Les sacan a los pobres para asistir a otros pobres

Los últimos indicadores oficiales del Indec sobre desocupación y pobreza contrastan de tal manera con los números de la política social del gobierno nacional, y también con la de los gobiernos locales, que no podemos hacer otra cosa que denunciarlos como datos mentirosos manipulados por el oficialismo con el fin de alimentar el tan famoso “relato K” con buenas noticias.

¿Cómo es posible que tengamos tan baja desocupación y pobreza cuando paralelamente se invierten año tras año más fondos públicos en planes sociales? Observemos que, mientras el año pasado existían 58 planes sociales diferentes que tenían como beneficiarios a 16 millones de personas por los que el Estado invertía 74 mil millones de pesos, este año los planes pasaron a ser 60 con una cobertura de 18 millones de personas y con una inversión de 120 mil millones de pesos. Esto indica que el 40% de los argentinos reciben algún tipo de ayuda social.

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Nunca más Hiroshima

En el año 2006, por invitación del gobierno japonés, participé de un encuentro de legisladores y funcionarios descendientes japoneses de Latinoamérica. En dicha oportunidad, visitamos la Provincia de Hiroshima y en especial, pudimos recorrer el Museo Histórico y los restos del único edificio -donde funcionó la Cámara de Comercio de la localidad- que aún se mantiene como mudo testigo de la primer bomba atómica que se uso contra seres humanos.

Al comenzar el recorrido del museo, un guía nos narraba que el día 6 de agosto de 1945, cercano a las 8 de la mañana, se produjo la caída de la bomba atómica, un hongo de fuego que destruyó en 15 segundos la ciudad de Hiroshima, dejando un desierto de cenizas y cadáveres horriblemente quemados.

Muy pocos sobrevivieron, por desgracia. Otros, fueron aniquilados por el fuego y la descarga expansiva de mas de 30 km, que alcanzó a destruir vidrios que luego se incrustaron en los cuerpos de los seres humanos. Los pocos sobrevivientes, que por días y semanas quedaron sin agua ni comida, sufrieron las consecuencias de esta catástrofe; sentimentales, psicológicas, como biológicas y genéticas. Las quemaduras aniquilaron sus células para siempre, sin posibilidad de poder cicatrizar y con graves infecciones, incurables.

El agua lluvia que bebieron a las horas de la explosión era altamente tóxica y sus vidas corrieron peligro genético. Con el pasar de los años, nacían bebés deformados, los que vivían unos pocos años. El aire que respiraban secaban sus pulmones cada día más y el cáncer era inevitable. El daño psicológico fue la parálisis total de los sobrevivientes y los rescatistas no podían creer lo que veían y se sentían impotentes ante tanto dolor y horror.

Se calcula que los muertos sumaron más de 130.000 en ese momento, pero hay personas que, aún hoy, siguen padeciendo enfermedades por las secuelas de la explosión atómica. Tras conocer el horrendo espectáculo, el director del equipo científico que inventó la bomba atómica, el Dr. Robert Oppenheimer, reclamó que se pusiese las armas nucleares bajo estricto control internacional, pero ya era tarde, pues habían pasado a ser instrumentos políticos de los gobiernos.

Una de las escenas que me causó gran dolor fue ver en el museo una viandera de metal que, a pesar de estar toda doblada por el calor de la bomba, tenia aún grabado el nombre del niño, que en ese momento iba a la escuela pero que no llegó a ella. Ni siquiera pudieron rescatar su cuerpo, ya que el mismo fue destruido por el fuego y consumido por el excesivo calor que produjo la misma. Este elemento fue aportado por su hermano mayor, quien relató el hecho luego que saliera a buscar a su pequeño hermano y solo encontrara su viandera, la que identificó por el tallado del nombre en la parte superior, que él le hiciera. Muchos relatos y vivencias del horror que se vivió están como testimonio, de cuando la ciencia se utiliza para crear el mal y no para beneficio de la sociedad.

Hoy en día, nada preocupa tanto a los fines de la seguridad mundial como la cuestión de las armas nucleares y la amenaza que ellas representan, dado su poder de exterminio de toda la civilización humana y de todo ser viviente.

La persistencia de los conflictos exige a las naciones la compra de más armamentos y la tenencia de armas nucleares, lo cual alimenta a perpetuidad la espiral de violencia. Recordemos la reciente declaración de Corea del Norte sobre el armado y la posesión de potentes bombas atómicas, una clara amenaza hacia todos los países vecinos. Por otro lado, a fuerza de desviar hacia partidas militares fondos públicos destinados a fines sociales y económicos, se termina generando el agotamiento de recursos que deberían servir para atender necesidades básicas de la población. Este empobrecimiento amenaza la estabilidad social y el desarrollo, que son dos condiciones sobre las cuales se asienta la idea de la paz.

Para arribar a una solución definitiva y de alcance mundial es indispensable abolir las armas nucleares. Esta meta expresa, al mismo tiempo, la firme determinación del hombre de poner término a una cultura de violencia, respetando la dignidad de la vida y luchando activamente para la construcción de un mundo sin guerras.

Es por ello que cada 6 de agosto el pueblo de Hiroshima ora por la Paz y repite sin cesar: “Nunca más Hiroshima”. De igual manera, cada uno de nosotros debe unirse a esta prédica, aprendiendo de la historia y comprendiendo que la seguridad significa resguardo contra la amenaza de la enfermedad, el hambre, el desempleo, el delito, el conflicto social, la represión política, la destrucción del medio ambiente y erradicar la cultura de la violencia.

Los recursos de los jubilados como “caja” de la política

En los últimos días el titular de la ANSES anunció con bombos y platillos que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad alcanzó la suma de $419 mil millones de pesos con un crecimiento del 317% desde que lo administra el Estado.

Ahora bien, cuando observamos en detalle el movimiento de estos fondo,s lamentablemente llegamos a la conclusión de que la noticia, que puede ser buena en términos de impacto periodístico, no va a repercutir positivamente en los haberes jubilatorios. Pero lo más preocupante es que deja expuesto que su sustentabilidad futura está en peligro por varias decisiones políticas que el Gobierno adoptó sobre estos recursos.

Existe una razón principal: queda claro que está desbalanceada la relación aportantes-beneficiarios que, en un sistema solidario como el nuestro, debería ser de 4 a 1 para que su crecimiento sea sustentable en el futuro y que hoy no alcanza el de 1,4 a 1 -hasta fin del 2013 la relación era 8,1 millones de aportantes para 7,3 millones de beneficiarios-.

Pero también incide el uso indiscriminado de los recursos del FGS sin fijar un tope tanto para fines que no corresponden a su órbita como para inversiones financieras que hoy resultan muy riesgosas porque los mercados están menos confiables y alertas ante la situación judicial que beneficia a un sector de bonistas conocidos como “fondos buitre” que jaquean nuestras finanzas.

Además, y esto es una decisión política de este gobierno, porque cada vez que se echa mano a los recursos de la ANSES, se está postergando la consideración y el derecho de cada jubilado que debería ser el principal beneficiario de todos estos aportes recaudados.

La situación es cada vez más delicada porque, como bien lo señala la Defensoría de la Tercera Edad, de lo que recauda el sistema el 48% proviene de impuestos, principalmente del IVA, el impuesto más regresivo y que afecta a los más pobres. Todo esto en un marco donde la renta financiera no aporta, como tampoco lo hacen la renta minera y la de hidrocarburos.

Sabemos también que el último aumento de los topes y montos de las asignaciones familiares  no compensó la inflación; esto hace que cada día más trabajadores dejen de cobrar las asignaciones y de esta manera la Ansés puede transferir mayores recursos al Tesoro Nacional que servirán para tapar el déficit fiscal, algo parecido a lo que ocurre con el impuesto a las ganancias, porque la lógica del Gobierno es usar la inflación como medio para absorber recursos que se recaudan para un fin pero que finalmente se destinan a financiar el crecimiento del gasto público. De esta manera pueden anunciar que crece el FGS en todos los medios oficialistas y venderlo como si fuera una buena noticia, pero la realidad señala que el 80% de los jubilados cobra un ingreso por debajo de la canasta de necesidades básicas y esto ocurre no por falta de dinero, sino porque esos recursos se utilizan como caja política para alinear intendentes con obra pública, en propaganda oficial, para regular la cotización del dólar y también porque participan de la timba financiera y para tapar los desbarajustes fiscales de una política económica que hace agua ante la inflación y el déficit fiscal.

Se sigue gastando a cuenta sin siquiera prever la intangibilidad de una buena porción de estos fondos que alcancen para adoptar el camino correcto, que sería pagar el 82% móvil. Si así se hiciera evitaríamos que éste o cualquier otro gobierno pueda en el futuro tomar los fondos previsionales para otros usos que no sean, ante todo, garantizar el mayor bienestar posible a sus verdaderos beneficiarios que son nuestros jubilados y pensionados.

Esconder la pobreza solo agrava la situación social

Cualquier ciudadano que recorra los grandes centros urbanos del país o los sectores rurales castigados por la falta de trabajo, tiene en claro que existen muchos argentinos viviendo entre la pobreza y la marginalidad. Esta mirada simple, esta convivencia cotidiana con la realidad, alcanza por sí sola para darse cuenta que existen más de 1,7 millones de pobres como señala el gobierno nacional en sus datos oficiales que representan algo así como un 4,5% de la población en situación de pobreza y un 1,5% en la indigencia.

Es curioso que lleguen a estos indicadores sin dar a conocer desde enero el valor real de la canasta básica. Un dato imprescindible para este tipo de mediciones y que no deberían omitir publicar. Por otra parte, cualquier medición privada o de instituciones no gubernamentales abocadas a estos estudios ubican la pobreza entre un 30 al 36% de la población total, lo que significa que, según las mismas, existen en realidad entre 13 y 15 millones de pobres. La diferencia con los datos gubernamentales no son mínimas, no representan unos puntos porcentuales que podrían adjudicarse a los fallos en las mediciones o a los fundamentos utilizados para medirla, estamos hablando de casi 10 veces más.

No podemos dar una discusión seria alrededor del tema de la pobreza con los datos publicados por el gobierno porque sin duda están más cerca de la realidad las otras mediciones. Doy un ejemplo. Pertenezco a una provincia pobre como el Chaco, donde las mediciones oficiales señalan que no existe el desempleo. Suelo recorrerla frecuentemente, hablo con los vecinos, leo las noticias, conozco muy bien los problemas que azotan a los chaqueños, tengo suficientes certezas como para creer semejante mentira. Por todo ello es que siento la obligación de señalar que si hay algo imperdonable en este gobierno, entre tantos desaciertos, corrupción y decisiones que privilegiaron el uso de herramientas públicas para la construcción partidaria en lugar de utilizarlas para encontrar soluciones a las problemáticas sociales, es la voluntad manifiesta de esconder los datos fidedignos sobre pobreza, marginalidad, desempleo, inflación, entre otros, con el único objetivo de obtener un título positivo para algún medio de comunicación afín o para aportar a la construcción del relato mentiroso con el que nos castigan en el inmenso, y millonario, aparato de propaganda oficial.

Cada vez que el INDEC presenta relevamientos con datos sobre la realidad social argentina confirmamos que la manipulación arbitraria de los mismos representan el modo perverso que caracterizó esta década de gobierno kirchnerista identificada en una vocación manifiesta por “dibujar” los indicadores sociales relacionados con los sectores más vulnerables. Esta actitud recurrente nos lleva a pensar que definitivamente al gobierno no le interesan los pobres y se conforma con ocultarlos. Además, porque el uso clientelar que la han dado a las políticas sociales seguramente han redituado políticamente en el oficialismo pero es un accionar absolutamente pernicioso que impide provocar un cambio social. Este proceder es claramente una identificación que adoptan los gobiernos populistas que escogen por atender a los pobres en la pobreza en lugar de trabajar para intentar sacarlos de ella. Esto último sería un dogma para un verdadero gobierno progresista. Algo de lo que el kirchnerismo está cada vez más lejos.

El desafío está abierto y es para todas las fuerzas políticas, debemos entender que el primer paso para solucionar un problema es reconocerlo, si se niega o se oculta no se hace más que agravarlo. Uno de los peores enemigos de los problemas sociales es el tiempo que no se ocupa en resolverlos. Si no se generan con urgencia políticas efectivas de transformación social basadas en el trabajo genuino, en la educación y en el desarrollo de un hábitat saludable y seguro, si se sigue priorizando mirar para otro lado escondiendo la realidad en lugar de intentar modificarla, esa desatención irremediablemente irá llevando a cada familia acuciada por la pobreza coyuntural a una situación de miseria endémica de la que le costará mucho más salir. Entre otras cosas, porque fueron las primeras víctimas de la mentira oficial.

La Auditoría General de la Nación tiene razón: Anses estafa a los jubilados

En estos últimos años hemos señalado en reiteradas ocasiones que la Anses estafa a los jubilados. Esta posición está basada en hechos concretos y coincide con lo señalado por el auditor general de la Nación, Leandro Despouy, que claramente detalló en más de 60 informes que el gobierno nacional comprometió los fondos de la Anses para finalidades ajenas a sus obligaciones previsionales poniendo en riesgo los activos de su propiedad, como la venta de bonos nominados en dólares de su cartera de inversiones con la finalidad de regular el valor del dólar paralelo, medida esta que acrecienta la descapitalización del patrimonio público que debería ser asignado con exclusividad a la seguridad social.

Pero el problema es aún más delicado porque el gobierno sigue utilizando el dinero de los jubilados para financiar el rojo del Tesoro Nacional y para proyectos que son ajenos a su órbita como cubrir déficits ajenos como las cajas militares y de seguridad, las cajas provinciales transferidas, otorgar subsidios o pensiones no contributivas y hasta para girar fondos para salvar a algunos bancos como el Nuevo Banco del Chaco o lo más insultante para la realidad de un jubilado, con su dinero se financia gran parte de la excesiva y muchas veces mentirosa publicidad del Fútbol para Todos. Televisación presentada como una política de Estado pero a la que le debemos que su implementación descapitalice en gran parte el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de las Jubilaciones y Pensiones. De esta manera la Anses incurre en un grave apartamiento de la función propia del organismo y de los criterios de seguridad y rentabilidad exigidos por la legislación vigente para administrar el llamado Fondo de Garantía de Sustentabilidad, cuyos recursos en su totalidad debieran ser utilizados únicamente para efectuar pagos a los beneficiarios del sistema previsional. Así, cada vez que se utilizan los fondos de la Anses para finalidades ajenas a las obligaciones previsionales, se estafa a sus beneficiarios, que son los trabajadores aportantes y los jubilados actuales y futuros. Por supuesto, que es necesario resolver el financiamiento estatal de algunas medidas y acciones de gobierno, pero por otros medios, como la reducción del gasto público, el control del manejo de los fondos públicos y adoptar medidas adecuadas para combatir la corrupción estructural existente.

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Buscar una salida a las demanda previsionales

Existen en la actualidad más de 600 mil demandas judiciales por ajustes previsionales, la gran mayoría de los jubilados que se encuentran en esa situación deberán esperar muchos años para que se les abone lo que realmente les corresponde y eso se debe, entre otras cosas, a que el gobierno nacional sigue apelando los fallos en primera instancia llevando la situación directamente a un camino sin salida.

Cada día que pasa, una eternidad y un sufrimiento inmerecido para estos jubilados, nos convencemos de que el gobierno nacional realiza estas apelaciones para retrasar estos pagos y para así poder seguir manejando la caja de la ANSES como caja política. Porque desde que se estatizaron los fondos previsionales está más que claro que el gobierno nacional privilegia el manejo discrecional de la caja sobre los genuinos derechos de nuestros adultos mayores. Esto ya quedó demostrado cuando insensiblemente vetaron la ley, que legítimamente había sancionado el Congreso de la Nación que garantizaba el derecho constitucional de cobrar el 82% móvil a nuestros jubilados, nos dijeron que lo hacían para que no quiebre el estado, nos mintieron, ahora están manejando arbitrariamente esos fondos y vaciando la ANSES.

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Con los jóvenes fuera de la escuela no hay movilidad social

Desde que fue puesta en marcha la Asignación Universal por Hijo (AUH), por decreto del Poder Ejecutivo y no a través de una ley como señalaba el proyecto original del ARI, mucho se habló desde el gobierno sobre el impacto positivo que ésta ocasionó en el aumento de la matrícula escolar. Nadie duda de lo auspicioso del programa, pero ayudaría mucho a su consolidación si se transparentan los indicadores oficiales o mejor dicho aquellos que fueron difundidos a través del aparato de propaganda oficial que durante los primeros dos años señalaba que el crecimiento de la matrícula de nivel básico oscilaba el 25%.

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Sin reconvertir ayuda social en trabajo, no hay futuro

En esta Argentina de hoy aprendimos que si una oración comienza diciendo “Según datos del Indec…”, seguramente culmina con una mentira. Es que el organismo encargado de medir las estadísticas oficiales se convirtió en una usina permanente de indicadores sociales engañosos que no reflejan en absoluto las vivencias de una sociedad víctima de un gobierno que prefiere esconder “la suciedad bajo la alfombra” y construir un relato falso apoyado en un millonario aparato de comunicación oficial.

En estos últimos días el Indec acaba de anunciar un preocupante crecimiento del desempleo sólo en el último trimestre. En ese lapso más de 220.000 argentinos perdieron su empleo, lo que arroja como resultado, siempre según cifras oficiales, que la desocupación alcance un índice de 7,9 %. Estos datos siguen siendo poco creíbles y desmentidos por otros estudios y mediciones realizadas por consultoras o institutos prestigiosos que arrojan cifras notablemente más altas. Sin embargo podemos advertir que al gobierno ya se le hace muy difícil pretender seguir ocultando una realidad social que de a poco se está imponiendo sobre el llamado “relato oficialista”.

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Anses, caja política sobre los derechos de los jubilados

La noticia es tan conocida como reiterada: el gobierno sigue apelando los fallos en primera instancia en favor de los jubilados por la mala liquidación de sus haberes. Cada día que pasa, una eternidad y un sufrimiento inmerecido para estos jubilados, nos convencemos de que el gobierno nacional realiza estas apelaciones para retrasar estos pagos y para así poder seguir manejando la caja de la ANSES como caja política.

Desde que se estatizaron los fondos previsionales señalamos que  el kirchnerismo privilegia el manejo discrecional de la caja sobre los genuinos derechos de nuestros adultos mayores. Hoy prefieren seguir financiando todo tipo de proyectos ajenos al sector como ATUCHA II, los planes de viviendas destinados a alinear intendentes, las obras de infraestructura con fines electorales y, también, como caja sostenedora de bonos públicos.

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Mucho más que un hecho policial

Los pueblos originarios de nuestro país son víctimas históricas de un modelo agricultor de desarrollo que tiene como eje central la acumulación y concentración de tierras en manos de unos pocos. A lo largo del tiempo, para llevar este proceso adelante, fue necesario expulsar a esas comunidades de sus hogares. Lamentablemente esto no es solo una mirada “de archivo” sobre nuestra propia historia sino que esta definición sirve aún hoy para describir la realidad social de estos pueblos, que deben trasponer caminos minados de xenofobia, racismo y violencia y muchas veces, aunque a los habitantes de las grandes ciudades les cueste creerlo, sin amparo y protección del Estado.

Esta es la situación por la que atraviesan nuestros hermanos Qom del norte argentino. En los últimos días algunos miembros de estas comunidades, muchos de ellos menores, fueron víctimas de hechos de violencia y hasta de asesinatos, como el brutal crimen del niño Imer Flores de tan solo 12 años, sucedido hace unos días en mi provincia del Chaco, en el pueblo de Río Bermejito. Este caso, como otros que sucedieron recientemente, es mucho más que un hecho policial, como lo definió el gobernador Jorge Capitanich. Quedarnos con esta apreciación sería conformarse con una mirada deliberadamente minúscula e inconducente, es como intentar tapar el sol con un dedo. Debemos denunciar que estas prácticas violentas, que de manera deliberada y permanente sufren estas comunidades, son impunes y son el vil complemento para una realidad atosigada por la pobreza, el hambre, la desnutrición y la falta de trabajo. El Estado provincial otorga ayuda social en contadas gotas y ésta llega, en muchos casos, con el fin de usar a estos ciudadanos políticamente para conseguir que con su voto se favorezca a un determinado intendente municipal. Una modalidad por demás conocida en Formosa, Chaco, Tucumán y Misiones.

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