Creo que a esta altura del mandato de Cristina Kirchner aquél mote despectivo hacia Víctor Hugo Morales que lo trataba como relator del relato resulta bastante injusto. Desde un tiempo a esta parte, son los propios funcionarios del gobierno, incluida su presidente, quienes más se dedican a contar los problemas, las razones y las circunstancias, mucho más que a solucionarlos. No es que anteriormente evitaran echar culpas, ya que esa es una parte central del juramento kirchnerista, sino que ahora se han centrado casi con exclusividad en esto último. Hay un viejo dicho televisivo que reza que “las excusas no se televisan”, queriendo significar que cuando algo salió mal en pantalla, no importan las razones, justificaciones o pretextos para explicar lo sucedido, simplemente salió mal. Al parecer, en el gobierno desdeñan absolutamente de este dicho. Empresarios, sindicalistas, el liberalismo, los países centrales, el Consenso de Washington, la oposición, el periodismo, la Corte Suprema, la lista es infinita. Los últimos culpables son los fondos buitre, el juez Griesa, el mediador Pollak y hasta el gobierno de Barak Obama.
Este compendio de excusas, explicaciones y declaraciones pour la galerie tienen su contrapartida en una serie de acciones las cuales todos saben (en el gobierno también) que no tienen ninguna posibilidad de destrabar el conflicto sino que por el contrario, muchas de ellas, sirven para agravarlo. Dentro de éstas se encuentran las más que formales declaraciones de apoyo extraídas a los países miembros del Mercosur (institución regional que no consigue salir de la réplica permanente de agendas nacionales), la denuncia a los fondos buitre del siempre bien predispuesto Alejandro Vanoli ante la Comisión Nacional de Valores de EEUU, la acusación contra Estados Unidos por “la violación de su obligación internacional de respetar la soberanía” de la Argentina ante la Corte Internacional de La Haya, que el propio economista ultra kirchnerista Agustín D’Attellis reconoce como un gesto político y no como una gestión práctica, hasta las más ridículas pegatinas de carteles con la consigna “Antes Braden o Perón. Hoy Cristina o Griesa”.
Tal vez lo más llamativo de toda la puesta en escena que el gobierno hace sobre el tema haya sido aquel viaje urgente hacia Nueva York que emprendió el ministro de economía mientras se encontraba en Venezuela supuestamente para darle tono formal y visto bueno a un acuerdo que todos daban por cerrado. Quizá nunca se sepa realmente lo que allí sucedió pero sin dudas las explicaciones de Axel Kicillof sembraron mayores dudas. El ministro se mostró durante su conferencia de prensa posterior a las reuniones sorprendido porque los holdouts rechazaron lo que vienen rechazando desde hace 10 años. Sí, así como se lee. Por algún extraño motivo, el gobierno pretendía un cambio de postura de los buitres luego de que éstos alcanzaran un fallo favorable de un juez norteamericano, la confirmación de la Cámara y la abstención de tomar el caso por parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Cuesta también comprender que un gobierno demuestre asombro y contradicción por la actuación de un juez que defiende el derecho de propiedad en la capital mundial del capitalismo. No es su función analizar las cualidades morales de los fondos buitre y sus representantes; Griesa no es el Papa. Sus fallos siguen con toda lógica su función. También es normal la actuación del mediador Daniel Pollak que fue puesto en tareas para que Argentina cumpla el fallo del juez y no para otra cosa. Tampoco es sencillo encontrar la explicación de por qué Argentina estuvo haciendo un esfuerzo en los últimos meses para abrirse nuevamente a los mercados de crédito e inversión, para lo cual negoció la indemnización a Repsol y arregló con el Club de París entre otras cosas, para luego tirar bruscamente todo lo hecho por la ventana.
No es el objetivo de esta columna analizar técnicamente las posibilidades que el gobierno tenía para no caer en default (“selectivo” según la agencia Standard & Poors) pero hay coincidencias de varios especialistas –economistas y abogados- de que existían y existen muchas opciones de pago satisfactorias para ambas partes y hay evidencia suficiente de que muchas de ellas fueron acercadas al gobierno. A esta altura queda claro también que la cláusula Rufo funciona como excusa perfecta para una decisión tomada y escenificada en muchas ocasiones como es no pagarles bajo ningún punto de vista a los fondos buitres.
Hay que reconocer que el kirchnerismo ha logrado mantenerse en el centro de la escena política durante más de una década y con un grado de adhesión importante. Sin embargo, en esta ocasión, el enamoramiento de esa circunstancial mejora que produjo en la imagen de la presidente el enfrentamiento con los fondos buitres y el juez Griesa tiene un recorrido demasiado corto. Con un país en recesión como la Argentina, aumentar exponencialmente la incertidumbre –con todo lo que eso implica en inversiones, empleo, actividad económica, inflación, etc.- es poco menos que suicida. Esta actitud del gobierno es lo que popularmente se conoce como “pegarse un tiro en la pierna” porque más allá de las negativas implicancias que tiene para el país, consecuentemente y en un plazo corto, tendrá también un impacto pernicioso sobre la figura de la presidente y su gobierno. Tal vez en este caso aplique la definición que el ministro de la Corte Eugenio Zaffaroni utilizó para denominar al juez neoyorquino y esta estrategia del kirchnerismo sea efectivamente de trocha muy angosta.