Por: Carlos Mira
Vueltos esta semana los chicos de la provincia de Buenos Aires a las aulas, es hora de que pensemos qué está ocurriendo con la educación. No solo allí, sino en el país entero. Lo primero es reconocer que este gobierno ha llevado el presupuesto educativo a niveles porcentuales del PBI nunca antes vistos: un equivalente al 6.47% de la masa global de producción de bienes y servicios del país se destina a educación. A eso hay que agregarle los presupuestos provinciales que son los que primariamente tienen a su cargo el financiamiento educativo. Se trata de una enorme masa de recursos.
Sin embargo un maestro sin antigüedad gana hoy $ 4700 por cargo (supongamos que tiene 2, son $ 9400), la estructura edilicia y de infraestructura general de las escuelas es muy deficitaria y los alumnos tienen muy malas performances en las pruebas internacionales. ¿Qué estamos haciendo mal? Probablemente todo. Porque a primera vista estamos ante un derroche de recursos que no se traducen ni en maestros bien pagos, ni en excelencia educativa ni en escuelas modernas y bien equipadas.
El porcentaje del PBI destinado a educación (por si no hicieron la cuenta) es de unos 26000 millones de dólares (el 6.47% de unos 400 mil millones de dólares). De ese dinero unos 35.000 millones de pesos quedan en órbita de jurisdicción nacional, el resto es transferido -supuestamente- vía un sistema de transferencias automáticas (y no tan automáticas) a las provincias en concepto de coparticipación federal de impuestos. Este sistema se inventó cuando durante los 90 se provincializaron los servicios educativos y los mismos fueron transferidos por la Nación a las provincias junto con los recursos. La manera que se encontró para transferir los fondos fue la caja de la coparticipación. Algunas provincias, como la de Buenos Aires, por ejemplo, agregaron recursos recaudados de su propio presupuesto.
¿Cómo es posible que 26000 millones de dólares más lo que aportan los fiscos provinciales no alcancen para tener una educación de calidad? Es una enorme millonada. Son más de tres YPFs por año. Aquí hay algo que anda muy mal. Es muy factible que parte del problema se encuentre en el estrambótico sistema de coparticipación. El fárrago de números propagandísticos a los que nos tiene acostumbrados el modelo es muy proclive a llenar nuestra cabeza de estadísticas fantásticas, pero luego es muy difícil seguir su efectivo cumplimiento. En efecto, a partir de cierto punto de la administración Kirchner se empezó a repetir como el nuevo mantra de la hora el famoso “6,47% del PBI a educación”, pero nadie ha hecho un seguimiento escrupuloso de esos dineros. Nadie sabe en definitiva si esa fortuna está llegando a las provincias.
Si eso sucede a nivel nacional, a nivel provincial las cosas no son mejores. En ocasión del conflicto en Buenos Aires, distintos funcionarios del gobierno manejaron cifras presupuestarias referidas a educación que diferían radicalmente una de la otra, al punto de haber la friolera de $ 20000 millones de pesos de diferencia entre el que decía menos ($ 50000 millones) y el que decía más ($ 70000). En ese aquelarre de números participaron la Directora Provincial de Escuelas, Nora de Lucía, el jefe de Gabinete, Alberto Pérez, la ministra de economía, Silvina Batakis, y el propio gobernador Scioli. ¿Qué puede esperarse de una administración que no sabe a ciencia cierta el presupuesto educativo que maneja?
Otro tanto cabe decir de los maestros. Con los años, la profesión se ha ido bastardeando profundamente. Sin dudas la cuestión remunerativa ha tenido que ver con ello. Pero este es uno de esos casos en donde el círculo vicioso puede cortarse sin lugar a dudas: no fue el dinero lo que le arrebató la jerarquía a los maestros sino la pérdida de su jerarquía lo que planchó sus salarios. El ideal sarmientino de un trabajo cuya nobleza excedía el mero hecho de tener un empleo cesó el día que los maestros dejaron de llamarse así para pasar a ser “trabajadores de la educación”. En ese momento toda la pompa y el respeto por el docente se derrumbó y así comenzó un proceso de pérdida de su compensación económica que, profundizado por la inflación, terminó por arruinar la carrera y el futuro de miles.
El copamiento sindical de la profesión no ha hecho otra cosa que empeorar todo. Mientras en el orden regional la ratio maestro/alumnos es de 30, en la Argentina es de 11. Eso quiere decir que en el país hay casi tres veces la cantidad de maestros que en los países vecinos; la carrera es el reinado de las suplencias. Este cóctel de recursos malgastados, recursos que no se sabe dónde están ni cuántos son, junto con un deficiente sistema de coparticipación, un desborde en el número de docentes y una desjerarquización generalizada de la profesión nos ha llevado hasta donde estamos.
El tema no parece ser de una resolución fácil como sería seguir echando dinero a un barril sin fondos. Al contrario la cuestión parecería más ligada a esa pérdida de valores sarmientinos que hace rato abandonaron el espíritu no solo de los docentes sino del país. En el estudio profundo de ese alejamiento y de las razones que lo provocaron, quizás puedan encontrarse las razones más íntimas de un problema que cada día agranda nuestra brecha de conocimiento con los demás países del mundo.