La política es el espectáculo principal solamente para quienes de esto nos ocupamos aunque le cueste entenderlo a muchos políticos, entre ellos a la presidente de la nación. Ante la ola de saqueos, acuartelamientos de las fuerzas de seguridad y delitos en varias provincias del país, Cristina Kirchner parece encontrar una sola explicación, y es que hay grupos que quieren desgastar y desestabilizar a su gobierno y a la democracia (sinónimos para ella).
Esta apreciación se inscribe en una larga tradición de gran parte de la clase política, incapaz de observar la realidad por fuera del microclima en el que han desarrollado toda su vida productiva. Hay sin dudas en el kirchnerismo un alto porcentaje de dirigentes que han dedicado su existencia a la actividad política en sus distintas variantes y cargos, aunque está claro que no les es una propiedad exclusiva.
La distancia respecto a la realidad se ve también cuando la presidente imagina una planificación y ejecución quirúrgica de los saqueos a pesar de los elementos inorgánicos que allí proliferaron y lo tumultuoso del fenómeno. Debería quedarle claro a Cristina que la mayoría de los saqueadores no entienden bien a qué se refiere cuando habla de los “valores de la democracia”. Lamentablemente la cultura política y democrática en vastos sectores de la sociedad está demasiado ligada al voto obligatorio cada dos años y a la ventaja/paliativo que, previo a los comicios, pueda llegar por parte de los punteros políticos.
Todo lo convulsionado de la situación no frenó el festejo del pasado 10 de diciembre por los 30 años de democracia quedando claro que, así como un reclamo opositor mayoritario o una consensuada crítica de los medios de comunicación resulta inútil para “bajar” un funcionario de su gobierno, tampoco las 10 muertes que hasta ese momento arrojaba el convulsionado panorama social pudieron frenar lo que el gobierno planificó como una fiesta.
La velada acusación a un sector de la oposición de estar fogoneando saqueos y los reclamos salariales de la policía son también, cuando menos, exagerados y simplistas. Seguramente hay punteros de algunos partidos (incluido el oficialismo) que aprovechan la ola delictiva para exacerbar y sacar alguna tajada de esto, pero incluso en esta variante sigue siendo una motivación económica la que los impulsa. Es bastante claro que no hay opositor que quiera asumir en estas circunstancias y mucho menos con una acusación de conspirador que pese sobre su cabeza.
Es altamente probable que la policía corrupta haya liberado zonas para habilitar los saqueos de bandas de ladrones que actuaron como precursores del desborde social posterior pero, en ese caso también, se trata de una razón monetaria y no política contra el gobierno.
Es tanta la falta de empatía gubernamental por las cuestiones que afectan al ciudadano común que de las palabras presidenciales se desprende la idea de que los saqueos perjudican más a su gobierno que a los miles de damnificados directos y a los millones que, con temor, recorremos (a pie, transporte público o auto pero nunca en helicóptero) las calles de los lugares más convulsionados.
El descreimiento que hay en el círculo (cada vez más estrecho) presidencial acerca del efecto contagio que generaron la multiplicación de los saqueos no debería impedirles considerar que efectivamente los aumentos otorgados (con un promedio del 50%) a quienes llamaron “extorsionadores” van a ser sí un argumento en las próximas paritarias, sobre todo en los sectores ligados al Estado. Las preguntas entonces surgen cual torrente: ¿pueden las horadadas economías provinciales afrontar los prometidos aumentos?, ¿de qué forma va a auxiliarlos el Poder Ejecutivo Nacional en momentos de vacas flacas y déficit fiscal?. Lamentablemente las respuestas también surgen con facilidad: emisión monetaria (en el caso del gobierno nacional) y bonos (en el caso de las provincias), ambas opciones muy malas en el actual contexto inflacionario.
El descontento social, está claro, no puede explicar los acontecimientos en su totalidad pero dejarlo de lado para el análisis es un sinsentido. Si uno cree en el 4,3% de pobres que el Indec mide, no puede menos que pensar que la situación social no es un elemento a tener en cuenta, pero cuando esta cifra trepa a más del 25%, de acuerdo a mediciones independientes, la situación cambia. Como siempre, el gobierno no es consistente con su pensamiento tampoco en este punto desde el momento en que solicita a los supermercados que entreguen bolsones de comida para así descomprimir la situación social. Este pedido desnaturaliza los dos argumentos esgrimidos: la organización quirúrgica de los saqueos y la ausencia de pobreza.
Para finalizar, no es conveniente dejar de lado la crisis de valores que hace que personas que no delinquen habitualmente se sumen a los saqueos y que las fuerzas de seguridad opten por medidas que ponen en peligro a toda la sociedad para realizar reclamos salariales aunque estos sean absolutamente justos y necesarios. En cualquier caso, debería el gobierno hacer un examen de conciencia y responder si ellos han fomentado alguna de estas actitudes que hoy, cual boomerang, nos ponen a todos nuevamente en un tembladeral.