Niembro y Tucumán: dos casos de enorme repercusión

Obviamente dos hechos reunieron en estos días toda la atención: la renuncia de Fernando Niembro a su candidatura por Cambiemos en la provincia de Buenos Aires y la declaración de nulidad de las elecciones en Tucumán por la Cámara Contencioso Administrativa de esa provincia.

El caso del periodista deportivo que acompaña a Mauricio Macri desde hace algunos años en la política tiene, evidentemente, distintas aristas -todas muy interesantes- desde las cuales observar el fenómeno.

En primer lugar, hay que decir que si la contratación de Niembro por parte del Gobierno de la ciudad estuvo fuera de la ley, está muy bien que el decoro lo haya llevado a la renuncia. Aunque no parezca, se trata de un gesto infrecuente en la política de hoy, en donde funcionarios de elevada jerarquía que han recibido acusaciones y hasta imputaciones de delitos concretos han seguido en sus cargos como si nada.

En segundo lugar, llama la atención la saña con la que algunos, incluida la mismísima Presidente, se han referido al tema y a la persona de Niembro, cuando sobre sus espaldas cuelgan sospechas de todo tipo y, por cierto, de una envergadura mucho mayor que el contrato que se atribuye al periodista. Continuar leyendo

Reprobando al conductor

El karma de los pactos con Irán parece no solo repercutir en la Argentina. En Estados Unidos la negociación llevada a cabo por la administración del presidente Barack Obama para encuadrar el programa nuclear de Irán bajo patrones aceptables para Occidente y para su propio país ha levantado oleadas de opiniones y de críticas, en algunos casos muy severas y de elevado tono de preocupación.

En esa línea se inscribe el antiguo vicepresidente de George W. Bush, Dick Cheney (también fue secretario de Defensa de George Bush senior), que acaba de publicar un libro junto a su hija Liz en donde considera que debido a las políticas del presidente el país está más vulnerable a atentados terroristas hoy que antes del 11 de septiembre de 2001.

Con un nuevo aniversario de los atentados a las Torres Gemelas y al edificio del Pentágono en Washington avecinándose, el libro del los Cheney, Exceptional, es un alegato en favor de volver a una política dura en materia de presencia militar de los Estados Unidos. El relato trata de justificar por qué el mundo necesita de unos Estados Unidos poderosos.

Si bien el país ha conservado la tradición de que los Gobiernos salientes no critican a su inmediato sucesor, no ha sido el caso de Cheney, que no se ha privado de nada cuando le ha llegado el turno de hablar de Obama y de su presidencia.

El antiguo vicepresidente sostiene que el centro de la próxima elección debe concentrase en reconstruir la fortaleza militar norteamericana, algo que podría calificarse como políticamente incorrecto, pero que el funcionario no disimula para nada. Continuar leyendo

Las libertades individuales en peligro

De acuerdo al decreto 1311/2015, firmado por la presidenta Cristina Kirchner y el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández , se aprueba la “Nueva Doctrina de Inteligencia Nacional”. Según lo que aparece escrito allí “la inteligencia nacional debe velar por la protección y el cuidado de los argentinos, y no “espiarlos”. “El sistema de inteligencia nacional se configura como un “observatorio” abocado exclusivamente a la producción y gestión de conocimientos acerca del conjunto de problemáticas relevantes en materia de defensa nacional y de seguridad interior”.

La cuestión surge precisamente cuando se empiezan a describir qué tipo de “problemáticas” son “relevantes”. Entre las agresiones de origen externo o el terrorismo aparecen los “atentados contra el orden constitucional y la vida democrática” por parte de “grupos políticos y/o militares que se alzaren en armas contra los poderes públicos y/o el orden constitucional o se trate de grupos económicos y/o financieros -empresas, bancos, compañías financieras, etc.- que lleven a cabo acciones tendientes a la desestabilización de gobiernos democráticos mediante corridas bancarias y cambiarias, desabastecimientos, golpes de mercado, etc”.

Entramos aquí en un terreno altamente peligroso para las libertades públicas y celosamente anhelado por el tipo de gobierno al que pertenece el que preside la Sra. de Kirchner.

En efecto, esta clase de regímenes se caracteriza por suponer tramas oscuras cuyo objetivo es desalojarlos del poder. En ese sentido la operatoria de los mercados es uno de sus terrenos favoritos. Enemigos acérrimos de las libertades mínimas y del accionar libre de la autonomía de la voluntad, estos gobiernos ven en las decisiones económicas que toman los operadores parte de una actividad subversiva cuya meta es producir zozobra en la población para desestabilizarlos.

Como contrapartida a ese convencimiento anhelan construir una ingeniería de vigilancia y de denuncia para atribuir lo que no son otra cosa que torpezas propias a elucubraciones producidas en la tinieblas por quienes, a su juicio, son los enemigos del Gobierno.

No hay más que leer a George Orwell para darse cuenta de hasta dónde puede llegar la imaginación de estos fascismos en la creación de dependencias estatales para que el Gran Hermano crea que lo domina todo.

Como salido de la mente del creador de “1984” el decreto 1311 dispone la creación de varios organismos para vigilar que no se cometan estos “atentados contra el orden constitucional y la vida democrática”. En ese sentido, la “Nueva Doctrina de Inteligencia Nacional” prevé una “Dirección Operacional de Inteligencia sobre Terrorismo y Delitos Contra el Orden Constitucional” y una “Dirección Operacional de Inteligencia sobre Crimen Organizado”, con las respectivas dependencias “Dirección de Inteligencia sobre Delitos Contra el Orden Constitucional” y la “Dirección de Inteligencia sobre Delincuencia Económica y Financiera”.

La Dirección de Inteligencia sobre Delitos Contra el Orden Constitucional es la encargada de la “producción de inteligencia orientada al conocimiento de las actividades que atenten contra el orden constitucional, y de los grupos nacionales o extranjeros responsables de llevarlas a cabo”.

La Dirección de Inteligencia sobre Delincuencia Económica y Financiera es la encargada de “la producción de inteligencia orientada al conocimiento de las actividades de la delincuencia económica y financiera, así como de lavado de dinero y de las economías criminales, y de los grupos nacionales o extranjeros responsables de llevarlas a cabo”.

Con esta estructura, el Gobierno pretenderá hacerle creer a la población que cualquier movimiento inquietante de las variables económicas no son el resultado su pésimo manejo sino la prueba fehaciente de la existencia de un “golpe de mercado”, cuya definición es tan amplia y tan vaga como para que hasta un almacenero pueda ser perseguido por las fieles tropas del Gran Hermano.

El kirchnerismo no ha sido siquiera original en el establecimiento de estas estructuras de espionaje e inteligencia. Todos los sistemas que en el mundo se le asemejan (o que han seguido sus mismos códigos en el pasado) caen tarde o temprano en esta triste realidad. Está en su ADN. Sin querer, su propia lógica autoritaria (cuando no directamente totalitaria) los lleva a caer en la organización de estas estructuras paramilitares que se erigen en vigilantes de la ciudadanía.

No en vano la mayoría de los gobiernos que han imitado estas organizaciones han tenido un fuerte contenido militar. Así ha ocurrido con todos los fascismos tristemente conocidos en Europa sobre mediados del siglo XX (en Alemania, en Italia, en España, en Rusia) y así ocurre hoy con los que pretenden imitarlos, en una aspiración nostálgica de que los derechos civiles y las libertades individuales pueden eliminarse y subsumirse en la voluntad de un líder.

El decreto 1311 no es, claramente, una señal alentadora. No sabemos cuánto de estos organismos será usado por una administración que no sea estrictamente kirchnerista. Pero lo importante aquí es la confirmación de que el de la Sra. de Kirchner hace rato que dejó de ser un gobierno que ejerce una democracia clásica (si es que alguna vez lo hizo) para convertirse en un régimen que aspira a vigilar y a controlar la vida de todos.

El default judicial

Desde estas columnas hemos trasmitido incesantementew la idea -y la convicción- de que somos nosotros la principal causa de lo que nos pasa y de que somos nosotros los últimos responsables de lo que finalmente termina ocurriendo en la Argentina.

Eso está claro y surge hasta de la lógica democrática que, teóricamente, permite elegir. Pero también es cierto que algunos estamentos institucionales de la Argentina han fallado completamente a la hora de ejercer su función y no han sabido poner en funcionamiento los mecanismos que la Constitución prevé para que ciertos descalabros que hemos vivido en estos años se evitaran.

Nos referimos concretamente al deslucido papel que han jugado muchos jueces, empezando por la Corte Suprema de Justicia.

El último escalón de esa “sacada del (cuerpo) a la jeringa” ha sido la lavada de manos que se pegó el más alto tribunal cuando un fiscal lo convocó para que se expidiera sobre el caso de Luis María Cabral.

La Corte se sacó el balurdo de encima mediante una formalidad, que es como estar acomodando los cuadros del living en el medio de un incendio.

Resulta francamente triste ver tanta pusilanimidad y especulación política cuando los derechos y las libertades públicas están en juego. Uno no tiene demasiada noción acerca de qué más debería pasar en el país para que, quienes corresponda, se den por enterados de que lo aquí existe es un intento serio y profundo de instaurar un régimen de mano única en donde la división republicana de los poderes desaparezca. Se trata de un verdadero golpe constitucional con el aparente “respeto” por la Constitución.

En efecto, con la incomprensible anuencia de algunos jueces, lo que se intenta es saltear la Constitución, estableciendo un sistema paraconstitucional, que derogue lo dispuesto en 1853 y que lo reemplace por un nuevo orden diseñado por la hegemonía del Gobierno.

Se trata del más sofisticado intento de borrar el orden liberal, democrático y republicano de la Constitución sin pasar por los escabrosos procedimientos de reforma, para los que, los protagonistas de este anhelo, saben que no tienen los votos: “como no tenemos los votos lo vamos a hacer igual, haciendo como que lo hacemos dentro de la ley…”

El choque entre ese intento y la Constitución debería ser marcado por los jueces y es este el paso que está fallando. Es cierto que ya gran parte de la Justicia ha sido colonizada y que muchos casos que recaen en jueces partidistas son desechados precisamente por eso. Pero otros, que incluso han llegado al más alto tribunal, no han recibido el trato serio y preocupado que deberían haber tenido, sino que fueron respaldados, dándole el gusto a un Gobierno que no siente por las valoraciones republicanas el más mínimo respeto.

Se trata de una verdadera claudicación. El país no ha honrado su organización de reaseguro. Todas las precauciones habían sido tomadas por los constituyentes para que la Argentina no volviera a caer en el autoritatismo. Las mejores instituciones del mundo habían sido adaptadas en el texto de 1853 para que estuviéramos protegidos contra ese flagelo.

Pero quienes han tenido la responsabilidad de hacer funcionar ese sistema no has estado, evidentemente, a la altura de la circunstancias.

Es cierto que la sociedad tiene su parte gruesa de responsabilidad porque no se ha manifestado con su voto en contra de estos regímenes mesiánicos. Al contrario, ha votado a figuras carismáticas que han ido perfilando un gobierno de culto. Pero aquellas personas que se suponen formadas y que han llegado a ocupar los escaños reservados a la defensa última de la libertad, han defaulteado su deber. No se sabe si el miedo, si el amor a los sillones o si el matonismo han sido más fuertes que el amor por la dignidad y por la vigencia de los derechos civiles. Pero lo cierto es que el resultado práctico final es un páramo desierto cuando el ciudadano que aún le importa vivir en libertad levanta la mirada y busca casi desperadamente un auxilio.

Las confesiones brutales de la Presidente

No hay caso: la espontaneidad es tremenda. Puede provocar confesiones brutales, sincericidios gruesos. Y en días exultantes puede ser más peligrosa aún. Fue lo que ocurrió el jueves con la Sra. de Kirchner y su “Aló Presidente” del día en que la Sala 1 de la Cámara Federal había desestimado la denuncia de Nisman-Pollicita-Moldes.

Era notorio que la Presidente estaba eufórica. No había más que notar su tono de voz y sus expresiones.

Ya horas antes se habían comenzado a expresar funcionarios y operadores cercanos al Gobierno en el sentido de que “hay que respetar los fallos de la Justicia…” y “no se puede decir que un fallo no me gusta porque no salió como quería…”

¿Perdón? ¿Hay que respetar los fallos de la Justicia? ¿No se puede decir que un fallo no me gusta cuando no sale como queremos? ¡Pero si eso es precisamente lo que el Gobierno hace cuando algún juez osa con contradecirlo, investigarlo o poner bajo juzgamiento las conductas de sus funcionarios!

¿O no fue la mismísima Presidente, acaso, la que acuñó la frase del “partido judicial”, insinuando que los jueces hacen política para producir un golpe? Entonces, va de nuevo, ¿qué es eso de que “hay que respetar los fallos de la Justicia”? ¿O la Presidente y sus funcionarios sugieren que solo hay que respetar los fallos que los favorecen a ellos y lanzar consignas golpistas o de “partido judicial”  cuando le son adversos?

Porque si fuera así entonces estaríamos ante la confesión lisa y llana de que solo se aceptaría una Justicia que condene a enemigos y absuelva a a us amigos o al propio Gobierno y a sus funcionarios. ¿Y entonces para qué tenerla? ¡Si ya conoceríamos sus fallos de antemano: si el oficialismo, sus funcionarios o sus amigos son una parte del caso, la sentencia los favorecerá! ¡Siempre!

Otra salida estomacal de la Presidente fue la referida a las cadenas nacionales. Como sabe que aburren, la Sra. de Kirchner intentó justificarse. ¿Y qué dijo? Bueno, dijo que “una (cadena nacional) de tanto en tanto… Después de todo ‘nosotros’ nos tenemos que bancar las cadenas nacionales de ‘ellos’ todos los días, con mentiras, refritos, todo el día diciendo lo mismo, repitiendo la misma noticia 50 veces… Nos tenemos que bancar (‘nosotros’) que nos metan miedo (‘ellos’)… No voy a decir cuál pero la abuela de un ministro toma Rivotril por las cosas que mira y escucha por la televisión…”

Se trata de un párrafo para la historia. Yo no sé si la presidente piensa lo que dice o -de vuelta- si una espontaneidad incontenible en un día, para colmo, exultante, la traiciona sin querer. Pero las confesiones tácitas que aparecen en ese sólo pasaje, alarman.

¿Cuál es el escenario ideal que impera en la cabeza presidencial respecto del periodismo, la libertad de expresión y los medios? ¿Cree la presidente, sinceramente, que ella debe hacer un esfuerzo de “compensación” para “equilibrar” lo que dicen los medios libres y por lo tanto debería estar al aire todo el tiempo con “su” versión de las cosas? ¿Tendrá como escenario ideal el de un caudal de cadenas nacionales igual al que los medios independientes disponen utilizando su propio aire? Según su escenario ideal, ¿el Estado debería expropiar del aire de los medios privados tanto tiempo como el que disponen ellos para poder trasmitir las “verdades” del Gobierno? ¿O quizás, mejor aún, el escenario ideal sería el de que los medios privados deberían callarse y solo debiera escucharse la voz oficial?

Y si todas estas posibilidades de escenarios ideales se verificaran en los hechos, ¿sería eso una democracia? Porque en la democracia, la posibilidad de expresar disidencias existe y no por eso los presidentes o los primeros ministros atosigan a su gente con largas peroratas en cadenas nacionales. Salvo, claro está, en países como Venezuela, que ha materializado en gran parte lo que seguramente coincide con el ideal presidencial: que solo se escuche la voz de Maduro.

La Presidente también olvida que lo que ella llama “cadenas nacionales de “ellos”, están sujetas a los vaivenes de zapping, algo que su obligatoria presencia en la pantalla impide. Si le molesta que un determinado medio reúna una porción importante de la audiencia total, debería preguntarse por el estrepitoso fracaso de su táctica de copamiento de los medios que, pese al dinero que se despilfarra en pagar estructuras y comunicadores a sueldo, no logra que nadie los mire.

Y por supuesto, en la misma parrafada sincericida, aparece de nuevo el “nosotros” y el “ellos” como si solo ella representara la argentinidad y los que dicen cosas que no le gustan fueran extranjeros y no argentinos; como si el país estuviera dividido en dos y solo uno fuera “la Argentina” y el otro quién sabe qué.

La confesión tácita y brutal de la Sra. de Kirchner vuelve a reafirmar que ella actúa como la Presidente de sólo un conjunto de argentinos; de su conjunto. Que hace rato que no le interesa ser la presidente de todos y que no encuentra en el escenario social de que los ciudadanos puedan convivir armónicamente pese a sus disidencias, ninguna ventaja respecto del sistema que a ella debe gustarle: el de la barraca militar en donde todo debe estar pintado de un solo color, una sola es la voz de mando, una sola es la noticia, una sola es la versión que sirve, donde no hay “partidos” sino “conducción” y “obediencia” y donde solo una es la verdad.

Las paradojas del final de un ciclo

Si las paradojas pudieran jugar esas malas pasadas que uno siempre quisiera evitar,  no hay dudas de que el final de 2014 ha traído un embalaje completo de ellas a la Sra. de Kirchner. Terminar su mandato con la sospecha de ser la cabeza de un gobierno policíaco, que vigila a los ciudadanos, que ejerce la censura y que deposita en un general, cuyo pasado se hunde en las oscuridades de la dictadura, la confianza del aparato de inteligencia interior, es francamente estremecedor.

El contraste de esa realidad con las palabras huecas que pretendían presentar al gobierno como la antítesis de los generales de los 70, casi como la verdadera restauración democrática -en un ensayo no por ridículo menos intentado, de hacer como que entre el General Bignone y Néstor Kirchner no había ocurrido nada en la Argentina- resulta sinceramente patético.

Un gobierno acallando a periodistas, contraviniendo las leyes que él mismo hizo dictar contra viento y marea -como la de medios- para consolidar el más grande aparato de propaganda que la Argentina haya conocido jamás; un gobierno desconociendo las leyes de seguridad interior y de inteligencia, que manda a realizar tareas de vigilancia sobre los opositores y los jueces; un gobierno desbocado en cuanta referencia se haga al respeto por la institucionalidad… Es una enorme paradoja, una gran cabriola del destino que vuelve a probar que no es conquistable ni por palabras ni por relatos.

El gobierno de los Kirchner ha reivindicado más de una vez a los grupos revolucionarios de los 70. Lo ha hecho de palabra y lo ha hecho con dinero. Ha empleado a muchos de sus integrantes, ha utilizado fondos públicos para indemnizar a sus familias, aunque no ha indemnizado a las familias de los caídos en el otro bando. Aquellos grupos perseguían la utopía socialista; buscaban la instauración de una dictadura del proletariado: si de una dictadura. Que conste que ese término no lo usamos ni lo inventamos nosotros; forma parte de las originalidades del Manifiesto Comunista.

Toda dictadura supone un régimen militarizado de gobierno, la supresión de derechos (o mejor dicho: la supresión de los derechos de aquellos a los que la dictadura considera sus enemigos y el otorgamiento de todos los derechos a los protagonistas de la dictadura y a los que la cortejan).

Resulta increíble que el gobierno de la Sra. de Kirchner termine pareciéndose a ese modelo que buscaban aquellos movimientos revolucionarios. En lugar de parecerse a una república constitucional, la Argentina, en el año final de la presidente, se inclina hacia ese modelo autoritario, de base policíaca, vigilador, silenciador de la opinión contraria, operador de inteligencia interna en manos militares, protector de personas a quienes algunos legisladores llaman lisa y llanamente “genocida”.

¿Qué pensará la Presidente a todo esto? ¿Soñaba terminar de esta manera? Pablo Giussani escribió a comienzos de los 80 “Montoneros, la soberbia armada” una crónica sobre la organización guerrillera y sobre el paralelo que él encontraba entre ellos y el fascismo italiano en cuanto a su culto a la muerte.

Giussani imaginaba, hace más de un cuarto de siglo, que los Montoneros terminarían siendo olvidados y que nadie en el futuro se atrevería a reivindicarlos. En esto se equivocó. Pero en lo que estuvo acertado fue en la selección de la palabra “soberbia” para definir aquel proceder desfachatado, negador de todo lo que no fuera ellos mismos, altanero, provocador, terminante.

¿Pensará la Sra de Kirchner en lo que se ha convertido su gobierno? Un reducto de soberbios, que han copado los centros neurálgicos de la administración, de los medios, de las empresas públicas, de los organismos de control… Que aspira a hacer lo mismo con la Justicia, e incluso con algunas empresas privadas.

¿Qué es esto sino algo muy parecido a lo que perseguían aquellos jóvenes armados que sentían por la muerte una rara veneración, como describió Giussani? El ideólogo marxista italiano Antonio Gramsci acusó de “bestias” a los revolucionarios comunistas que querían implantar la dictadura del proletariado por la fuerza de las armas. “Nuestra táctica debe ser otra”, advirtió, “debemos cambiar el sentido común promedio de la sociedad… Por intermedio de cientos de intelectuales orgánicos que copen las artes, la cultura, los medios, el cine, el periodismo, debemos convertir a los burgueses a nuestro pensamiento… Cuando ese proceso haya terminado, todos serán marxistas, sin disparar un solo tiro” (Cuadernos de la Cárcel y  L’Ordine Nuovo) ¿No hemos asistido en estos años a esta formidable reconversión?

Nunca antes la palabra democracia había sido tan tergiversada como ahora. Hoy se nos quiere hacer creer que los empellones de los votos no son empellones. Nadie en el gobierno repara en las garantías constitucionales que limitan el poder de esos votos en resguardo de las minorías, tal como ellos hubieran querido que los empellones del autoritarismo militar hubiera tenido un límite que impidiera la muerte de tantos.

Hoy, muy probablemente, incluso, ese esquema de “mayorías” y “minorías” haya cambiado sustancialmente.  Pero el gobierno sigue sosteniendo que lo único que vale es su opinión porque ellos son “el pueblo”: la soberbia relatada.

¿Era éste el horizonte que la Presidente soñaba para su gobierno? Una realidad autoritaria, sorda, que embiste y atropella, que manda a callar, que hace inteligencia interna con militares, que suprime instituciones, que divide, insulta, ironiza y agravia… ¿Era este el modelo de democracia avanzada que la Sra. de Kirchner tenía en mente? ¿Lo quiso siempre y lo disimuló o cayó en esto por impericia?

Si las paradojas pudieran jugar esas malas pasadas, se las han jugado este año a la presidente Kirchner. Nada de lo que se anunciaba cuando asumió la presidencia por primera vez -el emprolijamiento institucional del arrebatado período de su esposo- se ha cumplido. Al contrario: ocho años después termina con una república disminuida, con vicios propios de regímenes uniformados, a los que, paradójicamente, tanto vilipendió.

Totalitarismo electivo vs Estado de Derecho

Dilma Roussef fue reelecta en Brasil por el 51% de los votos contra el 49% de Aecio Neves. ¿Es Dilma el pueblo?, ¿es Neves un buitre no-brasileño?

Sobre millones de votos emitidos apenas el 2% de los votantes decidieron la elección. ¿El “pueblo” son ellos? Y ese 2%, ¿qué 2% fue?, ¿el de más aquí o el de más allá?

¿Podrá Dilma decir entonces que su voz es la voz de Brasil y que las demás voces son las de los enemigos locales del país que, aliados con los enemigos exteriores buscan hundir al país?, ¿y si ese 2% se hubiera ubicado en el otro platillo de la balanza?, ¿la enemiga del pueblo seria Dilma y el “pueblo” los que habrían votado a Neves?

Quizás poniéndole nombres extranjeros a este juego se entienda mejor las ridiculeces que pueden decirse en nombre de la democracia. Continuar leyendo

De falacias e ilegalidades

En la presentación del nuevo Código Civil y Comercial, la Presidente se detuvo especialmente en el artículo que establece el peso como moneda de curso legal, diciendo que, con sus más y sus menos, desde 1869 la Argentina había crecido con “su peso moneda nacional”, hasta que en 1991 con la sanción de la ley de Convertibilidad se permitió una dualidad monetaria con el dólar.

En un párrafo en el que derrochó nacionalismo de baja calidad y una sensiblería que debería ser ajena a las cuestiones económicas, la Presidente pareció relacionar la vigencia de una moneda nacional más con los sentimientos patrióticos que con la existencia de una herramienta apta para intercambiar mercaderías y servicios y para ahorrar.

Habría que recordarle a la mandataria que fue su “clase” -la de los políticos o “la política”, como a  ella le gusta decir- la que le voló literalmente 13 ceros al amado “peso moneda nacional” fruto del despilfarro al que la administración del Estado sometió al país y que como consecuencia de ello el “peso moneda nacional” pasó a ser materialmente inservible a todos los fines útiles que debe tener una moneda.

La migración argentina hacia otras monedas no fue un deporte nacional de cipayismo sino una necesidad impuesta por las circunstancias de contar con algún instrumento que tornara medible las operaciones.

Si la Presidente está tan preocupada por hacer del “peso moneda nacional” el estandarte por excelencia de la soberanía patriótica, debería empezar por cuidarlo, por no envilecer su valor imprimiendo billetes a lo pavo como si fueran talonarios de rifas y para ello debería cuidar el gasto que genera el déficit que luego pretende cerrar con la imprenta de la Casa de la Moneda funcionando a destajo.

Si esas previsiones de política económica fueran atendidas, el “peso moneda nacional” recobraría valor y regiría por lo que vale y porque es útil para cumplir con los fines para los cuales se crea una moneda, no por la imposición marcial de un bando patriótico, que lo único que genera es la hipocresía de un discurso y la manifestación de una conducta completamente contraria.

En otro momento -no se sabe si por un acto fallido- la Presidente dijo que no recordaba bien las fuentes del Código de Vélez Sarsfield “porque hacía mucho que no ejercía la profesión” y agregó, “afortunadamente”. ¿Qué habrá querido decir con eso? ¿Qué le fue mejor como política que como abogada? ¿Que más allá de su famosa frase en Harvard (“Siempre fui  una abogada exitosa”) en realidad su “fortuna” (quizás de allí venga lo de “afortunadamente”) la hizo como funcionaria y no en el ejercicio de la profesión? No se sabe. Pero la “broma”, porque la Presidente usó ese tono, no se entendió.

También la Sra. de Kirchner hizo hincapié en que el código era el resultado de un gran consenso nacional y que recetaba los nuevos acuerdos de la sociedad argentina sobre las distintas materias a las que el código se aplicará. Sin embargo, sobre el final en la parte encendida de su discurso, ya con el pico caliente, dejó en claro que la obra era una manera de “dejar plasmado en una ley lo que se había hecho en estos 10 años” y que “allí se consagraba lo que la voluntad popular había votado”.

¿Y el consenso, entonces, Sra. presidente? ¿No era que el código no era la ley de una facción de la sociedad sino el fruto de un “acuerdo”?

Ahora sí se entiende por qué el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, incurrió en lo que, paradójicamente, puede convertirse en el tumor oculto que condene al código a no regir nunca: la prohibición de que el proyecto pase a comisiones y la imposición de discutirlo en el pleno del recinto, en donde fue aprobado en la misma sesión por la mera fuerza del número. La aprobación de la ley está impugnada en la Justicia por ese motivo y varios diputados opositores adelantaron que de ganar en 2015 suspenderían la vigencia del Código como mínimo por un año hasta que esas ilegalidades se resuelvan como deben resolverse.

En esos párrafos finales del discurso presidencial estaba la verdad: el código no es el fruto de un gran consenso nacional sino la aspiración personal de dejar una marca partidaria en la historia: lo dijo la Sra. de Kirchner “dejar plasmado en una ley lo que se hizo en estos 10 años”

Es indudable que la Presidente solo responde al concepto aluvional de la “democracia” (si es que a ese modelo puede llamársele “democrático”) según el cual quien gana unas elecciones automáticamente se erige en la encarnación misma de todo el pueblo y puede hacer lo que quiere, “dejándolo plasmado en una ley que rija el modo de vida de la sociedad para los tiempos…”

El código de Vélez Sarsfield, aquel cuyas fuentes la presidente apenas podía enunciar, rigió 145 años. ¿Es ese el horizonte de tiempo que la Presidente imagina como legado de la “década ganada”? ¿Imagina a los futuros estudiantes de Derecho endiosando la ley que dejó “plasmado” lo ganado en aquella época -para ella-  gloriosa?

La propia réplica de los diputados opositores que adelantan la suspensión de su vigencia si ganan las elecciones es una prueba más de que la argentina es una sociedad sectaria, en donde los bandos pretenden asumirse como los dueños del todo cada vez que tienen el poder. De allí de andar a los “bandazos”, producto de que los “bandos” pretenden arrastrar al conjunto hacia lo que no son más que sus posiciones de facción.

Más allá de la necesidad de adecuar la ley a los tiempos -y quizás la mayor adecuación sería justamente abandonar la tradición de la “codificación”- ese tránsito no puede llevar el color de una elección que, por lo demás, parece ya muy lejana,  con números que ni de cerca reflejan el sentir político de la sociedad argentina de hoy.

Es una pena que el trabajo de personas pensantes se pierda inútilmente de este modo. Más allá de que el nuevo código implica un paso más hacia la colectivización de la sociedad en detrimento de los únicos derechos civiles válidos (los que pueden ser ejercidos por personas físicas o jurídicas reales y no por entelequias colectivas que le permiten a los funcionarios del Estado entronizarse y usufructuar un lugar de privilegio respecto del ciudadano común), es un pecado que vuelva a utilizarse las instituciones de la democracia para imponer lo que es el parecer de algunos como el parecer de todos.

Confusiones esenciales

La biografía no autorizada de la Presidente escrita por la periodista Laura Di Marco entrega varios costados interesantes sobre la personalidad de la Sra. de Kirchner pero también sobre cómo la Argentina define determinadas cuestiones y sobre cómo y por qué califica de tal o cual modo a las personas.

En el capítulo dedicado a la génesis de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Laura cuenta que la iniciativa había surgido en el ámbito académico bastantes años antes del interés del Gobierno por implementarla. Tanto antes que sus orígenes se remontan a los finales de la década del 90, cuando la diputada Carrió presentó la idea basada en los estudios de Rubén Lo Vuolo y Alberto Barbeito.

La Presidente siempre se mostró contraria a su implementación bajo el argumento de que se trataba de una medida “asistencialista” y que, a esos fines, eran mejor los planes Jefes y Jefas de Hogar que manejaba su cuñada, Alicia Kirchner.

Sin embargo, el 9 de Septiembre de 2009 todo aquello iba a cambiar. Ese día apareció en la portada de La Nación un artículo que se basaba en un reportaje a la Dra. Roxana Kreimer bajo el título “La violencia social y el delito son frutos de la desigualdad”.

El artículo captó la atención del entonces ministro de Justicia y Seguridad, Julio Alak, que ni lerdo ni perezoso citó a Kreimer a su despacho. En ese encuentro, la filósofa le soltó la definición sobre la que basa la edificación de toda su teoría, volcada en el libro “Violencia Social y Desigualdad”. Kreimer le dijo a Alak que “no es la pobreza, la falta de educación o el desempleo lo que determina el mayor o menor grado de inseguridad en los países, sino la desigualdad social. Las sociedades de consumo proponen, en lo formal, las mismas metas para todos, pero, en la práctica, solo algunos las pueden alcanzar. La frustración, la violencia y el delito son los frutos de esa desigualdad.”

Alak confesó que la Presidente era muy afín a “este tipo de miradas” y que él estaba trabajando en un plan de seguridad “que no podía llevar a cabo” por razones políticas”, pero que su idea le parecía muy acertada y muy buena para encarar una temática tan controvertida.

Más allá de cómo continuó la historia -la AUH fue sancionada un mes después en octubre de 2009 por el decreto 1602/09- surgen varias conclusiones de esta historia que podrán parecer simples pero que tienen interesantes costados cómo para descubrir el proceso decisorio de la Argentina.

En primer lugar, salta a la vista que el Gobierno no tenía (ni tiene) ningún plan conexo prácticamente respecto de ninguna cuestión. Todos son arrestos individuales, movidos por la moda, las encuestas o “lo que dice la gente”. El propio Alak decía en esa reunión con Kreimer que él tenía una idea respecto de la seguridad pero que no la podía implementar por motivos políticos.

En segundo lugar, llama la atención cómo una iniciativa importante del Gobierno (para algunos la más importante que tomó la Sra. de Kirchner) fue finalmente gatillada por un artículo de un diario. Es decir, no respondió a una estrategia pensada dentro de un marco interconectado de ideas y tácticas para encarar y resolver un problema, sino que fue un espasmo eventual, que podría no haber sucedido nunca si La Nación no entrevistaba a Kreimer.

En tercer lugar, da cuenta de cómo el país suele encandilarse con personas y corrientes con una facilidad pasmosa, con la misma facilidad que tiempo después las deja de lado. También es curioso ver cómo la sociedad (o cierta clase dirigente) tiene la alegre discrecionalidad de colgarle el mote de “eminencia” a ciertos personajes que luego llevan esa cucarda por efecto de la repetición impensada del adjetivo, que queda adicionado a sus personas como las palabras que aprenden los loros quedan pegadas a su memoria irracional. El alto impacto que acusó Kreimer en Alak se encuadra dentro de este misterio.

No sabemos de dónde obtuvo la Dra. Kreimer su prestigio, pero si debiéramos inferir su versación de la frase que pronunció como si fuera una sentencia frente al ministro, la conclusión no sería muy halagüeña. En efecto, Kreimer dijo aquella mañana que “el grado de inseguridad de los países no depende de la (…) educación, sino de la desigualdad social (…) la sociedad de consumo propone, en lo formal, las mismas metas para todos, pero, en la práctica, solo algunos las pueden alcanzar” generándose de ese modo el caldo de frustración que genera en violencia y delito.

No sabemos de dónde ha sacado esto la Dra. Kreimer, pero sí sabemos que ha leído una historia, una filosofía del Derecho y una sociología económica o muy errada o muy sesgada.

Es una mentira total que “las sociedades de consumo” -si lo quieren más claro, que la “democracia liberal”, o, más claro aún, que el “capitalismo”- propongan “las mismas metas para todos”. Ese concepto, que es el embrión de toda la idea que Kreimer desarrolla después, es completamente errado. La democracia liberal o el capitalismo lo que proponen es la misma “caja de herramientas” para todos y el mismo “manual de instrucciones”. Esto es, los mismos derechos y la misma ley, igual, única y general para todos. A partir de allí lo que cada uno de nosotros haga con la “caja de herramientas” (el uso libre y combinado de los derechos de que disponemos) dentro del marco de legalidad general, será una cuestión nuestra y también una manera de diferenciarnos en la vida, de acuerdo a nuestras personalidades, a nuestros gustos, a nuestras preferencias y prioridades. Es una completa falacia decir que el sistema capitalista promete las mismas metas para todos y que cuando esas metas, en la práctica, no se cumplen de manera pareja para todos la gente se frustra y empieza a robar y a matar a congéneres por la calle. Eso es un disparate.

Los seres humanos no son robots que tengan objetivos por duplicado, copiados con carbónico, porque si eso fuera así, el sistema capitalista sería acusado justificadamente de no reconocer la variedad de las personalidades y de las preferencias humanas y de pretender estandarizar las metas de todos.

La democracia liberal es un sistema multicolor que permite la libre elección de un plan de vida. Qué brinda un “manual de instrucciones” (el orden jurídico) general e igualitario para todos y una “caja de herramientas” (los derechos y garantías de la Constitución) para que cada uno podamos darle forma a nuestra vida (y a nuestras “metas”) dentro del marco de prioridades personales de cada uno. La democracia liberal está muy lejos de ser un sistema que estandarice las metas de todos. La riqueza y vivacidad de su sistema de vida radica justamente en esa diversidad.

Pero para que el “manual de instrucciones” sea entendido y la “caja de herramientas” sea útil, se debe educar a la sociedad. Educarla en los valores de la libertad y de la honradez de modo que las diferencias de “metas” sean tomadas como la consecuencia de un sistema de elecciones, libre, individual, por el que cada uno se ha inclinado en la vida siguiendo sus gustos y preferencias y no como el resultado de la maldad intrínseca de un sistema que me ha llevado al fracaso.

Si el sistema educativo trasmite esa concepción envidiosa del mundo, entonces será ése, y no el sistema capitalista, el embrión del mal. En efecto si los chicos desde muy chicos no reciben el mensaje de que viven en una sociedad que les permite elegir lo que quieren ser y cómo quieren serlo, usando un sistema de derechos y garantías dentro de un orden legal justo, sino que, al contrario, son educados bajo la idea de que viven en una sociedad injusta por definición que debería entregar el mismo “output” para todos y que, como no lo entrega es discriminatoria en favor de unos y en perjuicio de otros, obviamente se está creando un germen de resentimiento que muy posiblemente genere violencia y eventualmente delito (también teniendo en cuanta las diferentes personalidades de los seres humanos y la diferente manera que tenemos todos de absorber aquellos mensajes de cizaña)

Pero, de nuevo, lo grave aquí es que una intelectual de aparente renombre elabore teorías alambicadas que parten de una premisa completamente errónea y que el Gobierno le dé predicamento sin analizar lo que se está diciendo. Para la Dra. Kreimer -y evidentemente para Alak y la Sra. de Kirchner- la no violencia en comprable por plata y el delito no existiría si “las metas” de todos estuvieran igualadas. Esa sí que es una banalización del problema y una visión “consumista” de la vida.

No hay dudas que el mejor camino para prevenir el delito, la violencia y otras tantas calamidades humanas es la educación y no la plata, o, si quieren, “la plata” pero  invertida en educación buena (esto es, de nada vale tirar millonadas de dólares -como de hecho ocurre en la Argentina que dedica el 6,5% del PBI al presupuesto educativo- si las premisas trasmitidas son aquellas basadas en la envidia y el resentimiento).

Los chicos desde chicos deben ser educados en el espíritu sano, libre, igualitario y diferente de la Constitución para que aprendan que cada uno es dueño de su destino. Que la ley es pareja, que las metas personales son diferentes, que los derechos son iguales y que la Justicia es imparcial. Por supuesto que todo eso (los derechos iguales, la ley única, la justicia imparcial) debe ser cierto en los hechos, pero no es  diciéndoles a  los chicos que  la democracia liberal  “asegura”  las mismas  metas  para  todos y que eso es una falacia -como dice la Dra. Kreimer- , porque eso es definitivamente mentira. Al contrario, la democracia liberal quiere que todos tengamos metas distintas y que eso haga que la vida tenga sentido para cada uno, como seres únicos e irrepetibles que somos.