Aunque el Gobierno sigue negando públicamente algunas realidades, es indudable que el desbarajuste económico alcanzó tales proporciones que lo ha empujado a tomar medidas cuya eficacia real está por verse.

Uno de los principales peones del oficialismo, el ministro de Economía Axel Kicillof, tuvo que moverse hasta Francia para hacer una propuesta de pago ante el Club de París. En Buenos Aires se subió a un avión de Aerolíneas Argentinas, pero sólo hasta Brasil, donde cambió por otro de Air France. El ministro nunca se ha mostrado muy predispuesto a transitar los pasillos de los organismos financieros internacionales.

Ocurre que la Argentina está en deuda desde 2001 con 16 de los 19 países integrantes del club, por unos 10.000 millones de dólares. Los más perjudicados son Japón, acreedor de 2.359 millones de dólares, y Alemania, con 2.136 millones. Esto significa que en esos 19 países están trabadas las líneas de créditos flexibles para las compañías extranjeras que quieran invertir en nuestro país. La Argentina necesita urgentemente esas inversiones.

Por otra parte, la AFIP controla día por día los precios en los supermercados; aplica nuevas trabas a las compras con tarjetas por internet y el Banco Central redobla controles sobre las casas de cambio (mientras los arbolitos compran y venden dólares a voz en cuello en Florida y Lavalle, a una cuadra de la comisaría 1ª).

En medio de todo este descalabro la Presidenta reapareció con reiteradas críticas a viejos contubernios, pero sin expresar una palabra de aliento para la gente que sufrió y sigue sufriendo por los cortes de luz. Algunos esperaban que dijera cómo se va a detener la caída de las reservas. En lo poquito que va del año se perdieron 840 millones de dólares; 12.700 millones en 2013 y 22.400 millones desde comienzos de 2011, según se ha publicado. En un año el peso se devaluó 56 por ciento.

“Hay una manifiesta incapacidad en la gestión para la solución de los problemas”. Esto no lo dijo ningún político de la oposición. Lo dijo la “columna vertebral” del peronismo, esto es, los trabajadores reunidos en la CGT de Hugo Moyano y la de Luis Barrionuevo. El pronunciamiento fue rubricado por 105 gremios entre los que estaban dos que responden al Gobierno: La Fraternidad, de Omar Maturano, y la UTA, de Roberto Fernández. El campo ya hizo una protesta con 800 productores y prepara otras.

En tanto el Correo Oficial lanzará la emisión de 19 estampillas que reflejarán los progresos alcanzados en materia de derechos humanos y justicia social durante la década ganada.

Ya en el terreno más político el Gobierno observa con atención la interna desatada por la sucesión de Cristina. El gobernador Daniel Scioli dijo: “Me preparé toda la vida para ser presidente” y aseguró que ya tiene la suficiente experiencia propia y antecedentes como para dar ese salto. Todo indica que Scioli despejó una de sus principales dudas: si debía esperar ser ungido por el dedo presidencial, o si era mejor no cargar con esa mochila.

La situación es tan complicada que hasta los resucitados se acomodan por lo que pueda acontecer. Luego de dar varias entrevistas locales el ex presidente Eduardo Duhalde se corrió hasta el Vaticano para sacarse una foto con el Papa Francisco y mantener una conversación privada. Ambos se conocen desde 2001 cuando Duhalde lanzó el Diálogo Social bajo el paraguas de la Iglesia. Allí Jorge Bergoglio tuvo una activa participación.

En los últimos días se han conocido públicamente algunas cuestiones que conviene analizar para entender mejor qué está pasando en la Argentina.

El juez Eugenio Zaffaroni anunció que el año próximo, cuando cumpla 75 años, dejará la Corte Suprema de Justicia. Agregó que ése es el límite de edad, pero lo que mayor sorpresa causó fue cuando dijo que “los cargos en una república tienen que ser por un período de tiempo y luego deben terminar. La ‘vitalicidad’ es una característica monárquica y no republicana”. Cabe preguntarse aquí si Zaffaroni le hizo llegar en su momento a la Presidenta este pensamiento que alude a la falta de actitud republicana por parte de quienes quieren mantenerse eternamente en el poder. Hasta antes de las elecciones varios de los personajes que se adjudican conocer el pensamiento presidencial expresaron la intención de ir por una re-reelección, contrariando el mandato constitucional.

Es conocido que Zaffaroni es un juez que siempre se mostró muy cercano al ámbito oficial, a tal punto de que uno de los invitados a la reunión que él organizó por su cumpleaños fue el vicepresidente Amado Boudou, involucrado en varias causas judiciales.

Los 75 años es la edad máxima de un juez de la Corte, según una reforma introducida en la Constitución.

Zaffaroni habló de temas políticos y aseguró que “la policía es la que da hoy los golpes de Estado”, y reclamó un duro control político sobre esa fuerza. Agregó que la policía tiene “fuentes de recaudación propias” y que los políticos “tienen miedo y creen que arreglando con la cúpula resuelven los problemas”. Sería interesante conocer la opinión de los gobernadores y de los ministros de seguridad provinciales sobre las expresiones del magistrado.

Otra cuestión que tomó estado público fue la expulsión del periodista Antonio Laje del canal C5N por informar acerca de la falta de respuesta por los últimos cortes de luz y sus consecuencias. Fue acusado de golpista y de estar incendiando el país.

Estas acusaciones le fueron expresadas por Fabián De Souza, el más alto directivo de la empresa que pertenece a Cristóbal López, un empresario allegado al Gobierno. Pero lo más llamativo fue cuando De Souza le dijo que en el Gobierno “había una guerra de inteligencia”, según contó Laje, quien consideró que López “compra medios de comunicación para protección futura”.

Los argentinos no sabíamos que dentro del Gobierno hay una guerra de inteligencia, pero ahora podemos interpretar mejor la decisión presidencial de nombrar como jefe del Ejército al general César Milani, un especialista en el tema, quien virtualmente se habría hecho cargo del manejo de la inteligencia en las tres Fuerzas Armadas.

Entretanto, el nuevo titular de la Secretaría de Programación de la Drogadicción y la lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), el sacerdote Juan Carlos Molina, denunció las irregularidades y los desmanejos económicos que encontró en la cartera.

Entre otras cuestiones mencionó el nombramiento de “directores de áreas designados con una simple resolución del subsecretario, que cobraban sueldos de hasta 27 mil pesos y realizaban contrataciones irregulares por 800 mil pesos”. También denunció gastos de 90 mil pesos en almuerzos en la zona del microcentro porteño, y la compra de un horno pirolítico que se utiliza para la quema de drogas “que figura en la memoria de 2012 y nadie sabe dónde está”.

Asimismo, señaló que encontró virtualmente paralizado el Registro Nacional de Precursores Químico (Renpre), con 1.500 expedientes “frenados”, tanto para operadores del mercado interno como para operaciones de comercio exterior y que a su vez “no se cumplió con ninguna meta en lo referido a fiscalizaciones y auditorías”.

A nadie escapa que estos datos son fundamentales para llevar adelante una exitosa lucha contra el narcotráfico.

La reflexión final que nos queda es la siguiente pregunta: ¿alguien irá preso alguna vez?

¿Alguien se acuerda de Juan Manuel Abal Medina? ¿Lo recodará la historia alguna vez por su gestión al frente de la importante Jefatura de Gabinete de Ministros? Una pompa de jabón puede tomar un tamaño, una forma y hasta un color, pero se sabe que está condenada a desaparecer. No dejará rastro alguno.

Muchos nombres y muchos anuncios que aparecieron y aparecen en el firmamento gubernamental han dejado en la población la sensación de estar frente a una pompa de jabón. Los hemos visto y los hemos escuchado, pero luego de pasado un tiempo nos preguntamos si realmente las imágenes que vimos y las palabras que oímos verdaderamente existieron o formaban parte de otra realidad, una realidad que no es la nuestra.

La realidad del argentino de hoy tiene que ver con los graves hechos de inseguridad, el narcotráfico que se expande, los precios que aumentan día a día, los cortes de luz, los piquetes que impiden llegar o salir de la ciudad o moverse dentro de ella con normalidad, la corrupción en todas sus formas, la pobreza y la marginación. Y algún etcétera más.

Detengámonos un momento para analizar qué es lo que reclama la gente que decide salir a la calle en son de protesta. Reclama un salario mejor, algo que se parezca a una vivienda digna, que los trenes no choquen y cumplan los horarios, educación para sus hijos, tener luz, poder bañarse, que los ancianos puedan bajar por el ascensor, que los hospitales no tengan que suspender operaciones quirúrgicas, y poder vivir y trabajar en paz. Y algún etcétera más.

Frente a todo ello se contesta con acuerdos de precios, precios congelados, pedidos de adelantos de divisas a las firmas cerealeras, acusaciones a las empresas de servicios que se debió controlar, aumento en el precio de las naftas, cepo cambiario, dificultades para importar, discrepancias entre los ministros, importación de tomates, compra de energía a Uruguay.

¿Cómo es posible que en el país del trigo el pan sea tan caro? ¿Cómo es posible que se hable de importar alimentos en un país que tiene amplia variedad y cantidad como para satisfacer generosamente a su población y exportar los excedentes? Fuimos autoabastecidos en petróleo y energía , pero ya no. Todas estas situaciones negativas se podrían haber evitado o corregido con políticas adecuadas.

Sería muy positivo que los políticos opositores que tanto critican al Gobierno vayan tomando nota de los errores para no volver a cometerlos, que vayan analizando y proponiendo soluciones serias y razonables. La oposición no debiera perder de vista las demandas de la sociedad también hacia ellos: que dialoguen, que se junten, en definitiva que piensen en el país y no sólo en sus intereses personales. De lo contrario corren el riesgo de diluirse como una pompa de jabón.

A la reciente rebelión de las policías provinciales, con su triste consecuencia de saqueos y muertes, se suma ahora como para terminar el año a toda orquesta, un apagón que dejó a miles de familias frente a unas Navidades que no pudieron festejar.

Ante ese cuadro, era de esperar un mensaje de Nochebuena de parte de la Presidenta que contuviera alguna voz de esperanza para los argentinos que están sufriendo, muchos de los cuales la votaron para el cargo. La última aparición pública la mostró bailando feliz y tocando el bombo delante de miles de sus seguidores en la Plaza de Mayo. Muchos de ellos están ahora padeciendo las consecuencias de la falta de energía eléctrica en medio de temperaturas extremas que castigan al país.

Los técnicos independientes dicen que los apagones se producen como consecuencia de la falta de inversión en infraestructura desde hace muchos años. Si el gobierno actual lleva 10 años en el poder y  no ha podido encontrar una solución, es evidente que hubo un fracaso en su gestión.

Pero aun así, no queda claro el verdadero motivo por el cual un gobierno se empeñó en llevar adelante una política que finalmente se iba a volver en su contra. A raíz de esa política la Argentina tiene que pagar unos 10.000 millones de dólares anuales en el exterior, con muy buenas ganancias para los agradecidos vendedores.

A su vez, los funcionarios oficiales le echan la culpa a las empresas porque, argumentan, no están cumpliendo con las condiciones acordadas en las respectivas licitaciones. Aquí aparece otra cuestión. Si una empresa privatizada no viene cumpliendo con lo que firmó, está claro que hay una falla en los organismos de control. O que han estado mirando para otro lado.

Sería bueno conocer la realidad de lo que se acordó oportunamente con las empresas privatizadas. Si la culpa de lo que está ocurriendo es de las empresas hay que tomar las medidas que corresponden y dejar de amenazarlas con quitarles la concesión. También habría que analizar si una empresa a la que el Estado le fija las tarifas (subsidios incluidos) se puede desempeñar como una compañía privada o se convierte en una mera empresa estatal administrada por privados.

Para completar el cuadro del fin de año el fiscal José María Campagnoli fue suspendido y está a punto de ser sometido a juicio político. Campagnoli estaba investigando las actividades del empresario Lázaro Báez. Lo notable es que los sumarios contra el fiscal fueron impulsados por la titular de la Procuración General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, porque lo acusa de extralimitarse en sus funciones. La tarea principal de un fiscal es, precisamente, investigar.

No todas las voces fueron negativas. En su primer mensaje de Navidad el Papa Francisco hizo un llamamiento a la paz y una exhortación a que no haya marginados ni tragedias. Como argentino, el Papa es un profundo conocedor de la realidad de nuestro país.