El kirchnerismo busca adueñarse de los fiscales

Las designaciones de nuevos fiscales que pretende concretar la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, van a obstruir el funcionamiento de la Justicia en casos de corrupción y amedrentarán a quienes se opongan al Gobierno, desde la política o desde cualquier otro sector.

Es lamentable que invocando el nuevo Código Procesal Penal, que fue votado violando la Constitución, Gils Carbó quiera designar nuevos fiscales que sólo obedecerán sus órdenes, que son de la presidente Cristina Fernández de Kirchner.

Estas designaciones de fiscales están claramente digitadas porque desde la elección arbitraria de los jurados hasta la elección del candidato final, sólo se cumple una regla: hacer lo que quiere el Gobierno y no elegir a los mejores y mas independientes. Es alentador que la Justicia haya suspendido el intento del Ejecutivo y ojalá que en otros amparos se repita lo decidido en el amparo del Dr. Mauricio D’Alessandro.

El Gobierno quiere adueñarse de la mayoría de los fiscales y lograr como mínimo tres objetivos: la impunidad de los delitos de corrupción, el amedrentamiento de los opositores, incluyendo políticos, personas independientes, periodistas y medios gráficos. Y además, retener poder para cuando deban abandonar la Casa Rosada.

Por ejemplo, es evidente que la manipulación de la causa Papel Prensa tiene un objetivo único: presionar a La Nación, a Clarín y, a través de ambos diarios, al resto de la prensa.

Durante los próximos meses veremos muchos ataques a la Justicia, sea con denuncias contra los jueces, o a través del accionar de fiscales dominados, e incluso con presiones presupuestarias a todo el Poder Judicial. Ojalá que no por otros medios, porque el asalto al camarista Eduardo Freiler ojalá haya sido solamente una gota de la ola delictiva que ha provocado el abolicionismo kirchnerista, pero pocos creen en semejante casualidad.

Es imperativo seguir enfrentando maniobras como ésta que, junto a códigos y leyes aprobadas sin discusiones, entregan el futuro del país a Cristina Kirchner. Nuestra única esperanza es que el próximo gobierno, con firmeza, someta a todos los que han sido corruptos, al mayor rigor de la ley, que está por arriba de todos los argentinos, incluyendo al Poder Ejecutivo. Y por supuesto que, además, se anulen las designaciones ilegales, sean de fiscales o de otros funcionarios del cristinismo.

Inconstitucionalidad ¡ya!

Ayer el Senado sancionó los proyectos de leyes de reformas al Consejo de la Magistratura y de nuevo régimen de medidas cautelares.

No es la primera vez que un Congreso democrático sanciona leyes inconstitucionales, pero sí es la primera vez que demuele el sistema constitucional tripartito y concentra todo el poder en el Ejecutivo.

La gravedad institucional que tiene lo sucedido ayer es tanta que muchos todavía no la han podido comprender, precisamente porque es una enormidad.

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La politización de la Justicia

En su discurso del 1º de marzo, la presidenta dedicó muchos juicios a la Justicia o, más bien, contra la Justicia. Sigue sin admitir obediencia a las sentencias judiciales, ni celeridad en la remisión de los candidatos ternados al Senado, ni la conveniencia de crear más juzgados, sobre todo penales, para combatir una delincuencia que ataca a todos los argentinos todos los días, en vez de opinables cámaras de casación para aislar a la Corte.

La supuesta democratización esconde una brutal politización de la Justicia, a través de la modificación del Consejo de la Magistratura.

Este organismo fue creado por la Constitución para ser uno de los contrapesos del enorme poder presidencial, que antes elegía a los candidatos a jueces de manera arbitraria. Ahora se los selecciona por concursos públicos que, aun con sus defectos, son mejores que el sistema anterior.

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La Corte y el per saltum

La Corte Suprema rechazó el “per saltum” del Gobierno, porque no era la vía procesal que correspondía: siendo un fallo de Cámara, solo existía la posibilidad legal de rechazar el recurso.

Eso es lo que decidieron unánimemente. Pero sólo tres de los jueces supremos -los doctores  Argibay, Fayt y Petracchi- se limitaron al tema, como ha sido costumbre en la Corte.

Otros tres -los doctores Lorenzetti, Highton y Maqueda- además evaluaron cuál era la alternativa, indicando el recurso extraordinario y agregando la premura del asunto. Ahorael Gobierno sabe oficialmente qué debe hacer y la Cámara está sugerida a conceder el extraordinario, cuando no es claro que una medida cautelar como la dictada por la Cámara pueda justificar ese recurso ante la Corte. Veremos qué ocurre.

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