Tres propuestas para reformar la coparticipación

Aritz Recalde

La provincia de Buenos Aires es la más grande del país con sus 307.000 Km2, equivalentes al 8% del territorio nacional. Tiene la mayor población de la Argentina compuesta de 15,6 millones de personas (38% del total). Más de 13 millones de habitantes viven en la región del conurbano Buenos Aires-La Plata y son portadoras de impostergables deudas sociales. El 30,9 % de las exportaciones nacionales son originadas en suelo bonaerense. En el año 2010, el 54% de las exportaciones de origen industrial del país eran de la provincia. Pese a ser la más rica, la más grande y la más habitada de las provincias argentinas, para abordar sus costos operativos Buenos Aires al año 2008 recogió solamente el 56% de los recursos tributarios propios. ¿Qué ocurre con la coparticipación de ingresos nacional?

Según el artículo 4 de la ley 23.548/88, la provincia de Buenos Aires recibe de manera directa el 19,93 % de recursos fiscales. La provincia recibe otras erogaciones de la Nación (leyes especiales y programas de política pública). Entre ellas, se destacan el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense de 650 millones de pesos al año; los recursos del Fondo Federal Solidario resultantes de las retenciones a la soja; los recursos del ministerio de Desarrollo Social; de la seguridad social y el ANSES como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o los fondos de los planes PROCREAR; los recursos de las 18 universidades nacionales radicadas en la provincia; los fondos recibidos por la Ley de Financiamiento Educativo (26075/06), el incentivo docente o aquellos provenientes del plan de construcción de escuelas. Además deben mencionarse aquellos provenientes de los Aportes del Tesoro Nacional (artículo 5 de la ley 23.548/88).

Como complemento, deben tenerse en cuenta la renegociación de las deudas de la provincia con la Nación impulsadas desde 2003; los subsidios al combustible y a otras áreas económicas fundamentales como es el caso de la electricidad, el gas o el ferrocarril; las obras de infraestructura nacionales como son las viviendas, rutas, puentes, cloacas, puertos, hospitales, etc. y el personal de seguridad y de otras carteras del Estado nacional ubicados en la provincia (gendarmería, Argentina Trabaja, área de cultura, TV digital, etc.).

¿Qué ocurre con la coparticipación municipal? La Ley 10.559/95 estableció que las municipalidades recibirán el 16,14% de ingresos que percibe la provincia en concepto de impuestos. El decreto – Ley 6769/58, “Ley Orgánica de las Municipalidades”- fijó las potestades tributarias delegadas. De manera similar a la relación Nación y Provincia, para abordar sus costos operativos al año 2008 las municipalidades recaudaban solamente el 34% de los ingresos que necesita para saldar sus cuentas.Las municipalidades también reciben fondos directamente del gobierno nacional y las transferencias a los municipios crecieron un 240% entre 2002 y 2009.

Frente a este escenario, presento tres alternativas con respecto al debate del financiamiento público:

PROPUESTA 1: EL AUTONOMISMO MUNICIPAL. Una de las maneras de abordar las dificultades de gestión y financieras es planteando la transferencia de funciones y de recursos a las municipalidades. Con este objetivo, en el año 1988 Antonio Cafiero impulsó una reforma de la constitución provincial y propuso ampliar la autonomía municipal. En los aspectos económicos, planteó aumentar la coparticiparon municipal al 20%, mientras que en paralelo descentralizó la recaudación tributaria provincial.

PROPUESTA 2: EL AUTONOMISMO BONAERENSE. En términos financieros impulsa dos reivindicaciones: modificar la Ley de Coparticipación recuperando los 8 puntos entregados por la UCR en la gestión de Alejandro Armendáriz; y descartar el tope de los recursos del Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense.

PROPUESTA 3: EL NACIONALISMO POPULAR. Para estos dirigentes y académicos, el primer paso para encarar el debate tiene que ver con organizar el proyecto nacional. El Estado central tiene que tener capacidad de gestión y de decisión en las provincias y en los municipios y se deben recuperar los recursos manejados por actores oligopólicos o extranjeros, que no contribuyan al desarrollo regional y nacional. Para hacer realidad la propuesta, es necesario impulsar una reforma fiscal de contenido nacional, federal y popular. Con dicho objetivo, el economista Ernesto Mattos propone profundizar la reforma fiscal bonaerense y en particular, considera que deben aumentarse el Impuesto Inmobiliario Rural y actualizarse las valuaciones fiscales de los inmuebles de los sectores de altos ingresos.