Recientemente una diputada del Frente por la Inclusión Social, ex aliada de Raúl Castells, que habitualmente vota con el kirchnerismo, levantó la mano para aprobar una ley acerca de la cual, luego se supo, tenía muy poco conocimiento. Se trataba nada menos que de la ley para reformar el Código Civil y Comercial de la Nación. Hubo otros casos anteriores de características similares, o sea de leyes que los legisladores del Gobierno aprueban sin hacer un análisis riguroso de sus alcances. Son votos por “disciplina partidaria”, se atajan los involucrados. Se infiere entonces que lo que viene ordenado desde “arriba” tiene el valor de un “cúmplase”. En virtud de que el Poder Ejecutivo tiene mayoría en ambas cámaras, los proyectos que le interesan son generalmente aprobados sin mayor dificultad, con algunas excepciones. ¿Se puede interpretar así que estamos frente a una sumisión del Congreso ante el Poder Ejecutivo?
Para alejar cualquier posibilidad de ello, el artículo 29 de la Constitución Argentina dice: “El Congreso no puede conceder al Ejecutivo nacional facultades extraordinarias, ni la suma del poder público, ni otorgarle sumisiones o supremacías por las que la vida, el honor o la fortuna de los argentinos queden a merced de gobiernos o persona alguna. Actos de esta naturaleza llevan consigo una nulidad insanable y sujetarán a los que los formulen, consientan o firmen, a la responsabilidad y pena de los infames traidores a la patria”.
El Congreso está integrado por todos los sectores de la oposición política, y también a ellos les cabe amplia responsabilidad en el deterioro de la calidad institucional que comentamos. La actitud que la oposición ha tomado en casos recientes, de retirarse del recinto en señal de protesta contra el oficialismo, es contraria al espíritu de gran caja de resonancia sobre los principales temas del país. No se trata sólo de ganar o perder una votación. Se trata de dar el gran debate y de plantear públicamente las distintas posiciones y los propios proyectos. El “portazo” da títulos en los diarios, pero no aporta soluciones.
Se ha conocido en las últimas horas que varios de los principales candidatos a presidente de la Nación o a gobernador que actualmente son legisladores tienen un paupérrimo desempeño en esta tarea. Son pocas las veces que hablan en las sesiones y casi nunca concurren a las reuniones de las comisiones que integran. Esto es señal de que le asignan poca importancia a la tarea legislativa. Y no es por falta de tiempo precisamente ya que se los ve en permanente giras por todo el país, visitando lugares y gentes, adonde una vez que pasen las elecciones nunca volverán. También participan activamente de programas televisivos que, en algunos casos, nada aportan a la calidad institucional que el país necesita.
Quizá sería positivo, ya que los legisladores y políticos viajan tanto con nuestros dineros, que aprovechen para observar cómo funciona el Congreso en otros países. Al respecto se comenta un episodio que habría ocurrido hace unos años, cuando el gobierno kirchnerista tuvo su mayor enfrentamiento con la empresa Shell de Argentina, con fuerte presencia de Holanda en su paquete accionario. Un contacto semioficial hizo llegar a la reina Máxima el interés del gobierno argentino en desplazar al presidente de la compañía, Juan José Aranguren. La respuesta habría indicado que una actitud de esa naturaleza hubiera ocasionado una revolución en el parlamento holandés. Máxima no pudo lograr que sus padres estuvieran en su casamiento, para no contradecir la opinión de los parlamentarios, abundó el funcionario holandés contactado. Sólo se trata de respetar las instituciones del Estado.