Por: Agustín Etchebarne
Existen dos tipos de tragedias: las inevitables y las evitables. Las inevitables son las que se generan por factores desconocidos o impredecibles o que no existen los medios para impedirlas, como las cenizas del volcán chileno. No es el caso de las inundaciones. Los ingenieros saben por qué se producen y saben cómo evitarlas. Entonces es cuestión de medir el costo. La pregunta es cuánto cuesta evitar las inundaciones y si estamos dispuestos a pagar dicho costo. Este tipo de análisis es el que está generalmente ausente en los debates políticos, que se limitan mayormente a acusaciones mutuas y disquisiciones ideológicas.
Dentro de las tragedias evitables podríamos enumerar una larga lista: empezando por la inseguridad física y los accidentes viales que han provocado decenas de miles de muertos en la última década, además de las inundaciones recurrentes, los derrumbes, los accidentes de trenes…
Para enfrentar todos estos problemas simultáneamente, es necesario dejar de lado las acusaciones ideológicas y circunscribir las discusiones a análisis técnicos. Cada ciudad, provincia y la nación debieran tener un listado de obras públicas ordenadas según su importancia según criterios técnicos de evaluación económico-social.
A partir de allí, los políticos deben reordenar el presupuesto teniendo en cuenta dicho ranking y las preferencias e intereses de su electorado. Está claro que lo primero que hay que hacer es revisar el presupuesto del gasto público. Plata hay, pero se gasta mal, muy mal.
Por ejemplo, la provincia que lidera el ranking de desarrollo provincial de la consultora Delphos Investmente; San Luis gasta 58% de sus recursos en gastos corrientes, lo cual le permite tener un 42% para inversiones. El gasto en personal es el 38% del gasto corriente. En general, San Luis viene realizando esta política desde hace 30 años. El lógico resultado es que se trata de la provincia que tiene mayor cantidad de autopistas por habitante, no tiene déficit habitacional, construyó universidades, y ciudades nuevas, y se da el lujo incluso de invertir en autopistas del conocimiento o en intentar desarrollar la industria del cine, aunque no siempre eficientemente. Logró diversificar su producción siendo el agro apenas el 8% de su PBG, los bienes secundarios el 50% y los servicios el 42%.
La contracara es la provincia de Buenos Aires, donde los gastos corrientes ocupan el 96,4% del total, dejando para inversiones apenas un 3,6%, mientras que los gastos en personal son el 54% del total de gastos corrientes. No es de extrañar, entonces, que la provincia sólo logre avanzar muy lentamente en obras de infraestructura básica, como cloacas, desaguaderos, asfalto, o viviendas.
La ciudad de Buenos Aires tiene el presupuesto más rico del país. Pero nuevamente encontramos aquí un desbalance en el presupuesto; el total de gasto corriente alcanza al 89,1% de los gastos totales. Está un poco mejor que la Provincia de Buenos Aires, pero bien lejos de San Luis.
Si miramos al nivel nacional, observaremos que se ha desperdiciado una década de crecimiento y expansión, que hubiera sido el mejor momento para realizar una transición a un presupuesto eficiente y ordenado. Y se hizo precisamente lo contrario. El gasto público subió de un 27% a un 43% del PIB, los empleados públicos aumentaron de 2 millones a 3,2 millones, según Orlando Ferreres. Y los planes sociales como mostramos en un informe reciente de la Fundación Libertad y Progreso crecieron hasta alcanzar, en 2012, 110 planes (58 de la nación y 52 de las provincias) con un total de 18,3 millones de beneficios y $64.400 millones de pesos. Todo este gasto se hizo sin ningún control ni evaluación posterior. Y la tremenda prueba de su ineficacia es que en los últimos años ha vuelto a subir la pobreza que alcanza al 26,9% de la población, según el último informe del Observatorio Social de la UCA.
No quedan dudas de que es fundamental empezar a reestructurar el gasto público. Para comenzar, sólo para dar algunos ejemplos, existen una cantidad de partidas que podrían eliminarse por completo o reducirse drásticamente. Por ejemplo, puede recortarse 100% del gasto en propaganda oficial en todos los niveles, nacional, provincial y municipal. El total gastado en este rubro en 2012, nada más que a nivel nacional fue de: medios gráficos $466 millones, TV $1.368 millones, radio $63 millones, ahorrando un total de $ 1.897 millones. Este año superará los $2.000 millones.
La información oficial puede estar en páginas webs y los anuncios deben hacerse en conferencias de prensa. Puede eliminarse la cadena nacional de radio y difusión, salvo caso de guerra o emergencia climática. Eliminaría todos los carteles de los diferentes gobiernos que afean calles, escuelas, universidades y paseos públicos.
Podemos eliminar también todo el gasto en entretenimiento, al menos hasta reducir las muertes evitables, el hambre, la desnutrición y la indigencia hasta llegar al 0%. Eliminaría todo el gasto en Fútbol para Todos, Automovilismo para Todos, TC 2000, recitales, pagos a artistas y cantantes. Sólo en Fútbol para Todos se gastó en 2012 la friolera de $ 1.333 millones. Pueden suprimirse otros gastos y privilegios como autos oficiales, ahorrando en choferes, repuestos, mantenimientos, seguros; la flota de aviones para uso de políticos, que debieran trasladarse en aviones comerciales o en trasporte público o en sus propios vehículos, como cualquier hijo de vecino, sin chapa ni privilegios “oficiales”. Puede reducirse seriamente el gasto en embajadas y utilizaría mucho más Internet y las computadoras.
En Argentina, la política es financiada por el Estado, de arriba hacia abajo. Esto es un mal que incentiva la prostitución de políticos y desincentiva o aleja a los políticos más honestos y capaces. Es la forma de financiar una verdadera oligarquía, que asfixia la verdadera participación ciudadana.