Por: Carlos Arbia
La modificación en la forma de subsidiar la compra de la llamada garrafa social por parte del Estado provocó una suba del 500 % en el precio de las garrafas. Hasta el 31 de marzo pasado, con el “Plan Garrafa para Todos”, la llamada “garrafa social”, por el que el Estado subsidiaba a los productores, el precio de una garrafa de 10 kg era de 16 pesos. En tanto con el “Plan Hogar” que funciona desde el 1° de abril, y en el que el Estado subsidia directamente al consumidor, el valor de la garrafa autorizado por el gobierno llega a los 97 pesos de los cuales el Estado subsidia a través de la Ansés 77 pesos a 1.500.000 personas de los 4 millones de personas que consumen garrafas en la Argentina.
Si bien esta semana los ministros Axel Kicillof y Julio De Vido negaron diferencias con respecto a la aplicación del Plan Hogar en una conferencia de prensa, lo cierto es que los problemas persisten en cuanto al valor de los precios que en algunas provincias como Santa Fe y Entre Ríos llegan a superar los 120 pesos y además hay desabastecimiento. Kicillof y De Vido no explicaron por qué, a sólo tres semanas de anunciarlo, el gobierno modificó el “Plan Hogar”. Las quejas en el interior del país y la suba en los precios de las garrafas los llevaron a modificar el plan y aplicar un fuerte aumento en los subsidios a las garrafas hogares de la Patagonia en provincias como Santa Cruz, Río Negro y Tierra del Fuego.
La sorpresa para Todas y Todos es que este jueves en el Boletín Oficial se publicó la Resolución 102/2015 en la que se flexibiliza el “Plan Hogar” anunciado por el gobierno, por lo tanto el total de los subsidios que gastará el Estado de unos 2500 millones de pesos podría aumentar de acuerdo a la opinión de los especialistas. Esto se debe a que antes de esta resolución los beneficiarios del “Plan Hogar” debían tener ingresos totales inferiores a los dos salarios mínimos y a tres en el caso de que hubiera algún integrante reconocido oficialmente como discapacitado. En cambio ahora en la Patagonia, en provincias como Santa Cruz, Río Negro y Tierra del Fuego, el beneficio alcanzará a familias que no lleguen a los 2,80 salarios mínimos y hasta 4,2 si hay algún discapacitado por lo tanto los subsidios pagados por el Estado aumentarán. En el plan original se previó entregar compensaciones por hasta un máximo del equivalente a 24 garrafas por año, según el reglamento aprobado por la Resolución 49/2015 del 1º del actual firmada por la secretaria de Energía, Mariana Matranga, pero ahora se pueden llegar a entregar hasta 32 garrafas por año. Las recientes modificaciones implican que los consumidores de esas provincias recibirían un subsidio directo de unos 1.800 pesos por año. En cambio ahora podrán recibir un subsidio de 30.000. Esto implica una suba del 1500 por ciento.
El gobierno garantiza la carga de la garrafa o el recambio de una por otra ya que una garrafa de 10 kilos llena llega a valer entre 700 y 800 pesos de acuerdo a los valores de mercado. Por el Plan Hogar, los beneficiarios son las perronas que no cuenten con acceso a gas de red y que perciban hasta dos salarios mínimos y hasta tres salarios mínimos para las viviendas en las que resida un familiar discapacitado o que se ubiquen en viviendas de uso social y comunitario, pero el cambio en la forma de otorgar el subsidio le ha generado un problema al gobierno. En particular porque el 60 % del mercado de garrafas esta en poder la empresa estatal YPF GAS que el gobierno le expropió a la española Repsol.
Lo que está claro es que, más allá de que subsidiar desde la oferta pagándoles a los productores como lo hizo con el plan “Garrafa Para Todos¨ o como lo hace ahora subsidiando desde la demanda a los compradores con el “Plan Hogar”, el gobierno demuestra que los subsidios no son efectivos a la hora de defender los que más le interesa al usuario, que es el precio de ese bien que tarde o temprano aumenta, como ocurrió ahora con el precio de la llamada garrafa social que afecta a los habitantes de bajos recursos .Tanto aplicado a la oferta como a la demanda, el subsidio estatal no resulta eficaz y redunda a la larga en un aumento de precios y en más inflación.