Las audiencias que propuso la Corte Suprema a las partes en conflicto por la Ley de Medios sirvieron como escenario para un nuevo round de actuaciones que poco tienen que ver con lo único que importa en esta cuestión: saber si la ley supera el test de constitucionalidad.

Hacer ese análisis es bastante sencillo y queda muy lejos de las consideraciones incendiarias que se escucharon en las encumbradas salas del más alto tribunal del país.

Aquí no está en juicio el “ocultamiento de un genocidio” como afirmó actoralmente la defensora del público Cynthia Ottaviano, o la “violación de los derechos humanos” como aseguró la épica pomposa de la procuradora Alejandra Gils Carbó. Aquí, de nuevo, lo único que se necesita saber es si la Ley de Medios viola o no la Constitución.

Los artículos discutidos de la ley son el 41, el 45 y el 161. Lo que hay que ver es qué dicen esos artículos y qué dice la Constitución. Todo lo demás es cartón pintado, como diría Kicillof.

El artículo 41 establece la prohibición de la transferencia de licencias de radio y televisión (abierta y por cable). El 45 impone límites a la propiedad territorial de licencias de radio y TV (abierta y por cable). El 161, finalmente, obliga a deshacerse de todas las licencias sobrantes a los que caigan en ese encuadre según la aplicación del 45. Este es el corazón discutido de la ley.

Veamos ahora el contraste de esos artículos con lo que dice y garantiza la Constitución.

El artículo 17 de la Ley Fundamental asegura que la propiedad es inviolable y garantiza a su titular su uso y disposición. En ese sentido, el artículo 41 es inconstitucional porque con su prohibición para transferir licencias borra el derecho del dueño de comercializar su derecho, de vender y de comprar. Pone fuera del comercio una actividad completa, una actividad a la que el titular ingresó legalmente y sin violar el orden jurídico.

Si bien en la Argentina los dueños de licencias no tienen la propiedad de la “onda” (que sigue en poder del Estado), sí son propietarios de su usufructo y ese derecho es susceptible de uso y disposición en los términos de la garantía constitucional del artículo 17. Por eso toda norma que lo restrinja viola esa garantía.

El artículo 45 es inconstitucional porque le prohíbe a unos lo que le permite a otros en igualdad de circunstancias. En efecto, el artículo establece límites a la titularidad de empresas de TV abierta y por cable (estas últimas que no ocupan espacio del espectro radioeléctrico) mientras que no establece ningún limite para las empresas de TV satelital. Se trata de una norma escrita poco menos que con nombre y apellido, lo cual es violatorio del artículo 16 de la Constitución. Además, el silenciamiento de las voces que hoy se escuchan por las señales que se cerrarían es violatorio del artículo 14 que garantiza la libre expresión de las ideas por la prensa, sin restricciones y sin censura previa.

El artículo 161 es inconstitucional porque por lo dispuesto en el artículo 19 de la CN, en la Argentina “nadie esta obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de los que ella no prohibe”. El Grupo Clarín -para hablar sin rodeos- adquirió todas las licencias de que dispone en un momento en el que la ley “no lo privaba de hacerlo”. Adquirir esos bienes no estaba prohibido por lo que nadie podía privar a nadie de adquirirlos. Por las garantías del artículo 14 (“las leyes deben ser anteriores al hecho del proceso”) una ley posterior no puede transformar en propiedad ilegal la propiedad que era legal al momento de ser adquirida y por lo tanto nadie puede obligar a su dueño a desprenderse de ellas.

Este es el análisis puro y simple de la “cuestión constitucional”. Los demás aditamentos son apelaciones panfletarias para la consecución de un fin. En ese marco deben ser analizadas las declaraciones poco felices de ayer de la presidente sobre las “balas de tinta” que utiliza el periodismo.

Un gobierno está en todo su derecho de ordenar las licencias de los medios audiovisuales. Pero no puede hacerlo violando los derechos adquiridos. Para eso hay que esperar que se venzan los plazos de las licencias actuales (que, en muchos casos, este mismo gobierno concedió) y aplicar el nuevo marco de allí en adelante.

El gobierno tendrá, en este aspecto, un poder de organizador, pero nunca podría bajo el ejercicio de esa excusa violar el artículo 32 de la Constitución que le impide al Congreso dictar leyes que restrinjan la libertad de prensa o establecer sobre ella la jurisdicción federal. Algún juez ultra expeditivo podría incluso fulminar toda la ley de medios por violar este último artículo, si no quisiera tomarse el trabajo de analizar puntualmente cada uno de los otros.