Imperialismo de barricada otra vez

Cuando llueve, el kirchnerismo denuncia una conspiración para mojarlo. La tendencia a buscar culpables es humana, solo que debemos balancearla con la contemporánea exploración de nuestras propias responsabilidades. Y si a esa identificación de responsabilidades, siempre afuera nuestro, la convertimos en un atajo permanente, el mecanismo de proyección que estaríamos disparando puede llevarnos a cualquier cosa, caza de brujas inclusive.

A los  países les pasa lo mismo. En nuestra región ese pensamiento resulto tan extendido que, en los sesenta, se elaboró una teoría de la dependencia, cuyo aporte más positivo consistió en identificar el factor imperial en lo externo y oligárquico en lo interno que perjudicaba, efectivamente, a nuestro progreso.

Pero la exacerbación paranoide de ese enfoque nos  llevó  a errar el camino, incluyendo la pérdida de vigencia de la propia teoría. Es que, desde Julio César hasta hoy, se conoce el mensaje de quienes atraen a las multitudes con el aliviante discurso de que no tienen nada que corregir porque la culpa de todos los males yace exclusivamente fuera de ellas, en el enemigo político interno o en alguna malvada potencia exterior que se lo pasan todo el tiempo conspirando.

Entre nosotros, la multitudinaria manifestación del 18F expresó, por enésima vez, el reclamo de buena parte del pueblo argentino para que desde el Gobierno se abandonen actitudes permanentemente confrontativas, con el esquema de amigo/enemigo como única manera de abordar las inevitables diferencias de intereses entre los ciudadanos. La respuesta oficial,  reiterando explícitamente el “ellos” versus “nosotros,” despejó toda duda.

Aunque el tema exclusivo de la convocatoria era el merecido homenaje al fiscal Nisman, antes y después resultó evidente que existe en nuestra población un nutrido inventario de reclamos por una vida institucional republicana, no más una populista.

Entre ellos, el tema internacional no podía estar ausente y, en estos momentos, lo que se destaca en ese ámbito es el memorándum con Irán, cuya cancelación es fuertemente reclamada por un porcentaje abrumador de nuestra población.

Ese acuerdo con  Ahmadinejad nunca prosperó, la segunda instancia de nuestra Justicia ya lo ha declarado inconstitucional y prácticamente la entera sociedad argentina coincide con la Cristina Kirchner que en 2011, nada menos que desde el atril de las Naciones Unidas, acertadamente denunció, con justa indignación, al régimen de Teherán por no cumplir lo pactado.

Es previsible que ese lamentable Memorándum termine por nunca levantar vuelo, pero debemos tener mucho cuidado en suponer que, una vez suprimido, habremos terminado con una política equivocada.

Porque el acuerdo con Irán no es un error aislado. Forma parte de un rosario de  incongruencias sumamente dañosas para la Argentina y su futuro.

Explicaciones asombrosas, como la propia Presidente acusando públicamente a la CIA como responsable por el affaire Antonini-Wilson o el mismísimo canciller violentando personalmente con alicates a baúles en el interior de un avión militar oficial de los Estados Unidos, constituyeron mensajes altamente simbólicos: afuera hay un peligroso enemigo que nos acecha con propósitos malignos.

Si la opinión publica descartó esas acciones como anécdotas más o menos desafortunadas que se agotaron en sí mismas, debiéramos entender que se trata de manifestaciones de una concepción estructural, no casuales, de nuestra relación con el mundo, una especie de antimperialismo adolescente, mas propio de una asamblea de la FUBA de los setenta que a la política exterior de una verdadera Cancillería. El sábado 21, nada menos que José Mujica, sesentista de ley si los hay, hablando oficialmente como presidente del Uruguay, acuso al gobierno argentino de encontrarse, hoy, “retrotraído a una visión de 1960″

Hace algunos meses, la propia señora de Kirchner advirtió, públicamente, que si algo le pasaba, debíamos “mirar hacia el Norte.” Se trató de una acusación gravísima, no ya a un gobierno sino a un entero país extranjero, que solo nuestra narcosis de ideologismo y amateurismo diplomático dejó pasar sin alarmarnos.

No debimos hacerlo, porque escaso tiempo después, el canciller Timerman hizo públicas sendas misivas a las cancillerías de Estados Unidos e Israel (no a la de Irán, por cierto, a cuyo accionar  Nisman acusaba por la AMIA) para que se abstengan de incluir a nuestro país en el juego de maniobras propias de Medio Oriente, con las que no tenemos nada que ver, al mismo tiempo que reclama que el caso de la AMIA se introduzca en la agenda de negociaciones que las grandes potencias mantienen con Irán…propias del Medio Oriente. El alegato podría resultar no del todo contradictorio, si no fuera porque, en el mismo texto, el señor Timerman invocara expresamente el caso AMIA sin excluir, asombrosamente, a la muerte del fiscal de las sospechas por las maniobras extranjeras que allí denuncia.

Si algún acontecimiento local generó especulaciones de todo tipo, ese fue el de la muerte de Nisman, pero a nadie representativo se le había ocurrido –excepto a nuestro canciller- que se podría apelar, una vez más, al infantil sonsonete de que las cosas que pasan entre nosotros – y nuestro Gobierno no puede explicar- bien podrían provenir del accionar externo de pertinaces enemigos: “El pueblo argentino no tiene que tolerar, y mucho menos sufrir, que su país sea un teatro de operaciones políticas, de inteligencia, o peor aún, de hechos y acciones más graves, por conflictos que le son completamente ajenos…”

Sería un error atribuir los dislates antes enumerados a un problema de carácter personal o de simple impericia profesional. Se trata, en verdad, de una profunda conexión entre la política interna y la externa. Somos afuera lo que somos adentro.

No resulta desvinculado que, al mismo tiempo que aumenta los enfrentamientos en lo interno, el gobierno debilite nuestras alianzas tradicionales con la región, para tejer acercamientos “estratégicos” inexplicables (Libia, Chávez, Noriega, Putin, Correa,) con regímenes que se caracterizan por un autoritarismo completamente contrario a nuestras creencias democráticas. La presidente argentina no solo voló a Libia sino que comparó positivamente a los regímenes en ambos países, incluyendo la trayectoria personal de los dos mandatarios, siendo Gadafi alguien formalmente denunciado por el Tribunal Penal Internacional por graves y reiteradas violaciones a los derechos humanos.

El mismo Gobierno que describe al 18F como preparativos destituyentes califica como maquinaciones imperialistas a cualquier acontecimiento que lo perjudique, incluyendo aquellos que se originan exclusivamente en su propia turpitud. Sin enemigos poderosísimos, ¿a quién echarle todas las culpas cuando la realidad nos deja en evidencia?

Una sociedad cuya mayoría tiende cada día mas a resignarse a nunca ver esclarecido el crimen de la AMIA y corre el peligro de comenzar a naturalizar el mismo final para la muerte de Nisman, necesita cambios más profundos que el de solamente reemplazar a un gobierno por otro.

Otro eslabón luctuoso de la tragedia argentina

El mundo, igual que todos los argentinos, esperaba -y seguirá esperando, ya como un exigente reclamo- tomar conocimiento público de las denuncias del fiscal Nisman. Nisman ya no está, pero la clave sigue siendo que no desaparezcan las trescientas grabaciones cuya existencia denunció.

Si no aparecen, la opinión pública mundial terminará confirmando la sospecha más generalizada que hay sobre nosotros prácticamente en todo el planeta: llevamos una década degradando la maravillosa promesa de democracia nacida en 1983, en dirección a un régimen donde muertes como esta pasen a tomarse como plausibles.

En tal sentido, el sector de donde aparentemente se originaron las grabaciones, el que corresponde a una de las tantas internas salvajes del Gobierno, en este caso la interna de Inteligencia, que es el sector del señor Stiusso, hace unos meses sufrió otra baja violenta, con la muerte a balazos, en el baño de su propia casa, del “Lauchón” Viale, operador muy cercano de Stiusso, a manos de una partida del grupo policial Halcón. En Argentina, la violencia ya ha dejado de ser una hipótesis para convertirse en algo real, cuasi cotidiano, donde alrededor de la AMIA se siguen produciendo muertes.

Atentados como los de AMIA (Lockerbie, Torres Gemelas, subterráneos en Londres, Atocha en España, recientemente Charlie Hebdo en París) fueron debidamente resueltos, en varios casos en cuestión de días. Al revés, entre nosotros, el mundo lleva veinte años observando cómo no solo no avanzamos casi nada en la investigación sino que, además, las denuncias de Nisman pusieron en evidencia que la investigación, que debiera ser exclusivamente judicial, se encontraba repugnantemente penetrada por intervenciones absolutamente inaceptables del Poder Ejecutivo, de tanta toxicidad que la convirtieron en otro ámbito, otro más, de pujas internas entre sectores del Gobierno, con funcionarios de inteligencia enfrentados con sus superiores institucionales y con tal grado de profundidad que desemboca directamente en muertes violentas de algunos protagonistas, hasta ahora todos opuestos al oficialismo.

Hace años que el prestigio de la Argentina como un país con respeto a la ley y las instituciones viene degradándose de manera vergonzosa. La muerte de Nisman suma otro luctuoso eslabón a ese desprestigio, que se agravará todavía más si las grabaciones no aparecen y, sobre todo, si la opinión pública no reacciona de manera suficiente, como ya hizo en el caso del fiscal Campagnoli, a quien esa misma opinión pública seguramente confiaría la investigación de la muerte de Nisman y vería con buenos ojos que él, o alguien como él, lo reemplazara en la investigación de la causa AMIA.

Reincidir en el enfrentamiento con Uruguay es un error

Reincidir en el enfrentamiento con Uruguay por la Pastera UPM (ex Botnia) constituye un gran error para los intereses nacionales argentinos.

En 2006, con su permanente gimnasia de construir poder a través del choque, el entonces presidente Nestor Kirchner, fiel a su preferencia por las audiencias cautivas, convocó a diecinueve gobernadores en el corsódromo de Gualeguaychú y se envolvió en la bandera, convirtiendo a un diferendo localizado en una “causa nacional” generalizada (sic), como si se tratara de las mismísimas Malvinas. Y ya se sabe, cualquiera que pretenda siquiera tocar a una causa nacional se convierte, automáticamente, en un traidor a la Patria. Y a la Argentina, en presa indefensa de algún malvado extranjero.

No habiendo en el mundo una relación de identidades comparable a la de argentinos y uruguayos, la malvinización de este conflicto, con la dimensión que le otorga la exacerbación de una disputa solamente ambiental con quienes siempre hemos considerado como hermanos, configura una verdadera cruzada contra nosotros mismos, un conflicto esencialmente intestino, involucrando a los desprevenidos uruguayos en la inmisericorde confirmación de que, para determinadas formas de entender la política, para un argentino no hay nada peor que otro rioplatense.

Consecuentemente, cortamos los puentes (consumando la primera exportación del piqueterismo como herramienta de política exterior), congelamos la relación, acudimos a la justicia internacional y no obtuvimos nada. Los uruguayos, en cambio, obtuvieron una pastera. La Corte Internacional de Justicia de La Haya no mandó demoler el edificio ni cesar su actividad; apenas recomendó a ambas partes lo que desde el primer momento muchos aconsejamos: conformar un mecanismo binacional de técnicos neutrales que controlen la eventual polución inaceptable de las aguas. Pero hoy tenemos una diplomacia tan mal manejada que, cuatro años después, ni siquiera eso conseguimos todavía implementar con los uruguayos.

Es lo que hace pocas décadas sucedió con Itaipú. Cuando Brasil anunció su construcción, el gobierno argentino de entonces lo vivió como un ataque a la seguridad de la Patria, puso en crisis la relación y apelamos directamente a las Naciones Unidas.

Para cuando estas, tiempo después, tibiamente manifestaron que Argentina debiera, al menos, haber sido consultada, Itaipú ya estaba camino a terminarse. Nos quedamos con la razón pero los brasileños se quedaron con su represa. Como pasa desde siempre en Malvinas y como pasó en 2010 con el fallo sobre esta misma pastera. “Vieron que teníamos razón” fue la frase de nuestra ya entonces Presidenta, como todo resultado práctico que pudimos obtener, mientras, en cambio, el Uruguay podía exhibir el éxito de la mayor inversión extranjera directa de toda su existencia. Hacer política requiere ir siempre delante, no detrás de los acontecimientos.

Se sabe: quien no aprende de la Historia está condenado a repetirla. Proceder como hace nuestro gobierno supone, además, permitir que el árbol nos tape el bosque. Esta pastera Botnia-UPM no es más que la punta del iceberg: Brasil y Paraguay planean aumentar sus respectivas producciones y la propia Uruguay se apresta a instalar no una sino dos más. Enfocarnos en esta sola pastera supone ignorar el horizonte que se nos viene encima, la política de los parches tiene patas demasiado cortas. No en vano fue aquí que se acuñó la expresión de “máquina de impedir” como un sistema que, en nombre de consignas progresistas, consolida permanentemente a las causas estructurales de nuestro retraso.

Ahora parece que vamos a ser campeones morales otra vez. Sin embargo, otro camino era posible, y su ejemplo siempre estuvo allí, a la vista. En finales de los setenta y en los ochenta y noventa enfrentamos una crisis semejante, pero mucho más grave, por el aprovechamiento unilateral de la energía hidroeléctrica. Conseguimos entendernos con Paraguay en Yacyretá, Garabí y Apipé, y con Uruguay en Salto Grande, erigiendo obras y represas binacionales que resultaron un enorme éxito energético y de política exterior acordada, porque en el mundo de hoy el poder es de naturaleza inevitablemente asociativa.

Se lo construye a través de la cooperación, no de las victorias. Frente a un vecino como el Uruguay no existe una política más reaccionaria que la de ver a un gobierno supuestamente moderno implementando relaciones regionales de suma cero, a partir de la derrota del otro. Desde Hobbes ya se sabe: el vamos por todo es un lema de depredadores, no de constructores.

Ese ejemplo pudo seguirse perfectamente en el caso de las pasteras. Generar en el Mercosur una explotación del recurso en común, o al menos coordinadamente, superando al conflicto por arriba, por la cooperación y no la disputa, para solucionar choques intestinos y, de paso, conformar un bloque de oferta de pasta de papel de primera importancia mundial. Pero no se hizo, probablemente porque tal solución adolece de una falla intolerable: sería reconocer que, en el pasado, hubo gobiernos que hicieron alguna cosa bien. Y, como sabemos, para nuestros actuales gobernantes eso resulta ontológicamente imposible.

Pero conviene tenerlo presente, porque algún día Argentina volverá a ser un país respetado, creíble para el mundo y nuestros vecinos, tractor y no vagón de cola en los procesos que transformen al planeta en un lugar mejor y más justo donde vivir, liberado ya de los delirios de las sedicentes progresías que, en nombre de la revolución, nos condenan al atraso.

Estadistas, no meros politicos

El 2 de Abril nos sumerge, necesariamente, en la evocación de quienes dieron su vida en defensa de los intereses nacionales en Malvinas. Es bueno que así sea, ya que el debido recuerdo es la mínima de nuestras obligaciones para con ellos. Pero ¿se agotan nuestros deberes en la recordación piadosa y las arengas de circunstancias? ¿No merece su memoria un compromiso mayor de nuestra parte?

Después de 1982, la recuperación de las Malvinas se tornó aún más difícil, hundiendo a la opinión pública argentina en una suerte de paralizante sopor peligrosamente cercano a la resignación. En ese clima, toda intención de honrar esa memoria aparece anestesiada, como todavía más lejana, más probable de quedarse en las buenas intenciones.

El argentino medio ya ha entendido que la solución no solo será trabajosa sino muy, muy larga, y se encuentra sabiamente preparado para entender que ya nadie puede prometerle la recuperación de las Islas en cuatro años, tampoco en ocho, ni en dieciséis, ni en bastante más. Sensata comprobación que lo lleva a la certeza de que eso no ocurrirá si no hacemos, al menos, dos cosas.

La primera, crecer como Estado en la región y en el mundo. Volver a estar entre los diez PBI per cápita más altos del planeta y reconstruir una red de alianzas que Gran Bretaña no pueda seguir ignorando. Si hoy tuviéramos el PBI y el peso de Brasil en el mundo, este conflicto estaría muy probablemente solucionado.

Y la segunda, generar internamente una política de estado sobre Malvinas que perdure en el tiempo y no se cambie aunque cambien los gobiernos.

Nuestros dirigentes debieran convocar a sus expertos, estudiar las diversas posibilidades y abrir un debate sin exclusiones para poder construir acuerdos básicos que la opinión pública vaya legitimando como una política de Estado. Tal como acaban de hacer los principales partidos políticos mexicanos, nada menos que en medio de la campaña electoral -que es cuando normalmente más se hostilizan- nuestra clase política debiera pronunciar menos arengas patrióticas y acordar que el de Malvinas sea un tema excluido de la lucha partidaria y electoral, para pasar a trabajarse, al mismo tiempo, en la serenidad de los ámbitos académicos y el dinamismo de los debates públicos libres de anteojeras de facción.

La razón más profunda por la que somos un país en grave y ya demasiado larga decadencia radica, precisamente, en nuestra incapacidad para llegar a acuerdos y mantenerlos en el tiempo, como desde hace décadas vienen haciendo, cerca de nosotros, Brasil, Chile o Uruguay. Así nació, por ejemplo, el Mercosur, la política exterior más importante de la Argentina en el siglo XX y no por casualidad hoy moribundo, dado que no somos un país subdesarrollado sino subgobernado.

A nuestros dirigentes no se les pide que ofrenden su vida como hicieron aquellos héroes. Lo que se espera de ellos es mucho menos sacrificado pero que parece costarles un esfuerzo que no están en voluntad de concretar: la postergación de sus debates banderizos en beneficio del interés general.

La solución de Malvinas vendrá dentro de muchos años, cuando volvamos a ser fuertes afuera y unidos adentro. Tendríamos que trabajarlo durante años para que los beneficios recaigan en la siguiente generación, tal vez incluso en otra más. Construir ahora para beneficio de quienes todavía no nacieron fue la conducta de nuestros mayores que generaron la posterior grandeza argentina. Pero para ello se necesita que volvamos a ser gobernados por estadistas.

Tropezamos otra vez con la misma piedra

La discusión acerca de si la pastera uruguaya contamina o no contamina tendrá patas cortas: aunque lleguemos a un acuerdo coyuntural, ¿cuánto tardaríamos en discrepar otra vez? Después de pelearnos más de cuatro años, el Tribunal de la Haya nos recomendó acordar un análisis imparcial por algún laboratorio internacional, y ni en eso nos pusimos de acuerdo. Ahora, cada cancillería dice que la otra miente y deambula con respectivos análisis de parte, no de común acuerdo, que la otra automáticamente desmiente. Y eso que se trata de la siempre tan invocada hermandad rioplatense.

La demanda mundial de pasta de papel crece sin cesar, por lo que la presión al alza de la producción tentará a todos los países sobre la misma cuenca hídrica. Argentina incluida, que cuenta con al menos tres pasteras y numerosas industrias ribereñas muy contaminantes, respecto de las que los uruguayos señalan que no aplicamos los mismos criterios que exigimos en la UPM oriental. Brasil y Paraguay también montaron pasteras y no parece que dejen de hacerlo en el futuro. Y eso no se para con amenazas de acudir otra vez a La Haya.

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¿Un chavismo sin Chávez?

Nadie bien nacido desea la muerte de otro, pero las condiciones objetivas en que se encuentra Hugo Chávez Frías, corroboradas por la información oficial de sus propios funcionarios y el hecho de que el mismo comandante haya señalado a Nicolás Maduro como su eventual sucesor permiten  reflexionar sobre el futuro institucional de Venezuela en el caso de que el actual presidente tuviera que renunciar a su cargo.

La sucesión de los caudillos ha sido siempre un clásico de la historiografía y la ciencia política desde mucho antes de Julio César, y su expresión más redondeada pertenece al vaticinio que Alejandro Magno habría dado en su lecho de muerte: “El más fuerte de mis generales”.

La fórmula no ha variado mucho veintitrés siglos después. El repaso de la sucesión de los hombres providenciales de los últimos, digamos, mil años se continúa rigiendo por esa lógica de hierro.

En la era moderna, las que podrían visualizarse como excepciones, por ejemplo en la Rusia poscomunista o en la China luego de Mao, en realidad encubren la existencia de nomenclaturas o partidos aún más poderosos que sus hombres fuertes. Saludable mecanismo -que en el Occidente desarrollado se replica en el sistema constitucional o las instituciones, como cuando dos Kennedy resultaron asesinados o Winston Churchill, el caudillo largamente más popular en Inglaterra, perdió las primeras elecciones luego de la segunda guerra- que permite procesar la desaparición de un dirigente irreemplazable sin derivar hacia el caos y la anomia.

A su manera, Perón lo anticipó al advertir que solo la organización vence al tiempo, pero lamentablemente toda América latina ha sido siempre muy vulnerable a los terremotos institucionales que suceden a las muertes de dirigentes aparentemente imprescindibles.

En España, el mismísimo caudillo que gobernaba omnímodamente respaldado nada menos que por la Gracia de Dios, pasó a ser sucedido por los acuerdos de la Moncloa, desde entonces modelo universal de concordancia entre diferentes.

La Venezuela bolivariana no aparece como una excepción. Su sistema institucional es tan débil, que siendo Maduro el vicepresidente y, por ello, legal sucesor de Chávez, éste tuvo que hacer un pronunciamiento expreso, designándolo a dedo, un título seguramente más fuerte que el solamente constitucional.

Y cuando la legitimidad desaparece o es demasiado débil, las sociedades retroceden hacia el último bastión de gobernabilidad: la nuda fuerza. Y la fuerza siempre son los hombres de armas, por lo común el Ejército, en cristalino corolario de lo que podríamos llamar la Ley de Alejandro.

Se encuentra en curso un experimento político de enorme interés: la sucesión en Cuba. Mientras viva Fidel, su hermano Raúl podrá gobernar sin  mayores sobresaltos, pero la verdad será recién conocida cuando la sombra del gigante no lo ampare más.

De hecho, Chávez ha venido desde hace años conformando una suerte de burguesía militar que maneja no solo sus resortes específicos sino negocios, empresas y emprendimientos tradicionalmente civiles, hoy a cargo de militares en actividad o retirados [1]. Ese poco conocido entramado debe ser hoy el más poderoso circuito de autoridad después de la figura del actual presidente.

La eventual continuidad de Maduro -o de quien fuere- dependerá, entonces, del respaldo que obtenga de esa especie de boliburguesía, ciertamente más poderosa que todos los partidos políticos juntos.

Al respecto, aunque alguien como Capriles haya obtenido el cuarenta y cinco por ciento de los votos, siempre estuvo claro que encabezaba una alianza meramente electoral, no programática, y que ni él ni ningún líder opositor hoy visible pueden ofrecer a la gente las garantías de un programa de gobierno que no tenga detrás una coalición fragmentada en cuarenta pedazos.

Importa señalarlo, porque la aparición y subsistencia de gobernantes providenciales se potencia por el estruendoso fracaso de las clases políticas tradicionales, fallando en exhibir suficientes acuerdos de largo plazo que le reporten la confianza del electorado. Basta con leer los diarios.

El bolivarianismo dejará un amargo recuerdo en Venezuela y la región, pero debe recordarse que Chávez y los otros hombres y mujeres iluminados de América latina no surgen por casualidad, representan el castigo que la gente aplica a dirigencias políticas erosionadas por la egolatría personal y la incapacidad de llegar a acuerdos profundos, como sucede en las democracias desarrolladas. Mientras eso no se corrija, no solo el venezolano, sino también muchos otros pueblos cercanos perderán oportunidades históricas.  Eso lo conocemos bien los argentinos.

 


[1] Entre nosotros, ese fenómeno ha sido exhaustivamente informado  por Carolina Barros.