Por: Agustín D'Attellis
El martes pasado el Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó una demanda civil contra Standard & Poor’s (S&P) por su responsabilidad durante la última crisis financiera, que comenzó en el mercado de hipotecas subprime en ese país, y que luego puso en jaque a todo el sistema financiero internacional. La cifra de US$ 5.000 millones por la cual la Justicia demanda a la compañía, que a primera vista pareciera algo inconmensurable para cualquier mortal, resulta insignificante dada la magnitud de lo ocurrido. En este sentido, es importante analizar lo ocurrido durante la crisis de 2008 y en crisis anteriores, para dejar en evidencia la responsabilidad de estas empresas en la gestación de crisis y el negocio especulativo por detrás de sus comportamientos. Cabe aclarar que el mercado internacional de las agencias calificadoras de riesgo lleva adelante comportamientos monopólicos, ya que se encuentra conformado por tres empresas (S&P, Moody’s y Fitch) que además son propiedad prácticamente de los mismos accionistas.
Por citar algunos ejemplos que ilustran los errores cometidos por las calificadoras a lo largo de su historia, durante la crisis del sudeste asiático de 1997 estas agencias recortaron bruscamente las calificaciones soberanas de los países de la región, ratificando acontecimientos conocidos previamente; frente a la quiebra de Lehman Brothers, mantuvieron la más alta de las calificaciones hasta último momento; calificaron a miles de productos estructurados en los años anteriores a 2008 con rangos de los más altos que pasaron a situación de default, en algunos casos, en menos de 48 horas; presentaron elevadas calificaciones para Enron hasta antes de conocerse el megafraude; entre otros ejemplos a lo largo de los últimos años.
Estas compañías dejaron en evidencia graves fallas metodológicas, así como también importantes conflictos de intereses y grandes anomalías en el sistema encargado de regularlas. Las metodologías que utilizan, basada en análisis estrictamente financiero, y con sistemas rígidos y enlatados, para los productos financieros, y bajo la óptica de modelos neoclásicos para el caso del análisis de deuda soberana, fracasaron sistemáticamente según lo refleja la propia evidencia empírica. Los conflictos de intereses que enfrentan tienen que ver con que los clientes a quienes califican son quienes los contratan para esto, en un mercado cuasi monopólico, que claramente no puede librarse a un mecanismo de autorregulación. Además de servicios adicionales que estas empresas brindan a sus clientes, y de que algunos de sus accionistas son reconocidas firmas de administración de inversiones.
Los errores cometidos por estas compañías no resultan inocentes, ya que sus calificaciones generan comportamientos de parte de los inversores que causan grandes fluctuaciones en los precios de los activos, así como condicionan la dinámica macroeconómica de muchos países pequeños, que resultan víctimas de ataques especulativos.
A partir de la crisis surgieron muchos debates en diferentes foros de discusión internacionales en torno a este mercado, y la necesidad de su estricta regulación, pero no logran prosperar, ya que son muy fuertes los intereses económicos que estas compañías representan. Es de esperar que la Justicia sancione a estas empresas como corresponde, que se torne más eficiente el marco regulatorio y que prosperen nuevas experiencias, como la planteada por la Argentina en el artículo 57 de la nueva ley de mercado de capitales, con el objetivo de lograr que las agencias de calificación de riesgo lleven adelante su función de tornar más eficiente al mercado de capitales para ponerlo al servicio de la actividad productiva y del desarrollo económico, y que deje de ser sólo un gran negocio especulativo en manos de unos pocos.