Vaca Muerta y la enfermedad holandesa

Tras una corta experiencia como profesor visitante en una universidad de Caracas, tuve la oportunidad de reflexionar acerca del problema que puede representar Vaca Muerta para Argentina en el mediano plazo. Y es que Venezuela ofrece sus lecciones. Con una cantidad de petróleo que a este ritmo de explotación podría durar 200 años, el gobierno de Venezuela no entiende de escasez, extiende el populismo a su máxima expresión y deja a su pueblo sin productos básicos como papel higiénico, con una completa dependencia de la importación, arruinando completamente a su propia industria.

Los montes que rodean Caracas hoy ofrecen una nueva geografía que hace algunos años era desconocida. Se trata de millones de personas que han construido villas en las inmediaciones de la capital hambrientos del populismo que Maduro les extiende periódicamente. Ya no hay fábricas que empleen a estas personas, como sí lo hubo en la década del 70, cuando la economía venezolana estaba entre las 20 más ricas del mundo. El pueblo advirtió que bajo este modelo se lo condena a la miseria, lo que ya engrosa las encuestas que miden un 60 % de rechazo a la gestión de Maduro, que estaría considerando no completar su mandato hasta 2019 (Sondeo de Datanálisis, publicado en El Universal).

Argentina podría seguir un camino similar si no se toman medidas urgentes en relación con la formación petrolífera Vaca Muerta, situada en las provincias de Neuquén, Río Negro y Mendoza, y que presenta una estimación de reservas de 22.500 millones de barriles equivalentes de petróleo. Tras la nacionalización estos recursos han quedado en manos del gobierno de turno, aunque está claro que para disfrutarlos primero habrá que generar millonarias inversiones en su explotación. Que Argentina se convierta en un país petrolero no es la bendición que muchos pregonan si atendemos a la experiencia internacional.

Los países árabes, por ejemplo, carecen de una industria propia y tienen enorme dependencia de las divisas que genera el petróleo para la importación, lo que ha motivado emprendimientos de obras faraónicas para que en el futuro la industria del turismo juegue un rol importante en estas naciones.

En Europa, podrá recordarse la experiencia de Holanda en la década de 1960, que le valió el nombre de “enfermedad holandesa”, tras el descubrimiento de grandes yacimientos de gas natural en Slochteren, cerca del Mar del Norte. Como resultado del enorme ingreso de divisas que generó la explotación de este yacimiento, el florín, la moneda holandesa, se apreció perjudicando la competitividad de las exportaciones no petroleras del país.

En América Latina, no quedan dudas que la “enfermedad holandesa” infectó la economía venezolana, cuya industria fue desapareciendo gradualmente durante las últimas cuatro décadas.

Un país que enfrentó notablemente esta “enfermedad holandesa” es Noruega, que paradójicamente es citado como ejemplo de socialismo del siglo XXI. Lejos de la tentación populista y del asistencialismo, Noruega logró independizar los recursos petrolíferos de la garras del Estado y de su industria. Las reglas de administración son claras: todo la renta petrolera se nuclea allí. El 96% de las ganancias e intereses se reinvierte fuera del país (para que no puedan ser utilizados políticamente) y el 4% se puede girar al Tesoro para financiar gasto público. A nivel global, los 810.000 millones en activos financieros se distribuyen: 60% en acciones de empresas, 35 a 40% en bonos y hasta un 5% en inmuebles.

No está de más decir que Noruega está entre las 30 economías más libres del mundo (según el Índice de Libertad Económica que elabora la Heritage Foundation y el Wall Street Journal desde 1995), y que ofrece uno de los 10 entornos más propicios para la generación de negocios (según el Índice Doing Business del Banco Mundial), gozando de mercados libres y competitivos, gracias a escasísimas regulaciones sobre la economía local y también en relación con las empresas multinacionales.

El Congreso de la Nación Argentina necesita iniciar un debate formal en forma inmediata para decidir de qué forma se van a utilizar estos yacimientos petrolíferos: ¿Privatización del subsuelo? ¿Gestión externa de las inversiones y de la renta obtenida? ¿Administración de la YPF nacionalizada sobre estos yacimientos? Afortunadamente, hay tiempo aun para debatir las oportunidades y riesgos de Vaca Muerta, sin la tentación inmediata de utilizar estos recursos en beneficio “político” propio.

Lecciones de historia de la deuda externa argentina

La historia de la deuda externa argentina nace en 1824 con el empréstito de la firma Baring Brothers. Podríamos ofrecer un prolongado detalle de su evolución, pero lo cierto es que en 1976, el monto total de la deuda externa sumaba apenas 4000 millones de dólares. Sobrevaluación cambiaria y “Tablita” mediante, Martínez de Hoz termina su gestión el 31 de marzo de 1981 dejando una deuda pública externa de 17.170 millones de dólares.

El primer “salto” de la deuda llega poco después de esto, cuando en junio de 1982 Domingo Cavallo asume la Presidencia del Banco Central, desencadenando una hiperinflación primero, para luego –dada la carencia de divisas-, nacionalizar la deuda privada. Como resultado, el gobierno del proceso entregó el país al gobierno de Alfonsín con una deuda pública externa de 45.000 millones de dólares en 1983.

Las dificultades fiscales no terminaron con el gobierno de Alfonsín, y su monetización lo condujo a un nuevo proceso hiperinflacionario. En 1989 la deuda ascendió a 66.300 millones de dólares, de los cuales sólo 3000 eran deuda interna.

El segundo “salto” de la deuda aparece en los años 1990. En 1999, cuando culmina el gobierno menemista, la deuda pública externa se había duplicado, alcanzando los 121.400 millones de dólares. Cavallo tuvo un paso significativo en la primera mitad de esta década gestionando la quita de capital del Plan Brady, pero también fue responsable de no utilizar el capital de las privatizaciones para cancelar capital -más de 30.000 millones de dólares- ni preocuparse jamás por el equilibrio fiscal. Tras su salida, la responsabilidad fiscal y el posterior “déficit cero” fueron sólo palabras.

El gobierno de De la Rúa sólo se preocupó por “apagar incendios” y se sucedieron canjes, como los famosos “blindaje” y “megacanje”. Para cuando se declaró la suspensión de pagos en 2001, la deuda era de 144.000 millones de dólares.

Tras una transición de dos años, en 2003 asumió Néstor Kirchner. El kirchnerismo ofreció a los acreedores dos reestructuraciones en 2005 y 2010, reemplazando la deuda con nuevos bonos, a partir de los cuales los acreedores volvieron a cobrar intereses. Esta reestructuración también implicó una quita de capital y fue asociada a las cláusulas RUFO, que básicamente definían que si el gobierno ofrecía a los bonistas que no aceptaron las mencionadas dos reestructuraciones una oferta superior, entonces estos bonistas tenían derecho a reclamar el mismo acuerdo. Estas cláusulas vencen en diciembre de 2014.

El monto de la deuda externa desde entonces fue difícil de estimar, y los números que surgieron fueron siempre parciales, ya que nunca se completó la reestructuración, ni se pudo salir completamente del default anterior.

Sólo la urgencia del gobierno por tomar deuda nuevamente aceleró las negociaciones para pagarle al Club de París y arreglar la expropiación de Repsol-YPF. En este contexto, el juez Griesa determinó que Argentina debía cancelar el capital adeudado con los acreedores pendientes, quienes en realidad ya habían vendido sus bonos a otros acreedores dispuestos a adelantar el capital y esperar por la determinación judicial.

Al momento de escribir estas líneas, el gobierno argentino está aprovechando los últimos 30 días de negociación, antes de cancelar ese capital adeudado. Preocupa al gobierno que las mejores condiciones determinadas por el juez Griesa, activen las cláusulas RUFO y entonces surjan juicios por entre 120.000 y 500.000 millones de dólares.

Esta preocupación, sin embargo, resulta injustificada, ya que la cancelación en efectivo del fallo judicial no es una “mejor oferta del gobierno”, sino la determinación del juez. Por el contrario, las negociaciones iniciadas para cancelar parte del capital en efectivo, y parte en bonos, sí podrían activar las cláusulas RUFO, y con ello implicar un nuevo salto de la deuda pública externa.

Dejando de lado las sucesivas e innecesarias descalificaciones del gobierno argentino hacia el juez Griesa y los holdouts, parece apropiado cancelar este capital en efectivo y definitivamente abandonar la situación de default mantenida desde diciembre de 2001.

El peligro asociado a este acuerdo, sin embargo, es que la voracidad fiscal que ha caracterizado al gobierno, lo conduzca ahora a continuar evitando el ajuste tomando deuda externa, y que entonces se abra la única puerta de financiamiento que permanecía cerrada.

Dado el consenso que los partidos políticos han mostrado en los últimos meses por el desprecio a la deuda externa, me parece que es el momento adecuado para una discusión en el Congreso y el voto de una ley que coloque límites al endeudamiento, por ejemplo, fijando el requerimiento de mantener el porcentaje actual de deuda pública sobre PBI. No hacerlo en el momento apropiado puede convertir a Kicillof en el nuevo Cavallo de la deuda externa argentina, conduciéndonos a un nuevo “salto” antes de las elecciones de 2015, un problema que se trasladará a las generaciones futuras que ni siquiera participaron de la elección del actual gobierno.

La mala costumbre de romper el termómetro

La temperatura del cuerpo humano oscila entre 35 y 37 grados. Cuando nos ataca un virus o una bacteria, la temperatura puede subir por encima de 38 grados y a eso lo llamamos “fiebre”. Las causas pueden ser varias, pero si el termómetro marca esa temperatura, implica que hay un problema. Hay dos acciones posibles ante este problema: intentar solucionarlo atacando la causa o ignorarlo, rompiendo el termómetro. Está claro que hacer esto último en forma continua puede ser fatal. La economía argentina tiene varios desequilibrios, o fiebre, en el frente fiscal, monetario y cambiario. Veamos cómo ataca el gobierno estos problemas.

En primer lugar, tenemos el déficit fiscal, donde la presión tributaria más alta de la historia argentina no alcanza a cubrir el total del gasto público. El gobierno ha decidido ignorar esta situación sumando a los ingresos tributarios el dinero que toma de ANSES como si fueran impuestos. Esta política, sin embargo, le deja al Estado una deuda pública que deberá atenderse con impuestos de generaciones futuras.

En segundo lugar, aparece el desequilibrio monetario, que es una derivación del déficit fiscal anterior. Como la recaudación tributaria más la deuda de ANSES aun no alcanza a cubrir el déficit fiscal, se monetiza la diferencia, lo que quiere decir que se impone un impuesto inflacionario, regresivo y creciente a la población. Las estimaciones no oficiales ya estiman una inflación del 39 % para 2014, aspecto que se cubre con la manta del INDEC, que si bien ha sido corregido, aun está lejos de ofrecer estadísticas confiables.

En tercer lugar, tenemos el déficit cambiario, con una limitada oferta de dólares que no puede atender la creciente demanda de la divisa norteamericana. La respuesta del gobierno ha sido la aplicación de todo tipo de restricciones para la compra de divisas. Primero jurídicas, con penas a quienes compran y venden divisas por fuera del sistema “oficial”, y luego morales, como si estos compradores interesados en mantener el poder adquisitivo de sus ahorros fueran delincuentes, ajenos al “modelo de inclusión”. El desdoblamiento cambiario muestra entonces un dólar oficial en $ 8.20,y un cambio paralelo en torno a los $ 12, aunque una potencial disparada del paralelo está siempre latente. Esta disparada se justificaría en la relación circulante/reservas “netas” que mantiene el BCRA, que se mantiene por encima de los $ 20 por dólar.

Por supuesto que hay otros desequilibrios, como los crecientes niveles de pobreza, las mayores dificultades para encontrar empleo y la recesión. En el primer caso, se observa en la Argentina de estos últimos años crecientes niveles de pobreza asociados a la inflación, que encarece el costo de la canasta básica. El gobierno no sólo niega la realidad sub-estimando la inflación, sino que ahora ha decidido abandonar las mediciones oficiales. La Universidad Católica Argentina (UCA) ha generado mediciones privadas que ubican la pobreza en torno al 30 % de la población.

El desempleo real también es más elevado y creciente de lo que oficialmente se reconoce, pero esto se desmiente tomando a los desempleados que reciben planes sociales como “ocupados”, lo que vuelve ridículas las tasas de empleo y desempleo que se comunican a la sociedad.

Varios indicadores están mostrando una recesión en Argentina que es ajena para los países vecinos, dado el contexto internacional favorable no sólo en relación al precio de los commodities -como la soja- sino también a las política de enorme liquidez que inyectan los bancos centrales generadores de divisas. Un síntoma de este problema se observa en la baja facturación de la industria automotriz. ¿Cómo se resuelve el problema? Con un plan Pro-Cre-Auto, que establece que establece rebajas en los precios de los vehículos y créditos blandos para adquirirlos.

Desde luego que la industria automotriz es sólo una industria específica en problemas, y que la mayor venta de autos no resolverá la recesión. En lugar de revisar el modelo que nos conduce a una recesión general de la economía, se vuelve a romper el termómetro para negar la realidad. Mientras no se atiendan los problemas de fondo y se siga rompiendo el termómetro, los problemas no sólo no se resuelven, sino que se acumulan.

Recordemos que el “crecimiento económico” del período 2003-2008 no fue crecimiento sino recuperación de una economía que sufrió en 2002 las consecuencias de un modelo “deficitario” similar a éste. Da la impresión que la “década ganada” es en realidad otra “década perdida”.

El modelo Kicillof

Recientemente Axel Kicillof, el ministro de Economía de la Nación, justificó la actuación del vicepresidente Amado Boudou en el polémico caso Ciccone que hoy estudia la Justicia señalando que la impresión de billetes es una función estratégica del Estado. De la misma manera, Kicillof justificó varias expropiaciones o nacionalizaciones como las de Aerolíneas Argentinas, la del sistema de pensiones, la de los ferrocarriles o la de Repsol-YPF. Luego de que el propio gobierno mostrara su incapacidad para regular tarifas e inversiones de estas empresas “privadas”, se decidió en cada caso culpar a las empresas por los problemas en los servicios y avanzar en la expropiación o nacionalización.

Lejos de aquella famosa frase de la presidente (“chiquitito pero cumplidor”), los resultados no han sido buenos, con una empresa aeronáutica que sólo se sostiene por los subsidios crecientes que recibe del gobierno, con un sistema de pensiones que lejos está de cumplir su función de cara al futuro, con ferrocarriles que cada año ofrecen peor servicio y mayor número de accidentes y con un país que abandonó el auto-abastecimiento de petróleo y ahora necesita algunos miles de millones de esos escasos dólares por año para que la economía no se quede sin energía.

Del modelo heredado de gobiernos anteriores al imaginario-ideal de Kicillof, se deben corregir varias anomalías, y es allí donde el ministro está operando, definiendo cuáles son las “cuestiones de Estado” e interviniendo en consecuencia lo necesario para asegurarle a los argentinos estabilidad de empleo y fomentando el desarrollo.

Estamos entrando posiblemente en la última etapa de doce años de kirchnerismo y el modelo que la Argentina proyecta es el del actual ministro de Economía, cuya formación económica lo ha conducido siempre a desconfiar del mercado mucho más que en sus colegas del gobierno. Todo está justificado en el “modelo de Kicillof”, si él cree -dentro de su arbitrariedad- que es una “cuestión de Estado”.

Se respaldará siempre en la democracia, en el voto del pueblo que eligió a Cristina Fernández de Kirchner en el poder y a él como su consejero económico. Nos debemos entonces los argentinos un debate acerca del modelo que queremos y la definición de las “cuestiones de Estado”.

El problema, desde mi humilde punto de vista, es que la “cuestión de Estado” central ya no es la seguridad, la justicia independiente, la protección del Estado de Derecho, la estabilidad monetaria, la desocupación o la pobreza, sino llegar a 2015 sin sufrir las consecuencias de estas políticas que se vienen aplicando. Tenga o no éxito Kicillof en este objetivo cortoplacista, la destrucción de nuestras “instituciones” ya es un daño irreparable.

¿Qué tipo de crecimiento tuvo la Argentina?

Los defensores del modelo vigente destacan el crecimiento de la economía argentina. De aquella gran depresión de 2001-2002, la economía logró salir con un vigoroso crecimiento de la actividad económica, reduciendo la desocupación a un dígito y sin necesidad de acudir a ningún tipo de asistencia del FMI y otros organismos multilaterales de crédito. Sin embargo, hay varias cuestiones por destacar.

Tomemos, a modo de ejemplo, el caso de una empresa. ¿Cuáles son los motivos que pueden llevar a una empresa a incrementar sus ingresos? Imaginemos que esta empresa vende en el año unos 1000 escritorios a $ 1000 cada uno. En este caso, la empresa logra acumular ingresos anuales por $1.000.000

Crecimiento tipo 1: Estudiemos la primera razón por la cual pueden incrementarse sus ingresos. Si la gente ahora valora más estas mesas e incrementa su demanda, su precio subirá, digamos a $2000, permitiendo que ahora los ingresos sean de $2.000.000, sin necesidad de elevar la producción.

Crecimiento tipo 2: Otro modo de incrementar los ingresos sería si la empresa logra producir el doble de escritorios. Si en lugar de 1000, lograra producir y vender 2000 a ese mismo precio, entones acumularía también $2.000.000. Pero esto último no ocurre gratuitamente. Para duplicar la capacidad productiva la empresa debe ahorrar e invertir mucho dinero, incorporar maquinarias, contratar más trabajadores y quizás incluso ampliar el espacio donde se lleva adelante el proceso productivo.

Crecimiento tipo 3: Hay sin embargo una excepción al caso anterior. Si la empresa tuviera –como consecuencia de una crisis- capacidad ociosa, esto es trabajadores desocupados, máquinas en desuso y espacio libre, podría quizás poner a trabajar estos recursos y con ello aumentar los ingresos, sin necesidad de nueva inversión. Que la empresa produzca 1000 escritorios no nos dice nada acerca de su potencial.

Volviendo ahora sobre la economía argentina, hay que señalar que hubo en estos años un crecimiento tipo 1 y tipo 3, pero estuvo ausente o limitado el crecimiento tipo 2.

En primer lugar, los precios de los commodities alcanzaron niveles récord, especialmente por la mayor demanda china, lo cual permitió incrementar los ingresos, sin aumentar la producción. Pienso que este punto no requiere profundización porque ha sido reconcido por todos.

En segundo lugar, la última década tuvo una expansión de la inversión pública, pero hubo muy poca inversión privada. Está claro que surgieron empresas para sustituir las importaciones, apoyadas sobre subsidios y proteccionismo, pero el costo de estas políticas no parece poder sostenerse en el largo plazo y sin esta ayuda estatal el efecto de esta mala inversión puede desaparecer en un espacio muy corto de tiempo. El desafío que enfrenta el gobierno es complejo. Mantener una industria “artificial” e “ineficiente” que sólo se sostiene con subsidios y proteccionismo, implica un costo social muy fuerte, más aun si el costo lo pagamos con inflación y consumidores descontentos, tanto por la mala calidad de los productos como también por su alto precio en comparación con los bienes importados.

En tercer lugar, es cierto que podemos mostrar aumentos de producción si comparamos 2014 con 2002, pero no nos engañemos acerca de aquellas circunstancias. Un dato de la economía Argentina es que al cierre de 2002, después de la gran depresión, tenía una capacidad instalada del orden del 50 %. Los defensores del modelo vigente toman precisamente ese piso para reflexionar acerca del “crecimiento” económico argentino, cuando esta expansión no fue más que un proceso de recuperación de la crisis anterior. No quiero con esto negar su importancia, pero no es lo mismo utilizar recursos ociosos existentes que ampliar la capacidad productiva.

Fue recién en 2008 cuando la economía argentina pudo más o menos alcanzar valores normales de capacidad instalada y con ello acercarse al potencial de su economía. Pero entonces sufrimos la crisis global de 2009, y el leve crecimiento de los tres años siguientes no parece despegar de aquel potencial alcanzado en 1998, hace ¡16 años!

Si somos optimistas y suponemos que los precios de los commodities permanecerán en estos niveles históricos elevados, y además asumimos que la economía norteamericana , europea y china mantienen las políticas de liquidez, aun así el contexto no parece ser suficiente para mostrar una economía en crecimiento. Aun si dejamos de lado el debate de los últimos 10 años, necesitamos abrir el debate de cara al futuro. Argentina no podrá tener en los próximos años un crecimiento tipo 1 o un crecimiento tipo 3, y es por eso, que necesitamos del crecimiento tipo 2 para tener un futuro prometedor. Y aquí viene el desafío: un crecimiento tipo 2 implica necesariamente cambiar de modelo.

La falacia del Plan Procrear

Con una frecuencia cada vez mayor escuchamos la pregunta “¿Quién discute el plan Procrear?” Mi respuesta: “Yo lo discuto”. Y tomaré este espacio para ofrecer mis argumentos, que vale la pena señalar que no son propios, sino de Frédéric Bastiat, en un artículo escrito alrededor de 1850.

Bastiat trató de manera magistral la falacia de la ventana rota. La historia cuenta que un niño arrojó una piedra a la vidriera de una panadería y escapó. Mientras el panadero lamentaba el hecho, los vecinos reflexionaban sobre el caso. “No es tan malo. Ahora el panadero deberá contratar a un vidriero para arreglarlo, quien a su vez tendrá mayores ingresos que podrá gastar en otras compras, abriendo con esto una cadena de pagos que genera un incremento de la actividad económica.”

El panadero escucha la reflexión y la cuestiona. “!Se volvieron locos! Aun si ignoran el perjuicio que produjo en mí, deben entender que esto no incrementa ninguna actividad económica. Este dinero que ahora debo utilizar para reponer la ventana, lo iba a utilizar para comprarme un traje. Ahora el sastre no recibirá ese dinero, ni podrá él gastar ese dinero en otra cadena de pagos. Deben comprender que no sólo esto no crea riqueza, sino que se desvía la riqueza en un sentido opuesto al que me gustaría. Pero además, deben comprender que la riqueza se reduce. Si esto no hubiera pasado, tendríamos esa ventana más el traje. Ahora sólo tendremos la ventana.”

“Es cierto”, dijeron sus vecinos.

La falacia de la ventana rota fue clave en la historia del pensamiento económico para que los economistas evaluemos el gasto público. Aunque su lección no fue aprendida por todos. Ahí tenemos a Paul Krugman, premio Nobel de Economía, insistiendo en que una tercera guerra mundial, o la invasión de extraterrestres, generaría un enorme gasto público en el campo militar que reactivaría la economía norteamericana y con ello la economía global.

El Plan Procrear puede discutirse desde el mismo argumento. Muchos “vecinos” se quedan viendo las “ventajas” del plan, representado en construcciones edilicias en todo el país. ¡Cuántas familias se beneficiaron con el plan! Pero ahí viene el otro lado del análisis. ¿Alguien se preguntó de dónde proviene ese dinero? Digamos que provienen del IVA. En ese caso, hubiéramos podido eliminar parte del impuesto, y los contribuyentes habrían podido incrementar su consumo. Si proviene del impuesto a las ganancias de las empresas, entonces estamos reduciendo la inversión y la creación de empleo. Si proviene de tomar deuda, peor aún, estamos endeudando a generaciones futuras, que no sólo no votaron por estos gobiernos que la toman, sino que además tendrán que pagar por ella en el futuro reduciendo su consumo.

Podemos asumir que proviene de la emisión monetaria, y aun así, la inflación es un impuesto no legislado que afecta especialmente a los menos pudientes, además de castigar el ahorro, que es la base del progreso. ¿Y si proviene del dinero de ANSES? La respuesta es la misma. La población activa que hoy aporta para su futuro, encontrará reducido el monto ahorrado, lo cual garantiza jubilaciones y pensiones precarias en su vejez. El hecho de que los beneficiados devuelvan en cuotas los créditos recibidos, y que lo hagan a una tasa de interés más baja que la de mercado, no cambia el análisis conceptual. La diferencia entre esas tasas de interés ventajosas, y la tasa de interés de mercado, es el dinero que se está extrayendo de estos contribuyentes perjudicados.

Bastiat lo decía claramente. Los buenos economistas no sólo ven lo que se ve (en este caso, las casas o ampliaciones de casas construidas), sino también lo que no se ve (en ese caso, lo que el contribuyente podría haber hecho con todo ese dinero). Recordemos que siempre hay alguien que “paga” de su propio bolsillo los excesos de este gobierno.

La estatolatría argentina

“La estatolatría es la mayor enfermedad social de nuestro tiempo”. Este lema representa una de las lecciones que aprendí del Dr. Jesús Huerta de Soto, uno de mis profesores en el Doctorado en Economía de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Se trata de una creencia, o un fenómeno sociológico y cultural, en el que cada individuo se considera incapaz de valerse por sí mismo, y delega en el dios Estado la solución a todos sus problemas.

En el siglo XX el Estado ha reemplazado el rol que siglos pasados jugaba la Iglesia. La gente ya no pide a Dios por trabajo, alimento, ropa, un techo o salud, sino que redirige sus peticiones al gobierno de turno. El dios Estado se supone presente para asistir a los necesitados. Se cree en las buenas intenciones de nuestros gobernantes, y también en su omnisciencia. Se supone que el Estado detecta a tiempo cada problema y luego actúa en consecuencia.

En países presidencialistas, y en especial en etapas de auge, el presidente de turno se convierte en ídolo. Sólo cuando aparecen las fases de crisis y depresión es cuando el ídolo cae, y se lo reemplaza por su sucesor, intentando que ahora sí, la asistencia sea la esperada.

La inmadurez de las masas es una consecuencia obvia, y ante ello, los problemas se multiplican. Hombres y mujeres abandonan su creatividad natural, y en lugar de “emprender”, esperan pasivos por una solución externa que nunca llega.

Esa pasividad es también fomentada por los propios gobiernos, por esos ídolos de turno, que saben que sólo mediante la “infantilización” de las masas pueden mantenerse en el poder y multiplicarlo. Los gobiernos han logrado distraer la atención acerca de las verdaderas causas de nuestros problemas. Se culpa al capitalismo, al ánimo de lucro, al mercado, a los empresarios, a la propiedad privada, por los problemas que el mismo dios Estado causa, incluyendo la división de los pueblos y el conflicto permanente.

Los intelectuales, sean estos filósofos, sociólogos, economistas, juristas o historiadores, han fracasado en comprender la naturaleza de este problema. Abunda bibliografía que sólo ve la superficie de los problemas, pero muy poca atiende a lo esencial.

Aun la iglesia, o en los últimos meses el Papa Francisco, fracasan en comprender que la pérdida de fe en Dios, se ha canalizado al dios Estado. El dios Estado promete ofrecer en la tierra los recursos que Dios sólo ofrecerá en la vida eterna.

En la Argentina la “estatolatría” se profundiza. Y si este es el caso, el problema no es Alfonsín, ni Menem o los Kirchner. Hay miles de Néstor o Cristina dispuestos a jugar el rol de líderes en el país. Si deseamos revertir el proceso, necesitamos un cambio cultural. Sugiero que recuperemos la fe en nosotros mismos, en nuestra creatividad empresarial, y confiemos menos en la “omnisciencia”  y las “buenas intenciones” de nuestros gobernantes.

Agitando fantasmas

Cuando Axel Kicillof llegó al gobierno –en sus distintas funciones- el periodismo recordó su formación marxista. El ahora ministro de Economía pidió a la prensa –con razón- que dejen de “agitar fantasmas”. No estaba en sus intenciones imponer en la Argentina el ideal comunista. Tal es así que concluí en otra nota, que Kicillof venía a ser un “Keynes argentino”, intentando fortalecer el rol regulativo del Estado.

En la entrevista que ofreció con posterioridad al anuncio de Capitanich sobre la flexibilización cambiaria, Kicillof mostró su preocupación porque los exportadores acopian cereales, particularmente soja, “para especular y presionar una devaluación”. Lo que Kicillof no parece comprender, sin embargo, es la lección básica que la economía moderna nos enseña: “los individuos se comportan bajo incentivos.”

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Consecuencias de la arbitrariedad de Kicillof

“¡Los mismos que nos dijeron durante diez años que el dólar valía un peso, son los que hoy nos quieren convencer de que vale 13!”, fue la frase arrojada por Kicillof ante el lógico pedido de la prensa de hacer preguntas tras el anuncio del Jefe de Gabinete acerca de la flexibilización cambiaria. Un par de días más tarde, en la ya famosa entrevista que Kicillof ofreció a un diario alineado al oficialismo, éste planteó que el tipo de cambio adecuado para los objetivos del gobierno era de $8. Lo que Kicillof nunca explicó es por qué el tipo de cambio a $13 le parece exagerado, y por qué un tipo de cambio a $ 8 le parece adecuado. Mi análisis de la situación, se resume en una palabra: “arbitrariedad”.

Lo cierto es que para conocer cuál es el precio libre de un mercado, se requiere permitir que las personas interactúen libremente en ese mercado. Si restringimos un mercado, entonces ya no tendremos un precio libre, sino un precio intervenido, el cual se sostendrá en la medida que pueda mantenerse la intervención y sus costos. Con un mercado desdoblado, tenemos que hacer dos análisis distintos. En el caso del mercado “oficial”, tenemos que comprender que el gobierno puede obligar al sistema bancario argentino a vender “sus” reservas al precio que desee. En este caso, Kicillof eligió $ 8, y una forma de comprender la arbitrariedad y lo infundado de esa decisión es cómo el BCRA debe intervenir diariamente perdiendo reservas para que su precio no se eleve. En el caso del mercado informal o “blue”, la oferta y demanda restringida de aquellas personas físicas y jurídicas -que podemos definir como “no privilegiados”- y que no pueden acceder a la arbitraria y baja cotización oficial, han fijado un precio de equilibrio en torno a los $ 13.

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De Lavagna a Kicillof, un único modelo

Ante el ya evidente fracaso de la política económica populista del kirchnerismo en los diez años que van desde 2003 a 2013, surge cierta literatura que busca rescatar a algunos responsables directos de los acontecimientos actuales.

Eduardo Duhalde intentó rescatar por ejemplo a su ministro de Economía, Roberto Lavagna, al punto de candidatearlo como una persona de experiencia para resolver la situación actual. Martín Redrado o Martín Lousteau escriben decenas de columnas críticas en las que intentan separarse del actual gobierno, cuando hace unos pocos años acompañaron el proceso. Es cierto, se podrá decir que desde 2007 Cristina Fernández de Kirchner se ocupó personalmente de profundizar ese mismo populismo que “nació” post-convertibilidad, pero cada uno de estos tres economistas tuvo su responsabilidad en la actual situación que sufrimos.

Para empezar, diré que la salida de la convertibilidad fue la peor que se podía haber diseñado. Eduardo Duhalde acusa al gobierno actual de improvisación, cuando él mismo prometió devolver dólares a quienes depositaron dólares, y sólo unos días después pesificó todos los depósitos y fue el responsable de la mayor estafa al pueblo argentino de las últimas décadas. En segundo lugar, hay que ser claros en que esa devaluación, que implicó el abandono de la convertibilidad y que hoy es vista como el comienzo de la “década ganada”, en realidad nos dejó con otra “década perdida”. Es cierto que entre 1998 y 2001 la economía estaba estancada y con alto desempleo, pero la devaluación convirtió esa crisis en una profunda depresión que hizo caer el PIB más del 10 % en 2002, además de destruir el Estado de Derecho.

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