Inconstitucionalidad ¡ya!

Ayer el Senado sancionó los proyectos de leyes de reformas al Consejo de la Magistratura y de nuevo régimen de medidas cautelares.

No es la primera vez que un Congreso democrático sanciona leyes inconstitucionales, pero sí es la primera vez que demuele el sistema constitucional tripartito y concentra todo el poder en el Ejecutivo.

La gravedad institucional que tiene lo sucedido ayer es tanta que muchos todavía no la han podido comprender, precisamente porque es una enormidad.

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La politización de la Justicia

En su discurso del 1º de marzo, la presidenta dedicó muchos juicios a la Justicia o, más bien, contra la Justicia. Sigue sin admitir obediencia a las sentencias judiciales, ni celeridad en la remisión de los candidatos ternados al Senado, ni la conveniencia de crear más juzgados, sobre todo penales, para combatir una delincuencia que ataca a todos los argentinos todos los días, en vez de opinables cámaras de casación para aislar a la Corte.

La supuesta democratización esconde una brutal politización de la Justicia, a través de la modificación del Consejo de la Magistratura.

Este organismo fue creado por la Constitución para ser uno de los contrapesos del enorme poder presidencial, que antes elegía a los candidatos a jueces de manera arbitraria. Ahora se los selecciona por concursos públicos que, aun con sus defectos, son mejores que el sistema anterior.

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La Corte y el per saltum

La Corte Suprema rechazó el “per saltum” del Gobierno, porque no era la vía procesal que correspondía: siendo un fallo de Cámara, solo existía la posibilidad legal de rechazar el recurso.

Eso es lo que decidieron unánimemente. Pero sólo tres de los jueces supremos -los doctores  Argibay, Fayt y Petracchi- se limitaron al tema, como ha sido costumbre en la Corte.

Otros tres -los doctores Lorenzetti, Highton y Maqueda- además evaluaron cuál era la alternativa, indicando el recurso extraordinario y agregando la premura del asunto. Ahorael Gobierno sabe oficialmente qué debe hacer y la Cámara está sugerida a conceder el extraordinario, cuando no es claro que una medida cautelar como la dictada por la Cámara pueda justificar ese recurso ante la Corte. Veremos qué ocurre.

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