Los que quieran tener una versión adelantada de lo que será la Argentina sin Justicia -o, lo que es lo mismo, el país bajo la “Justicia democratizada”- sólo deberían prestar atención a lo que ha ocurrido con el Ministerio Público Fiscal desde que la presidente echó al procurador Esteban Righi (luego de que Amado Bodou lo acusara falsamente de tráfico de influencias en el caso Ciccone [Righi en realidad "renunció", pero a buen entendedor, pocas palabras]) para colocar allí a Alejandra Gils Carbó, luego de que su primer intento de coronar al impresentable de Daniel Reposo fracasara abiertamente por la intríseca ignorancia y brutez que el candidato mostró en las audiencias del Senado.

La señora Gils Carbó, el mismo día que asumió, se puso a “disposición de lo que la presidente necesitara” (esas fueron sus palabras textuales) cuando en realidad el Ministerio Público Fiscal es un órgano independiente y autónomo del Poder Ejecutivo cuya principal misión es defender los intereses de la sociedad frente al Estado y generar la actuación de oficio cuando el patrimonio y los recursos de todos los argentinos estén en peligro.

Desde que está en su puesto, Gils Carbó no ha hecho otra cosa que sobreactuar su genuflexión frente a la presidente. Es más, desde su sillón encabezó un movimiento público para respaldar el avance del poder ejecutivo sobre el Poder Judicial en lo que finalmente anunció la señora de Kirchner hace una semana.

Desde que el programa PPT de Jorge Lanata emitió al aire un informe con muy serias pruebas que involucran al ex presidente Kirchner en maniobras corruptas viabilizadas por su socio Lázaro Báez a través del dinero de la obra pública que el Estado le concedía a la empresa del ex empleado bancario santacruceño, la señora Gils Carbó no ha instruido a ningún fiscal para que tome cartas en el asunto e investigue qué se hizo con ese dinero aspirado de los bolsillos inocentes de los argentinos.

A este momento no se conoce una sola iniciativa del Ministerio Público que pretenda indagar sobre los dichos de los “arrepentidos” que declararon por TV el domingo a la noche.

Uno de ellos, Leonardo Fariña, llegó a mensurar la fortuna de Baez (a quien no dudó en identificar como socio de Néstor Kirchner) en U$S 5000 millones que se encontrarían depositados en efectivo en la bóveda del la ex sucursal del Banco Hipotecario de Río Gallegos que Baez habría hecho trasladar a su estancia cuando el banco cerró esa dependencia.

La denuncia, con abundante documentación, de estos hechos, sin embargo, no ha hecho que Gils Carbó moviera un dedo. Su movimiento quinta columna “Justicia Legitima” sí se cansó de emitir comunicados para respaldar el avance de la presidente sobre la imparcialidad del Poder Judicial, pero de esto no ha dicho ni hecho nada.

En esta realidad se haya resumido el futuro que le espera a los argentinos cuando sus intereses individuales aparezcan en controversia con los del Estado (es decir, de ahora en más, con los caprichos y las ocurrencias de la presidente): ningún juez actuará, como así tampoco actuaron los fiscales dirigidos por la teóricamente “independiente” Gils Carbo en el caso de Baez/Kirchner.

Otro costado de esta cuestión es el ingente esfuerzo del gobierno y de sus medios controlados para que lo que claramente es el caso “Baez/Kirchner” (o “Baezgate”, como prefieran) sea presentado como el caso “Fariña/Rossi” o, peor aún, como una farandulesca versión de Karina Jellinek y de Ileana Calabró que termine discutiéndose en Intrusos, el programa de Jorge Rial.

La verdad es que a veces el destino cruza tragicómicamente lo que el poder jamás hubiera querido que se crucen. Que el estallido del Baezgate se haya producido en la misma semana en que la presidente pomposamente anunció que la Justicia para ser democrática debe fallar siempre en el mismo sentido que se expresa la voluntad de los funcionarios elegidos por la mayoría circunstancial de una elección, es una ironía casi sobrenatural.

Resulta que el mismo poder que se autoatribuye ser la voz inatacable del mismísimo pueblo, frente al que ningún individuo puede retobarse y frente al que ninguna Justicia puede dictar un fallo que lo contradiga, es aquel que desvía fondos que ese mismo pueblo paga trabajosamente a través de sus impuestos para engordar los bolsillos privados de personas privadas que, despojadas de todo su ropaje de poder público, deberían ser iguales que nosotros frente a la ley.

No puede más que seguir resultando paradójico que el gobierno que eleva lo “publico” prácticamente al estadio de la divinidad y condena lo “privado” prácticamente al escarnio de lo inmoral use el resultado dinerario del esfuerzo de millones para enriquecerse privadamente y que luego utilice la misma estructura del poder público para no investigar, para cajonear y para desviar la atención de la causa.

Estamos frente a un momento decisivo de la historia democrática (si es que se le puede dar ese nombre) del país. En muchos otros, por mucho menos, los gobiernos debieron dar una profunda cuenta de lo que hicieron y señalar con nombre y apellido a los culpables.

¿Estará la Argentina a la altura de las circunstancias? ¿O lo que se denunció seriamente en el programa de un “Jorge” (Lanata) terminará diluido banalmente entre plumas de vedettes en el programa de otro “Jorge” (Rial)?