Llegó finalmente a Diputados, para su tratamiento, el proyecto, que ya cuenta con la media sanción del Senado de la Nación, para prohibir despidos en el ámbito público y privado por 180 días. La ley, en una eficaz dosis de cinismo y desvergüenza, le ofrece al despedido la posibilidad de elegir entre ser reincorporado inmediatamente o que se le abone una doble indemnización. Este proyecto, como tantos otros, refuerza la idea de que sería bueno que quienes ejercen un cargo público hayan emprendido previamente algún proyecto privado para que así cuenten con una mínima idea de lo que significa hacerlo.
Las leyes no pueden transformarse en un cúmulo de buenas intenciones y mucho menos si con ello perjudican lo que supuestamente quieren proteger, en este caso, el trabajo. No es posible que tengan como leitmotiv esencial resultar agradables a la opinión pública biempensante. Así, no solamente crean falsas expectativas sino que ingresan medidas distorsivas en un mercado que siempre va a escapárseles por la tangente.
Durante 12 años han probado todo tipo de reglas para prohibir o exigir al sector privado determinadas cosas a la sola voluntad del gobernante y si hay algo que quedó claro, es que los resquicios aparecen, como así también las consecuencias indeseadas. No les alcanza con observar el rotundo fracaso de las economías con planificación centralizada, pretenden seguir intentando con medidas menos extremas pero igual de ineficaces y, en la mayor parte de los casos, altamente nocivas. Continuar leyendo