Un paradigma de subordinación e irresponsabilidad política

La Ley de Hidrocarburos propuesta por el oficialismo constituye un paradigma de subordinación colonial e irresponsabilidad política y da cuenta de la magnitud que ha alcanzado la corrupción en nuestro país. Luego de su aprobación en el Senado, la ley será tratada en Diputados el 29 de octubre, donde el Frente para la Victoria y sus aliados esperan aprobarla, seguramente con el fin de asegurar el cobro de las correspondientes “comisiones” antes de finalizar el mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Algunos artículos del proyecto permiten evaluar las aberraciones que contiene:

1.- Se otorgan a perpetuidad concesiones que abarcan la totalidad de los recursos en petróleo y gas de los argentinos: la ley estipula un período de 30 años para los hidrocarburos convencionales del territorio y la plataforma marítima y de 35 años para los no convencionales. En todos los casos están previstas sucesivas prórrogas de 10 años a solicitud de los interesados sin limitaciones, hasta el agotamiento total del yacimiento o de la formación no convencional. Se desconocen otras experiencias en el mundo de un despojo de esta magnitud. Eso sí, cuando las corporaciones petroleras del extranjero se retiren, pasan a manos del país, sin cargo, las instalaciones y territorios cedidos: instalaciones obsoletas, yacimientos extinguidos y territorios contaminados, para que las futuras generaciones -nietos, bisnietos o tataranietos de las actuales- hagan con ellos lo que puedan. No es la mejor herencia.

2.- Se establece un pago de regalías del 12%, susceptible de ser rebajado hasta el 6%. Cabe señalar que son las regalías más bajas que reciben las naciones a nivel mundial: Bolivia cobra 50%; Venezuela 30%; Azerbaiyán 26%; Colombia 25%; Australia 25%; Canadá 20%; Nigeria 19%. Otra faceta de despojo sin parangón en el mundo. Se calcula que entre la privatización menemista de 1992 y el 2014, Argentina perdió en concepto de renta petrolera y gasífera un monto que supera los 250.000 millones de dólares; monto que puede duplicarse o triplicarse en las próximas décadas.

3.- El Artículo 91 bis de la ley prohíbe a las provincias y al Poder Ejecutivo Nacional otorgar en el futuro concesiones de nuevas áreas a empresas públicas o con participación estatal, cualquiera sea su forma jurídica: solamente se podrá beneficiar a las corporaciones privadas. Esto significa que el Estado en YPF -actualmente solo controla un promedio del 17% de la producción total del gas natural y del petróleo crudo- a partir de la promulgación de la ley, no podrá ampliar sus potenciales de exploración y explotación, convirtiéndose en un sello vacío destinado a los nostálgicos del Artículo 40 de la Constitución de 1949. Debemos señalar que una medida de estas características va en contra de la tendencia mundial a la estatización de los recursos hidrocarburíferos y que de las 20 mayores empresas del mundo 16 son estatales y una mixta.

4.- Respecto al petróleo y gas no convencionales mediante fractura hidráulica con utilización de químicos -fracking- la ley habilita la exploración y explotación sin interesar las advertencias y decisiones de gran parte de los países, que han prohibido o declarado moratorias a este tipo de producción altamente depredadora: entre otros, Alemania, Francia, Rumania, comunidades autónomas de España, 418 condados en Estados Unidos y 25 municipios en Argentina. Se reproduce en este campo la condenable política extractivista de la minería a cielo abierto, prohibida por el Parlamento Europeo en toda Europa, al evaluar que tiene “consecuencias catastróficas e irreversibles”: durante el período kirchnerista, en Argentina estos emprendimientos mineros pasaron de 4 a 600 a lo largo de la región cordillerana.

Sospechamos que el único interrogante que se han planteado los negociadores oficialistas ante las corporaciones ha sido: ¿cuánto les podemos cobrar por esto? La British Petroleum, principal beneficiaria de la prórroga por 40 años del yacimiento de Cerro Dragón, avalada por el presidente Néstor Kirchner en el 2007- también poco antes de terminar su mandato- acaba de auto-incriminarse ante la Comisión de Valores de Estados Unidos por haber pagado coimas en esa operación: solo queda preguntarle a la British Petroleum a quién se las pagó.

La deuda interna

Una vez más, el conflicto docente que posterga el inicio del año escolar, además de los justos reclamos de los educadores, expresa la incapacidad del gobierno nacional en resolver las necesidades fundamentales del país –educación, justicia, bienestar- en pos de cumplir con las demandas de los acreedores externos. La discusión paritaria así lo demuestra: mientras el salario mínimo, vital y móvil ascendió de 510 pesos en 2005 a $ 3.600 en 2014, el salario inicial docente pasó de 700 a 3400 pesos, lo que significa que siendo en 2005 superior en un 40% al SMVM hoy esa proporción se degradó resultando el salario docente un 7% inferior al salario mínimo.

Aun partiendo de la base que el salario mínimo vital y móvil es un valor de referencia, un análisis de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la tendencia general de los salarios mundiales observó que la relación entre salario mínimo y medio es bastante variable, pero la situación más frecuente es la fijación de un ingreso mínimo que representa un 40 por ciento del haber medio. Sin embargo, esta relación no es la que refleja la evolución del salario docente. Lejos de acompañar la evolución del SMVM y mucho más lejos de los promedios que publica el Ministerio de Trabajo para el sector privado, en la actualidad el salario inicial de un docente está por debajo del mínimo vital y móvil.

Pero, claro, siendo parte esencial de la negociación, la cuestión salarial docente constituye la punta del iceberg de un sistema jaqueado por la ineptitud de los funcionarios que, en vez de correr tras los acontecimientos, debieran planificar de antemano qué hacer con uno de los pilares esenciales del desarrollo nacional: la educación argentina. En ese sentido, cabe recordar que el valor del salario no sólo se fija en virtud de la satisfacción de las necesidades del trabajador sino también al reconocimiento de la labor que desempeña acorde a sus capacidades. Ello significa que la calificación de la tarea docente debe ser retribuida de acuerdo al rol social que históricamente cumplen maestros y profesores en todo nuestro país.

Pues bien, el conflicto planteado podría ser solucionado si los gobernantes comprendieran la necesidad –largamente postergada- de recategorizar la tarea docente, entendiendo que son los maestros capacitados los protagonistas del cambio y la mejora en la calidad educativa que el Estado Nacional debiera procurar y garantizar en nuestras aulas.

La Ley de Educación Nacional 26.206 establece en su artículo 28 –referido a la jornada extendida de la escolaridad obligatoria- y en el 32 – respecto a la concentración de las horas cátedra de los/as profesores/as- modificaciones sustanciales en pos de mejorar la calidad educativa, tanto en cuanto a los logros de los aprendizajes por parte de los alumnos, como a la necesaria mejora de las condiciones laborales de los docentes para lograrla. En el mismo sentido, en el artículo 67, entre los derechos de los docentes se enuncian el de la capacitación y actualización integral, gratuita y en servicio a lo largo de toda su carrera; el desarrollo de sus tareas en condiciones dignas de seguridad e higiene; el mantenimiento de su estabilidad en el cargo en tanto su desempeño sea satisfactorio de conformidad con la normativa vigente; y un salario digno.

De acuerdo al informe del CIPPEC de 2013 sobre el cumplimiento de las metas educativas, estos aspectos son justamente los que han quedado más postergados. Son, también, los que aunan el reclamo de los docentes y de la comunidad educativa en general. Al relacionar la evolución del salario docente con el particular retraso en el cumplimiento de estos artículos de la Ley, resulta evidente que en materia educativa la década ganada tiene una cuenta pendiente.

Acerca de la inflación y las crisis de transportes y energía: cuentas de almacenero

Como tendencia general y en trazos muy gruesos, frente al recurrente problema de la inflación, los economistas argentinos suelen dividirse entre monetaristas -quienes ubican las causas en la emisión monetaria descontrolada- y los estructuralistas -quienes consideran al fenómeno inflacionario como resultante de un retraso de la inversión frente al incremento de la demanda-; en ambos casos, la lógica económica redunda en una reiterada desvalorización de la moneda nacional y en crecientes costos sociales. No obstante, en su gran mayoría, los economistas eluden dos problemas que, para nosotros, constituyen la clave de la decadencia de nuestro país en los últimos treinta años: por una parte, la corrupción empresaria con la complicidad de funcionarios y miembros corruptos del Poder Judicial; por otra, el desangramiento del pago -también impregnado de corrupción- de una deuda pública odiosa y fraudulenta. Estos dos problemas explican tanto la emisión monetaria descontrolada como los bajos niveles de inversión, con la consiguiente desvalorización de la moneda nacional.

Algunos cálculos simples indican la magnitud de la pérdida de riquezas y potenciales que ha significado y significa para nuestro país la conjunción de ambos problemas -con sus raíces en la dictadura militar- que golpean duramente a la economía. En los últimos treinta años de democracia, por los 45.000 millones de dólares de deuda externa en 1982 -que ya eran fraudulentos por la estatización de la deuda privada de Cavallo- el país ha pagado 391.000 millones de dólares: lo cual significa un promedio de 130.000 millones de dólares cada diez años. Pero a esto debemos sumar la pérdida de la renta de hidrocarburos -unos 10.000 millones de dólares anuales- a causa de la privatización de YPF y Gas del Estado, como parte del Plan Brady de pago de la deuda, que suman 200.000 millones de dólares en veinte años; mientras la privatización y destrucción de la flota mercante y la flota fluvial obligan a desembolsar cerca de 5.000 millones de dólares anuales en concepto de fletes: unos 100.000 millones de dólares en el mismo período. Sólo en estos conceptos -que no son los únicos, como el  vaciamiento de Aerolíneas Argentinas- por las venas abiertas de estas tierras se produjo un desangramiento que ronda en tres décadas los 700.000 millones de dólares: si al valor del dólar oficial el PBI argentino del 2013 fue de 484.334 millones de dólares, equivale a un PBI y medio; el otro medio es lo que aún se debe. Vale comparar la cifra de este desangramiento con los festejos que pueden observarse cuando alguna corporación anuncia una inversión de 5.000 millones de dólares en el país, sin mencionar los múltiples beneficios que se le otorgan, para dar cuenta de una de las causas principales de la inflación y la decadencia nacional.

La otra causa es la consolidación de una estructura de corrupción entre sectores empresarios, políticos y judiciales, que habilitan la acumulación corrupta de capital de la nueva “burguesía nacional” y un enriquecimiento acelerado con garantías de impunidad; condición a su vez del gigantesco saqueo de las grandes corporaciones. La debacle de tres áreas estratégicas en los dos últimos años -ferrocarriles, hidrocarburos y energía eléctrica- es resultado necesario del comportamiento corrupto de concesionarios y funcionarios cómplices, amparados por la impunidad judicial y el retraso de los juicios hasta llegar a la prescripción. Grupos como el de los Cirigliano en trenes del área metropolitana, alcanzaron altos niveles de acumulación corrupta en dos décadas, desviando los subsidios destinados a mantenimiento y reposición hacia su participación en nuevas áreas. Gracias a los auspicios de Julio de Vido, los Cirigliano participan en la fabricación de conversores de señal para el despegue de la Televisión Digital Terrestre, con Fútbol para Todos y Televisión para Todos; o el frustrado intento en Qatar para el transporte por ferrocarril de gas desde los yacimientos hasta los barcos -con su empresa Cometrans Qatar- como parte del proyecto de importación de gas licuado (GLN), a partir de la instalación en Argentina de buques de regasificación en los puertos de Ingeniero White y Escobar.

La pérdida del autoabastecimiento en hidrocarburos es otra evidencia de las políticas de saqueo y corrupción: la extracción a mera declaración jurada y las exportaciones sin control, en combinación con la inexistencia total de inversiones en exploración -el mayor costo de la producción en este campo-  hicieron que en poco más de quince años se agotaran las reservas calculadas en treinta años antes de las privatizaciones, según estimaciones que en su momento realizara Adolfo Silenzi De Stagni. En una lógica similar, el gran negocio de las distribuidoras de energía eléctrica fue la ausencia total de inversiones, obras y mantenimiento -además de la ausencia total de control, por la complicidad de los entes reguladores- contando con los subsidios recibidos a través de piruetas contables de Cammesa, la Comisión Administradora del Mercado Mayorista de Electricidad que las provee y del Fondo para Obras de Consolidación y Expansión de Distribución Eléctrica, Focede; obras que también brillan por su ausencia. En todos estos casos de debacle de áreas estratégicas concesionadas, los beneficiarios son amigos -socios o testaferros- del poder nacional, provincial y/o municipal. En otra oportunidad se darán nombres y relaciones.

En este contexto, todo indicaría que los economistas transversales de los grandes partidos políticos, antes o después, van a proponer distintas formas de ajuste para que los costos recaigan una vez más en los sectores populares y las clases medias. Rechazando el apotegma de Domingo Cavallo “usted no sabe de economía” y por lo tanto no es posible opinar, consideramos que existe una solución para el país si se logra frenar la sangría del pago de la deuda y se neutraliza, al menos en parte, el accionar de la corrupción. Simples cuentas de almacenero, con todo respeto a los almaceneros, indican que si por tres años se suspende el pago de la deuda -y se realiza una auditoría, como hiciera el presidente Rafael Correa en Ecuador, a fin de diferenciar la deuda legítima que debe pagarse de los sucesivos desfalcos que no deben pagarse- el país contaría con 30.000 millones de dólares en la mano. Una inyección de esta magnitud en la economía -a través de nuevas empresas públicas con control social en las áreas de ferrocarriles, industria naviera y aeronáutica, producción de energía hidráulica sin sobreprecios y de energías renovables, exploración en las cuencas convencionales de hidrocarburos, entre otras- sin duda puede revertir la inflación y la decadencia, además de crear decenas de miles de puestos de trabajo dignos. Solamente se necesitan políticos honestos con las manos limpias y algunos jueces y fiscales incorruptibles, dispuestos a defender el interés nacional y el de las mayorías sociales sin aspiración de enriquecerse. Es difícil, pero no imposible.

Educación en estado terminal: Argentina sin futuro

Henry Kissinger puede morir tranquilo: su proyecto se está consumando. El adolescente judío alemán que en 1938, cuando tenía 15 años, debió huir con sus padres a Estados Unidos perseguido por el nazismo, será el artífice de las más aberrantes estrategias norteamericanas hacia Nuestra América. Como secretario de Estado de los gobiernos de Richard Nixon y Gerald Ford entre 1969 y 1977, la política exterior impulsada en el “patio trasero” constituye una manifestación más de su concepción imperial y de la diabólica lucidez con la que sería capaz de imponer sus planes de sometimiento a mediano y largo plazo, sin importar los métodos ni los costos humanos y materiales. Al asumir sus funciones, el continente latinoamericano aparecía como un territorio hostil, con peligrosas aspiraciones de soberanía y justicia: Torrijos en Panamá, Velasco Alvarado en Perú, Torres en Bolivia, Allende en Chile, la resistencia de los trabajadores peronistas junto a jóvenes y estudiantes en Argentina o las movilizaciones en Uruguay, daban cuenta de manifestaciones rebeldes que cuestionaban con mayor o menor radicalidad sus intereses económicos y su hegemonía político-cultural. A su vez, la penetración de las corporaciones y bancos transnacionales en la región -que se había  extendido desde los años sesenta- encontraba en las políticas proteccionistas y en las fronteras arancelarias, un serio obstáculo para promover economías de escala con mercados de alcance continental.

En ese contexto, a comienzos de los años setenta Estados Unidos impulsa una estrategia de restauración conservadora diseñada por Kissinger, con el objetivo de recomponer su hegemonía: las dictaduras militares sustentadas en terrorismo de Estado y articuladas en el Plan Cóndor debían aniquilar tales aspiraciones. Los golpes militares se suceden: en 1971, Bolivia; 1972, Uruguay; 1973, Chile; 1975, Perú; 1976, Argentina. Nuestro país iba a tener un tratamiento especial: en julio de 1976 -a los pocos meses de consumado el golpe militar- el secretario de Estado norteamericano viaja a Brasilia y firma un protocolo con la dictadura instaurada allí desde 1964, por el cual Brasil es ungido como delegado del Imperio en Sudamérica y en el Atlántico Sur. Se inicia así la política del satélite privilegiado. A partir de este protocolo, Estados Unidos y Brasil iban a decidir en encuentros bilaterales a realizarse cada seis meses las políticas a seguir en función de lo que ambos consideraran conveniente para estas áreas de influencia. Se buscaba neutralizar de esta manera la rebeldía existente a nivel mundial y regional en Naciones Unidas, OEA o Junta Interamericana de Defensa, que presentaban serios problemas para los intereses estadounidenses al no contar con mayorías incondicionales.

Aparte de sus funciones políticas, en el satélite privilegiado iba a concentrarse la producción industrial de las corporaciones transnacionales, a fin de cubrir desde allí mercados de dimensión continental, luego de derribar los obstáculos arancelarios e imponer criterios de libre mercado. En esa concepción, Argentina debía erradicar sus industrias mediante el cierre de fábricas o el traslado de empresas a Brasil, para retomar su papel de país productor de materias primas exportables -granos, carnes, petróleo, gas, minería, pesca- con bajo valor agregado. Asimismo era preciso eliminar las empresas y servicios públicos más rentables, junto al sistema de transporte ferroviario en favor de las corporaciones petroleras y automotrices. El ministro Martínez de Hoz, respaldado por una represión inhumana y la imposición del terror como modo de quebrar todo tipo de oposición política o social, inicia la tarea de desintegrar las industrias -en especial las Pymes de capital nacional- al tiempo que contrae una irracional deuda externa, siguiendo los postulados del capital financiero internacional. Además de las ventajas brindadas por las economías de escala al concentrarse la producción en Brasil, la desindustrialización argentina permitiría quebrar estructuralmente la resistencia de los trabajadores, debilitándolos por medio de la desocupación y la precarización laboral. En una dramática paradoja, luego de la caída del Muro de Berlín en 1989, esa tarea va a ser completada durante la década de los noventa en nombre de las tradiciones políticas populares.

El deterioro del sistema educativo público en todos sus niveles fue parte nodal de ese proyecto, al potenciar el debilitamiento estructural de las mayorías sociales: si una sociedad industrial requiere mano de obra calificada y con bases educativas de calidad, en el vuelco hacia un modelo agro-minero-exportador que genera desempleo y marginación social, esa calificación se torna peligrosa. En tal sentido, la estrategia restauradora concebida por Kissinger reproduce una convicción sustentada por los sectores dominantes de América Latina desde la etapa colonial. Ya en 1785 el virrey del Perú señalaba:

“El establecimiento de escuelas en los pueblos puede traer perniciosas consecuencias y los indios deben ser instruidos solamente en la doctrina cristiana, pues cualquier otra enseñanza es muy peligrosa respecto a que desde la conquista no ha habido parece, revolución de esos naturales que no proceda de algunos más instruidos”.

Si en Argentina el sistema educativo público había dado tres premios Nóbel en ciencias, esa peligrosidad debía neutralizarse. Las universidades nacionales fueron duramente golpeadas por la dictadura iniciada en 1966 con la “Noche de los bastones largos” y la de 1976 continuó la agresión, persiguiendo masivamente a docentes e investigadores, en un contraste significativo con el tratamiento de las universidades y los institutos de investigación científica que caracterizara a la dictadura militar del satélite privilegiado. Contando con la complicidad de las dirigencias políticas, la degradación del sistema primario y secundario se completaría durante los años noventa bajo un régimen democrático: la Ley Federal de Educación de 1993, promovida por el menemismo, será el principal instrumento.

El resultado de esa estrategia a largo plazo está a la vista: Brasil se ha transformado en una potencia emergente mientras la Argentina saqueada continúa su decadencia y es definida como “tierra de sacrificio”, con la instalación de producciones extractivas depredadoras que en muchos casos están prohibidas en las naciones del Occidente central. Otro indicador es el dramático deterioro de su sistema educativo, tanto público como privado, que en el transcurso de las últimas décadas ha caído desde los primeros lugares al triste puesto 59 entre 65 países del mundo. No podemos cerrar los ojos ante esta verdadera catástrofe económica, social y cultural: mientras casi el 50% de nuestros adolescentes y jóvenes entre 13 y18 años no ha ingresado o ha desertado del secundario, la mayoría de quienes están insertos en el sistema no comprenden lo que leen, muestran dificultades para resolver problema matemáticos relativamente simples y ocupan el primer lugar del ranking mundial en ausentismo. Son los anuncios de una nación sin futuro: el objetivo de Henry Kissinger. Está en nosotros aceptarlo sumisamente o afrontar el reto de ser protagonistas de una segunda emancipación.

Respuesta a Carta Abierta

En su artículoEl odio y la visión canalla del mundo”, Ricardo Forster utiliza el concepto de Nicolás Casullo “progresismo reaccionario”, también incorporado en la extensa carta abierta Nº14 de Carta Abierta: un típico oxímoron de Casullo, que solía divertirse con el absurdo. En retórica, el oxímoron supone unir en una expresión dos conceptos contradictorios -como monja cabaretera- y, en este caso, hace referencia a alianzas de sectores progresistas con fuerzas reaccionarias que “se preparan para convertirse en parte de la restauración conservadora pero, eso sí, en nombre de los ideales progresistas. No otra cosa es la que constituye el núcleo decisivo de la alianza entre Pino Solanas y Elisa Carrió y que alimenta a UNEN.” Siguiendo las premisas de Ernesto Laclau, Forster y Carta Abierta consideran al kirchnerismo como el BIEN por excelencia; quienes se oponen son de derecha y están impregnados de odio, con una visión canalla del mundo.

Si Forster y Carta Abierta pertenecen al progresismo kirchnerista, vale preguntarse sobre sus propias alianzas: destacados Barones del Conurbano como Raúl Othacehé, Hugo Curto, Alberto Descalzo o Alejandro Granados, ahora ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Estos aliados conforman la base del poder territorial del kirchnerismo y son conocidos por la habilitación mafiosa de desarmaderos, dealers de droga y prostíbulos, sin descartar la trata de personas. Entre los gobernadores sobresalen Gildo Insfrán de Formosa o José Alperovich de Tucumán; todos ellos protagonistas de la hegemonía neoliberal: con la cultura del “yo no fui”, olvidan que Carlos Menem es un aliado del kirchnerismo en el Senado y en los noventa tuvo como aliados a muchos que promueven el actual modelo, incluyendo a sus máximos referentes.

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En los últimos días de agosto, distintos sucesos nacionales e internacionales darían cuenta una vez más de la subordinación neocolonial de nuestro país, que el gobierno ha reforzado aunque intenta velarlo tras un discurso supuestamente nacional-popular. El escandaloso acuerdo secreto YPF-Chevron -dócilmente aprobado por el gobernador y la legislatura de Neuquén, a instancias de la Presidencia- es parte de la geoestrategia de Estados Unidos en su acelerada decadencia y, al mismo tiempo, se vincula con el tema de la deuda externa y la nueva apertura del canje, como una manifestación más de los estatutos del coloniaje, que reconocen la jurisprudencia norteamericana ante cualquier conflicto.

La pérdida creciente de su predominio en el Medio Oriente ante el avance de China y Rusia, plantea duros límites a la tradicional capacidad estadounidense de imponer sus intereses mediante acciones militares. La victoria en Irak es en los hechos una derrota política, ante la imposibilidad de estabilizar ese país destruido. Los afganos demuestran una vez más en la historia que es imposible someterlos; intención reiteradamente fracasada de grandes imperios expansivos: entre otros, los árabes en los siglos VIII y IX; los mongoles de Gengis Khan en el XIII, los ingleses en el XIX, los rusos en el XX y ahora los norteamericanos en el XXI. Las tropas invasoras están encerradas en Kabul y no pueden salir de esa ciudad capital, a riesgo de ser aniquiladas. Las pretensiones de atacar a Irán fracasaron en el 2012 por la decisión de China y Rusia de defender a ese país ante una agresión occidental, incluso si ello significaba iniciar una guerra: la reunión en Kazajstán de los cinco integrantes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas más Alemania a fines de ese año, fue un paso decisivo en la distensión entre las potencias -antiguas y emergentes- con respecto a la nación persa y un freno más a las aspiraciones hegemónicas de Estados Unidos en la región. En este marco, la irresponsable decisión de intervenir en Siria -con los dramáticos costos en vidas humanas que supone- se asemeja más a un manotazo de ahogado que a sus tradicionales manifestaciones de poder imperial; y las declaraciones del secretario de Estado John Kerry cobran un tinte patético:”Lo que está en juego es la credibilidad de Estados Unidos en tanto líder en el mundo”.

El riesgo cierto de perder el control de las principales áreas proveedoras de crudo alimentó la decisión de explotar los yacimientos no convencionales de gas y petróleo mediante el método del fracking. Dos de las tres mayores reservas a nivel mundial se encuentran en Estados Unidos y Argentina, lo cual garantiza el abastecimiento energético en caso de un repliegue desde el Medio Oriente, sin importar el mayor costo de esta extracción frente a la convencional y las devastadoras secuelas de contaminación de las aguas y quiebra de las rocas del subsuelo. Como continuidad de la política de entreguismo kirchnerista -en 1992 la privatización de YPF o en el 2007 la prórroga de las concesiones de Cerro Dragón por 40 años más- ahora se otorga la concesión de Vaca Muerta por 35 años, haciendo caso omiso a los reclamos de comunidades mapuches y militantes políticos o sociales con sentido patriótico. La zanahoria es una inversión de 500 millones de dólares ahora, con la promesa de 15.000 millones más en el futuro. En los mismos días, Cristina Kirchner se vanagloria de ser una “pagadora serial” de la deuda externa, por haber desembolsado 173.733 millones de dólares durante el ciclo K: significa que desde 1981 los argentinos nos hemos desangrado por un total de 391.907 millones de dólares, pero aún debemos 208.464 millones. Ante estos montos, la promesa de Chevron es una lastimosa propina.

La subordinación neocolonial se complementa, en la farsa del relato oficialista, con las manifestaciones de racismo social del connotado luchador por la democratización de los medios Martín Sabbatella. Indignado porque no dejaban entrar a unos periodistas a la escuela de Morón donde votaba su mujer -candidata en la lista K del barón del conurbano Raúl Othacehé- le gritó al agente Juan Echeverría: “Negro de mierda (…) ustedes no saben quién soy yo y no saben a dónde van a ir a parar”. Todo se relaciona.

Daniel Filmus, el primer trabajador

Como parte de una típica campaña sucia, Daniel Filmus ha publicado en Página 12 -ese periódico que hiciera un giro de 180º desde la tradición crítica de sus inicios hacia un lamentable seguidismo oficialista- una lista de ausencias de Pino Solanas en la Cámara Baja: vale mencionar que tales ausencias rondan el 10% de las sesiones realizadas en los años que corren entre diciembre de 2009 y agosto de 2013. Pero sus comentarios no tienen desperdicio: convoca a los votantes a apoyar solamente a los candidatos que trabajan. Al respecto, es pertinente evaluar los trabajos realizados por Daniel Filmus en su ya larga carrera política de más de veinte años, para información de los votantes.

1) Sus comienzos en el campo académico, luego de terminar los estudios en los años 80, serán una advertencia sobre sus futuros trabajos. Como presidente del Colegio de Graduados de Sociología, hacia 1988 promovió una ley destinada a regular el ejercicio profesional de “las y los sociólogas/os”. Cabe mencionar que ese Colegio de Graduados había nacido por resolución ministerial del 29 de febrero de 1976, cuando Alberto Ottalagano se desempeñaba como interventor de la Universidad de Buenos Aires y la carrera de Sociología, expulsando a miles de docentes entre los que me encontraba: sin lugar a dudas, institución signada por una fuerte impronta policial. La ley 23.553, de 1988, creó el Consejo de Profesionales en Sociología, con la atribución de controlar el ejercicio profesional y el gobierno de la matrícula, así como el control disciplinario a través del Tribunal de Ética. Pocas cosas más ridículas que este trabajo de Filmus: como todos saben, las ciencias sociales son esencialmente polémicas y, en sus facetas más ricas, se articulan con el pensamiento político-social extraacadémico. Por lo tanto, la necesidad de exhibir una matrícula para el “ejercicio profesional” implica que quien no la tenga -por ejemplo, periodistas de investigación o intelectuales como José Aricó, Gregorio Selser o Nicolás Casullo, que no eran graduados pero dieron clases en la Universidad- al aplicarse el “control disciplinario” podrían ser acusados de “ejercicio ilegal de la Sociología”.

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La suma del poder público

Al cumplirse diez años de gobiernos kirchneristas, una mirada en grandes rasgos de la concepción política que fueran manifestando permite resaltar la vocación de ejercer la suma del poder público, siguiendo el modelo provincial que lograra implantar Néstor Kirchner en Santa Cruz durante sus tres mandatos consecutivos. El secular debate entre la división de poderes y el ejercicio de un poder de carácter absoluto fue saldado en esa provincia imponiendo un férreo control del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, con una Corte Suprema adicta, junto a la reelección indefinida. A ello se suma el concomitante control de la prensa, alcanzado a través de la compra o el hostigamiento de los medios televisivos, radiales y gráficos críticos; combinado con la utilización del empleo público como modo de subordinar y disciplinar a una masa importante de personas dependientes del favor oficial. Una suma del poder público necesaria para garantizar impunidad en los procesos de acumulación primitiva de la nueva burguesía nacional, como protagonista del capitalismo serio que promoviera desde su discurso de asunción de la presidencia en 2003.

Un ejercicio de contrastes entre aspectos enunciados por Néstor Kirchner en ese discurso y las realidades que exhibe esta fuerza política diez años después permite evaluar hasta dónde se han cumplido o no sus intenciones. Por entonces, se afirmaba la decisión de afrontar algunos de los temas más acuciantes del país:

Cambio responsable, calidad institucional, fortalecimiento del rol de las instituciones con apego a la Constitución y a la ley y fuerte lucha contra la impunidad y la corrupción deben presidir no sólo los actos del Gobierno que comenzaremos sino toda la vida institucional y social de la República (…) Una garantía de que la lucha contra la corrupción y la impunidad será implacable, fortalecerá las instituciones sobre la base de eliminar toda posible sospecha sobre ellas“. (N. Kirchner, 2003)

Precisamente, el apego a la Constitución y el rol de las instituciones, junto a la impunidad y la corrupción, son dos grandes problemáticas que hoy están en el centro de la escena política nacional. Si bien se reconoce el mérito inicial de haber desplazado la Corte Suprema del menemismo, las leyes recientemente aprobadas por el Congreso Nacional para “democratizar la Justicia” -y en particular la reforma del Consejo de la Magistratura- tienden bajo toda evidencia a imponer un control y disciplinamiento del Poder Judicial: la elección partidaria de los integrantes del Consejo -encargado de la designación y destitución de los jueces- y la toma de decisiones por mayoría simple en vez de los dos tercios, facilita los trámites y pende como una amenaza cierta sobre la cabeza de aquellos magistrados que no se subordinen a la voluntad del Ejecutivo. Se elimina así la división de poderes como garantía del equilibrio democrático y toda posibilidad de oponer límites institucionales a los abusos de poder: un calco de la suma del poder público instaurado en Santa Cruz y, tal vez, el paso previo para legitimar la reelección indefinida de la presidencia de la Nación.

Por su parte, la lucha implacable contra la corrupción y la impunidad, a fin de fortalecer las instituciones y eliminar toda posible sospecha sobre ellas, también está lejos de lo que puede observarse. El enriquecimiento ilícito de funcionarios y empresarios amigos del gobierno -que en algunos casos ha alcanzado el 11.000% en diez años- es cada vez más difícil de encubrir, al margen de la buena disposición de jueces o fiscales como Norberto Oyarbide. Lo que sin duda se ha logrado es “reinstalar la movilidad social ascendente”, aunque no para todos. Si en poco tiempo un modesto empleado de banco pudo convertirse en un poderoso empresario y además comprar 25 estancias de unas 400.000 hectáreas, hay esperanzas de movilidad social ascendente. En todo caso, no debieran quejarse los millones de argentinos que, según cifras del Indec, han salido de la pobreza: ahora son solamente el 5.4% de la población los miembros de una familia que cuentan con menos de 13$ diarios para alimentarse y cubrir sus necesidades; los que disponen de 14$ o más, han dejado de ser pobres y están viviendo un proceso de movilidad social ascendente.

Junto a otros interrogantes, también nos preguntamos hasta dónde se ha cumplido en esta década la enunciada voluntad de gobernar con convicciones:

No creo en el axioma de que cuando se gobierna se cambia convicción por pragmatismo. Eso constituye en verdad un ejercicio de hipocresía y cinismo“. (N. Kirchner, 2003)