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El eslabón final para destruir la independencia de los poderes

En los últimos días de la pasada semana el Gobierno dio muestras acabadas de lo que es capaz de hacer con la Justicia y los jueces cuando considera que se afectarán sus intereses, sus conveniencias o sus temores más importantes. En una jugada cuya extensión no duró más de 96 horas, tiró por la ventana al juez Luis María Cabral que, como subrogante, ocupaba la vicepresidencia de la sala 1 de la Cámara de Casación Penal.

Ese tribunal teóricamente iba a dar a conocer el lunes pasado su decisión de confirmar la inconstitucionalidad del pacto con Irán, tal como ya lo había afirmado la Cámara de Apelaciones. Sorpresivamente, y por un comunicado de su presidente, la jueza Ana María Figueroa, el mismo lunes se anunció que la lectura del fallo se posponía.

La Dra. Figueroa el día martes envío un escrito al Consejo de la Magistratura advirtiendo sobre el vencimiento del plazo de las subrogancias para el próximo 30 de junio. A las siguientes 36 horas, el Consejo de la Magistratura por mayoría simple (la mayoría automática del oficialismo) desplazó de su lugar al Dr. Cabral y nombró a Marcelo Vázquez, un abogado militante que había defendido en varios medios el llamado “proyecto de democratización de la justicia”.

La decisión de la sala 1 de la Cámara de Casación, cuya lectura se esperaba el lunes, iba a ser contraria a la constitucionalidad del pacto con Irán por los votos de los doctores Cabral y Geminiani. La Dra Figueroa iba a votar en disidencia respaldando el memorándum.

El oficialismo ignoró todas las previsiones legales y constitucionales para llevar adelante esta operación. Manejó el Consejo cono si fuera una agencia dependiente del poder ejecutivo: una secretaría de Estado aparece con más poder que esa institución independiente prevista en la Constitución. El Consejo acató las órdenes moviéndose a la velocidad del rayo. Se trata del mismo organismo que demoró tres años para estudiar el caso del dudoso juez Oyarbide para luego terminar respaldándolo.

Los jueces subrogantes, además, no pueden ser reemplazados por otros subrogantes: su lugar debe ser ocupado por un juez natural y definitivo. Nadie podía sacar a Cabral de ese lugar nombrando un nuevo suplente. Se debería haber puesto en marcha el mecanismo de selección y elección de los jueces que prevé la Constitución con intervención del Consejo de la Magistratura, la presidente y el Senado. Nada de eso ocurrió.

Lo que sucedió, en cambio, fue una veloz operación que pone en evidencia cómo el Gobierno piensa manejarse de ahora en más con la estructura que, a través de Justicia Legitima, el Consejo y Gils Carbó ha montado en la Justicia.

Desde la denuncia del fiscal Nisman, el oficialismo venía apuntándose varios “éxitos” en su derrotero de encubrir lo que ha ocurrido allí. En primer, lugar logró que la Justicia desestimara la denuncia del fiscal muerto en extrañas circunstancias. Luego de que Nisman apareciera con un tiro en la cabeza en el baño de su casa y de que el cadáver de una mujer apareciera incinerado a una cuadra de allí sin que hasta ahora nadie se haya presentado a reclamar por ella, los fiscales Pollicita y Moldes tomaron la causa y la mantuvieron viva hasta que los jueces de la Sala 2 de la Cámara Federal, Jorge Ballestero, Eduardo Farah y Eduardo Freiler, la mandaron a archivar sin siquiera tener el mínimo acto de curiosidad judicial de mandar a producir al menos algunas de las casi 50 medidas de prueba solicitada por los fiscales. El fiscal Moldes apeló a Casación pero sugestivamente ese pedido entró al tribunal a una hora en la que el fiscal de turno en Casación había cambiado. El expediente cayó en manos del ultrakirchnerista De Lucca que no respaldó la apelación de Moldes, con lo que la causa se archivó.

Respecto de la muerte de Nisman, el Gobierno logró crear un lodazal tan grande en la causa que ya casi nadie sabe dónde está parado. La escena del crimen se destruyó –con participación oficial- la misma noche del descubrimiento, la fiscal Fein no estuvo nunca a la altura de las circunstancias y el aparato de propaganda oficial desacreditó al fiscal, a su vida privada y a su familia para crear un barro del que hoy es muy difícil salir. No sería extraño que más pronto que tarde la jueza Palmaghini se incline por la tesis del suicidio y mande las actuaciones al archivo.

De todo este paquete, el cabo suelto que quedaba era la decisión sobre la intrínseca inconstitucionalidad del documento que dio origen a todo el entuerto. La Justicia estaba a punto de dar a conocer esa decisión en un fallo confirmatorio de Casación, pero el kirchnerismo apretó el acelerador, desplazó a quien tenía que desplazar y ahora, seguramente, dará a conocer por una de las tantas escribanías que fabricó durante su mandato (en este caso una de las salas de la Cámara de Casación Penal), la decisión de declarar constitucional el pacto con Irán.

Se trata de una situación de suma gravedad sobre la que no se sabe si existe suficiente conciencia en la sociedad. El Gobierno ha avanzado, justamente, sobre ese desdén. Dándole a la Justicia el valor que no le da quien más debería hacerlo -el ciudadano común, a la protección de cuyas libertades está dirigido en primer lugar el accionar de los jueces- el kirchnerismo entendió desde la primera hora que su proyecto de hegemonía y de absolutismo no sería posible con  una prensa y magistrados independientes. Por lo tanto dirigió sus cañones a terminar tanto con una como con la otra. Una incomprensible ceguera cívica hizo posible que avanzara enormemente en su ambición y en el logro de su objetivo.

Un fallo acelerado que deja muchos interrogantes

Cuando me llamaron para avisarme que el juez Rafecas había desestimado la denuncia de Nisman/Pollicita lo primero que pensé fue: “¿Ya…? ¿Tan rápido..?”

Y no caben dudas de que de los muchos interrogantes que el fallo deja la celeridad con que fue dictado es la primera.

Una denuncia tan pesada, a la que se adjuntaba un resumen de 900 horas de grabaciones (el total de las escuchas alcanzaba a las casi 5000 horas) invitaba a presumir que el juez iba a invertir más tiempo en estudiarla. ¿Escuchó Rafecas cada uno de aquellos diálogos?, ¿se formó de ellos una idea de primera mano? No lo sabemos.

Sigue luego el razonamiento central del fallo: no hubo delito porque este no llegó a consumarse, dado que el Memorándum de Entendimiento no se convirtió nunca en operativo. Se trata de una conclusión ambigua. En primer lugar, los delitos tienen -y el juez Rafecas claramente lo sabe- una instancia de tentativa cuando, en efecto, no llegan a consumarse, aun cuando se hubieran puesto en movimiento todos los pasos necesarios para que así ocurriera. Si el asesinato de un francotirador no se consuma porque inesperadamente la víctima se agacha para atarse los cordones de los zapatos, no puede exculparse a quien jaló el gatillo: no será culpable de asesinato, pero sí de asesinato en grado de tentativa.

El encubrimiento es un delito susceptible de ser cometido en grado de tentativa. Así, si una persona dispone de todos los medios para esconder al autor de un crimen pero luego por razones ajenas al encubridor la maniobra falla, de todos modos el delito debe perseguirse en grado de tentativa.

Aquí son muchos los que coinciden en que el Memorándum no operó -y por lo tanto el encubrimiento no prosperó- porque el régimen iraní no ratificó el acuerdo. Pero para ese momento el Gobierno argentino ya había hecho todo lo necesario para que la cobertura fuera efectiva. Si luego no se consumó porque Irán no le dio rúbrica legislativa al tratado eso es algo ajeno a la responsabilidad del que había hecho todo por intentarlo.

La especulación política también se ha metido en el análisis de las últimas horas dada la proximidad del discurso de la Presidente para inaugurar las sesiones ordinarias del Congreso. Muchos están convencidos de que si ese momento llegaba sin que la denuncia de Pollicita estuviera desestimada, la Sra. de Kirchner estaba dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de embarrar de tal modo la situación que todo se transformara en un gigantesco aquelarre.

Hay quienes dicen que, ante esa posibilidad, el juez Rafecas decidió acelerar los tiempos y rechazar la posibilidad de investigar. De nuevo, nunca lo sabremos.

Pollicita a su vez va a apelar la decisión y la cuestión será derivada a la Camara para que esta se expida. El fallo también incluye una derivación de las escuchas para que se investigue en especial el papel del agente Bogado, que ya formaba parte de la denuncia original del Dr. Nisman.

Un punto oscuro del fallo en su parte resolutiva llamó la atención. En el punto 3, el juez Rafecas dispone, de ser necesario, la habilitación de la “feria judicial” para la notificación del fallo. ¿Feria judicial? ¿En febrero? El juez, en una llamativa entrevista que le concedió a C5N, atribuye la cuestión a un “error material” por un típico copy/paste preestablecido en la computadora del Juzgado. Pero muchos se preguntaron si el fallo no fue redactado ni bien murió Nisman, en pleno mes de enero.

Frente a una apelación del fiscal actuante, la Cámara tendrá un par de opciones. Podrá devolver el expediente a Rafecas para que, al menos, ejecute algunas de las 60 medidas de prueba pedidas por Pollicita antes de volver a desestimar el asunto, o considerar que el juez ya emitió su opinión sobre el fondo de la cuestión, por lo cual podría derivar la investigación a otro magistrado que designe. La Cámara tiene dos salas. Cuando Pollicita apele, sabremos cuál entenderá en el asunto.

Ahora resta saber qué impacto tendrá la decisión en el ánimo presidencial de hoy. El jueves, en el acto de jura de los nuevos ministros, la Casa de Gobierno tenía un ambiente festivo. Todo el mundo se reía como si realmente hubiera algo para festejar. El propio Capitanich, que dejaba su cargo en medio de un resonante fracaso, rayano casi en el ridículo y en el hazmereír de muchos, se reía a carcajadas. Hasta Boudou y Aníbal Fernández de reían desembozadamente. Más circunspecto aparecía Wado de Pedro, el convencido de que el Gobierno debe instaurar el perfil de país que tenían en mente los Montoneros y que ahora será el nuevo secretario general de la Presidencia.

No hay demasiados motivos para sospechar que el fallo actuará como un bálsamo para la Presidente y que ahora, liberada de aquella carga, estará dispuesta a transitar ocho meses de concordia antes del traspaso del mando. Nada. Ni un paso atrás. Será mejor dinamitar todo antes de ofrecer una mano de diálogo. Enfrente no están otros argentinos tan temporales como ella esperando para continuar la rutinaria tarea de administrar el Estado. No. Ni la presidente se considera una mera administradora temporal del Estado, ni los que están enfrente son otros argentinos tan bien intencionados como ella. La Sra. de Kirchner se considera a sí misma la protagonista de una epopeya; de una epopeya enfrente de la cual no hay otros argentinos, sino enemigos acérrimos.