Por: Alcira Argumedo
Como tendencia general y en trazos muy gruesos, frente al recurrente problema de la inflación, los economistas argentinos suelen dividirse entre monetaristas -quienes ubican las causas en la emisión monetaria descontrolada- y los estructuralistas -quienes consideran al fenómeno inflacionario como resultante de un retraso de la inversión frente al incremento de la demanda-; en ambos casos, la lógica económica redunda en una reiterada desvalorización de la moneda nacional y en crecientes costos sociales. No obstante, en su gran mayoría, los economistas eluden dos problemas que, para nosotros, constituyen la clave de la decadencia de nuestro país en los últimos treinta años: por una parte, la corrupción empresaria con la complicidad de funcionarios y miembros corruptos del Poder Judicial; por otra, el desangramiento del pago -también impregnado de corrupción- de una deuda pública odiosa y fraudulenta. Estos dos problemas explican tanto la emisión monetaria descontrolada como los bajos niveles de inversión, con la consiguiente desvalorización de la moneda nacional.
Algunos cálculos simples indican la magnitud de la pérdida de riquezas y potenciales que ha significado y significa para nuestro país la conjunción de ambos problemas -con sus raíces en la dictadura militar- que golpean duramente a la economía. En los últimos treinta años de democracia, por los 45.000 millones de dólares de deuda externa en 1982 -que ya eran fraudulentos por la estatización de la deuda privada de Cavallo- el país ha pagado 391.000 millones de dólares: lo cual significa un promedio de 130.000 millones de dólares cada diez años. Pero a esto debemos sumar la pérdida de la renta de hidrocarburos -unos 10.000 millones de dólares anuales- a causa de la privatización de YPF y Gas del Estado, como parte del Plan Brady de pago de la deuda, que suman 200.000 millones de dólares en veinte años; mientras la privatización y destrucción de la flota mercante y la flota fluvial obligan a desembolsar cerca de 5.000 millones de dólares anuales en concepto de fletes: unos 100.000 millones de dólares en el mismo período. Sólo en estos conceptos -que no son los únicos, como el vaciamiento de Aerolíneas Argentinas- por las venas abiertas de estas tierras se produjo un desangramiento que ronda en tres décadas los 700.000 millones de dólares: si al valor del dólar oficial el PBI argentino del 2013 fue de 484.334 millones de dólares, equivale a un PBI y medio; el otro medio es lo que aún se debe. Vale comparar la cifra de este desangramiento con los festejos que pueden observarse cuando alguna corporación anuncia una inversión de 5.000 millones de dólares en el país, sin mencionar los múltiples beneficios que se le otorgan, para dar cuenta de una de las causas principales de la inflación y la decadencia nacional.
La otra causa es la consolidación de una estructura de corrupción entre sectores empresarios, políticos y judiciales, que habilitan la acumulación corrupta de capital de la nueva “burguesía nacional” y un enriquecimiento acelerado con garantías de impunidad; condición a su vez del gigantesco saqueo de las grandes corporaciones. La debacle de tres áreas estratégicas en los dos últimos años -ferrocarriles, hidrocarburos y energía eléctrica- es resultado necesario del comportamiento corrupto de concesionarios y funcionarios cómplices, amparados por la impunidad judicial y el retraso de los juicios hasta llegar a la prescripción. Grupos como el de los Cirigliano en trenes del área metropolitana, alcanzaron altos niveles de acumulación corrupta en dos décadas, desviando los subsidios destinados a mantenimiento y reposición hacia su participación en nuevas áreas. Gracias a los auspicios de Julio de Vido, los Cirigliano participan en la fabricación de conversores de señal para el despegue de la Televisión Digital Terrestre, con Fútbol para Todos y Televisión para Todos; o el frustrado intento en Qatar para el transporte por ferrocarril de gas desde los yacimientos hasta los barcos -con su empresa Cometrans Qatar- como parte del proyecto de importación de gas licuado (GLN), a partir de la instalación en Argentina de buques de regasificación en los puertos de Ingeniero White y Escobar.
La pérdida del autoabastecimiento en hidrocarburos es otra evidencia de las políticas de saqueo y corrupción: la extracción a mera declaración jurada y las exportaciones sin control, en combinación con la inexistencia total de inversiones en exploración -el mayor costo de la producción en este campo- hicieron que en poco más de quince años se agotaran las reservas calculadas en treinta años antes de las privatizaciones, según estimaciones que en su momento realizara Adolfo Silenzi De Stagni. En una lógica similar, el gran negocio de las distribuidoras de energía eléctrica fue la ausencia total de inversiones, obras y mantenimiento -además de la ausencia total de control, por la complicidad de los entes reguladores- contando con los subsidios recibidos a través de piruetas contables de Cammesa, la Comisión Administradora del Mercado Mayorista de Electricidad que las provee y del Fondo para Obras de Consolidación y Expansión de Distribución Eléctrica, Focede; obras que también brillan por su ausencia. En todos estos casos de debacle de áreas estratégicas concesionadas, los beneficiarios son amigos -socios o testaferros- del poder nacional, provincial y/o municipal. En otra oportunidad se darán nombres y relaciones.
En este contexto, todo indicaría que los economistas transversales de los grandes partidos políticos, antes o después, van a proponer distintas formas de ajuste para que los costos recaigan una vez más en los sectores populares y las clases medias. Rechazando el apotegma de Domingo Cavallo “usted no sabe de economía” y por lo tanto no es posible opinar, consideramos que existe una solución para el país si se logra frenar la sangría del pago de la deuda y se neutraliza, al menos en parte, el accionar de la corrupción. Simples cuentas de almacenero, con todo respeto a los almaceneros, indican que si por tres años se suspende el pago de la deuda -y se realiza una auditoría, como hiciera el presidente Rafael Correa en Ecuador, a fin de diferenciar la deuda legítima que debe pagarse de los sucesivos desfalcos que no deben pagarse- el país contaría con 30.000 millones de dólares en la mano. Una inyección de esta magnitud en la economía -a través de nuevas empresas públicas con control social en las áreas de ferrocarriles, industria naviera y aeronáutica, producción de energía hidráulica sin sobreprecios y de energías renovables, exploración en las cuencas convencionales de hidrocarburos, entre otras- sin duda puede revertir la inflación y la decadencia, además de crear decenas de miles de puestos de trabajo dignos. Solamente se necesitan políticos honestos con las manos limpias y algunos jueces y fiscales incorruptibles, dispuestos a defender el interés nacional y el de las mayorías sociales sin aspiración de enriquecerse. Es difícil, pero no imposible.