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Comisiones especiales

El  artículo 18 de la Constitución establece claramente que “ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales”.

Las “comisiones especiales” eran una norma en la dictadura rosista durante la cual era común someter a los opositores al régimen a “juicios populares” llevados a cabo por una variante de la mazorca con el nombre de “comisión especial de juzgamiento”

Se trata también de un expediente común en los totalitarismos que pretenden teñir de “avanzada popular” lo que no es otra cosa que una de las tantas manifestaciones de un régimen opresivo.

La característica principal de las comisiones especiales es la discrecionalidad y lo arbitrario de su composición y ensañamiento: nadie está seguro bajo un régimen de comisiones especiales, ni siquiera aquellos que son partidarios de ellas, porque como hoy están sentados en las bancas de los acusadores, mañana podrán estar en el banquillo de los acusados.

La ley general y ecuánime es el remedio constitucional contra esta arbitrariedad. No obstante, los constituyentes creyeron conveniente ser aun más rotundos y decir con todas las letras que ningún ciudadano puede ser sometido a los caprichos de una “comisión especial”

El sometimiento artero y de baja estofa contra el juez Fayt no es otra cosa que esto: la constitución de una “comisión especial” para juzgar a una persona por haber cometido el delito de cumplir años.

La declaración del jefe de Gabinete Aníbal Fernández en el sentido de que “si el juez no se somete a la requisitoria, la cuestión podría ser peor” constituye una amenaza contra las instituciones de la República que, sin más trámite, debería provocar su renuncia, por una abierta y confesada pugna con los principios establecidos en la Constitución, en donde se protegen los derechos y las garantías de la personas.

Quienes participan o endosan esta locura ni siquiera advierten que mañana podrían quedar atrapados por ella. Disfrutan alegremente de su posición de fuerza como si esta fuera a extenderse por siempre. Pero se les escapa que aquí no hubo un “ejercito” vencedor que hace gala de sus botas y de sus armas frente a ciudadanos vencidos e indefensos. Aquí gobierna la ley. Y la ley impide el atropello y las “comisiones especiales” para revisar personas. Aquí la ley impide botas pateando puertas y fuerzas de choque empujando ciudadanos.

Cuando se quiere impulsar un modelo estadocéntrico de la magnitud y profundidad que el que el kirchnerismo ha querido instaurar en la Argentina, muy particularmente a partir del año 2011, uno llega a la conclusión de que eso no se puede hacer manteniendo al mismo tiempo un sistema de libertades individuales y garantías constitucionales. Tarde o temprano ese modelo estadocéntrico lleva naturalmente  al autoritarismo.

Nos estamos acercando peligrosamente a esa etapa. Por lejana que parezca la situación por la que atraviesa el juez Fayt del tipo de modelo económico y de perfil social que el kirchnerismo ha querido instaurar, nos daremos cuenta, a poco que indaguemos, que ambas pretensiones están íntimamente vinculadas y responden a las mismas necesidades. No se puede hacer una cosa sin caer necesariamente en la otra.

El guerrillerismo ideológico, el marxismo económico y el fascismo político terminan siempre en “comisiones especiales”. Ha sido esa la regla del mundo y, por más original que se crea el kirchenrismo, no ha logrado escapar de esa regla de oro.

El asalto final a la Justicia

La indisimulada embestida contra la Corte no por obvia parece tener impacto en la sociedad, al menos de una manera electoralmente decisiva o que implique un impacto en la imagen del Gobierno o de la propia presidente. Parecería que el grueso de la cuidadanía no ha alcanzado a comprender aun que una administración con poder discrecional sobre las tres jurisdicciones del Estado es en su propio perjuicio y solo en beneficio de los que mandan.

La figura del Dr. Carlos Fayt ha sido la elegida para ensayar un copamiento a como dé lugar del más alto tribunal del país. Se trata del asalto final a lo que queda como estructura semi-independiente destinada a proteger los derechos civiles contra el poder arbitrario. Parece mentira que gran parte de la gente no entienda que ese mecanismo constitucional (que el Gobierno quiere demoler) ha sido diseñado en su beneficio y para limitar el poder avasallante del presidente y de un eventual Congreso dominado por una sola fuerza.

Los constituyentes hace 162 años fueron tan inteligentes que previeron que podía pasar lo que está pasando ahora. O fueron tan observadores que quisieron evitar otro episodio como el de la dictadura rosista.

Pero parecería que una indómita fuerza idiosincrática lleva a la sociedad a caer naturalmente en estos aluviones populistas y antidemocráticos, bajo el velo, justamente, de que esa marea sin límites que todo lo atropella es la mejor definición de la democracia.

El argumento utilizado hasta ahora contra Fayt es su salud psicofísica; crear la duda de si un hombre de 97 años está en condiciones de seguir entendiendo los mecanismos de la Constitución y si cumple con la condición de idoneidad para el ejercicio del cargo

No tengo pruebas de cómo se encuentra el juez Fayt desde ese punto de vista porque no lo veo desde hace 25 años. Más allá de que son incontables los casos de lucidez –y hasta de brillantez- intelectual en gente de edad avanzada, lo que sí parece indubitable es que es nada más y nada menos que la Presidente la que ignora por completo el diseño de la letra y, sobre todo, del espíritu constitucional.

La semana pasada, en respuesta a lo que había dicho el presidente de la Corte, el Dr Ricardo Lorenzetti, en el sentido de que la misión del Poder Judicial en general y de la Corte en particular es limitar el poder de los otros dos poderes a través del control de constitucionalidad de las leyes, la Presidente dijo textualmente: “el único control es el del pueblo”.

Pocas frases pueden condensar en siete palabras una aberración tan contundente. Resulta francamente grave que la jefa de Estado trasunte semejante nivel de desconocimiento acerca de cómo funciona el sistema republicano organizado por la Constitución. Si hay algo que los constituyentes quisieron evitar fue justamente el “llamado control por el pueblo”.

La razón es muy sencilla de comprender. “El pueblo” como ente controlador no existe: no tiene una organización jurídica, no tiene procedimientos y tampoco tiene el ejercicio monopólico de la coacción. Por lo tanto la frase “el único control es el del pueblo”, no es más que un desiderátum populista. Siguiendo ese criterio también podríamos -como reemplazamos el control de constitucionalidad ejercido por la Justicia por un control único ejercido por el “pueblo”- reemplazar las cárceles convencionales por “cárceles del pueblo” como las que usaban, justamente, las organizaciones criminales de los 70 que, en la terminología de la Constitución “se arrogaban la representación del pueblo”

De todos modos, la Presidente no es la responsable última de estas inconsistencias graves con la libertad. Ella cumple con el perfecto manual del demagogo populista endulzando los oídos de la gente que parece idiotizarse cuando escucha la palabra “pueblo”. Ella  conoce perfectamente cuáles son sus limitaciones, aquellas cosas que no puede hacer y por qué no podría hacerlas. Pero también sabe que eso no le conviene a sus intereses y a sus objetivos de ir por todo, entonces se ha propuesto testear la convicción libertaria de la sociedad. Y ese examen le está dando bien. Estira y estira la soga del poder y los argentinos siguen adormecidos, embobados con alguien que les dice que “ellos” tienen el control, que no tiene de qué preocuparse porque ella está allí para defender la “voluntad popular” contra los poderes oligárquicos y concentrados.

La Constitución quería otra cosa: quería investirnos de derechos inviolables para que, con su ejercicio, las decisiones de nuestras vidas las tomemos nosotros. Para garantizarnos esos derechos puso a nuestra disposición un Poder Judicial encargado de decirle al Gobierno: “Señor, no puede traspasar esta línea”. Pero a nosotros nos ha resultado más cómodo vivir como soldados.

Ahora van por la Corte

El Gobierno comenzó a coquetear seriamente con la idea de copar la Corte. La muerte del juez Petracchi aceleró esta posibilidad, a la que se le adicionó la guarangada de Kunkel pidiendo la salida del juez Fayt, prácticamente acusándolo de padecer la misma senilidad que la presidente le adjudicó a Griesa.

Fayt tiene 92 años y juró por el texto constitucional de 1853 que establecía la perdurabilidad de los jueces en sus cargos mientras durase su buena conducta (esto es, técnicamente, hasta su muerte si no eran removidos por mal desempeño) y defendió junto a Petracchi esa posición cuando la Constitución fue reformada en el 94 para introducir la enormidad jurídica del límite de 75 años.

En efecto, ese delirio fue el fruto de un acuerdo entre Alfonsín y Menem para que “la política” dispusiera de vacantes “convenientes” en la Corte Suprema, pero es a todas luces un tumor en el sistema de control constitucional del poder por la vía de entregarle al Poder Ejecutivo un arma más hacia el desideratum de un gobierno sin límites.

El juez Zaffaroni, que juró por el texto de 1994, ya anticipó que se retirará en enero. La salida del magistrado le plantea un problema al gobierno de la Sra. de Kirchner. Zaffaroni es un incondicional del oficialismo,  y este no tiene en el Senado los dos tercios de los votos para designar a otro juez que le obedezca a ciegas. Necesitaría más de 10 votos por encima de los que tiene para lograrlo. Por lo tanto, es posible que deba elegir a un candidato afín pero no regimentado -como podría ser León Arslanian- para que de ese modo parte de los votos radicales lo respalden.

Sin embargo, las declaraciones de Kunkel -que nunca habla porque el aire es gratis- en el sentido de pedir la cabeza de Fayt, pueden hacer presuponer que el Gobierno está decidido a ir por la Corte Suprema a como de lugar, buscando no ya una sino dos bancas. Si eso es así, es posible que también esté pensando en forzar los procedimientos para aprobar a los jueces en el Senado, como recientemente lo hiciera para aprobar un listado de conjueces.

En una palabra, los análisis basados en el “deber ser” deben ser tomados con pinzas cuando enfrente se tiene un poder como el que la Sra. de Kirchner pretende ejercer: muchas veces esos pensamientos “ingenuos” nos pueden llevar a conclusiones erradas.

Pero todo este berenjenal sirve para sacar una vez más una conclusión más genérica sobre la sociedad argentina.

Vacantes en los sillones de las Cortes ocurren en todos los países, y los que tienen esquemas constitucionales similares al nuestro abren, efectivamente, la posibilidad de que los presidentes llenen esos lugares con candidatos elegidos o propuestos por ellos.

Pero lo que no ocurre en todos esos países es que el gobierno ostensiblemente se aproveche de la situación o, peor aun, especule con la idea de forzar vacantes para llenarlas con jueces de su gusto y “piacere”.

¿Por qué ocurre eso reiteradamente en la Argentina? Porque es la sociedad la que en el fondo lo permite. Y lo permite porque no le molesta que una sola persona concentre todo el poder. La sociedad argentina no está familiarizada con la idea del poder limitado. Al contrario, lo está con la idea del poder concentrado. Ve con naturalidad la figura del “jefe único” frente a cuya voz todos se callan y obedecen. No termina de procesar la idea de que es ella (los individuos que la componen, en realidad) la “poderosa” y no el Estado. Que es éste el que debe ajustarse a severos límites en su accionar para dejar el máximo márgen de maniobra posible a la soberanía y a la libertad individuales.

En ese contexto, ¿por qué debería ser el Poder Judicial -el teórico terreno de defensa de aquellas libertades- una excepción a la regla? Si no consideramos importante la libertad individual sino el poder de un “comandante”, ¿por qué deberíamos defender la independencia del poder destinado a defender esa libertad?

Claramente tampoco la historia de los jueces brilla cuando se trata de privilegiar la supremacía del individuo frente al Estado. La doctrina de la Corte cuando verdaderamente se encontró ante la disyuntiva de defender a uno o a otro no dudó y claudicó ante las “razones de Estado”.

Hoy las “razones de Estado” pueden indicar que su próxima víctima sea la propia Corte. ¿Qué harán los jueces ahora en que la libertad se une a sus propios intereses personales?

Ya tuvimos un antecedente, precisamente en la reacción frente a la introducción del límite etario en 1994: allí sí echaron mano del principio liminar de la irretroactividad de las leyes para permanecer en sus cargos. Pero al menos un juez de los que se aprovecharon de esa correcta interpretación no siguió el mismo razonamiento frente a la inconcebible irretroactividad de la ley de medios. En efecto, el fallecido juez Petracchi adujo la irretroactivoidad de la reforma del ’94 para considerarse no alcanzado por el límite de los 75 años pero votó a favor de la constitucionalidad de la ley que desconoció retroactivamente los derechos adquiridos de los titulares de licencias cuya adquisición había sido hecha con anterioridad a la ley del 2009, y en perfecto acuerdo con el orden jurídico vigente a ese momento.

En una palabra: la sociedad va camino de quedarse sin defensas porque ella misma eligió no defenderse. Envueltos en una pusilanimidad fuera de lo común los argentinos solo atinan a mirar como el poder les pasa por encima a lo sumo tratando de salvarse de a uno sin la menor empatía por el prójimo. En ese campo yermo de miserias se levanta la perdurabilidad de un poder total.