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Un jacobinismo de consecuencias imprevisibles

¿Por qué la Presidente eligió lanzar el país a un jacobinismo de consecuencias imprevisibles? Nadie lo sabe. El día jueves, en el marco del enésimo discurso anunciando un plan de subsidios y fomento, anunció que su Gobierno aplicaría la Ley Antiterrorista a la compañía RR Donnelley por considerar que la quiebra de dicha empresa fue una maniobra provocada a propósito para alterar el orden social y económico.

La Presidente dijo que parte del paquete accionario de la imprenta pertenecía a un fondo controlado por Singer, en una especie de “confabulación mafiosa internacional” contra la Argentina.

Se trató de un discurso preparado para amoldar las necesidades políticas de su gobierno a los términos de una ley dictada con todas las ambigüedades posibles del lenguaje para dar lugar, precisamente, a que su aplicación se adecue a una coyuntura determinada.

La Presidente también dijo que era “la primera vez” que se aplicaba. Se trató de un dato erróneo o, quizás de una desinformación presidencial. La ley antiterrorista pretendió ser aplicada antes contra manifestantes en Famatina y contra el periodista Juan Pablo Suarez en Santiago del Estero. Este último estuvo preso 10 días simplemente por filmar las escenas de una rebelión policial en su provincia.

La ley establece ciertos requisitos (coherentes al menos con el objetivo blanqueado al sancionarla, esto es, cumplir con una imposición del GAFI para evitar el lavado de dinero) que incluyen la necesidad de probar una vinculación con una red terrorista internacional, que se laven activos financieros, que existan armas y explosivos y que se incite al odio racial, étnico o religioso con el objetivo de causar terror a la población.

Cómo hará el Gobierno para probar la existencia de armas, explosivos, incitación al odio racial o religioso para causar terror en la población, tampoco lo sabemos. Pero lo que resulta evidente es que el intento pasará por describir la maniobra como una acción programada por los fondos buitres (que a estos efectos ocuparían el lugar de la “asociación ilícita internacional”) para aterrorizar a la población por la vía de hacerle creer que la economía se desploma con la inocultable consecuencia de la pérdida de empleos y fuentes de trabajo.

La Sra. de Kirchner agregó que para ese objetivo la empresa había contado con la inestimable colaboración de la prensa (tan buitre como Singer y Donnelley) que con “grandes titulares anunciaba la pérdida de 400 puestos de trabajo” y de la Justicia, en la persona del juez comercial Gerardo Santiccia, a quien acusó de fallar una “quiebra express” (“el que quiera una quiebra rápida ya sabe adónde ir… Hasta Griesa es más lento…”, ironizó). También dijo que el Gobierno pedirá que se revoque la quiebra y se investigue la “defraudación”. También anunció que irá a la SEC de Estados Unidos (la agencia que regula y controla Bolsas y valores de ese país) donde Donnelley informó de sus pérdidas por el cierre en Argentina.

Todo esto es gravísimo. La Presidente está embarcando al país en un sistema de vida peligroso que incita a la tacha de argentinos bajo el argumento de que son “buitres” locales. Está poniendo en peligro lo que queda en pie del sistema de garantías de la Constitución. Está tergiversando la aplicación de la ley retorciendo su interpretación para que ésta cuadre con sus objetivos y está acusando a individuos de pertenecer a organizaciones criminales con ramificaciones internacionales, todo de una manera temeraria, sin pruebas y sin seguir los procedimientos que la propia ley argentina prevé para casos como los que la Sra. de Kirchner insinúa.

En efecto, la ley de quiebras establece la figura de la quiebra fraudulenta cuando se sospeche que dicha declaración envuelve una estrategia para estafar a los acreedores o para evadir las obligaciones comerciales, laborales o impositivas de la empresa. Pero acudir a la Ley Antiterrorista  (olvidando que en el Derecho Penal no existe la analogía y no se puede aplicar una ley punitiva por “semejanzas”, sino que en cada caso deben cumplirse taxativamente los requisitos establecidos en el tipo penal para poder aplicar la ley) es una maniobra del tipo “quemar las naves y que se pudra todo”, francamente inconcebible en una jefe de Estado, en la que debería primar la cordura, el tino y la sensatez.

Si todo el argumento en el que se basa esta movida es que Donnelley tiene un socio minoritario llamado Black Rock al que la presidente vinculó con Singer (“todas las piezas comienzan a encajar”, dijo) sería conveniente que revise su información antes de seguir adelante con esta locura.

En efecto Black Rock posee unas pocas acciones en Donnelley (nada que le permita decidir la quiebra de una de sus subsidiarias en el mundo). Pero la Sra. de Kirchner omitió explicar -no sabemos si adrede o porque realmente no lo sabe- que ese fondo también posee un porcentaje minoritario de acciones en la petrolera estatal YPF. Además, Larry Fink, el CEO de Black Rock, fue una de las pocas figuras de primer nivel de Wall Street que apoyaron expresamente a Argentina en el conflicto con los buitres. Fink llegó incluso a presentarse como “amicus curiae” de la Argentina ante los tribunales neoyorkinos en defensa del país y en contra del fallo del juez Thomas Griesa.

En fin, cada vez son más los indicios de que toda esta tremenda complicación con los holdouts le ha venido como anillo al dedo al Gobierno. Le cayó del cielo, como la mano levantada del defensor de Nacional para provocar el penal que salvó a San Lorenzo de su peor momento en el partido por la final de la Copa Libertadores.

Ahora todas las vicisitudes económicas serán culpa de los “buitres”; quienes hagan comentarios de cualquier naturaleza que no sean del agrado del gobierno serán “buitres locales”, como ya lo dijo Kicillof; los partidarios de la venezuelización completa de la Argentina y del desacople final y definitivo de la Argentina con el mundo tendrán la excusa perfecta para perfeccionar sus anhelos.

En ese sentido. era hasta gracioso ver el viernes a la mañana la manifestación de estudiantes universitarios y secundarios en las inmediaciones del Obelisco “contra las empresas norteamericanas buitres”. Pero uno se pregunta, si se está dando lo que quieren ¿por qué se quejan? Si las empresas “norteamericanas buitres” están saliendo de la Argentina ¿por qué protestan? No era eso lo que reclamaban? ¿O al final querían que se quedaran? Es increíble: los muchachos revolucionarios salen a la calle a hacer bardo y ni siquiera saben por qué lo hacen.

La jacobinización de la Revolución Francesa terminó con la Revolución Francesa y arrojó a Francia a las manos de Napoleón, en una parábola entre graciosa y paradójica -aunque muy explicable si uno estudia el fenómeno de la Revolución y si uno estudia hasta la propia Francia- teniendo en cuenta que todo había empezado para liberar al pueblo francés de la dictadura de la monarquía.

Solo esperemos que la jacobinización de Cristina no genere un nuevo tipo de despotismo en la Argentina.

Una crisis agravada por la demagogia interna

No fue bueno el resultado de la audiencia de ayer en la que el juez Thomas Griesa decidió no reponer el stay que le permitiría a la Argentina liberar el pago a los acreedores de los canjes 2005 y 2010.

El Juez incluso pareció endurecer su posición al no permitir ni siquiera que los acreedores en sede no neoyorquinas y en monedas que no son el dólar (euros y yenes, por ejemplo) cobren sus acreencias de los giros argentinos.

Y volvió a tener consideraciones verbales acerca de la no contribución a la solución del problema que hacen las declaraciones del gobierno argentino. Es decir, se está dando la enorme paradoja de que las soluciones judiciales están siendo impedidas por la “política”, justamente lo contrario de lo que esperaba la Presidente y el ministro Kicillof, es decir, que la “política” finalmente pesara más que la aplicación pura y simple del Derecho.

Griesa mandó a seguir las negociaciones con el special master Dan Pollak pero no insinuó de su parte una intención de “tirarle una soga” a la Argentina.

El día lunes se produjeron algunas declaraciones en el mercado que contrastaron con los números. El presidente del Banco Macro, Jorge Brito, dijo que si al 30 de julio no se arreglaba la situación con los holdouts y se caía en default “no pasaba nada”. Los mercados no pensaron lo mismo que anticiparon cierto “empiojamiento” de la cuestión y cayeron fuertemente.

Está claro que el viernes 1 de agosto no “va a ocurrir nada” puntualmente catastrófico. Ese día el país amanecerá como puede hacerlo pasado mañana. Pero a partir de la caída del periodo de gracia que está corriendo desde el 30 de junio, se podrían activar en los próximos 60 días mecanismos muy peligrosos para la situación financiera del país.

Uno de ellos es el que se conoce como “aceleración de los vencimientos” que los acreedores de los canjes podrían pedir para que se les pague de una sola vez todo lo que se les debe, sin respetar ya los plazos ofrecidos por el país. Ese peligro solo podría ser detenido si la Argentina lograra convocar la voluntad de un 50% de los acreedores reestructurados que votaran la “no-aceleración”.

Pero, como está de más aclarar, eso implicaría entrar en un proceso muy complejo y lento que no detendría el deterioro de la situación financiera y comercial exterior del país.

Lo que también parece desprenderse de la audiencia de hoy es que el juez Griesa parece haber entrado en un juego de respuestas a las bravuconadas del gobierno argentino tomando decisiones que lo perjudican (sin olvidar claro está que ese perjuicio no se verifica en las “personas” de los gobernantes, sino en la situación de cada uno de nosotros).

La desesperación local por la cláusula Rigths Upon Future Offers (RUFO) está haciendo perder de vista las mejores opciones disponibles. Si bien es cierto que la reposición de una cautelar aliviaría el pago a los bonistas, manteniendo el canal con Pollak, la siguiente mejor opción, si esa se complica, es pagar los U$S 1330 millones y terminar con la posibilidad del default. La RUFO no se gatillaría en ese caso porque claramente el pago sería la consecuencia de una sentencia obligatoria y no de la voluntad libre de la Argentina.

No es cierto que de esa jugada se deriven una catarata de juicios millonarios ipso facto. Pagado Singer y el fondo Elliott, quedaría algo menos del 6% de deuda sin verificar. Gran parte de esos acreedores jamás dieron muestras de vida. Es más, en el mercado financiero se cree que muchos han muerto en posesión de los bonos y que otros se han olvidado simplemente de la existencia del país y de sus acreencias. Aunque pueda parecer raro, esto es lo que se sabe y comenta en los mercados financieros internacionales. De modo que las cifras tremendistas que el gobierno maneja en algunos medios cercanos a sus posiciones son irreales.

Por otra parte, el pago detendría los intereses diarios que Griesa ha establecido por cada 24hs que pasan sin pagar. Se tratan de U$S 200000 por día. A este ritmo no se sabe que actitud sería la más inteligente, si seguir pateando esto hacia el futuro o darlo por terminado con un pago.

Para un país cuyo PBI es de U$S 500.000 millones, U$S 1330 millones no parece ser una cifra que vaya a desequilibrarlo, más teniendo en cuenta los beneficios que se abrirían y, fundamentalmente, los perjuicios que se evitarían.

Que el Gobierno no esté haciendo esto para pagar menos no es posible por el ajuste de intereses que ya vimos y por los antecedentes de las conductas oficiales frente a Repsol y frente al Club de París.

Con lo cual cada vez más se afianza más la idea de que la Presidente ha hecho de ésta otra causa para desarrollar una estrategia de demagogia interna. Sabe que ciertos sondeos arrojan como resultado que la gente se ha comido el “caramelito” de los “buitres” y todo ese verso nacionalista y patriotero y está decidida a explotarlo. Como si fuera poco le envía señales al mundo de que su alianza es con las autocracias sin Estado de Derecho de Rusia y China y no con las democracias de Poder Judicial independiente. Nada bueno saldrá de esto.

No se sabe muy bien por qué la Argentina entró en esta espiral (o tal vez sí) pero lo cierto es que los platos rotos los pagaremos todos.

Es la cultura, estúpido

El gobierno argentino está jugando con fuego. Creyendo que el mundo se mueve con las prácticas que lo hacemos nosotros fronteras adentro, toma decisiones que ponen en serio riesgo a la economía y al bienestar de todos.

Lo que está pasando con el tema de los holdouts,  Griesa y las decisiones de la justicia norteamericana, es una especie de enorme choque cultural entre dos concepciones irreconciliables de ver el mundo y las relaciones entre los individuos. 

La Argentina (y no es una apreciación que le cabe sólo a la administración Kirchner, aunque, claramente, los ribetes de esta última década han profundizado esa cosmovisión) cree básicamente en la fuerza del poder. No logra procesar la idea de que el poder debe someterse al Derecho y que las razones de Estado tienen una jerarquía jurídica inferior a los derechos individuales.

El mundo occidental en general y los Estados Unidos en particular tienen la concepción opuesta: creen básicamente en la supremacía del Derecho y en la preeminencia de los derechos individuales por sobre las razones de Estado. 

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Lo que la presidente realmente quisiera negociar

Para el gobierno argentino la puesta en escena es fundamental. Muchas veces le asigna mayor valor a esas escenografías que a la propia sustancia de lo que se discute. El caso de la deuda impaga con los holdouts no ha sido la excepción.

Desde la presidencia de Néstor Kirchner trató de transmitir la imagen de que la intransigencia con esos grupos era una forma de la épica nacional, una gesta que enfrentaba a los malvados que tenían por objetivo la destrucción de la Argentina.

Esa concepción fue mantenida y aumentada por la Sra de Kirchner, mucho más dogmática que su marido y mucho más proclive a creer de verdad que protagoniza una epopeya de dimensiones colosales en la historia del país.

Esta postura enroscó al gobierno en un laberinto gratuito del que ahora le resulta difícil salir. Tanto infló el parche del nacionalismo haciendo de la resistencia a los holdouts uno de los capítulos preferidos del relato popular que ahora, cuando un fallo judicial seguido de dos confirmaciones de instancias superiores, nos pone en el lugar de encontrar una solución para no caer en default, nos encontramos encerrados entre la espada y la pared, obligados a elegir entre quedar como alguien que debe meterse todo lo que dijo en el bolsillo y pagar o volver a producir una quiebra nacional con las consiguientes consecuencias de escasez, pobreza y crisis.

En las primeras horas luego de conocido el rechazo de la Corte norteamericana a entender en el caso, la impresión general era que el gobierno iba a elegir lo que se llamó la “malvinización” del proceso, es decir, un endurecimineto nacionalista de la postura que, apelando a lo más rancio del mensaje aislacionista iba a proponer una guerra sin cuartel contra el mundo financiero, haciendo de las consecuencias nefastas que ello iba a traer una especie de trofeo pírrico de las banderas nacionales y populares.

Fue la sensación que se tuvo luego de escuchar sucesivamente a la presidente y al ministro Axel Kicillof el lunes y martes de la semana pasada.

Pero luego, a partir del Día de la Bandera -en donde muchos consideraban que estaban dadas todas las condiciones para que la presidente subiera la apuesta del desafío- el tono y las perspectivas cambiaron.

A la vera del Paraná la presidente dijo que en la Argentina sobraba la buena fe y que quería pagarles al 100% de los acreedores, reestructurados o no; que solo necesitaba que el juez generara condiciones justas y equitativas de negociación.

La presidente parecía decir a gritos “quiero pagar, les voy a pagar; les voy a pagar a todos… Pero ¡por favor ábranme una puerta para que yo internamente pueda seguir presentándome como una revolucionaria, aunque sea una actuación, una mentira, no importa, pero necesito que me permitan eso!”

Esa es la instancia de “negociación” que el gobierno pide. Margen para negociar el tema pago, tiene poco y depende más bien de la voluntad del Sr. Singer que de condiciones que pueda generar el juez Griesa. Es más, las apelaciones de la presidente al juzgado no parecen procesalmente pertinentes: Griesa ya terminó de ver caso y tomó una decisión. Su postura fue apelada y lo que él decidió fue refrendado en la Corte de Apelaciones y también en la instancia máxima. Son las partes -el gobierno argentino y el fondo NML- los que tienen que acercar al juzgado un convenio de cumplimiento de la sentencia. Si ese convenio es satisfactorio para las partes, Griesa lo homologará y todo habrá terminado.

Cómo hará la presidente para cumplir al mismo tiempo con lo que NML aspira del fallo y con el frente revolucionario interno que ya planteó la opción “Patria o Buitres”, es una incógnita aun por develar.

Pero en el mientras tanto, lo inteligente sería ir bajando los decibeles de aquellos extremismos para que las diferencias con la realidad no se noten tanto. Escuchar en Rosario a la presidente decir “quiero pagar, voy a pagar” y ver la tribuna con banderas norteamericanas cruzadas por pájaros carroñeros o carteles proponiendo la opción de elegir entre la “Patria” o los “Buitres” no es bueno para la salud mental de todos nosotros. Desde ese punto de vista siempre es mejor vivir con la verdad y no con ensoñaciones altisonantes.

También es hora de dejar de etiquetar con términos visualmente repugnantes a los que “especulan”: en geografías más cercanas hay muchos que podrían dar cátedra de esas prácticas y quizás en condiciones de transparencia menos evidentes que la que puede exhibir el fondo Elliot u otros que no entraron a los canjes de 2005 y 2010.

Esas agachadas populistas le cortan a la gente el camino a entender la verdad a la vez que encumbran a algunos a sitiales que no merecen y entierran a otros a infiernos injustos. ¿Qué pasará cuando sean los jubilados los que le reclamen al Estado cobrar lo que les corresponde? ¿Serán “buitres” también? ¿O el BCRA cuando quiera monetizar los papelitos con que el gobierno lo ha forrado será otro pájaro desagradable? ¿O acaso lo fueron los propios Kirchner cuando abiertamente confesaron comprar tierras fiscales por centavos y venderlas por millones?

Pese a todas estas dudas, la palabra presidencial debe ser tomada como un paso positivo en la buena dirección. No se sabe cuánto margen quedará para hacer una cosa en el terreno de los hechos y decir otra para la tribuna “de la liberación”. Pero en gran medida esa será una cuestión que tendrá más que ver con ésta última que con la presidente. Si hay personas a las que les encanta vivir engañadas, creídas de un verso insostenible, que cree estar ataviada con las armaduras de Don Quijote y que lucha por la justicia contra enemigos crueles, allá ellos. Un político puede aprovecharse, abusarse y hasta tratar de profundizar esas estupideces para su propia conveniencia, pero llega un momento que su lugar en la Historia debe independizarse de la bullanguería para centrar su mirada solo en el bienestar de las futuras generaciones. En ese exacto lugar está la presidente hoy. Y desde allí debe decidir qué hace. Lo que haga, como ella misma dijo, afectará no solo la temporalidad insignificante de su gobierno sino la suerte de sus hijos, de sus nietos y la de los hijos y los nietos de todos.