vecinos, dado el contexto internacional favorable no sólo en relación al precio de los commodities -como la soja- sino también a las política de enorme liquidez que inyectan los bancos centrales generadores de divisas. Un síntoma de este problema se observa en la baja facturación de la industria automotriz. ¿Cómo se resuelve el problema? Con un plan Pro-Cre-Auto, que establece que establece rebajas en los precios de los vehículos y créditos blandos para adquirirlos.

Desde luego que la industria automotriz es sólo una industria específica en problemas, y que la mayor venta de autos no resolverá la recesión. En lugar de revisar el modelo que nos conduce a una recesión general de la economía, se vuelve a romper el termómetro para negar la realidad. Mientras no se atiendan los problemas de fondo y se siga rompiendo el termómetro, los problemas no sólo no se resuelven, sino que se acumulan.

Recordemos que el “crecimiento económico” del período 2003-2008 no fue crecimiento sino recuperación de una economía que sufrió en 2002 las consecuencias de un modelo “deficitario” similar a éste. Da la impresión que la “década ganada” es en realidad otra “década perdida”.

El modelo Kicillof

Recientemente Axel Kicillof, el ministro de Economía de la Nación, justificó la actuación del vicepresidente Amado Boudou en el polémico caso Ciccone que hoy estudia la Justicia señalando que la impresión de billetes es una función estratégica del Estado. De la misma manera, Kicillof justificó varias expropiaciones o nacionalizaciones como las de Aerolíneas Argentinas, la del sistema de pensiones, la de los ferrocarriles o la de Repsol-YPF. Luego de que el propio gobierno mostrara su incapacidad para regular tarifas e inversiones de estas empresas “privadas”, se decidió en cada caso culpar a las empresas por los problemas en los servicios y avanzar en la expropiación o nacionalización.

Lejos de aquella famosa frase de la presidente (“chiquitito pero cumplidor”), los resultados no han sido buenos, con una empresa aeronáutica que sólo se sostiene por los subsidios crecientes que recibe del gobierno, con un sistema de pensiones que lejos está de cumplir su función de cara al futuro, con ferrocarriles que cada año ofrecen peor servicio y mayor número de accidentes y con un país que abandonó el auto-abastecimiento de petróleo y ahora necesita algunos miles de millones de esos escasos dólares por año para que la economía no se quede sin energía.

Del modelo heredado de gobiernos anteriores al imaginario-ideal de Kicillof, se deben corregir varias anomalías, y es allí donde el ministro está operando, definiendo cuáles son las “cuestiones de Estado” e interviniendo en consecuencia lo necesario para asegurarle a los argentinos estabilidad de empleo y fomentando el desarrollo.

Estamos entrando posiblemente en la última etapa de doce años de kirchnerismo y el modelo que la Argentina proyecta es el del actual ministro de Economía, cuya formación económica lo ha conducido siempre a desconfiar del mercado mucho más que en sus colegas del gobierno. Todo está justificado en el “modelo de Kicillof”, si él cree -dentro de su arbitrariedad- que es una “cuestión de Estado”.

Se respaldará siempre en la democracia, en el voto del pueblo que eligió a Cristina Fernández de Kirchner en el poder y a él como su consejero económico. Nos debemos entonces los argentinos un debate acerca del modelo que queremos y la definición de las “cuestiones de Estado”.

El problema, desde mi humilde punto de vista, es que la “cuestión de Estado” central ya no es la seguridad, la justicia independiente, la protección del Estado de Derecho, la estabilidad monetaria, la desocupación o la pobreza, sino llegar a 2015 sin sufrir las consecuencias de estas políticas que se vienen aplicando. Tenga o no éxito Kicillof en este objetivo cortoplacista, la destrucción de nuestras “instituciones” ya es un daño irreparable.

¿Qué tipo de crecimiento tuvo la Argentina?

Los defensores del modelo vigente destacan el crecimiento de la economía argentina. De aquella gran depresión de 2001-2002, la economía logró salir con un vigoroso crecimiento de la actividad económica, reduciendo la desocupación a un dígito y sin necesidad de acudir a ningún tipo de asistencia del FMI y otros organismos multilaterales de crédito. Sin embargo, hay varias cuestiones por destacar.

Tomemos, a modo de ejemplo, el caso de una empresa. ¿Cuáles son los motivos que pueden llevar a una empresa a incrementar sus ingresos? Imaginemos que esta empresa vende en el año unos 1000 escritorios a $ 1000 cada uno. En este caso, la empresa logra acumular ingresos anuales por $1.000.000

Crecimiento tipo 1: Estudiemos la primera razón por la cual pueden incrementarse sus ingresos. Si la gente ahora valora más estas mesas e incrementa su demanda, su precio subirá, digamos a $2000, permitiendo que ahora los ingresos sean de $2.000.000, sin necesidad de elevar la producción.

Crecimiento tipo 2: Otro modo de incrementar los ingresos sería si la empresa logra producir el doble de escritorios. Si en lugar de 1000, lograra producir y vender 2000 a ese mismo precio, entones acumularía también $2.000.000. Pero esto último no ocurre gratuitamente. Para duplicar la capacidad productiva la empresa debe ahorrar e invertir mucho dinero, incorporar maquinarias, contratar más trabajadores y quizás incluso ampliar el espacio donde se lleva adelante el proceso productivo.

Crecimiento tipo 3: Hay sin embargo una excepción al caso anterior. Si la empresa tuviera –como consecuencia de una crisis- capacidad ociosa, esto es trabajadores desocupados, máquinas en desuso y espacio libre, podría quizás poner a trabajar estos recursos y con ello aumentar los ingresos, sin necesidad de nueva inversión. Que la empresa produzca 1000 escritorios no nos dice nada acerca de su potencial.

Volviendo ahora sobre la economía argentina, hay que señalar que hubo en estos años un crecimiento tipo 1 y tipo 3, pero estuvo ausente o limitado el crecimiento tipo 2.

En primer lugar, los precios de los commodities alcanzaron niveles récord, especialmente por la mayor demanda china, lo cual permitió incrementar los ingresos, sin aumentar la producción. Pienso que este punto no requiere profundización porque ha sido reconcido por todos.

En segundo lugar, la última década tuvo una expansión de la inversión pública, pero hubo muy poca inversión privada. Está claro que surgieron empresas para sustituir las importaciones, apoyadas sobre subsidios y proteccionismo, pero el costo de estas políticas no parece poder sostenerse en el largo plazo y sin esta ayuda estatal el efecto de esta mala inversión puede desaparecer en un espacio muy corto de tiempo. El desafío que enfrenta el gobierno es complejo. Mantener una industria “artificial” e “ineficiente” que sólo se sostiene con subsidios y proteccionismo, implica un costo social muy fuerte, más aun si el costo lo pagamos con inflación y consumidores descontentos, tanto por la mala calidad de los productos como también por su alto precio en comparación con los bienes importados.

En tercer lugar, es cierto que podemos mostrar aumentos de producción si comparamos 2014 con 2002, pero no nos engañemos acerca de aquellas circunstancias. Un dato de la economía Argentina es que al cierre de 2002, después de la gran depresión, tenía una capacidad instalada del orden del 50 %. Los defensores del modelo vigente toman precisamente ese piso para reflexionar acerca del “crecimiento” económico argentino, cuando esta expansión no fue más que un proceso de recuperación de la crisis anterior. No quiero con esto negar su importancia, pero no es lo mismo utilizar recursos ociosos existentes que ampliar la capacidad productiva.

Fue recién en 2008 cuando la economía argentina pudo más o menos alcanzar valores normales de capacidad instalada y con ello acercarse al potencial de su economía. Pero entonces sufrimos la crisis global de 2009, y el leve crecimiento de los tres años siguientes no parece despegar de aquel potencial alcanzado en 1998, hace ¡16 años!

Si somos optimistas y suponemos que los precios de los commodities permanecerán en estos niveles históricos elevados, y además asumimos que la economía norteamericana , europea y china mantienen las políticas de liquidez, aun así el contexto no parece ser suficiente para mostrar una economía en crecimiento. Aun si dejamos de lado el debate de los últimos 10 años, necesitamos abrir el debate de cara al futuro. Argentina no podrá tener en los próximos años un crecimiento tipo 1 o un crecimiento tipo 3, y es por eso, que necesitamos del crecimiento tipo 2 para tener un futuro prometedor. Y aquí viene el desafío: un crecimiento tipo 2 implica necesariamente cambiar de modelo.

La falacia del Plan Procrear

Con una frecuencia cada vez mayor escuchamos la pregunta “¿Quién discute el plan Procrear?” Mi respuesta: “Yo lo discuto”. Y tomaré este espacio para ofrecer mis argumentos, que vale la pena señalar que no son propios, sino de Frédéric Bastiat, en un artículo escrito alrededor de 1850.

Bastiat trató de manera magistral la falacia de la ventana rota. La historia cuenta que un niño arrojó una piedra a la vidriera de una panadería y escapó. Mientras el panadero lamentaba el hecho, los vecinos reflexionaban sobre el caso. “No es tan malo. Ahora el panadero deberá contratar a un vidriero para arreglarlo, quien a su vez tendrá mayores ingresos que podrá gastar en otras compras, abriendo con esto una cadena de pagos que genera un incremento de la actividad económica.”

El panadero escucha la reflexión y la cuestiona. “!Se volvieron locos! Aun si ignoran el perjuicio que produjo en mí, deben entender que esto no incrementa ninguna actividad económica. Este dinero que ahora debo utilizar para reponer la ventana, lo iba a utilizar para comprarme un traje. Ahora el sastre no recibirá ese dinero, ni podrá él gastar ese dinero en otra cadena de pagos. Deben comprender que no sólo esto no crea riqueza, sino que se desvía la riqueza en un sentido opuesto al que me gustaría. Pero además, deben comprender que la riqueza se reduce. Si esto no hubiera pasado, tendríamos esa ventana más el traje. Ahora sólo tendremos la ventana.”

“Es cierto”, dijeron sus vecinos.

La falacia de la ventana rota fue clave en la historia del pensamiento económico para que los economistas evaluemos el gasto público. Aunque su lección no fue aprendida por todos. Ahí tenemos a Paul Krugman, premio Nobel de Economía, insistiendo en que una tercera guerra mundial, o la invasión de extraterrestres, generaría un enorme gasto público en el campo militar que reactivaría la economía norteamericana y con ello la economía global.

El Plan Procrear puede discutirse desde el mismo argumento. Muchos “vecinos” se quedan viendo las “ventajas” del plan, representado en construcciones edilicias en todo el país. ¡Cuántas familias se beneficiaron con el plan! Pero ahí viene el otro lado del análisis. ¿Alguien se preguntó de dónde proviene ese dinero? Digamos que provienen del IVA. En ese caso, hubiéramos podido eliminar parte del impuesto, y los contribuyentes habrían podido incrementar su consumo. Si proviene del impuesto a las ganancias de las empresas, entonces estamos reduciendo la inversión y la creación de empleo. Si proviene de tomar deuda, peor aún, estamos endeudando a generaciones futuras, que no sólo no votaron por estos gobiernos que la toman, sino que además tendrán que pagar por ella en el futuro reduciendo su consumo.

Podemos asumir que proviene de la emisión monetaria, y aun así, la inflación es un impuesto no legislado que afecta especialmente a los menos pudientes, además de castigar el ahorro, que es la base del progreso. ¿Y si proviene del dinero de ANSES? La respuesta es la misma. La población activa que hoy aporta para su futuro, encontrará reducido el monto ahorrado, lo cual garantiza jubilaciones y pensiones precarias en su vejez. El hecho de que los beneficiados devuelvan en cuotas los créditos recibidos, y que lo hagan a una tasa de interés más baja que la de mercado, no cambia el análisis conceptual. La diferencia entre esas tasas de interés ventajosas, y la tasa de interés de mercado, es el dinero que se está extrayendo de estos contribuyentes perjudicados.

Bastiat lo decía claramente. Los buenos economistas no sólo ven lo que se ve (en este caso, las casas o ampliaciones de casas construidas), sino también lo que no se ve (en ese caso, lo que el contribuyente podría haber hecho con todo ese dinero). Recordemos que siempre hay alguien que “paga” de su propio bolsillo los excesos de este gobierno.

La estatolatría argentina

“La estatolatría es la mayor enfermedad social de nuestro tiempo”. Este lema representa una de las lecciones que aprendí del Dr. Jesús Huerta de Soto, uno de mis profesores en el Doctorado en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Se trata de una creencia, o un fenómeno sociológico y cultural, en el que cada individuo se considera incapaz de valerse por sí mismo, y delega en el dios Estado la solución a todos sus problemas.

En el siglo XX el Estado ha reemplazado el rol que siglos pasados jugaba la Iglesia. La gente ya no pide a Dios por trabajo, alimento, ropa, un techo o salud, sino que redirige sus peticiones al gobierno de turno. El dios Estado se supone presente para asistir a los necesitados. Se cree en las buenas intenciones de nuestros gobernantes, y también en su omnisciencia. Se supone que el Estado detecta a tiempo cada problema y luego actúa en consecuencia.

En países presidencialistas, y en especial en etapas de auge, el presidente de turno se convierte en ídolo. Sólo cuando aparecen las fases de crisis y depresión es cuando el ídolo cae, y se lo reemplaza por su sucesor, intentando que ahora sí, la asistencia sea la esperada.

La inmadurez de las masas es una consecuencia obvia, y ante ello, los problemas se multiplican. Hombres y mujeres abandonan su creatividad natural, y en lugar de “emprender”, esperan pasivos por una solución externa que nunca llega.

Esa pasividad es también fomentada por los propios gobiernos, por esos ídolos de turno, que saben que sólo mediante la “infantilización” de las masas pueden mantenerse en el poder y multiplicarlo. Los gobiernos han logrado distraer la atención acerca de las verdaderas causas de nuestros problemas. Se culpa al capitalismo, al ánimo de lucro, al mercado, a los empresarios, a la propiedad privada, por los problemas que el mismo dios Estado causa, incluyendo la división de los pueblos y el conflicto permanente.

Los intelectuales, sean estos filósofos, sociólogos, economistas, juristas o historiadores, han fracasado en comprender la naturaleza de este problema. Abunda bibliografía que sólo ve la superficie de los problemas, pero muy poca atiende a lo esencial.

Aun la iglesia, o en los últimos meses el Papa Francisco, fracasan en comprender que la pérdida de fe en Dios, se ha canalizado al dios Estado. El dios Estado promete ofrecer en la tierra los recursos que Dios sólo ofrecerá en la vida eterna.

En la Argentina la “estatolatría” se profundiza. Y si este es el caso, el problema no es Alfonsín, ni Menem o los Kirchner. Hay miles de Néstor o Cristina dispuestos a jugar el rol de líderes en el país. Si deseamos revertir el proceso, necesitamos un cambio cultural. Sugiero que recuperemos la fe en nosotros mismos, en nuestra creatividad empresarial, y confiemos menos en la “omnisciencia”  y las “buenas intenciones” de nuestros gobernantes.