Obviamente dos hechos reunieron en estos días toda la atención: la renuncia de Fernando Niembro a su candidatura por Cambiemos en la provincia de Buenos Aires y la declaración de nulidad de las elecciones en Tucumán por la Cámara Contencioso Administrativa de esa provincia.

El caso del periodista deportivo que acompaña a Mauricio Macri desde hace algunos años en la política tiene, evidentemente, distintas aristas -todas muy interesantes- desde las cuales observar el fenómeno.

En primer lugar, hay que decir que si la contratación de Niembro por parte del Gobierno de la ciudad estuvo fuera de la ley, está muy bien que el decoro lo haya llevado a la renuncia. Aunque no parezca, se trata de un gesto infrecuente en la política de hoy, en donde funcionarios de elevada jerarquía que han recibido acusaciones y hasta imputaciones de delitos concretos han seguido en sus cargos como si nada.

En segundo lugar, llama la atención la saña con la que algunos, incluida la mismísima Presidente, se han referido al tema y a la persona de Niembro, cuando sobre sus espaldas cuelgan sospechas de todo tipo y, por cierto, de una envergadura mucho mayor que el contrato que se atribuye al periodista.

El mensaje parecería ser el de que, en el fondo, toda la política y todos los políticos están teñidos por la corrupción y que, entonces, esa temática debería desaparecer por completo de la discusión electoral, porque, como están todos “empatados” en el rubro, es mejor hablar de otras cosas.

Es en ese sentido en que el apartamiento de Niembro tiene un valor. Luego, si la Justicia determina que efectivamente hubo irregularidades, naturalmente los responsables deberán dar las explicaciones que correspondan.

En cuanto al tema tucumano, la noticia obviamente desbordó la atención de la Argentina. Solo el fuerte temblor en Chile, con repercusiones hasta en la propia ciudad de Buenos Aires, logró sacar, aunque sea por instantes, ese tema de la mira de la opinión y de la información.

No es para menos. Se trata de la primera vez desde el retorno de la democracia que la elección general completa de una provincia entera es anulada por la Justicia por entender que existen elementos suficientes como para creer que el resultado fue la consecuencia de un fraude o de serias irregularidades en el comicio y en el escrutinio.

Ese solo dato alcanza para comprender la gravedad de la situación. El acto electoral es para las democracias institucionales un elemento fundamental para construir la base de confianza y legitimidad en la que se tiene que sostener la relación entre gobernantes y gobernados. Si se sospecha desde el inicio que el elegido es un impostor, se quebrará para siempre esa confiabilidad y será muy difícil restaurarla desde el ejercicio del poder.

Para la democracia de masas -en la que lamentablemente hemos caído los argentinos- el acto electoral es la vida misma. Hay que estar dispuesto a hacer cualquier cosa para ganarlo, porque ganado, será ese el argumento para decir que los elegidos son la encarnación completa del pueblo y que los que perdieron son el antipueblo, la antipatria, los enemigos de la nación.

De modo que en un sistema así, las presunciones deben ser siempre contrarias a los que ejercen el poder, porque para no perderlo estarán dispuestos a hacer cualquier cosa.

Y lo que se construyó en Tucumán es un feudo medieval, con gobernantes que confiesan tener 10 mansiones, que se dirigen a los gobernados como si fueran seres inferiores, quienes deberían agradecer el sacrificio que ellos hacen, que disfrutan de viajes y prerrogativas absolutamente prohibitivas para el hombre común y que se comportan en sus vidas como si estuvieran por encima de la ley y como si el Estado fuera parte de su patrimonio personal.

Este caudillaje subdesarrollado debe desaparecer de la Argentina. Parece mentira que hayan pasado 162 años desde que se sancionó la Constitución, en Santa Fe, el 1.^o de mayo de 1853 y todavía estemos padeciendo de las mismas anomalías que antes de su jura, con “patrones de estancia” que manejan territorios republicanos como si fueran de su propiedad.

Y aquí hay una cuestión cultural de por medio, porque tampoco podemos caerle a José Alperovich como si fuera una encarnación repentina del mal y que antes de él Tucumán era la réplica de un cantón suizo. No. Esta es la continuidad -mejorada y aumentada, claro está- de un modelo que impera en el interior de la Argentina y que el matrimonio Kirchner decidió, hace 12 años, exportarle a la nación.

Está claro que la Argentina tampoco era Suiza antes de los Kirchner, pero, a nivel nacional, algunas salvajadas que eran normales en las provincias feudales o no se conocían o se evitaban.

Todo eso cambió con la llegada del matrimonio del sur. La idea de Néstor y Cristina Kirchner fue replicar el modelo feudal de Santa Cruz, sin división de poderes, sin rendición de cuentas y tomando al Estado como parte del patrimonio familiar.

No caben dudas de que, en el sentido institucional, la Argentina involucionó notoriamente en estos últimos doce años y que lo que ocurrió en Tucumán se inscribe en ese marco de deterioro de la ley y el derecho.

De todos modos, es altamente positivo el coraje demostrado por el tribunal, que se animó a fallar en contra de los intereses de quienes mandan para privilegiar la intachable confianza que debe surgir del acto electoral.

Ojalá podamos tomar esto que sucedió allí como un punto de partida y como un ejemplo que se expanda a las demás provincias y a la nación entera. No deja de resultar paradójico que el lugar en el que la Argentina nació oficialmente al mundo haya sido también el lugar que puede convertirse, de ahora en más, en el sitio en que nació la república institucional, aquella en donde gobierna el derecho y no los deseos interesados y caprichosos de los poderosos.