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Alfonso Prat-Gay, el superministro gradualista que deslumbra a los empresarios

Por más que no les guste a algunos ministros del Gobierno de Cambiemos, el de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, se ha consolidado como el más exitoso del gabinete de Mauricio Macri y el preferido de los empresarios en estos primeros cuatro meses. En su entorno se comenta: “Con la reciente operación de colocación de deuda, con ofrecimientos mayores a los 68 mil millones, de los que se tomaron 16.500 millones de dólares a tasas promedio del 7,5%, mató tres pájaros de un tiro y también hirió a algún pajarón que no confiaba en él”.

La salida definitiva del default del 2001, el abandono del default del 2014 que dejó Axel Kicillof y los siete mil millones de dólares adicionales que se consiguieron para el programa financiero del 2016 son los tres tiros que menciona el ministro, quien en los últimos diez días ha comenzado a eclipsar a algunos ministros del gabinete económico que conforman Rogelio Frigerio, Francisco Cabrera, Juan José Aranguren y Guillermo Dietrich.

Prat-Gay consiguió en sólo cuatro meses unificar el mercado cambiario, eliminar el cepo, obtener unos 16.500 millones dólares en el mercado internacional de capitales para pagar a los holdouts y sacar a la Argentina definitivamente del default. Es un logro que ningún ministro en la historia había conseguido. En las principales reuniones de empresarios, estos señalan una gran diferencia con la tarea de otros ministros y su imagen de gradualismo. “Prat-Gay sólo ha dado buenas noticias a la sociedad, mientras que otros fueron encargados de anunciar despidos en la administración pública, aumentos de las tarifas de luz y gas y de los boletos del transporte público”, comentan muchos de ellos. Continuar leyendo →

El Día D que esperan los mercados financieros

Los mercados financieros están atentos a lo que pase el próximo miércoles 13 de abril. Ese día, la Cámara de Apelaciones de Nueva York comenzará a analizar si levanta definitivamente las cautelares para abrir el camino para que Argentina lance, entre el 18 y el 24 de abril, la mayor emisión de bonos soberanos de la historia financiera mundial por unos 12.500 millones de dólares para pagarles a los holdouts y salir del default definitivamente. El único impedimento podría ser que los holdouts no acepten el pago después del 14 de abril, que es la fecha fijada en el acuerdo del 29 de febrero pasado.

Obra de la casualidad, tal vez, ese mismo día la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner deberá presentarse en los tribunales de Comodoro Py frente al juez federal Claudio Bonadio, que pretende imputarla por asociación ilícita y administración fraudulenta en las ventas de dólar futuro que hasta ahora le han hecho perder unos setenta mil millones de pesos al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y podrían llegar a los cien mil pesos en junio. Continuar leyendo →

Expectativas con los Estados Unidos y preocupación por Brasil

Los resultados que genere la nueva relación política comercial y financiera con los Estados Unidos luego de la visita del presidente Barack Obama, junto con el incierto futuro político y económico de Brasil marcarán el ritmo por el que transitará la política económica local hasta fin de año. Pasados los primeros cien días del Gobierno de Mauricio Macri, la salida del cepo cambiario, la eliminación de las trabas comerciales, la fuerte fuga de capitales y la maxidevaluación del peso son pasado. La inflación, el desempleo, el déficit fiscal y el financiamiento externo, fantasmas del futuro.

La llegada de Obama el miércoles marca, entre otras cosas, el apoyo a la reinserción financiera y comercial de Argentina en el mundo. El punto de partida es cerrar el acuerdo con los holdouts, donde se observa un gran respaldo del Gobierno de los Estados Unidos. La mayoría de los fondos de inversión que le ganaron los juicios a la Argentina o tenían demandas pendientes son norteamericanos. Si es exitosa la colocación de unos 12.500 millones de dólares en bonos en el mercado internacional, que se utilizarán para pagar a los holdouts, los Estados Unidos se transformarán en un prestamista de última instancia y acelerarán los créditos de organismos financieros internacionales. El reciente anuncio de préstamos del Banco Mundial por más de cinco mil millones de dólares va en esa dirección. Continuar leyendo →

Los dos errores económicos que debe pagar el kirchnerismo en el Congreso

Esta semana el Gobierno enviará al Congreso —la iniciativa entraría por la Cámara de Diputados— el proyecto de ley para derogar la ley cerrojo y la ley de pago soberano para poder acordar con los bonistas que no entraron a los canjes de 2005 y 2010. La derogación de estas dos leyes es fundamental para salir de un problema que Argentina arrastra desde que cerró el canje II, en septiembre de 2010.

Considerando los acuerdos que ha logrado el Ministerio de Hacienda y Finanzas con gran parte de los acreedores que no entraron a los canjes, el Gobierno necesita la derogación de esas dos leyes para reestructurar definitivamente la deuda en default originada desde el 2001 y que le ha traído grandes problemas a la Argentina, como los que detalló el presidente Mauricio Macri en su discurso para abrir las sesiones del Congreso de la Nación.

La ley cerrojo, aprobada en febrero de 2005, impide que el Estado argentino les ofrezca a los acreedores que no entraron en los canjes de 2005 y 2010 mejores condiciones que a los tenedores de bonos que habían aceptado la reestructuración de deuda. Establece además que el Poder Ejecutivo no podrá reabrir el proceso de canje de bonos después del 25 de febrero de 2005 ni efectuar cualquier tipo de transacción judicial, extrajudicial o privada respecto de esos bonos, y aquellos papeles que no se hayan canjeado hasta ese día serán retirados de todas las bolsas y los mercados de valores en los que estuvieran cotizando. Con esta ley, el Poder Ejecutivo se reservó también la potestad para negociar la deuda en razón de la delegación de facultades cedida por el Congreso de la Nación.

Lo curioso es que fue suspendida en octubre de 2010, cuando el ministro de Economía, Amado Boudou, logró la aprobación de un proyecto de ley enviado al Congreso para suspenderla transitoriamente y lanzar el canje II de la deuda con el que la Argentina llegó a un 93% de aceptación por parte de los bonistas, pero dejó un 7% afuera. Estos bonistas, los holdouts, empezaron a litigar contra la Argentina y lograron ganar un juicio en la Corte de Nueva York que condenó al Estado argentino a pagar unos 1.330 millones de dólares por la aplicación de la cláusula pari passu que implica un trato igualitario para los acreedores que no entraron en los canjes I y II.

El gran inconveniente es que, con esta ley, el Estado argentino trabó las reaperturas de canjes de deuda y es la principal culpable de los juicios originados por los holdouts a la Argentina, la mayoría iniciados en la Corte de Nueva York, en el Juzgado del juez Thomas Griesa. En caso de haber quedado abierto el canje II, más bonistas hubieran entrado, pero por orden de la presidente Cristina Fernández de Kirchner el canje se cerró definitivamente en octubre de 2010. Este fue el primer error del kirchnerismo en la reestructuración de la deuda iniciada con el canje I del 2005. Esto provocó que de una deuda no canjeada original de unos seis mil millones de dólares pasara a un valor de unos veinte mil millones de dólares.

No conforme con eso, el kirchnerismo logró, en septiembre de 2014, aprobar en el Congreso la ley de pago soberano, el segundo gran error del kirchnerismo. En particular, porque agravó el problema original. Esta ley autorizó al Gobierno el reemplazo del Bank of New York (BONY) por Nación Fideicomisos para el pago en Buenos Aires de la deuda reestructurada, pero fue un fracaso total. Ese reemplazo fue ideado para evitar una orden del juez Thomas Griesa que le impedía a la Argentina pagar a los bonistas en el exterior. Lo que se logró fue que quedaran depositados en la Argentina en cuentas del Banco Central unos tres mil millones de dólares que no pudieron ser pagados a los bonistas.

El cambio de la sede de pago y la salida del BONY, una idea del ex ministro de Economía, Axel Kicillof, no resolvió el  litigio que Argentina tenía con los holdouts. Muy por el contrario, lo agravó. Provocó que los bonistas que habían entrado a los canjes I y II, que estaban cobrando los intereses y las amortizaciones, los llamados holdin, dejaran de cobrar por no aceptar el cambio en la jurisdicción extranjera que establecía las condiciones de los bonos reestructurados en lugar de la jurisdicción local. Fue una iniciativa innecesaria, porque cambiar la jurisdicción y el banco pagador no resolvió el problema original, que es una sentencia definitiva para pagarles a los bonistas unos 1.300 millones de dólares por la aplicación del pari passu ordenada por el juez de Nueva York en noviembre de 2012. Por lo tanto, para resolver el problema que generó, una ley debe ser derogada por el Congreso de la Nación.

El mejor alumno K de Durán Barba

Esta semana el ministro de Economía Axel Kicillof reconoció luego de mucho tiempo, en su raid de notas periodísticas, que el problema con los holdouts es un problema todavía sin resolver para el Gobierno. El candidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria por primera vez reconoció que algo hay que pagar, pero con una cierta dosis de eufemismo. “Pagar es una trampa y no pagar nada a los holdouts es imposible”, y agregó: “Estamos trabajando en una negociación, que implica una correlación de fuerzas, como pasó con la negociación con  Repsol”.

Por primera vez menciona la palabra ‘holdouts’ para dirigirse a los acreedores en lugar de los fondos buitre como el Gobierno ha llamado siempre en forma despectiva a aquellos acreedores que no entraron en el canje I y II de la deuda. Al parecer el cambio discursivo que Jaime Durán Barba impuso a Mauricio Macri en el PRO ha generado modificaciones en el discurso de Kicillof para ganar votos. Pero quienes seguimos día al día la agenda del ministro como periodistas acreditados en su sala de prensa podemos afirmar que hace bastante tiempo Kicillof se muestra como un muy buen alumno de Durán Barba, que le ha recomendado a los dirigentes del PRO que no digan lo que van a hacer. Kicillof ha seguido esa teoría desde que entró al Palacio de Hacienda el 10 de diciembre de 2011 como viceministro. Continuar leyendo →

Un error de diagnóstico que provocará más inflación

Una de las grandes preguntas que se hace el mercado financiero es cómo hará en el futuro el presidente del BCRA Alejandro Vanoli para emitir entre 100.000 y 120.000 millones de pesos y evitar otra devaluación del peso en caso de que el gobierno no no logre sacar a la economía de la recesión, no reduzca la tasa de inflación ni el déficit fiscal, se mantenga la actual brecha cambiaria entre el dólar oficial y el dólar paralelo y no  haya un arreglo con los holdouts. En recientes reuniones con banqueros Vanoli reiteró que “no debe esperarse una devaluación y que se proyecta un escenario favorable para sostener el nivel de actividad y preservar el nivel de empleo”.

Pero el error de diagnostico del equipo económico que comanda Axel Kicillof, de creer que el aumento de la inflación es producido por un aumento de la demanda de bienes y servicios superior a la oferta de los mismos o culpa de empresarios inescrupulosos que aumentan los precios, le juega en contra. El problema es que la inflación se debe a un fenómeno monetario. Un proceso de emisión de pesos nunca visto desde los 90 a la fecha para financiar el déficit fiscal, agravado ahora por una caída en la demanda de dinero de los agentes económicos que se desprenden de los pesos para comprar bienes o dólares legales, ilegales o los que consiga. Continuar leyendo →

Nueva corrida cambiaria en un ambiente de default

El mercado financiero ha comenzado a descontar que la reciente baja de las tasa de interés del 27 al 26 por ciento fijada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) -que apunta a la renovación de las letras LEBAC y que repercute en una baja del resto de las tasas- no fue una medida tomada por su presidente Juan Carlos Fábrega sino por el ministro de Economía, Axel Kicillof.

Lo grave del caso es que esta baja de un punto se produce en un escenario peor al de mediados de enero pasado, antes de la devaluación del 25 % del peso frente al dólar oficial decidida por Fábrega con el aval de Cristina Fernandez y sin la venia de Kicillof. En ese momento, se pensaba que la Corte Suprema de los EE.UU. tomaría el caso argentino y el pago de la sentencia con los holdouts por unos 1350 millones de dólares se pasaría al 2015. Ahora, en cambio, el mercado teme que hasta se pueda acelerar el pago de los bonos del canje porque la Argentina no pudo hacer el pago a los bonistas que entraron a a los canjes I y II. Un default técnico tampoco estaba en consideración y la activación de la cláusula RUFO y el pago de seguros de default menos. Mientras, la única esperanza para arreglar la situación -un acuerdo entre privados para comprar esa sentencia -se desvanece.

Cabe recordar que, antes de la devaluación de enero, el BCRA emitía dinero a un ritmo diario de unos 500 millones de pesos. En la actualidad, emite aproximadamente unos 1000 millones de pesos por día y con el agravante que se ha producido una importante caída de la demanda de dinero por parte del público, que empieza a desprenderse de la moneda argentina mas rápido que antes. Este es el peor de los mundos en materia de política monetaria: un excesivo aumento de la emisión de pesos y una moneda local cada vez menos en demanda.

La contracara se observará en la política cambiaria. Por lo tanto, es muy probable que el BCRA se vea obligado a devaluar mas rápido el valor del dólar oficial -que está casi en los 8,25 pesos- frente al resto de las variedades de dólar como el contado con liqui, el dólar bolsa o el dólar paralelo. Alcanzando un nuevo máximo histórico, la divisa norteamericana se ubica por encima de la barrera de los 13 pesos en el mercado informal, ya que que los agentes buscan su cobertura frente a un futura devaluación. Si en estas condiciones el BCRA no devalúa el peso, perderá todavía más reservas internacionales, que llegan hoy a los 29,000 millones de dólares. La situación no podría ser peor: faltan dólares (por una menos liquidación de exportaciones con el precio de una soja en baja), el déficit fiscal crece para financiar el gasto público y el de cuenta corriente es el más alto de los últimos años, la suba de la inflación no se detiene y los problemas de conflictividad laboral se acrecientan.

Esta nueva intromisión de Kicillof en la política monetaria del BCRA no hace más que alentar las versiones que indican que en pocos días -y en la medida que la Presidente lo acepte- sería inevitable la renuncia de Fábrega, el llamado “Garante” del sistema financiero. Esta vez, su final parece estar más cerca de lo que muchos creen. Fiel a su estilo, Kicillof ya está preparado para tomar el control del organismo, el único bastión de la economía que todavía no maneja directamente. Si saca a Fábrega, la posibilidad de emitir pesos libremente ya será una realidad.

Tres cláusulas legales condenan a Argentina frente a los holdouts

Las cláusulas legales que forman parte de las condiciones de los títulos de deuda pública emitidos por los gobiernos argentinos en los últimos 50 años se deben señalar como la base del problema por el cual la Argentina debe pagar los 1500 millones de dólares que reclaman los llamados fondos “buitre”.

Se trata de tres cláusulas fueron establecidas por los distintos gobiernos de turno para incentivar a los inversores minoristas e institucionales a la compra de bonos argentinos luego de los default ocurridos desde la crisis de la deuda de América Latina en 1982. Por haber sido una especie de “defaulteador serial”, la Argentina tuvo que colocar esas cláusulas que ahora pueden hacer caer una de las reestructuraciones de deuda “más exitosas del mundo”, en palabras del gobierno.

La primera es la llamada cláusula “Pari Passu”(PP), que figura en la  mayor parte de las emisiones de deuda soberana. Significa “un trato igualitario para aquellos bonistas de un país que entren o no entren a un canje de deuda pública”. Está en la primera página del Prospecto de emisión de los títulos de deuda y establece que ningún bonista que haya participado de un canje puede recibir un pago sin que el resto, que prefirió rechazar la oferta, también lo haga. La Argentina quedó expuesta a esta cláusula al realizar el Canje I, en marzo de 2005, y luego el Canje II, en octubre de 2010, ya que hubo un 93 % de acreedores que entró en esos canjes pero un 7 % restante no lo hizo; son los llamados holdouts y, entre ellos, los Fondos Buitre. De estos últimos, los fondos Elliot, Aurelius, Blue Angel y 13 bonistas ganaron finalmente el juicio a la Argentina con una sentencia favorable de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, a cargo del Juez Thomas Griesa, que obliga a la Argentina a pagar unos 1500 millones de dólares a esos demandantes.

Esta cláusula se empezó a utilizar a partir de 1995, cuando el fondo especulativo Elliott, el que le ganó la demanda a la Argentina, la utilizó en un juicio en el año 2000 contra el gobierno peruano de Alberto Fujimori cuando un tribunal de Bélgica le ordenó a ese país pagar una sentencia por unos USS 60 millones por bonos defaulteados en el Plan Brady comprados por unos 20 millones dólares.

En cuanto a la Argentina, la deuda total por la aplicación de la PP no sólo incluiría los 1500 millones de dólares más intereses, sino que podrían sumarse demandas de otros holdouts que alcanzarían un monto de entre 4000 y 8000 millones de dólares, y no 15000 millones como afirma el ministro Axel Kicillof.

La segunda cláusula es la Right Upon Future Offer, más conocida por sus siglas: RUFO. Significa el derecho a una oferta mejor para los que entraron en los canjes si el gobierno mejora las condiciones propuestas a alguno de los bonistas que no ingresaron en los Canjes I y II. Esto implica que, si el gobierno mejora la oferta al 7 % de los bonistas que no entraron al canje hasta ahora, tiene la obligación de hacer lo mismo con el 93 por ciento de acreedores que sí aceptaron los Canjes  I y II.

Esta cláusula vence el 31 de diciembre de este año. En este caso, desde el gobierno afirman que, si se les paga a estos fondos como lo exige el fallo Griesa, también habrá que pagar unos 150.000 millones que demandarán quienes entraron en los canjes I y II, es decir, el 93 por ciento que aceptó la oferta frente a un minoritario 7 % que no la rechazó.

La cifra de 150.000 millones de dólares, que dio a conocer el ministro Axel Kicillof, suena desmesurada en función de lo que han cobrado los bonistas que aceptaron los canjes. Pero Kicillof sostiene que podrían reclamar una mejora del 1600 %, que es lo que lograron los fondos que demandaron a la Argentina ante el tribunal de Nueva York.

Hasta su vencimiento, el gobierno tampoco puede cambiar la jurisdicción de pago de los bonos, como intentaba hacer y el juez Thomas Griesa se lo prohibió. Esta subordinación de la reestructuración de deuda a la justicia extranjera buscaba darles seguridad jurídica a los inversores. Por lo tanto, si la Argentina quiere cambiar el lugar de jurisdicción de los bonos con legislación extranjera con Nueva York, Europa o Japón, o si no se pagan los vencimientos de los bonos, puede incurrir en una falta y caer en lo que se llama “default técnico”.

La tercera es la “Class Actions” (CCAs) o Acción de Clase. Se trata de una cláusula instrumentada como un símil de escudo que busca minimizar el daño que puede ocasionar el creciente atractivo de la estrategia de los holdouts.  Se la conoce como cláusula de acción colectiva o directamente CACs, y se trata de un artilugio legal que permite imponer a los bonistas que no entran en los canjes -los holdouts- el acuerdo de una mayoría que oscila entre el  66% y el 75%. Pero en este caso lo que complica a la Argentina es el no haber apelado a esta cláusula. Para algunos especialistas, hubiera evitado problemas mayores dado que un 93 % aceptó la reestructuración; pero al no existir esta cláusula los fondos buitre lograron su cometido en la justicia.

Ante una crisis de deuda sin problemas de deuda

El laboratorio de experimentos económicos financieros a los que nos tienen acostumbrados los gobiernos y los ministros de la Economía tal vez no esperaba esta nueva experiencia que enfrenta la Argentina luego de la decisión de la Corte Suprema de los EEUU.  Es que será difícil explicar en los libros de historia económica del futuro cómo un país que canceló toda su deuda con el FMI, que realizó dos canjes para normalizar su deuda pública en default y la redujo espectacularmente, que le pagó puntillosamente a los  acreedores desde el 2006 hasta el presente puede llegar a caer en default. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner está a punto de entrar en “una crisis de la deuda sin problemas de deuda”.

La impericia, la soberbia y la inexperiencia con la que se aborda el problema para pagarle unos 1500 millones de dólares a los holdouts tal vez sean los términos que más se adecúen a esta nueva cruzada “anti-buitre” que encabeza el  ministro Axel Kicillof, quien ha manifestado irresponsablemente a través de un comunicado enviado por el ministerio de Economía que el 30 de junio próximo la Argentina no pagará un vencimiento de deuda por 900 millones de dólares.

Lo más grave del caso es que Kicillof podría trasformase en una de las victimas de esa “crisis de deuda sin problemas de deuda” si el  dólar libre o ilegal se dispara en los próximos días como ocurrió en las tantas crisis cambiarias y financieras que se produjeron en nuestro país. Kicillof debería considerar que la última se produjo en enero pasado y en esa oportunidad el BCRA tuvo que devaluar el dólar oficial un 25%. Como dato, hay que mencionar que las reservas del BCRA desde que llegó Axel Kicillof en noviembre pasado a la titularidad de la cartera de Economía cayeron unos 3000 millones de dólares.

Un nuevo aumento del tipo de cambio junto a una baja en las reservas intencionales del BCRA en Argentina podría ser un golpe letal para un ministro que ha quedado inmovilizado, sin reflejos y sin respuestas, ante al decisión de la Corte Suprema de los EEUU y del levantamiento del stay por parte de la Cámara de Apelaciones del segundo Circuito de Nueva York a cargo del Juez Thomas Griesa. En particular porque una nueva crisis financiera llevará consigo un aumento de los precios que el gobierno esta vez no podrá contener con el programa de Precios Cuidados. Solo basta mencionar que el vienes antes de conocerse la decisión de la Corte de los EEUU el valor del dólar en el mercado libre llegaba a los 11,70 pesos, mientras que en la actualidad supera los 12,50 mostrando un aumento del 7 %.

En caso de defaultear y no mostrar voluntad de pago frente a una sentencia de un tribunal de Nueva York avalada por la Corte Suprema de Justicia de los EEUU, Argentina se expone a perder el reducido financiamiento internacional que tenía para el sector público y también para el sector privado.  Cabe recordar que en el corto plazo la Provincia de Buenos Aries necesita colocar en el mercado internacional unos 500 millones de dólares, la Ciudad de Buenos Aires debe financiar unos 890 millones de dólares y la provincia de Mendoza busca unos 250 millones de dólares en el mercado de externo. Nadie les prestará a gobernadores de un Estado que puede caer en defualt.

El proyecto de YPF para financiar el yacimiento de Vaca Muerta, donde se necesitarían invertir aproximadamente unos 20.000 millones de dólares en los próximos cinco años, quedaría en el olvido. Ningún inversor se atreverá a financiar el crecimiento de una compañía estatizada de un país en cesación de pagos. Este escenario tambien afectará fuertemente a las inversiones en el sector privado.

El ministerio de Economía sostuvo este miércoles por la noche que la suspensión de las medidas cautelares dictadas por el juez de Nueva York Thomas Griesa “impiden” el pago de los cupones de la deuda reestructurada que vencen el 30 de junio próximo en la jurisdicción de Nueva York. Lo llamativo es que el comunicado finaliza indicando que ”Argentina reitera la voluntad de pago a sus acreedores reestructurados”. Esto deja abierta la posibilidad aún de cambiar la jurisdicción, pese al rechazo del juez Griesa y la  posibilidad de declarar el primer default de la deuda sin problemas de deuda, a diferencia de anteriores ocasiones cuando se defaulteaba porque el país no podía pagar su deuda por crisis financieras internacionales
como las del 82 que sacudió a todos los países de la región o la ultima tan recordada de fines del 2001.