Por: Alejandro Fargosi
La jefa del Estado sigue sin admitir que por la Constitución es la responsable política de la administración del país y debe asumir esa responsabilidad en lugar de atacar a jueces, fiscales, periodistas y opositores de manera permanente, negando al fiscal Nisman y a su familia hasta un pésame.
Es obvio que la Presidente sigue sin siquiera lamentar la muerte del fiscal Nisman, cuya seguridad era responsabilidad del Gobierno. Al menos por piedad, o por educación, la familia del fiscal merece su pésame. Pero no lo tuvo. Su resentimiento contra Nisman va más allá de la muerte.
En el aspecto gubernativo, es evidente que los cambios al sistema de inteligencia parten de una premisa falsa: no es una deuda de la democracia, sino de su Gobierno, porque con otros presidentes democráticos no hubo mayores problemas con la ex-SIDE, simplemente porque esos presidentes no la usaron como herramienta política, como sí la ha usado el matrimonio Kirchner.
Los cambios son o negativos o cosméticos, de poco efecto o de imposible ejecución, como por ejemplo concentrar las comunicaciones con el nuevo organismo en solo dos personas. Se trata de la clásica técnica lampedusiana de cambiar algo para que nada cambie.
Y en rigor, la inteligencia argentina empeorará, porque busca colocar a sus personajes K en la agencia que recibirá al nuevo Gobierno: cargos de 4 años, elegidos por el kirchnerismo a meses del cambio de presidente, es sinónimo de infiltrar a quien reemplace a los Kirchner.
Es inconcebible que Cristina Fernández, cuando todos hemos visto cuál es la verdadera relación del Poder Ejecutivo con Alejandra Gils Carbó, pretenda que creamos que transferir a este organismo el sistema de escuchas garantizará su legalidad porque la Procuración es teóricamente independiente. Semejante afirmación podría ser creíble, por ejemplo, si viniese de alguien como el presidente Illia, pero de la señora de Kirchner con seguridad que no.
Por otra parte, la mandataria sigue sin admitir -como es su obligación legal- que si fue denunciada por un fiscal. Deberá ejercer su defensa como una ciudadana más y no usando y abusando de la cadena nacional, en términos que además constituyen una evidente presión al Poder Judicial, violatoria del art. 109 de la Constitución.
Respecto del tema Irán, no puede ignorar ni que el tratado ha sido declarado inconstitucional, ni que constituyó una cesión de soberanía nacional, ni que las prácticas de venta de granos y otros bienes por petróleo han dado lugar a negociaciones con Venezuela que aún deben ser investigadas. Esos antecedentes obligaba al fiscal a analizar, precisamente a través de una denuncia, el intento de acordar con Irán sacrificando la soberanía de nuestro país para juzgar con sus jueces los delitos cometidos en su territorio.
Menos aún puede la Presidente, que actúa en política desde hace tantos años, ignorar que ha sido tradicional que la Secretaría de Inteligencia niegue que tal o cual persona era un agente de inteligencia, como ocurrió por ejemplo con los conocidos Guglielminetti y Aníbal Gordon, con lo que sobre ese tema, también debe investigarse judicialmente qué ha ocurrido y el fiscal no podía dejar de incluir la cuestión de posibles agentes encubiertos en su denuncia. Ni qué decir de su negación de Nisman, cuya designación habrá sido firmada por quien sea, pero fue decidida por Néstor Kirchner. Negarlo es absurdo.
Incluso la permanente referencia a los juicios por derechos humanos es contradictoria con el maltrato implícito de la Presidente al derecho humano a la vida del fiscal Nisman. Porque no sólo ni siquiera se ha lamentado de su muerte, sino que omite reconocer que protegerlo era el trabajo de su Gobierno. Por ejemplo, si se lo hubiese cubierto como las increíbles cámaras que lo siguieron en Ezeiza, probablemente hoy estaría vivo, ya que poco costaba llenar de cámaras el edificio donde vivía, en vez de depender de la seguridad de un simple consorcio. La responsabilidad de las debilidades de ese edificio no es de sus copropietarios, sino del Gobierno que le retaceó seguridad al fiscal.
El colofón de este lamentable monólogo presidencial fue acusar de extorsionadores a quienes pensamos distinto de ella. Es una ofensa inadmisible. La señora de Kirchner no puede seguir tratándonos a quienes no nos sometemos a sus creencias como enemigos del país. Es imperativo que la Presidente empiece a respetar a todos los ciudadanos.
En suma, es muy triste que la Presidente siga, o en realidad, empeore, su actitud de infalibilidad y de considerarse por encima de nosotros, los ciudadanos, que somos sus iguales. Ha muerto un fiscal que la estaba denunciando. Esa responsabilidad política será siempre suya, precisamente porque es la presidente de la Nación y nos debe respuestas, no amenazas ni advertencias.