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De nuevo ante la realidad

Terminó el Mundial y con él se fue el magnetismo, aunque sea temporal, que provocaba el avance de la selección argentina hacia la final. Durante un mes los problemas del país se agudizaron. Tanto desde el punto de vista económico como desde el político, los inconvenientes por los que atraviesa la Argentina están hoy peor que cuando Brasil y Croacia dieron comienzo a la Copa del Mundo en el Arena Corinthians de Sao Paulo.

El gobierno especuló con que la anestesia futbolística de un equipo que se afianzaba en el torneo iba a ser suficiente para que los problemas desaparecieran o, al menos, fueran dejados en un segundo plano. Pero cometió el error de caer él mismo en la ensoñación y, en lugar de trabajar para cortar el deterioro, también pareció caer en la tentación de que todo se solucionaría por la inspiración de Messi y el sacrificio inacabable de Mascherano.

Durante el Mundial se consumió la mitad del tiempo que el país tenía para no caer el default. El 31 de julio ocurrirá esa debacle si antes no se llega a un acuerdo de ejecución de sentencia del fallo del juez Griesa con los holdouts, que ganaron el juicio en New York.

El ánimo negociador del gobierno no ha sido hasta ahora el mejor. Aferrado a una visión ilusionista del asunto, sigue vociferando la parcialidad del juzgado y juntando apoyos “políticos” como si creyera que eso efectivamente producirá algún resultado que tuerza la suerte judicial. Kicillof y la Presidente parecería que no entienden que la Justicia ya se ha expedido y que ese hecho no podrá ser cambiado por discursos efectistas. Si bien el gobierno tiene una larga tradición de no acatar las decisiones condenatorias de la Justicia argentina, esa conducta no es trasladable a lo que sucede en Estados Unidos y en el mundo. Nadie concibe la idea de que, simplemente, un “condenado” diga “no voy a cumplir lo fallado por el juez”.

El gobierno podrá reunir voces de simpatía de la OEA, de Putin, de Maduro, de la UNASUR, de quien sea, pero eso no lo eximirá de entregar alguna salida que le permita decidir a Griesa que lo fallado en su sentencia se ha cumplido. Y los avances en ese sentido son lentos. El gobierno entiende que cualquier movida suya que dé la imagen de que los holdouts se salieron con la suya es una especie de capitulación final, una derrota en una guerra que fue el propio gobierno quien la inventó.

No se entiende la diferente actitud que la Presidente ha tenido en este asunto respecto de la que tuvo con el CIADI, con Repsol y con el Club de París. En todos esos casos terminó pagando más de que lo que podría haberse conseguido bajo otras condiciones de negociación con tal de terminar con el asunto y desligarse de su vinculación con esos organismos o empresas. El caso del Club de París, por ejemplo, con el capricho de que no intervenga el FMI nos costó más de U$S 3000 millones sin ton ni son.

El el ámbito interno, la situación del vicepresidente Boudou que, justo es decirlo, no fue abandonada desde el punto de vista informativo por la influencia de la fiebre mundialista, tampoco alcanza a ser abordada con altura y conciencia.

La Sra. de Kirchner ha dispuesto un férreo sostenimiento del Vicepresidente con el acto cúlmine de hacerlo presidir los festejos del 198 aniversario de la Declaración de la Independencia, provocando la incomodidad de todos, propios y extraños.

La situación judicial de Boudou empeorará en los próximos días con otro probable procesamiento y con mayores revelaciones en el caso Ciccone. Dos hechos que aparecían vinculados por alguno de sus protagonistas pero que hasta ahora no tenían una relación causal -Ciccone y el caso de la renegociación de la deuda de Formosa con la Nación- parecen finalmente conectarse con la ruta del dinero: la Justicia tendría probado que fueron los fondos formoseños los que justamente se usaron para hacer el primer depósito que produjo el levantamiento de la quiebra de la imprenta a favor de su nuevo dueño, The Old Fund, la misma firma que había “asesorado” a Insfrán para que renegocie su deuda con el ministerio de economía que, por entonces, presidía Boudou.

Al mismo tiempo, el deterioro económico cotidiano, las trabas al fluir operativo del trabajo de las personas comunes, la inflación, el cerramiento cambiario, la falta de pago de importaciones, la caída del mercado de autos, inmobiliario, del consumo de la clase media, el aumento de las suspensiones y despidos, la caída del precio de la soja y una proyección de conflictividad gremial creciente, hacen ver lejano el horizonte electoral de 2015. La velocidad del empeoramiento de las condiciones tiene una discordancia evidente con el tiempo que falta para que el pueblo sea llamado a expresarse.

Por eso es preciso que la Presidente tome conciencia rápida de los tiempos y de los valores en juego para disponer acciones que resuelvan la cuestión de los holdouts y deje de proteger políticamente a quien le está causando un serio daño a las instituciones. Del mismo modo, sería ideal que utilizara el tiempo que le queda en el gobierno para deshacer la enorme maraña de trabas en que ha transformado al simple hecho de trabajar en el país, para que, quien tenga que sucederla, encuentre parte del camino hacia esa liberación ya iniciado y en consecuencia la carga para todos nosotros sea más liviana.

Pero, obviamente, sabemos que esperar esto es ingenuo. La presidente sostendrá hasta último momento un modelo colonial de administración que nos ha condenado a la escasez, al aumento de las villas miseria y a la pérdida de una enorme oportunidad mundial. Una oportunidad tan grande como la que tuvimos el domingo en el Maracaná de Río de Janeiro, con la única diferencia que esa se escapó no por nuestras propias torpezas.

Un proyecto olvidado que podría salvar a Boudou

El caso del vicepresidente Amado Boudou puede llegar a traer a colación -en un tiempo más cercano que lejano- una cuestión que desde hace un tiempo pareció salir de las noticias argentinas y olvidarse de los comentarios periodísticos, pero que sigue estando pendiente de resolución, respecto de la cual el gobierno no ha bajado sus pretensiones y que el Senado tiene en carpeta para aprobar.

Nos referimos a la limitación de la responsabilidad del Estado, cuyo proyecto surgió el año pasado y causó -como no podía ser de otra manera- un enorme revuelo jurídico y periodístico y que, pasado ese tsunami, quedó allí, metido en la nube del olvido con la que muchas veces el gobierno especula para obtener lo que se propone.

Según ese proyecto, el gobierno se propone deslindar la responsabilidad de los funcionarios por hechos cometidos durante su gestión, en una confesión lisa y llana de que la estructura del Estado es finalmente utilizada para privilegiar la situación personal de personas físicas y no el bien general.

La palabra “Estado” es utilizada frecuentemente en general por los gobiernos poco afectos a respetar las instituciones republicanas como un escudo para trasmitir la idea demagógica de que lo que se persigue desde la función pública es el bien de todos cuando en general esa superestructura es utilizada para beneficiar y privilegiar la situación personal de personas tan “privadas” como nosotros, tan “de carne y hueso” como nosotros, pero que se diferencian de nosotros precisamente por el hecho de que ellas están sentadas en las poltronas del Estado y nosotros no.

Ese pequeño detalle muchas veces trata de esconderse para no dejar ver el procedimiento por el cual se crea una verdadera casta desigual que se mueve en otro nivel diferente al nuestro, que disfruta de otro tipo de vida diferente a la nuestra y que está sujeta a otras reglas -más favorables- diferentes de aquellas a las que estamos sujetos nosotros.

Con este proyecto, el kirchnerismo ha innovado en el sentido de ser ya desembozado frente a la sociedad y descargarse con una ley que directamente les saque la responsabilidad de encima a los funcionarios por los actos que cometen mientras ejercen la función pública. Aquí la máscara de entelequia con la que suelen adornar al “Estado” para confundirlo con el gobierno e incluso con la Patria, ya cae definitivamente para decir: “Señores, los que no vamos a responder por los actos que cometemos somos nosotros, los funcionarios”.

Se trata de un círculo perfecto de impunidad que obviamente solo pueden completar los privilegiados que se sientan en los sillones del Estado. Ningún particular tiene la facultad de dictarse para sí mismo una ley que lo exima de las responsabilidades por sus actos. Los funcionarios sí. Ellos son el Estado. Ellos tienen el poder legislativo para regular nuestra vida y la de ellos. En la nuestra, para imponernos obligaciones, cargas y deberes; en la de ellos, para eximirse de responsabilidades.

Si ese proyecto llegara a transformarse en ley podría tener un enorme impacto en el caso Boudou. Si bien en principio de lo que se habla allí es de la responsabilidad civil del Estado, la inexistencia de responsabilidad civil de Boudou en el caso Ciccone podría tornar abstracta la cuestión penal por la que el vicepresidente fue indagado el lunes. Y como en derecho penal rige el principio de la ley más benigna a favor del acusado, la aprobación en el Senado de la ley de “irresponsabilidad del Estado” (léase de sus funcionarios) podría tener un impacto importante en la situación procesal del vicepresidente.

Si Boudou no resulta civilmente responsable por lo actuado en Ciccone, mal podría haber cometido un delito. La cuestión caería dentro del amplio marco de discrecionalidad que los funcionarios pasarían a tener una vez aprobada esta ley. A esta altura es importante recordar que el vicepresidente viene insinuando veladamente que en algún momento revelará los costados “políticos” de la operación, como dando a entender que el plan de quedarse con empresas privadas consideradas “estratégicas” formaba parte de la matriz central del pensamiento y de la táctica de gobierno del kirchnerismo. En ese marco, con la ley de “irresponsabilidad del Estado” sancionada, Boudou podría argumentar que lo suyo fue una decisión política por la cual no le cabe responsabilidad.

Pero más allá de las implicancias para Boudou, lo que debería quedar claro frente a la sociedad es que el gobierno ha tenido la desfachatez de prepararse para sí mismo una ley de impunidad con la pretensión de hacerle creer a la gente que desde el Estado se la defiende. No hay mentira más flagrante frente a un proyecto que, en este sentido, pone las cosas en blanco sobre negro, bien claras: el gobierno pertenece a la escuela que cree que quien gana unas elecciones se apodera del Estado y tiene derecho a confundir la esencia de la nación con las personas de carne y hueso que acceden a los cargos. Desde allí como ellos son la Patria tienen derecho a hacer cualquier cosa y, quien se interponga, es un enemigo del país.

Esta secuencia, que ha estado clara desde el nacimiento del kirchnerismo en 2003, por este proyecto se blanquea inescrupulosamente. El gobierno nos dice que tiene el poder para sancionar normas que consagren el privilegio de los funcionarios por sobre los ciudadanos comunes y que lo va a hacer. Todo eso al mismo tiempo en que dice que es la representación de los ciudadanos comunes y en especial de aquellos más desposeídos , que menos tienen y que en peor situación están.

No hay dudas de que el vicepresidente Boudou se aprovechó de su función para beneficiarse personalmente o que trazó un plan para lograr ese cometido quedándose con la fábrica de hacer billetes, algo que claramente está muy lejos de poder ser hecho por un particular común, liso y llano.

No hay dudas de que la administración trató de tapar todo ese accionar sancionado por ley del Congreso la estatización de Ciccone, comprometiendo recursos públicos, aunque luego se haya cometido el doble crimen de no pagarle a nadie.

Muy bien, todo ese manejo, solo posible a la sombra de los mecanismos que permite el manejo del Estado, puede quedar impune por la sanción de una ley que sencillamente dice que, precisamente, el Estado (sus funcionarios) no es responsable por los actos que produce. ¿Qué delito puede haber cuando no hay responsabilidad? Esa buena noticia puede estar a la vuelta de la esquina en los expedientes de Boudou.

El hombre que sabe y guarda

La declaración del vicepresidente ante el juez Lijo tuvo su capítulo más inquietante en los dos minutos que Amado Boudou cruzó con los periodistas a la salida de los tribunales federales.

Allí, el vicepresidente resumió las siete horas que pasó en el juzgado de un modo particular. Dijo que finalmente la audiencia no se había podido ni grabar ni filmar y que su contenido iba a ser subido a su página de Facebook; que él había hecho una declaración y que luego el juez le había hecho algunas preguntas. Pero lo más significativo fue algo que Boudou dijo al pasar y sobre lo que no contestó repreguntas, aunque, respecto de eso solo se pudieron percibir algunos balbuceos desprolijos de los periodistas que no alcanzaron a tener la forma de la interrogación.

El vicepresidente dijo que ayer se había limitado a hacer una declaración “técnica”, “jurídica” y que se “había guardado” algunas “declaraciones políticas” para más adelante, en un momento en donde vaya ampliar su declaración, tema que ya habían “convenido” con el juez.

Se trata de un párrafo sencillamente extraordinario. Tanto por lo que dice Boudou allí por cómo lo dice, esto es, por las palabras que eligió para elaborarlo.

El vicepresidente dice que se “había guardado” (“me las guardé para más adelante”, fueron sus palabras textuales) algunos elementos de naturaleza política que evidentemente obran en su conocimiento, porque ayer no era el momento oportuno para comentarlos ni darlos a conocer.

Las palabras “me las guardé” tienen una connotación táctica evidente. Quien las dice anticipa que sabe cosas pero que prefiere no revelarlas ahora, buscando que su conocimiento surta efecto en un momento procesalmente más conveniente para su situación personal.

Además Boudou informó que esta decisión fue de alguna manera “consensuada” con Lijo: el vicepresidente contó que le pidió al magistrado ampliar su declaración en el futuro y que el juez había accedido. Este es un cambio sustancial respecto del trato y de la aproximación que Boudou había tenido a la persona y a la figura del juez hasta ahora.

Sin embargo, Boudou, por lo que se supo, algo adelantó sobre las consideraciones políticas del caso. El vicepresidente dijo que luego de la muerte de Néstor Kirchner se lanzó un enorme movimiento especulativo contra la moneda que, eventualmente, tenía por objetivo, voltear al gobierno.

En ese sentido recordó las palabras del ex presidente Eduardo Duhalde que había dicho que el gobierno se “caía solo o por knock out”.

Todos sabían de las supuestas conexiones de Duhalde con la empresa Boldt (también imprenta con la capacidad de fabricar billetes) y la furia que esa circunstancia causaba en el fallecido ex presidente. Resulta evidente que en un “avance” de las declaraciones políticas que Boudou “se guardó para más adelante” ya fueron cursadas anoche.

Boudou dijo que la familia Ciccone había accedido a vender parte de su paquete a Boldt en contra de las “recomendaciones” de la AFIP, lo que es casi una confesión de la animadversión oficial por Boldt y de la paranoia que imperaba en el entorno de los Kirchner respecto de Duhalde.

A todo esto cabe aclarar que, como defensa de su situación personal, la insinuación de Boudou de que poderes ocultos y golpistas querían usar el dinero impreso para voltear al gobierno es muy débil cuando no directamente risible. El único con capacidad real y legal de arruinar el valor de la moneda es el gobierno por la vía de su política económica. Ninguna imprenta, sea Boldt o Ciccone, tienen capacidad para destruir el poder adquisitivo de los salarios o para hacer desaparecer la capacidad de actuar como unidad de cuenta o reserva de valor del peso si no es porque el gobierno ordena su impresión a destajo para financiar con papeles pintados un déficit incontrolable.

De modo que ese cuento de que Kirchner estaba preocupado porque Duhalde -a través de Boldt- se quedara con la posibilidad de imprimir los billetes de la Argentina es eso, un cuento. Nadie puede creer que esa cuestión constituyera una amenaza institucional como para armar el desbarajuste que se armó para destruir aquella operación de la familia Ciccone que Boudou contó ayer y hacer que la empresa de la familia italiana quedara en manos kirchneristas.

Si el gobierno estaba preocupado por mantener el valor de moneda -lo cual hubiera sido una buena preocupación- debería haberle prestado atención a la política económica, no a quién fuera a ser el dueño final de una imprenta.

Por último, un detalle sobre el que Boudou volvió a insistir ayer una vez más en la parte más rica de su aparición (los dos minutos frente a los periodistas en las escalinatas de Comodoro Py). El vicepresidente volvió a cargar sobre las “informaciones que aparecen en los medios concentrados”. Obviamente no es la primera vez que Boudou (y el gobierno en general) se refieren al caso como un invento de la prensa sin fundamento alguno.

A esta altura sería bueno aclararle al vicepresidente, a Agustin Rossi, Axel Kicillof, Diana Conti y a la mismísima presidente que todo lo publicado hasta ahora son pruebas: elementos documentales, declaraciones de testigos, indicios concordantes y relaciones entre personas que sí, efectivamente, han tomado la forma de un artículo periodístico o de un informe de televisión o radio, pero que son pruebas, evidencias de cargo que no han sido inventadas, a punto tal que hoy forman el cuerpo central de la acusación contra el vicepresidente, la primera en la historia del país contra un funcionario de esa envergadura.

Sería interesante que se prestara atención a ese detalle porque uno siempre puede defenderse mejor si tiene conciencia clara de que lo hay enfrente son elementos ciertos y reales y no meros inventos de confabulaciones tan irreales como las fábulas golpistas.

Una oportunidad única para funcionar como una república

El caso del vicepresidente Boudou sea probablemente el primero en donde el país puede dar una prueba del funcionamiento de las instituciones constitucionales mientras un integrante del gobierno está ejerciendo sus funciones y no luego de que se haya retirado del poder.

En efecto, la Argentina ha heredado esa pésima costumbre colonial del Juicio de Residencia que, a lo sumo, sometía a la investigación al funcionario en el llano, ya fuera de su cargo.

Más allá de que esa tradición contraría toda la lógica constitucional basada en el control y balance recíproco de los poderes, hace perder toda la gracia del funcionamiento republicano. El Poder Judicial existe precisamente para verificar que los otros dos poderes actúan bajo las órbitas organizadas por la Constitución y no superen los límites que ella establece.

Si ese mecanismo está diseñado así, para el orden lógico de la organización estatal, cuánto más deberá aplicarse cuando lo que hay de por medio es la sospecha de la comisión de un delito.

Muchos sectores de la oposición han salido a pedir la renuncia o el pedido de licencia del vicepresidente. Elisa Carrió y el PRO prefieren que permanezca en el cargo y que eventualmente sea destituido por juicio político. Es probable que el PRO asuma esa postura porque el jefe de Gobierno también fue procesado en el caso de las escuchas. Si bien su situación fue, desde el principio, mucho más bizarra y, desde el juez que le dictó el procesamiento (Oyarbide) hasta lo que se sustanció en esa causa, siempre se sospechó algún amañamiento de la misma, lo cierto es que Macri tuvo un auto de procesamiento en su contra que luego fue anulado por el juez Casanello, resolución que está ahora en apelación. El jefe de Gobierno siguió en su puesto a pesar de todo.

Pero lo cierto es que el país debería tener la oportunidad de ver funcionar el mecanismo constitucional en orden y en paz. Esas previsiones de los padres fundadores fueron tomadas para mantener el funcionamiento normal de las instituciones no para entorpecerlo o para crear una zozobra social.

Quien mejor reaccionó dentro del oficialismo fue la diputada Juliana Di Tullio que declaró que “ahora Boudou podrá defenderse”. En efecto, el acto procesal de la declaración indagatoria es una oportunidad para que el sospechoso declare lo que sabe y avance en su propia defensa. Puede mentir incluso o negarse a responder. Ese es su momento en el proceso.

Por otro lado, es cierto que cuando un juez cita a esa declaración, es porque ha reunido elementos suficientes que lo llevan al convencimiento de que el citado cometió el delito que se investiga. Es más,  los casos en la justicia penal en que, luego de la indagatoria, el juez dicta el sobreseimiento o la falta de mérito son realmente excepcionales.

Pero lo mejor es dejar fluir el funcionamiento normal de las instituciones para que las formas republicanas se consoliden en el país. Los argumentos de confabulaciones destituyentes por parte de monopolios mediáticos son completamente delirantes. Solo habría que ver los elementos que el juez Lijo menciona en su escrito para advertir la hondura de la sospecha.

Es probable que el gobierno y la presidente se abroquelen en defensa de Boudou. Está bien; es normal.

Eso no solo no debería extrañar sino que debería tomarse como una reacción natural de un gobierno que se ha acostumbrado a no rendir cuentas y a no tener noción de los límites; a creerse dueño y señor de hasta el último detalle de la vida argentina.

Es más, un gobierno amoldado a las formas republicanas y a los límites establecidos por la Constitución no debería tambalear porque su vicepresidente deba responder ante la justicia. Si el funcionario usufructuó su cargo para beneficiarse personalmente, el gobierno no debería hacerse cargo de ello, más allá de la responsabilidad política que, en este caso, llevaría la presidente por haberlo elegido en soledad y no como el producto de un consenso. Pero la continuidad institucional del gobierno no debería resultar mellada.

El problema aquí es que nadie puede dar seguridades de que Boudou haya actuado solo y por su cuenta.

Y más allá de esa incertidumbre, muchos tienen la fundada sospecha de que el entonces ministro de Economía fue solo un operador que siguió órdenes.

Por cierto, el aborto de la operación contra el juez de la causa debe recibirse con júbilo. Aunque es preocupante comprobar que el gobierno estaba dispuesto a llevarse puesto al juez a la vista de todos, reconforta el hecho de que esa operación se haya truncado. Dos jueces de la Cámara Federal probablemente más cercana a la Casa Rosada se negaron a apartar a Lijo de la investigación.  Fue la misma Cámara que hace 20 días declaró inconstitucional el tratado con Irán. Se trata de una nueva demostración de que los jueces no firman un contrato a perpetuidad con los gobiernos. Ese mismo padecimiento ya fue verificado por Menem, que también se ilusionó con manejar la justicia y así le fue.

Lijo venía de visitar al Papa Francisco que en una audiencia privada le había dicho que no debía confundir prudencia con cobardía.

La Argentina tiene una oportunidad histórica: funcionar como una democracia desarrollada, al menos en su faz política. Dejar que los mecanismos de la Constitución -que son sabios y pacíficos- vayan fluyendo hasta encontrar un cauce que ponga las cosas en orden y las responsabilidades en cabeza de los que verdaderamente deben cargarlas.

¿Se cortó solo o actuó bajo la indicación de alguien?

Después de tener un gran día por la noticia del Club de París, el gobierno recibió la decisión del juez Ariel Lijo de llamar a indagatoria al vicepresidente Amado Boudou como un balde agua fría. Obviamente se trata de una novedad de enorme importancia en la causa Ciccone. Tan importante como estirados han sido los plazos del juzgado para decidirla.

En medio de fuertes rumores sobre su desafección de la causa, el juez decidió hacer lugar al pedido del fiscal Di Lillo, que en el verano pasado había elevado esa petición atento a las pruebas que en su opinión se acumulan contra el vicepresidente.

Los considerandos del juez incluyen una ligera variante en la visión del caso. No solo espera interrogarlo sobre el ejercicio de acciones incompatibles con la función que Boudou ocupaba en ese momento -ministro de Economía- sino que tiene intención de saber si el hoy vicepresidente no quiso apropiarse de la empresa.

Ese detalle complicaría mucho más su posición porque las gestiones ante la AFIP ya no serían un mero “tráfico de influencias” sino una gestión para sí mismo, utilizando los organismos del Estado que integraba para favorecerse a sí mismo, en su patrimonio personal.

Son muchos los interrogantes que surgen a partir de esta novedad. En primer lugar, Boudou no ha sido citado solo. Vanderbroele, Nuñez Carmona y dos integrantes de la familia Ciccone también deberán responder las preguntas del juez. Eso puede provocar contradicciones y respuestas diferentes según sea lo que cada uno ese dispuesto a decir para cuidar su propia postura. Es posible que por razones políticas el vicepresidente esté dispuesto a llegar solo a cierto punto en su declaración, pero los demás que no tienen esos compromisos. ¿Callarán? Ese es un punto interesante a tener en cuenta.

El otro tema tiene que ver con la propia actuación del entonces ministro. ¿Se cortó solo o se movió bajo el amparo o quizás bajo la indicación de alguien?

Elisa Carrió sostiene en este punto que Boudou actuó por indicación de Néstor Kirchner. El periodista Hugo Alconada Mon destaca un sospechoso movimiento en la composición accionaria de The Old Fund (la teórica propietaria de Ciccone hasta su estatización) justo el día de la muerte de Kirchner a través de una sociedad uruguaya, denominada Dusbel, que si ni siquiera tenía radicación en la Argentina.

Por otro lado, Boudou se declaró distanciado de Nuñez Carmona pero sigue compartiendo el abogado. ¿Llevarán una táctica conjunta de declaración indagatoria?

Muchos consideran que dadas las características propias de este gobierno es imposible que una operación de esta magnitud pueda haber sido pensada y ejecutada por el ministro de economía para su propio beneficio sin la anuencia de autoridades superiores. Aún cuando haya sido una idea de Boudou, nadie cree que pueda haber actuado por las suyas.

También resultará interesante ver la reacción del gobierno, y particularmente de la presidente, Boudou ha sido su elegido en soledad. El nombramiento para la fórmula de 2011 sorprendió a más de uno y la responsabilidad por su elección lleva el nombre de Cristina Fernández en soledad.

Es muy posible, como ya ha sido insinuado por el ministro de Defensa Agustín Rossi, que el gobierno intente apoyarse en la figura de Mauricio Macri, que fue procesado por Oyarbide en el caso de las escuchas y que, aunque el juez Casanello anuló dichas actuaciones (decisión ahora apelada), se mantuvo en su cargo sin problemas mientras el caso se substanció.

También está la propia posición de Boudou, quizás la más disparatada de todas (aunque el gobierno la suscribió hoy en parte de la mano también de Rossi): declararse una víctima de “los sectores que no le perdonan haber estatizado las AFJP”. Esta versión es directamente risible.

Para asombro de todo el mercado asegurado por aquel sistema -que solo unos meses antes (y ante la presión del gobierno por lograr un “pasaje voluntario” al sistema de reparto para quedarse con todos esos recursos) se había expedido en una proporción de 8 a 2 a favor de mantener el sistema mixto de AFJP-, los operadores de aquellas compañías le entregaron el sistema envuelto para regalo con moño y todo. Jamás nos enteramos de que ninguna de aquellas empresas -muchas subsidiarias de bancos- hayan hecho un solo amague de defensa. El embretamiento al que el Estado había sujeto el mecanismo se había alejado completamente del espíritu original de construir un verdadero mercado de capitales y ninguno de los operadores estaba conforme con su funcionamiento. La estatización les sacó un problema de encima. ¿Quién se querría vengar de alguien que les hizo un favor?

Y por último, aunque no menos importante, está el aspecto institucional. El vicepresidente es quien ocupa la presidencia en caso de ausencia del presidente. Es más, el día de su indagatoria, la Sra de Kirchner estará en Brasil en la reunión de los BRICS si es que decide aceptar la invitación de Rusia para asistir, cosa que obviamente ocurrirá. De modo que Boudou será el presidente en ejercicio.

Pero estos son solo detalles para un gobierno que ha demostrado más de una vez no estar demasiado preocupado por las formalidades republicanas.

Lo cierto es que los meses que siguen serán muy importantes para develar (o intentar hacerlo) los vericuetos de uno de los casos de corrupción pública que más estrépito han causado y cuyas raíces se sospechan pero no se saben con certeza. El mismo día que la justicia suiza confirmó que Báez depositó en uno de sus bancos U$S 22 millones, también se abre el primer paso para saber si Boudou fue un vivo que quiso aprovechar el poder para enriquecerse o fue un engranaje de un poder mucho mayor que el suyo.