En esta Argentina de hoy aprendimos que si una oración comienza diciendo “Según datos del Indec…”, seguramente culmina con una mentira. Es que el organismo encargado de medir las estadísticas oficiales se convirtió en una usina permanente de indicadores sociales engañosos que no reflejan en absoluto las vivencias de una sociedad víctima de un gobierno que prefiere esconder “la suciedad bajo la alfombra” y construir un relato falso apoyado en un millonario aparato de comunicación oficial.
En estos últimos días el Indec acaba de anunciar un preocupante crecimiento del desempleo sólo en el último trimestre. En ese lapso más de 220.000 argentinos perdieron su empleo, lo que arroja como resultado, siempre según cifras oficiales, que la desocupación alcance un índice de 7,9 %. Estos datos siguen siendo poco creíbles y desmentidos por otros estudios y mediciones realizadas por consultoras o institutos prestigiosos que arrojan cifras notablemente más altas. Sin embargo podemos advertir que al gobierno ya se le hace muy difícil pretender seguir ocultando una realidad social que de a poco se está imponiendo sobre el llamado “relato oficialista”.
Y esta realidad es la que nos revela que llegó el momento de cambiar el rumbo y admitir que las políticas de contención social sirven para transitar períodos de crisis o emergencia y que es un grave error asumirlas como una política estable. Actualmente el Estado nacional invierte $64.400.000.000 en distintos planes sociales. Excepto la Asignación Universal por Hijo, que fue una iniciativa diseñada por el ARI con el fin de llevar una ayuda básica a las familias pero con el complemento de garantizar la escolarización y atención sanitaria de nuestros chicos y que ahora es mal aplicada por el gobierno, el resto de los subsidios deberían ir reconvirtiéndose en programas de incentivo al trabajo.
La asimetría que existe entre los salarios mínimos y promedios con los montos de algunos programas sociales es muy estrecha, algo que, en algunos casos, genera dudas en aquellas personas que deben elegir entre seguir con el plan o tomar una oportunidad para ingresar al mercado formal de trabajo. Se podría comenzar a pensar en utilizar parte de esos planes como montos extraordinarios al salario que recibirían los nuevos trabajadores, subsidiar salarios para que los jóvenes accedan al primer empleo y hasta para generar microemprendimientos y cooperativas de trabajo y otorgar créditos para la creación de Pyme libres de presión impositiva para ayudarlas a ser rentables y mejores competidoras en el mercado comercial.
En un país donde el gobierno convoca a “blanquear” divisas de dudoso origen, una especie de festín para corruptos, exceptuar de impuestos y auxiliar con insumos y capacitación a una pequeña empresa que genera empleo debería ser casi una obligación. Nos preguntamos por qué el gobierno sigue actuando de esta manera tras salir de la crisis del 2002 luego de una década marcada por el crecimiento de la macroeconomía y con todo a favor. La respuesta quizás la encontremos al observar que cerca de 13.000.000 de personas adultas, electores para ser más precisos, son empleados públicos o reciben algún tipo de subsidio de parte del Estado.
Allí está la clave, el porqué de la elección de un gobierno que sigue optando por atender a los pobres dentro de la pobreza en lugar de promover políticas para sacarlos de ella, decisión que también define un modelo populista basado en el reparto discrecional, en el clientelismo, en la propaganda, en el control y distorsión de la información pública, iniciativas que hasta ahora le garantizaron resultados electorales a un oficialismo que definitivamente elige no promover políticas de movilidad social y se posiciona en las antípodas de cualquier modelo progresista que las adopte preciándose así con ellas. Toda una definición, por que sabemos bien que una derecha populista es aquella que piensa egoístamente la política como mecanismo de acumulación de poder y no como un servicio para el bienestar y progreso de la gente.