Una oportunidad para la Presidente

Carlos Mira

Finalmente el fiscal Pollicita apeló la decisión del juez Daniel Rafecas que había desestimado la denuncia original de Alberto Nisman sobre el encubrimiento a los acusados en la causa AMIA.

La sala sorteada para entender en la apelación ha sido la sala I, la misma que declaró inconstitucional el memorándum con Irán y la misma que confirmó a Claudio Bonadío al frente de la causa Hotesur. Antes de eso, el fiscal Carlos Rívolo deberá elevar su dictamen sobre la procedencia de la apelación, en lo que todo el mundo prevé como un respaldo incondicional a la investigación que pide Pollicita.

Éste, a su vez, se basó en hechos prácticamente derivados del sentido común para pedir a la Cámara que se aboque al entendimiento en la causa: “Señores, por favor investiguen; lo que les estoy presentando no es una sentencia, es simplemente eso: un pedido de investigación… Creo que hay suficientes medidas de prueba pedidas como para desestimar in límine la actuación”.

Eso fue precisamente lo que hizo Rafecas: el juez abiertamente dijo que ni siquiera se había tomado el trabajo de escuchar una de las miles de grabaciones adjuntas a la denuncia. Conforme esos audios se han ido escuchando, a la gente común se le hace cada vez más difícil entender cómo el juez no tuvo siquiera la curiosidad de prestarles atención. O a lo mejor sí lo hizo y por eso falló como falló y luego dijo lo que dijo.

La investigación debe ser en primer lugar una oportunidad de defensa para los señalados como responsables del encubrimiento o del intento de encubrimiento. Pollicita insiste en que el hecho de que el delito no se haya consumado por razones ajenas a quien lo intentó no es suficiente causa de inocencia y que, en todo caso, la figura sería la del encubrimiento en grado de tentativa.

Pero lo mejor que puede ocurrirle a la Presidente, al Canciller, a Larroque, a D’Elía, a Esteche y demás imputados es tener una oportunidad judicial de aclarar su situación.

En ese contexto, resultó apresurada la solicitada publicada ayer por el gobierno cuando los tiempos de la apelación aún estaban abiertos. Es posible que dicho apresuramiento se haya basado en las seguridades que tanto Julio De Vido como Wado De Pedro parecían darle a la presidente en lo que respecta a la suerte de una eventual apelación: esos operadores entendían que Pollicita no apelaría. Parte de los argumentos del gobierno se basan en la existencia de borradores encontrados entre los papeles de Nisman de los cuales se desprendía que el fiscal tenía una opinión distinta del caso y de la posición del gobierno un tiempo atrás, lo cual debilitaba todo su razonamiento. Esa línea de operación especulaba con que el nuevo fiscal interviniente conocía esa circunstancia y por lo tanto archivaría el caso.

Sin embargo, esa situación fue suficientemente aclarada por una de las secretarias de Nisman que presentó un documento ante la Justicia explicando que el fiscal, dados los hechos nuevos que llegaron a su conocimiento a partir del memorándum, había cambiado radicalmente de opinión.

El Gobierno olvida que, quizás con ese mismo criterio (el de basarse en borradores descartados), Nisman pensó en algún momento en pedir la detención inmediata de la Presidente. Pero luego de lado esa iniciativa y optó por otro camino.

Lo que Pollicita explica respecto de este punto también parece estar cargado con la misma dosis de obviedad que de sentido común: lo único que vale y que puede ser tomado en cuenta por los jueces es el cuerpo final de la denuncia, no sus borradores preparatorios. Concluir lo contrario implicaría darle fundamento a la idea de que los jueces podrían especular con detener a la Sra de Kirchner, tal como alguna vez lo pensó Nisman. Y eso, claramente, no puede ocurrir.

Otro tema a prestarle atención a partir de ahora será como la Sala I de la Cámara meritúa su propia decisión respecto del memorándum. Como estos jueces ya se han pronunciado muy duramente en el sentido de que dicho documento atenta contra la Constitución, es posible que consideren que esta es una causa muy próxima a aquella otra y que decidan excusarse. En ese caso debería intervenir la Sala 2.

La Sala 1 está integrada por los jueces Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah que en muchos caso tuvieron fallos cercanos a los intereses del gobierno pero que últimamente además de las dos decisiones ya apuntadas sobre Irán y Bonadío, también confirmaron el procesamiento del vicepresidente Boudou.

Estos puntos de vista deberían ser normales y, además, indicadores de que, en algún punto, la Justicia sigue funcionando con algún grado de lógica jurídica, dando o quitando la razón según sea su interpretación de la ley en cada caso concreto.

Lo cierto es que el caso que pareció llevar tranquilidad al seno presidencial y que le dio un aire triunfalista al último discurso de la Sra de Kirchner ante la Asamblea Legislativa está abierto nuevamente. La presidente debería tomar esto como una oportunidad para demostrar su punto: si las escuchas son una truchada, si Khalil no era un representante de la diplomacia paralela de Irán, si los cursos de acción de su gobierno no pasaban por estos canales antes que por las formalidades de las cancillerías y si el gobierno no intentó desimputar a los sospechosos de la voladura de la AMIA por razones estratégicas, comerciales, ideológicas o las que fueran. Eso, como decía Nisman, no está en discusión y el Poder Ejecutivo tendría sus argumentos para defender la postura de que está facultado para decidir qué sesgo le da a su política exterior, a su relacionamiento internacional de comercio o con qué aliados decide transitar la vida. Claramente esas cuestiones están fuera del alcance de los jueces. Pero lo que el Poder Ejecutivo no puede hacer es buscar esos objetivos derribando una investigación judicial completa porque le resulta incómoda a sus propósitos ideológicos, comerciales o de posicionamiento internacional. La causa le da a la Presidente una oportunidad de aclararlo y de poner todo esto en blanco sobre negro.