“Existe una fisura entre una tradición popular y otra tradición republicana en nuestro país, que no se resolvió. Gobiernos mayoritarios que han ignorado principios republicanos y gobiernos republicanos sin participación popular”. Esta frase fue parte del reciente discurso inaugural del año judicial a cargo del Dr. Ricardo Lorenzetti y, a mi juicio, sintetiza una de las principales causas de la división y de la debilidad institucional que nos aqueja.
Esta fisura se remonta a los tiempos de formación de nuestro país en donde dos bandos, que representaban visiones de argentinas muy distintas, se enfrentaban en múltiples luchas sin llegar ninguno de ellos a consagrarse definitivamente con una victoria. Estos bandos -o mejor dicho estos espíritus nacionales-, eran los entonces unitarios y federales, que dividían nuestra Argentina en dos y que aún hoy encuentran su representación.
Por un lado, los unitarios expresaban el modernismo, la ilustración, el racionalismo, el laicismo – producto de la influyente masonería-, la admiración por lo extranjero y los grandes diseños institucionales propios de las repúblicas desarrolladas de aquel entonces. Los federales, por el otro, representaban el corazón de su pueblo a través de sus distintos caudillos, la cultura local y autóctona, la catolicidad y la latinidad, intentando expresar la voluntad de sus gobernados.
Ambos espíritus nacionales, cual pinceladas en paralelo y cada uno con sus aportes originales, fueron conformando nuestro país. Y así la Argentina fue oscilando entre gobiernos republicanos, defensores de las instituciones pero que en muchos casos se encontraban alejados de las realidades populares, y gobiernos populares, en donde el respeto a las instituciones se hacía relativo cuando a criterio del gobierno se obstaculizaba su relación directa con el pueblo.
La acentuación de estos dos “modelos”, generó un surco cada vez más profundo de división, abriendo grandes heridas en nuestra sociedad que hoy pueden vislumbrarse de un modo ostensible. La polarización es evidente.
En ese entendimiento, creo que es necesario volver sobre algunos conceptos elementales. La relación entre los distintos poderes del Estado no debe ser de enfrentamiento sino de coordinación. El Poder Judicial debe poner límites al Poder Ejecutivo y garantizar los derechos de los ciudadanos consagrados en nuestra Constitución y, en el ejercicio de dichas funciones propias, no debería ser acusado de “partido judicial”. El Congreso de la Nación representa al pueblo y a las distintas provincias que integran nuestro país; su deber es legislar, pero no por ello debe constituirse en escribanía del poder de turno. Y el Poder Ejecutivo debe llevar adelante la conducción y la administración general del país, pero no por ello el resto de los poderes del estado deben allanarse incondicionalmente a dichos fines.
Si pretendemos ser un país verdaderamente justo y desarrollado, necesariamente debemos lograr una síntesis de nuestra historia, pacificando ambos espíritus nacionales, de manera tal de integrar a demócratas y republicanos en una Argentina por un lado representativa, donde la participación popular sea su fundamento y por el otro una Argentina republicana, donde la división de poderes y el respeto a sus instituciones sea su esencia. Esa Argentina integrada fue la que imaginaron y soñaron nuestros constituyentes y se encuentra plasmada en el primer articulo de nuestra Carta Magna.
El próximo gobierno que asuma tiene por delante este gran desafío, el de pacificar nuestra historia, terminando con las fisuras, para constituir definitivamente la unión nacional, afianzando la justicia y consolidando la paz interior que tanto desea nuestro país.