Nuestro sistema judicial actual carece de credibilidad y, por la tanto, de legitimidad.

Los diversos hechos de corrupción que quedan impunes, los escandalosos delitos en los cuales los delincuentes devienen en estrellas mediáticas, los intentos directos de la política por controlar las decisiones judiciales, jueces sospechados de mal desempeño que continúan en sus cargos sin ningún tipo de investigación, juzgados sin jueces, demoras extraordinarias en el servicio de justicia, y la lista podría seguir y seguir.

En esta descripción de la realidad se encuentran algunas de las razones por las cuales la gran mayoría de la gente desconfía de nuestra justicia actual.

Un trabajo del 2010 realizado por FORES, Fundación Libertad y la Universidad Torcuato Di Tella determinó que la imparcialidad de la Justicia es poco o nada confiable para el 80% de los encuestados; el 77% indicó que la capacidad y eficiencia de la Justicia le merece poca o ninguna confianza y el 79% confiaba poco o nada en la honestidad de la Justicia. Son datos escandalosos que no requieren de ninguna interpretación para concluir que, en nuestro país, la justicia está en jaque.

Es evidente que cuando un pueblo no tiene justicia, no tiene derechos. Una sociedad sin justicia real se convierte en un “sálvese quien pueda”; en una sociedad donde predomina el fuerte, el que se impone por sobre otros. En estas situaciones de escasa o nula institucionalidad, la fuerza, es la variable y la condición más importante para sobrevivir, reemplazando al derecho y a la justicia. Los que dominan por la fuerza imponen sus condiciones arbitrariamente.

Sin una legítima autoridad que imparta justicia de manera objetiva e independiente, todos nos convertimos en soberanos de nosotros mismos y por lo tanto, el Estado se desdibuja como una mera ficción jurídica.

Cuando no hay derecho que rija en una comunidad, desaparece el sentido mismo de vivir en ella, de respetar al otro, de cumplir con las obligaciones legales y de ejercer los derechos, de pagar los impuestos, etc. Sin justicia y por tanto, sin derecho, todo se diluye y nada tiene verdadera razón de ser. Sin justicia no hay derechos, y sin derechos no hay paz ni progreso posible en una sociedad. 

Observamos un constante y paulatino deterioro de nuestras instituciones. La arbitrariedad y la discrecionalidad en las diversas acciones y decisiones del gobierno nos confirman lo dicho. No hay reglas de juego claras e iguales para todos. Ni siquiera los procedimientos legales de sanciones de leyes por el Congreso Nacional son respetados (ej. la reciente sanción de la reforma  del Código Civil). Sin ánimo de ser alarmistas, venimos transitando por un camino sumamente riesgoso para nuestro querido país. 

Debemos revertir drásticamente ese norte. Se requiere de un shock de credibilidad para que la ciudadanía recupere la confianza en la justicia y en las instituciones, para que comencemos nuevamente a ser un país previsible, con seguridad jurídica, un país con reglas claras y permanentes que nos permitan saltar al verdadero desarrollo.

La seguridad jurídica no significa solamente cumplir con las normas establecidas, sino que también significa ser responsables con las leyes que se aprueban, ya que muchas ostentan inconstitucionalidades manifiestas y sin embargo los legisladores levantan la mano sin advertir que dicha norma está destinada a fracturar aún más el sistema. 

Desde la política, a través de los diversos partidos, desde nuestro superior tribunal de justicia, a través de sus sentencias, desde el Consejo de la Magistratura de la Nación, a través de sus designaciones de magistrados y de su poder disciplinario, se debe apostar por el pleno respeto a los límites institucionales, limites que evitan los desbordes de poder y que se enmarcan dentro de un sistema donde el poder es ejercido y controlado.

Necesitamos estar dispuestos sin miedos y sin ataduras a investigar y juzgar de manera implacable todos los hechos de corrupción política y judicial. Poder ejercer un verdadero control republicano, desde las mismas instituciones y desde la ciudadanía.

Este shock de credibilidad debe llevarse adelante primeramente desde el poder, y luego la ciudadanía comenzará a cuidar este mínimo estándar fijado a través de su respectivo control.

Será un desafío para el próximo gobierno poder mostrar, con apertura y firmeza, que nuestro país está dispuesto a seguir por el camino de la ley y no por el de la esclavitud, la fuerza y la arbitrariedad de unos pocos. 

De esa manera habremos recuperado nuestra Patria, habremos recuperado nuestro verdadero sueño de nación grande, desarrollada, equitativa y abierta al mundo.