Más vergüenza en la investigación Hotesur-Kirchner

Es lamentable que, una vez más, se demore y retroceda en la investigación de los delitos que se imputan a la familia presidencial y suframos una verdadera vergüenza.

Al apartar al juez del caso, Claudio Bonadio, la Sala I de la Cámara Federal provoca un retardo y entorpecimiento de la investigación, que desde cualquier punto de vista son negativos. Es inconcebible que un pedido judicial a cuerpos periciales de la Corte Suprema pueda ser causal de nulidades investigativas o de supuesto prejuzgamiento. Estamos viendo cómo simples formalidades son usadas para dilatar y entorpecer una investigación crucial para la confianza de la gente en el gobierno.

La Argentina sufre de una crisis terminal: nuestro sistema legal es estructuralmente favorable a la impunidad. Tanto que somos uno de los pocos o quizás el único país del mundo donde no hay una sola persona presa por corrupción. Si no revertimos esto, la Argentina no tiene ningún futuro.

Lo lógico sería que si se pone en duda el origen de la riqueza presidencial, sea el propio Poder Ejecutivo el que ponga toda la información posible a disposición de los jueces, para demostrar todo lo limpio y legítimo de su fortuna. Usar trucos procesales para impedir el conocimiento de la verdad es, como mínimo, antidemocrático.

La causa Hotesur, precisamente por pertenecer a los Kirchner, tendría que ser un ejemplo de rapidez, profundidad y agudeza investigativa. En vez de eso, todo indica que se convertirá en otra vergüenza nacional.

Afortunadamente, a partir del 10 de diciembre veremos cómo la Justicia estará nuevamente en condiciones de investigar, descubrir y castigar los delitos, sobre todo los de corrupción, de los que somos víctimas 40 millones de argentinos. Aunque haya habido sentencias, podrán ser declaradas nulas si fueron fraudulentas. Y quienes hayan violado la ley deberán ir presos, sin condenas condicionales ni prisiones domiciliarias.

Otro ataque del Gobierno a la independencia de la Justicia

La mayoría kirchnerista en el Consejo de la Magistratura removió al juez Luis Cabral de su  cargo en la Cámara de Casación.

Los argumentos son falaces, porque la Constitución, la jurisprudencia de la Corte y los tratados internacionales firmados por la Argentina otorgan estabilidad a todos los jueces y además imponen que sean nombrados por mayorías especiales del Consejo, elegidos por el Ejecutivo y con acuerdo del Senado. Continuar leyendo

Carlés, un candidato que no está a la altura

El doctor Roberto Carlés, candidato del kirchnerismo para la Corte Suprema, expuso su pensamiento en la audiencia del Senado del día de ayer.

Pero lo hizo parcialmente, porque negó haber escrito tuits que lo comprometen, algo que más allá de ser de difícil prueba, es muy lamentable: una persona que quiere ser juez, aunque fuese de 1º Instancia, debiera tener la honorabilidad y entereza de admitir lo que ha hecho y dicho, en todo caso, pidiendo perdón si ahora considera equivocado lo que hizo antes.

Dejando de lado los otros vicios en los antecedentes de este candidato (falseamiento de datos del currículum, ausencia casi total de experiencia, actividad académica casi exclusiva con Eugenio Zaffaroni), ha sostenido tesis que son sencillamente anti-judiciales y merecerían un aplazo en la facultad.

A la pregunta sobre qué debería hacer ese máximo tribunal cuando sus fallos no son atacados por otros poderes, como tantas veces ocurrió con los Kirchner y concretamente por el caso Sosa, respondió que “La Corte, cuando decide sobre cualquier materia, debe considerar también su imperio, es decir, cuál es la capacidad que tiene de imponer su criterio” y tras decir que el de Santa Cruz no era el único caso insistió en el concepto anterior, añadió que “en un sistema democrático, ninguna decisión tomada por 3 o 4 personas puede, por más Corte Suprema que sea, ir en contra de políticas que requieren mecanismos de decisión más complejos”.

Es decir que para el juez supremo que quiere Cristina Kirchner, la Corte –y todos los jueces, claro- deben fallar solamente aquello que consideren que el gobierno va a aceptar cumplir.

Es la quintaesencia de lo que no debe ser un juez. Ningún juez. Ni siquiera un juez de línea.

Con semejante criterio, la Justicia debería volver al absolutismo previo no a las democracias modernas, sino a la República Romana de hace 2.000 años.

Es increíble que semejante tesis sea sostenida por alguien que ha pasado por una Facultad de Derecho.

Para empeorar su concepto –si cabe- sobre lo que debe ser una Corte Suprema, la equiparó a un organismo representativo, para justificar el aumento del número de sus integrantes y poder así tener “…una mayor representatividad de distintas extracciones sociales, geográfica, de las mujeres, de diferentes especialidades“, lo cual nada tiene que ver con la función de la Justicia.

También fue elíptica pero evidente su negación a la libertad de prensa, al defender la teoría de ciertas formas de control social por “la influencia que tienen los medios de comunicación en la configuración de conducta” de la gente.

Para justificar su total inexperiencia laboral como abogado o funcionario judicial, se defendió diciendo que “para los que no venimos de una familia dedicada al derecho no es fácil entrar en el circuito”, excusa pueril y mendaz, porque desde hace décadas, ingresan al ejercicio de la abogacía más de 3.000 abogados por año, trabajando poco o mucho, pero trabajando al fin. Con esfuerzo y sacrificio. O sea, la antítesis de comenzar una carrera judicial desde la Corte, con el madrinazgo presidencial.

Fue elusivo en su postura frente al aborto, tema en el que se escudó en que la ley lo prohíbe, lo que no significa –aclarémoslo- que él como juez supremo no votaría para declarar inconstitucional esa prohibición. Sobre todo si tenemos en cuenta su referencia a la cantidad de abortos ilegales y sus resultados, argumento usual de los abortistas.

Otra asombrosa afirmación, contraria a las esencia del sistema legal universal, fue su tesis de que los pueblos llamados “originarios” tendrían el privilegio de que las penas contra sus miembros podrían reducirse si en sus comunidades recibieron algún castigo, lo cual además de violar la regla de igualdad ante la ley, habilitaría a los integrantes de cualquier comunidad a invocar similar beneficio.

No vale la pena ahora detallar los argumentos de los senadores del oficialismo para defender al pliego de Carlés, ya que todos sabemos, tras tantos años de kirchnerismo, que pueden decir cualquier cosa. Como por ejemplo, que la juventud del candidato le impondría mayor “dinamismo y calle” a la Corte, como si se tratase de formar un equipo de maratonistas de barrio y no una Corte Suprema.

No fue sorpresivo que la mayoría K aprobara el pliego.

Sí sería sorpresivo que algunos de los 28 senadores que se comprometieron a no votarlo se ausenten a la sesión del 15 de abril, porque eso significaría que el gobierno adquirió su voluntad para poder meter en la Corte alguien que siquiera tiene antecedentes para ser juez de 1º instancia.

No investigar la denuncia de Nisman es impunidad

La historia que todos conocemos es fácil de resumir: nombrado por orden de Néstor Kirchner al frente de la fiscalía especial AMIA, Alberto Nisman investigó durante años el mayor atentado sufrido por la Argentina. Pero posteriormente, la presidente Cristina Kirchner cambió el criterio de su predecesor -y marido- y, en trámite exprés, firmó e hizo aprobar con la obediencia (in)debida de sus legisladores, un tratado con Irán, que fue declarado inconstitucional, donde sacrificaba nuestra soberanía judicial por primera vez en la historia. En un momento dado, el fiscal Nisman denunció a la Presidente, a su canciller y a un grupo de para-funcionarios, por encubrimiento a favor de acusados por la masacre de la Amia, precisamente a través de ese tratado. A los pocos días, el fiscal Nisman apareció muerto de un tiro en la cabeza. Pocos días después, el fiscal Pollicita apoyó la denuncia de Nisman y pidió 46 medidas de prueba.

Pero el juez Daniel Rafecas desestimó la denuncia sin más trámite, hasta teniendo en cuenta elementos ajenos a la causa inicial, que en definitiva sirvieron de prueba a los imputados: para ellos sí hubo posibilidad de pruebas. Para los fiscales, o sea para todos nosotros, no.

Apeló el fiscal Pollicita y el fiscal German Moldes lo acompañó, pese a las presiones brutales que recibió. Incluido el absurdo retiro de su auto oficial.

Ahora la Cámara de Apelaciones, por su Sala I y por el voto de sus miembros Jorge Ballestero y Eduardo Freiler, convalida la desestimación del juez Rafecas e impide que siga o mejor dicho, que empiece, la investigación de un delito que -si existió- involucra a las máximas figuras del gobierno en un tema de lesa humanidad que costó la vida a 85 argentinos y al fiscal Nisman.

Hasta aquí, parece el argumento inicial de una película clase “B”, en la que los buenos al final triunfarán. Pero desgraciadamente es nuestra realidad, y casi todos tenemos miedo de que el mal triunfe. Esta vez, el mal tendría éxito al impedirse la investigación por formalismos kafkianos sin sentido jurídico ni común.

Todos los fallos merecen respeto, pero eso no implica acatarlos: la decisión de la Cámara Federal es apelable ante la Cámara de Casación y hasta lo que decida ésta Cámara puede llegar a la Corte Suprema, dada la monumental gravedad del caso, a través del “per saltum”.

Recordemos que el sistema de aplicación de las leyes, aquí y en todo el mundo, depende de hombres que tienen debilidades humanas y por eso se superponen etapas apelativas, para al menos reducir el riesgo inevitable del error. Espontáneo o inducido, claro.

El fiscal Moldes ya había anticipado que apelaría. Queda saber si el fiscal que tomará el caso lo seguirá, y si Casación revocará las lamentables decisiones de primera y segunda instancias, que nos niegan a todos los argentinos, saber si la denuncia de los valientes Nisman, Pollicita y Moldes contra la presidente y su grupo, tenía fundamento o no.

Ojalá que el sistema funcione correctamente y que, de una buena vez por todas, empecemos a vencer la brutal impunidad que nos aplasta como personas y como país.

Es inadmisible desde todo punto de vista que semejante escándalo quede sepultado en un archivo, sin ser investigado. Eso se llama impunidad, y no podemos seguir conviviendo con ella.

La denuncia del fiscal Nisman fue ratificada por los fiscales Pollicita y Moldes. El denominador común entre estos tres fiscales ha sido el más básico de una República: no deben impedirse las investigaciones de posibles delitos, sin importar que puedan haber sido cometidos por gobernantes.

Incluso si la Cámara de Casación confirmara el fallo de Rafecas y de la Cámara, debería solicitarse a la Corte Suprema que por el instituto del “per saltum”, intervenga y permita que la investigación se lleve a cabo, porque repitámoslo hasta el cansancio: lo que menos necesita la Argentina es que sigamos con una impunidad que nos mata.

Cristina y el 18F

En un larguísimo texto difundido por internet y titulado El 18F, bautismo de fuego del Partido Judicial”, la Presidente vuelve a insistir tácitamente con su actitud de que el país le pertenece, de que ella no está sometida ni a la Constitución ni a las leyes y, para peor, que quienes no le obedecemos, somos traidores a una Patria ficticia que ella y “él” fundaron en 2003.

Dejemos de lado sus razonamientos numéricos sobre cuántos cientos de miles fuimos al 18F. Obviemos su sistemática repetición de falacias estadísticas que no alcanzarán jamás a tapar la realidad cotidiana que todos palpamos a cada paso. No nos detengamos en su reivindicación de una libertad que cada día se reduce más, o en sus alusiones a insultos que no existieron y solo repiten su tendencia a victimizarse. Tampoco caigamos en discusiones sobre otras afirmaciones presidenciales, que siquiera merecen análisis fuera de Tribunales.

Lo gravísimo es que en estos días en que el modelo chavista acaba de atropellar otra vez a la oposición, encarcelando al alcalde de Caracas con una acusación de golpismo, la Presidente utiliza razonamientos similares para descalificar no a un líder opositor sino a cientos de miles de ciudadanos comunes que nos manifestamos porque quisimos, ejerciendo nuestra libertad.

Todos podemos pedir Justicia porque si la Presidente es abogada debe saber que el Poder Judicial carece de autonomía y autarquía presupuestarias y además, ni siquiera tiene una Policía Judicial que le obedezca. Mientras perduren estas debilidades, nuestros jueces y fiscales podrán, y es más, deberán pedir Justicia, porque no tienen todas las herramientas de las que sí dispone la Justicia en los países realmente republicanos.

Enumerar la lista de intentos de seducción, de presión, de coerción económica, jurídica y hasta física que el kirchnerismo viene cometiendo contra el Poder Judicial desde su época en Santa Cruz sería demasiado largo, pero vale referirlo para que no lo olvidemos.

Oponer los antecedentes de la familia presidencial y sus adláteres a las acusaciones contra algunos fiscales sería entrar en un juego inútil, que debemos dejar a la Justicia, que seguirá investigando y ojalá condene a quienes cometieron de delito de lesa humanidad de corrupción.

El 18F cientos de miles de conciudadanos demostraron su homenaje a Nisman y su pedido de verdad y Justicia. Negarlo es una necedad y en un político es algo peor: un error catastrófico.

Ojalá que estos tweets presidenciales no sean el preaviso de una “madurización” del gobierno, algo que todavía descartamos como antes habíamos descartado excesos que terminaron sucediendo.

Es perverso decir que el 18F fue el bautismo de un supuesto e inexistente “partido judicial”, para colmo golpista, alentado por supuestos grupos económicos perversos. Es Goebbels puro y duro.

Ojalá sean solo palabras y no el preludio de una más feroz demonización del sistema judicial, que tiene por finalidad hacer cumplir las leyes y ponerle límites a los poderosos, de los que el gobierno es, de hecho y de derecho, el primero.

La estrategia de Chávez fue eliminar al Poder Judicial venezolano, hasta encarcelando y violando a una de sus juezas. Otros países similares, por suerte pocos, han hecho barbaridades parecidas. El kirchnerismo intentó controlar a los jueces y después a los fiscales y viene fracasando. Pero sigue dominando al Congreso, en el que sus diputados y senadores actúan con una obediencia debida que sería ilegal hasta en un militar.

Hoy más que nunca debemos estar muy atentos.

Cristina presagia, burlándose claro, que la próxima marcha será de un millón de personas. Si sigue así, va a hacer realidad esa pesadilla. Lo malo es que, mientras tanto, nosotros vamos a tener que sobrellevar nuestra propia pesadilla.

¿Cómo llegamos a esto? La verdadera Argentina es mucho mejor que todo lo que nos está pasando.

Luchemos para que ningún delito quede impune.

Está terminando un día histórico

Fuimos cientos de miles de personas en todo el país, pese al calor, la lluvia, y las desgraciadas sugerencias de violencia.

En silencio, con respeto y pidiendo Justicia.

Eramos 400.000 argentinos en la Capital, más todos los de otros lugares en las provincias. Un país de pie, con respeto.

Ninguna cámara pudo reflejar lo que fue realmente la marcha: 4 ó 5 personas por metro cuadrado, todos empapados, llenos de dolor y de firmeza por Nisman y por nuestro país. Continuar leyendo

La Presidente nos debe respuestas, no amenazas

La jefa del Estado sigue sin admitir que por la Constitución es la responsable política de la administración del país y debe asumir esa responsabilidad en lugar de atacar a jueces, fiscales, periodistas y opositores de manera permanente, negando al fiscal Nisman y a su familia hasta un pésame.

Es obvio que la Presidente sigue sin siquiera lamentar la muerte del fiscal Nisman, cuya seguridad era responsabilidad del Gobierno. Al menos por piedad, o por educación, la familia del fiscal merece su pésame. Pero no lo tuvo. Su resentimiento contra Nisman va más allá de la muerte.

En el aspecto gubernativo, es evidente que los cambios al sistema de inteligencia parten de una premisa falsa: no es una deuda de la democracia, sino de su Gobierno, porque con otros presidentes democráticos no hubo mayores problemas con la ex-SIDE, simplemente porque esos presidentes no la usaron como herramienta política, como sí la ha usado el matrimonio Kirchner.

Los cambios son o negativos o cosméticos, de poco efecto o de imposible ejecución, como por ejemplo concentrar las comunicaciones con el nuevo organismo en solo dos personas. Se trata de la clásica técnica lampedusiana de cambiar algo para que nada cambie.

Y en rigor, la inteligencia argentina empeorará, porque busca colocar a sus personajes K en la agencia que recibirá al nuevo Gobierno: cargos de 4 años, elegidos por el kirchnerismo a meses del cambio de presidente, es sinónimo de infiltrar a quien reemplace a los Kirchner.

Es inconcebible que Cristina Fernández, cuando todos hemos visto cuál es la verdadera relación del Poder Ejecutivo con Alejandra Gils Carbó, pretenda que creamos que transferir a este organismo el sistema de escuchas garantizará su legalidad porque la Procuración es teóricamente independiente. Semejante afirmación podría ser creíble, por ejemplo, si viniese de alguien como el presidente Illia, pero de la señora de Kirchner con seguridad que no.

Por otra parte, la mandataria sigue sin admitir -como es su obligación legal- que si fue denunciada por un fiscal. Deberá ejercer su defensa como una ciudadana más y no usando y abusando de la cadena nacional, en términos que además constituyen una evidente presión al Poder Judicial, violatoria del art. 109 de la Constitución.

Respecto del tema Irán, no puede ignorar ni que el tratado ha sido declarado inconstitucional, ni que constituyó una cesión de soberanía nacional, ni que las prácticas de venta de granos y otros bienes por petróleo han dado lugar a negociaciones con Venezuela que aún deben ser investigadas. Esos antecedentes obligaba al fiscal a analizar, precisamente a través de una denuncia, el intento de acordar con Irán sacrificando la soberanía de nuestro país para juzgar con sus jueces los delitos cometidos en su territorio.

Menos aún puede la Presidente, que actúa en política desde hace tantos años, ignorar que ha sido tradicional que la Secretaría de Inteligencia niegue que tal o cual persona era un agente de inteligencia, como ocurrió por ejemplo con los conocidos Guglielminetti y Aníbal Gordon, con lo que sobre ese tema, también debe investigarse judicialmente qué ha ocurrido y el fiscal no podía dejar de incluir la cuestión de posibles agentes encubiertos en su denuncia. Ni qué decir de su negación de Nisman, cuya designación habrá sido firmada por quien sea, pero fue decidida por Néstor Kirchner. Negarlo es absurdo.

Incluso la permanente referencia a los juicios por derechos humanos es contradictoria con el maltrato implícito de la Presidente al derecho humano a la vida del fiscal Nisman. Porque no sólo ni siquiera se ha lamentado de su muerte, sino que omite reconocer que protegerlo era el trabajo de su Gobierno. Por ejemplo, si se lo hubiese cubierto como las increíbles cámaras que lo siguieron en Ezeiza, probablemente hoy estaría vivo, ya que poco costaba llenar de cámaras el edificio donde vivía, en vez de depender de la seguridad de un simple consorcio. La responsabilidad de las debilidades de ese edificio no es de sus copropietarios, sino del Gobierno que le retaceó seguridad al fiscal.

El colofón de este lamentable monólogo presidencial fue acusar de extorsionadores a quienes pensamos distinto de ella. Es una ofensa inadmisible. La señora de Kirchner no puede seguir tratándonos a quienes no nos sometemos a sus creencias como enemigos del país. Es imperativo que la Presidente empiece a respetar a todos los ciudadanos.

En suma, es muy triste que la Presidente siga, o en realidad, empeore, su actitud de infalibilidad y de considerarse por encima de nosotros, los ciudadanos, que somos sus iguales. Ha muerto un fiscal que la estaba denunciando. Esa responsabilidad política será siempre suya, precisamente porque es la presidente de la Nación y nos debe respuestas, no amenazas ni advertencias.

 

El kirchnerismo busca adueñarse de los fiscales

Las designaciones de nuevos fiscales que pretende concretar la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, van a obstruir el funcionamiento de la Justicia en casos de corrupción y amedrentarán a quienes se opongan al Gobierno, desde la política o desde cualquier otro sector.

Es lamentable que invocando el nuevo Código Procesal Penal, que fue votado violando la Constitución, Gils Carbó quiera designar nuevos fiscales que sólo obedecerán sus órdenes, que son de la presidente Cristina Fernández de Kirchner.

Estas designaciones de fiscales están claramente digitadas porque desde la elección arbitraria de los jurados hasta la elección del candidato final, sólo se cumple una regla: hacer lo que quiere el Gobierno y no elegir a los mejores y mas independientes. Es alentador que la Justicia haya suspendido el intento del Ejecutivo y ojalá que en otros amparos se repita lo decidido en el amparo del Dr. Mauricio D’Alessandro.

El Gobierno quiere adueñarse de la mayoría de los fiscales y lograr como mínimo tres objetivos: la impunidad de los delitos de corrupción, el amedrentamiento de los opositores, incluyendo políticos, personas independientes, periodistas y medios gráficos. Y además, retener poder para cuando deban abandonar la Casa Rosada.

Por ejemplo, es evidente que la manipulación de la causa Papel Prensa tiene un objetivo único: presionar a La Nación, a Clarín y, a través de ambos diarios, al resto de la prensa.

Durante los próximos meses veremos muchos ataques a la Justicia, sea con denuncias contra los jueces, o a través del accionar de fiscales dominados, e incluso con presiones presupuestarias a todo el Poder Judicial. Ojalá que no por otros medios, porque el asalto al camarista Eduardo Freiler ojalá haya sido solamente una gota de la ola delictiva que ha provocado el abolicionismo kirchnerista, pero pocos creen en semejante casualidad.

Es imperativo seguir enfrentando maniobras como ésta que, junto a códigos y leyes aprobadas sin discusiones, entregan el futuro del país a Cristina Kirchner. Nuestra única esperanza es que el próximo gobierno, con firmeza, someta a todos los que han sido corruptos, al mayor rigor de la ley, que está por arriba de todos los argentinos, incluyendo al Poder Ejecutivo. Y por supuesto que, además, se anulen las designaciones ilegales, sean de fiscales o de otros funcionarios del cristinismo.

Inconstitucionalidad ¡ya!

Ayer el Senado sancionó los proyectos de leyes de reformas al Consejo de la Magistratura y de nuevo régimen de medidas cautelares.

No es la primera vez que un Congreso democrático sanciona leyes inconstitucionales, pero sí es la primera vez que demuele el sistema constitucional tripartito y concentra todo el poder en el Ejecutivo.

La gravedad institucional que tiene lo sucedido ayer es tanta que muchos todavía no la han podido comprender, precisamente porque es una enormidad.

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La politización de la Justicia

En su discurso del 1º de marzo, la presidenta dedicó muchos juicios a la Justicia o, más bien, contra la Justicia. Sigue sin admitir obediencia a las sentencias judiciales, ni celeridad en la remisión de los candidatos ternados al Senado, ni la conveniencia de crear más juzgados, sobre todo penales, para combatir una delincuencia que ataca a todos los argentinos todos los días, en vez de opinables cámaras de casación para aislar a la Corte.

La supuesta democratización esconde una brutal politización de la Justicia, a través de la modificación del Consejo de la Magistratura.

Este organismo fue creado por la Constitución para ser uno de los contrapesos del enorme poder presidencial, que antes elegía a los candidatos a jueces de manera arbitraria. Ahora se los selecciona por concursos públicos que, aun con sus defectos, son mejores que el sistema anterior.

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