Por: Alcira Argumedo
En octubre de 1816, el general San Martín convocó a un parlamento indígena a los caciques pehuenches-mapuches del sur de Mendoza. En su plan estratégico para el cruce de los Andes, el acuerdo con ellos era decisivo: además del permiso para atravesar esos territorios porque eran sus dueños, el militar que sólo cuatro años antes había llegado de Europa conocía la cordillera por mapas, mientras los indígenas la atravesaban en uno y otro sentido desde hacía siglos. Imprescindibles como baqueanos en una de las mayores hazañas de la historia militar universal —atravesar 500 kilómetros de cordillera, a veces a 4 mil metros de altura— debían proveerle caballos y ganado.
También cumplieron un papel esencial en la Guerra de Zapa: acordaron con San Martín que darían a los enemigos una información falsa acerca de los pasos por los cuales iba a cruzar y solicitarían ganado a cambio para que les creyeran. De este modo, los obligaba a dispersar fuerzas y debilitar el verdadero terreno de ataque. Luego de los rituales del caso, el Libertador les dijo: “Yo también soy indio” y les comunicó que iba a pasar a Chile con todo su ejército y cañones “para acabar con los godos que les han robado la tierra de sus padres”. El acuerdo se selló con un abrazo a cada uno de los caciques y el intercambio de regalos. San Martín recibió un poncho blanco cuyas guardas tenían un diseño que lo designaba Toki, jefe guerrero.
Al cumplirse doscientos años de ese parlamento clave para la libertad de Argentina, Chile y Perú, en la localidad de Zapala-Neuquén tres descendientes de los mapuches que apoyaron al general San Martín —Relmu Ñamku, Martín Maliqueo y Mauricio Raín, de la comunidad Winkul Newen, del Paraje Portezuelo Chico— son sometidos a un juicio vergonzoso, a un castigo ejemplar, para que nunca más ninguno de ellos pretenda oponerse a los intereses de petroleras dispuestas a robarles sus tierras, al igual que los godos y con el apoyo del Gobierno nacional y provincial. Relmu Ñamku, mujer mapuche, está injustamente acusada de intento de homicidio y pretenden condenarla a 15 años de prisión si el juicio que se ha iniciado en Zapala la declara culpable.
El 28 de diciembre de 2012, la comunidad fue sorprendida por la presencia de camiones y excavadoras de la petrolera norteamericana Apache Oil Corporation, que intentaban ingresar en sus territorios en un procedimiento encabezado por la funcionaria judicial Verónica Pelayes, sin haber cumplido con el derecho constitucional que obliga a procesos de consulta y consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas antes de iniciar cualquier actividad que los afecte. Ante ese atropello, resistieron defendiéndose con piedras: una de las piedras arrojadas por Relmu Ñamku golpeó en la cara a la funcionaria y el hecho fue considerado tentativa de homicidio; mientras que las piedras de Martín Maniqueo y Mauricio Raín recibieron la calificación delictiva de “daño agravado”.
No le importa a la Justicia que sus familias hayan vivido ancestralmente en el Paraje Portezuelo y cuenten con un reconocimiento de su derecho a esas tierras por parte del Estado nacional, a través del Ministerio de Agricultura, desde 1935. No le importa a la Justicia que las autoridades provinciales otorgaran ilegalmente una concesión a la empresa Apache en sus territorios, donde instaló diez pozos petroleros sin su consentimiento y desde hace una década resisten ante los intentos de expandir la producción.
Tampoco le importa a la Justicia que se haya vulnerado el derecho de la comunidad a un ambiente sano, dada la contaminación producida por derrames, fugas de gas o piletas de crudo a cielo abierto, que producen malformaciones en niños, cáncer, problemas respiratorios o de piel, muerte de pájaros y animales. Ni le importa a la Justicia que las familias de Relmu Ñamku, Martín Maniqueo y Mauricio Rain exhiban actas de inspección de la Subsecretaría de Medio Ambiente y de Hidrocarburos y Energía de la Provincia de Neuquén, donde se formula un pedido de saneamiento a las concesionarias por esa depredación ambiental, que ha sido olímpicamente ignorado.
Esta impunidad de las corporaciones se sustenta en la corrupción de Gobiernos y funcionarios respaldados por un Poder Judicial cómplice; todo ello en nombre del progreso y la civilización, que definen a los indígenas como población descartable. Actitudes propias de personajes moralmente baratos, despreciables y venales, guiados sólo por ambiciones de lucro y jugosas comisiones, que contrastan con la sabiduría milenaria y la dignidad de los supuestos delincuentes mapuches. Y también con la ética y la grandeza de San Martín.