Kicillof, ideólogo de otro peligroso proyecto antiempresa

Carlos Arbia

El proyecto de ley de creación de la Agencia Nacional de Participaciones en Estatales en Empresas (ANPEE), anunciado por la presidenta Cristina Kirchner el jueves pasado en cadena nacional, genera preocupación en el ambiente empresarial, particularmente en los principales operadores del sistema financiero y en los bancos. El objetivo de dicho proyecto, ideado por el ministro de Economía Axel Kicillof, que entrará esta semana al Congreso de la Nación, busca impedir que las próximos gobiernos pueda vender las acciones que están en poder de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES).

En caso de ser aprobado, se declarará de interés público la participación del Estado en las más de 40 empresas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES con una capitalización bursátil de unos 61.000 millones de pesos sobre un total de $540.000 millones que tiene el fondo. Pero también de otras empresas en donde el Estado tiene participación. El proyecto de ley excluye de los alcances de la norma a YPF e YPF GAS y aclara que las mismas se regirán por la Ley de Soberanía Hidrocarburífera. Esta agencia estará integrada por un directorio de cuatro miembros, elegidos cada cuatro años, en línea con los mandatos presidenciales y el presidente será el director ejecutivo de la ANSES que es elegido por el Poder Ejecutivo.

Si la ley fuese aprobada, hay que destacar que podria provocar una fuerte caída de la inversión privada, que se traduciría en una  baja del nivel de actividad económica y concecuentemente en la generacion de empleo. El proyecto genera varios inconvenientes queremos destacar. Primero, le restará liquidez a las acciones de las empresas que forman parte del FGS que cotizan en la Bolsa de Comerciro de Bs. As. y tambien los ADR de Nueva York, ya que frente a la posibilidad tener de socio a un accionista que no quiere vender -eso es lo que en definitiva busca el proyecto-, el valor de esa empresa en el mercado bursátil es probable que caiga ya que el valor de una empresa no solo se da por sus ganancias sino también por su liquidez. Al tener de socio a un Estado que depende de una decisión del Congreso para vender, le resta margen de maniobra al resto de los accionistas de la empresa en caso de querer venderla o recapitalizarla.

En segundo lugar, se reduce el retorno sobre los activos de la empresa, porque las ganancias operativas que pueden generar los activos de la empresa dependerán de un socio como el Estado que tiene directores nombrados por él mismo que pueden manejar la política comercial de la empresa.

Finalmente, sube la tasa de descuento por dos vías, por el daño institucional que produce un gobierno que aumenta el riesgo o pais y aumenta el riesgo de la empresa porque su funcionamiento se puede asimilar al de una empresa pública  como los casos de YPF o Aerolineas Argentinas o las viejas empresas del Estado de antes de las privatizaciones. Por lo tanto se podría reducir la capacidad de creación de valor de las empresas y se derrumbará la inversión privada y esto significará un menor stock de capital per cápita y menores salarios reales

El proyecto de ley aclara que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) seguirá como dueño de las acciones, cobrará los dividendos que le correspondan, y seguriá designado los directores en representación del Estado en las compañías que irán a las  asambleas de accionistas de las empresas en las cuales la ANSES tiene participación. Pero para vender alguna de esas acciones deberá contar con dos tercios de los votos del Congreso. Esta es la misma proporción que se necesita para reformar la Constitución Nacional y además se  traslada el poder de decisión desde el Ejecutivo al Legislativo.

Esto implica que los derechos políticos de las acciones que estaban en la Direccion de Empresas, que depende de la Secretaría de Competitividad del ministerio de Economía, se trasladarán a la nueva agencia. “Se crea una agencia para definir las políticas que los directores estatales pretenden de las empresas, que las obliguen a inviertir mas, que repartan dividendos, y que hagan una supervisión general de las empresas”, dijo Axel Kicillof este fin de semana. El futuro luce ominoso -y la Argentina, poco rentable.