La Auditoría General de la Nación tiene razón: Anses estafa a los jubilados

En estos últimos años hemos señalado en reiteradas ocasiones que la Anses estafa a los jubilados. Esta posición está basada en hechos concretos y coincide con lo señalado por el auditor general de la Nación, Leandro Despouy, que claramente detalló en más de 60 informes que el gobierno nacional comprometió los fondos de la Anses para finalidades ajenas a sus obligaciones previsionales poniendo en riesgo los activos de su propiedad, como la venta de bonos nominados en dólares de su cartera de inversiones con la finalidad de regular el valor del dólar paralelo, medida esta que acrecienta la descapitalización del patrimonio público que debería ser asignado con exclusividad a la seguridad social.

Pero el problema es aún más delicado porque el gobierno sigue utilizando el dinero de los jubilados para financiar el rojo del Tesoro Nacional y para proyectos que son ajenos a su órbita como cubrir déficits ajenos como las cajas militares y de seguridad, las cajas provinciales transferidas, otorgar subsidios o pensiones no contributivas y hasta para girar fondos para salvar a algunos bancos como el Nuevo Banco del Chaco o lo más insultante para la realidad de un jubilado, con su dinero se financia gran parte de la excesiva y muchas veces mentirosa publicidad del Fútbol para Todos. Televisación presentada como una política de Estado pero a la que le debemos que su implementación descapitalice en gran parte el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de las Jubilaciones y Pensiones. De esta manera la Anses incurre en un grave apartamiento de la función propia del organismo y de los criterios de seguridad y rentabilidad exigidos por la legislación vigente para administrar el llamado Fondo de Garantía de Sustentabilidad, cuyos recursos en su totalidad debieran ser utilizados únicamente para efectuar pagos a los beneficiarios del sistema previsional. Así, cada vez que se utilizan los fondos de la Anses para finalidades ajenas a las obligaciones previsionales, se estafa a sus beneficiarios, que son los trabajadores aportantes y los jubilados actuales y futuros. Por supuesto, que es necesario resolver el financiamiento estatal de algunas medidas y acciones de gobierno, pero por otros medios, como la reducción del gasto público, el control del manejo de los fondos públicos y adoptar medidas adecuadas para combatir la corrupción estructural existente.

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Buscar una salida a las demanda previsionales

Existen en la actualidad más de 600 mil demandas judiciales por ajustes previsionales, la gran mayoría de los jubilados que se encuentran en esa situación deberán esperar muchos años para que se les abone lo que realmente les corresponde y eso se debe, entre otras cosas, a que el gobierno nacional sigue apelando los fallos en primera instancia llevando la situación directamente a un camino sin salida.

Cada día que pasa, una eternidad y un sufrimiento inmerecido para estos jubilados, nos convencemos de que el gobierno nacional realiza estas apelaciones para retrasar estos pagos y para así poder seguir manejando la caja de la ANSES como caja política. Porque desde que se estatizaron los fondos previsionales está más que claro que el gobierno nacional privilegia el manejo discrecional de la caja sobre los genuinos derechos de nuestros adultos mayores. Esto ya quedó demostrado cuando insensiblemente vetaron la ley, que legítimamente había sancionado el Congreso de la Nación que garantizaba el derecho constitucional de cobrar el 82% móvil a nuestros jubilados, nos dijeron que lo hacían para que no quiebre el estado, nos mintieron, ahora están manejando arbitrariamente esos fondos y vaciando la ANSES.

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Con los jóvenes fuera de la escuela no hay movilidad social

Desde que fue puesta en marcha la Asignación Universal por Hijo (AUH), por decreto del Poder Ejecutivo y no a través de una ley como señalaba el proyecto original del ARI, mucho se habló desde el gobierno sobre el impacto positivo que ésta ocasionó en el aumento de la matrícula escolar. Nadie duda de lo auspicioso del programa, pero ayudaría mucho a su consolidación si se transparentan los indicadores oficiales o mejor dicho aquellos que fueron difundidos a través del aparato de propaganda oficial que durante los primeros dos años señalaba que el crecimiento de la matrícula de nivel básico oscilaba el 25%.

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Sin reconvertir ayuda social en trabajo, no hay futuro

En esta Argentina de hoy aprendimos que si una oración comienza diciendo “Según datos del Indec…”, seguramente culmina con una mentira. Es que el organismo encargado de medir las estadísticas oficiales se convirtió en una usina permanente de indicadores sociales engañosos que no reflejan en absoluto las vivencias de una sociedad víctima de un gobierno que prefiere esconder “la suciedad bajo la alfombra” y construir un relato falso apoyado en un millonario aparato de comunicación oficial.

En estos últimos días el Indec acaba de anunciar un preocupante crecimiento del desempleo sólo en el último trimestre. En ese lapso más de 220.000 argentinos perdieron su empleo, lo que arroja como resultado, siempre según cifras oficiales, que la desocupación alcance un índice de 7,9 %. Estos datos siguen siendo poco creíbles y desmentidos por otros estudios y mediciones realizadas por consultoras o institutos prestigiosos que arrojan cifras notablemente más altas. Sin embargo podemos advertir que al gobierno ya se le hace muy difícil pretender seguir ocultando una realidad social que de a poco se está imponiendo sobre el llamado “relato oficialista”.

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Anses, caja política sobre los derechos de los jubilados

La noticia es tan conocida como reiterada: el gobierno sigue apelando los fallos en primera instancia en favor de los jubilados por la mala liquidación de sus haberes. Cada día que pasa, una eternidad y un sufrimiento inmerecido para estos jubilados, nos convencemos de que el gobierno nacional realiza estas apelaciones para retrasar estos pagos y para así poder seguir manejando la caja de la ANSES como caja política.

Desde que se estatizaron los fondos previsionales señalamos que  el kirchnerismo privilegia el manejo discrecional de la caja sobre los genuinos derechos de nuestros adultos mayores. Hoy prefieren seguir financiando todo tipo de proyectos ajenos al sector como ATUCHA II, los planes de viviendas destinados a alinear intendentes, las obras de infraestructura con fines electorales y, también, como caja sostenedora de bonos públicos.

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Mucho más que un hecho policial

Los pueblos originarios de nuestro país son víctimas históricas de un modelo agricultor de desarrollo que tiene como eje central la acumulación y concentración de tierras en manos de unos pocos. A lo largo del tiempo, para llevar este proceso adelante, fue necesario expulsar a esas comunidades de sus hogares. Lamentablemente esto no es solo una mirada “de archivo” sobre nuestra propia historia sino que esta definición sirve aún hoy para describir la realidad social de estos pueblos, que deben trasponer caminos minados de xenofobia, racismo y violencia y muchas veces, aunque a los habitantes de las grandes ciudades les cueste creerlo, sin amparo y protección del Estado.

Esta es la situación por la que atraviesan nuestros hermanos Qom del norte argentino. En los últimos días algunos miembros de estas comunidades, muchos de ellos menores, fueron víctimas de hechos de violencia y hasta de asesinatos, como el brutal crimen del niño Imer Flores de tan solo 12 años, sucedido hace unos días en mi provincia del Chaco, en el pueblo de Río Bermejito. Este caso, como otros que sucedieron recientemente, es mucho más que un hecho policial, como lo definió el gobernador Jorge Capitanich. Quedarnos con esta apreciación sería conformarse con una mirada deliberadamente minúscula e inconducente, es como intentar tapar el sol con un dedo. Debemos denunciar que estas prácticas violentas, que de manera deliberada y permanente sufren estas comunidades, son impunes y son el vil complemento para una realidad atosigada por la pobreza, el hambre, la desnutrición y la falta de trabajo. El Estado provincial otorga ayuda social en contadas gotas y ésta llega, en muchos casos, con el fin de usar a estos ciudadanos políticamente para conseguir que con su voto se favorezca a un determinado intendente municipal. Una modalidad por demás conocida en Formosa, Chaco, Tucumán y Misiones.

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