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Son estos, no hay otros

Los cuentos que parecían de ciencia ficción cuando las primeras investigaciones periodísticas daban cuenta de bóvedas, estancias en el sur con dinero enterrado, enormes cajas fuertes del Banco Hipotecario trasladadas a propiedades de los Kirchner, podrían empezar a confirmarse y a cobrar visos de realidad más temprano que tarde.

Quizás sea esa expresión de deseos atorada en el ánimo de la mayoría de los argentinos, que daría lo que no tiene para ver las pruebas del robo por una vez en la vida delante de sus ojos. Otros van más allá en sus sueños y piden la restitución de lo robado. Pero lo cierto es que desde hace unas cuantas horas existe un clima de mani pulite que esperanza a muchos y que tiene atentos a otros.

Hace unas semanas el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, emitió una señal hacia todo el Poder Judicial en el sentido de que la meta primordial de esa rama del Estado debía ser la lucha contra la impunidad y que los jueces debían perseguir la corrupción y castigarla.

Algunos dicen que eso explica la súbita aceleración que han tenido algunas causas. Otros indican que esta es la respuesta de los juzgados federales al proyecto del ministro Germán Garavano para reformar esa área de la Justicia, con la creación de juzgados con competencia específica que, necesariamente, recortaría el poder de los jueces actuales. Continuar leyendo →

Poder absoluto

La Fundación Nuevas Generaciones presentó el martes la tercera edición de su informe anual “Indicadores de Control Legislativo”, en el que se evalúa el resultado de los pedidos de informes que los Diputados realizan al Poder Ejecutivo de la Nación para controlar el desarrollo de su gestión.

En el estudio se recuerda que, por mandato constitucional, el Congreso de la Nación tiene dos funciones muy específicas: legislar y controlar al Poder Ejecutivo. Para esta última tarea el Congreso cuenta con los pedidos de informes como herramienta fundamental.

Los resultados que arroja el informe son cada año más pobres. Tomando el período 2003-13, podemos destacar los siguientes:

- En dicho período se han presentado en la Cámara baja 10.715 pedidos de informes, y de ellos solamente 1654 fueron aprobados por el plenario de Diputados. Esto implica que solamente se aprobó el 15,4% de los pedidos de informes que se presentaron, una cifra inferior al 17,5% que arrojó la medición publicada en 2012 y al 17,1% publicado en 2013.

- De los 1654 pedidos de informes aprobados entre esos años, solamente 1064 fueron respondidos, esto implica, que entre 2003 y 2013 fueron respondidos un 64,3% de los pedidos y que un 35,7% permanecen sin respuesta.

- De los pedidos de informes respondidos en esos diez años por el Poder Ejecutivo, solamente el 9% recibió la respuesta dentro del mismo año en que fue solicitado. El restante 91% recibió la respuesta fuera de ese plazo.

Analizando específicamente el año 2013, encontramos los resultados más bajos de la historia de este indicador:

- Durante ese año, solamente se aprobó el 0,2% de los pedidos de informes presentados por Diputados de la Nación. O sea, que de 1058, solamente se aprobaron 2.

- En ese mismo año, ninguno de los dos pedidos de informes aprobados fueron respondidos por el Poder Ejecutivo de la Nación. Por lo tanto, el nivel de respuesta llega al 0%, cifra nunca alcanzada en este indicador.

- En materia de temáticas, durante 2013 la mayoría de los pedidos de informes (25%) se centraron en cuestiones vinculadas a la defensa y seguridad, y dentro de ellas, el mayor porcentaje estuvo orientado específicamente al narcotráfico.

Hasta aquí, las conclusiones casi textuales de lo presentado ayer por esta Fundación. Los resultados confirman una vez más, con el valor frío de las estadísticas, el hecho de que el Poder Ejecutivo actúa directamente sin control. A esto debe sumarse la prórroga legislativa que el Congreso le ha dado hasta diciembre de 2015 por la que la Sra. de Kirchner puede gobernar prácticamente por decreto (apoyada en la Ley de Emergencia Económica -cuando por otro lado se dice que, gracias la “década ganada”, estamos en el Paraíso) y la inoperatividad de la mayoría de las agencias de control administrativo, cuyo trabajo ha sido paralizado por el no nombramiento de funcionarios (tal el caso de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, vacante desde hace 5 años y a cargo de un fiscal subrogante completamente inocuo) o por el completo desdén con que se toman sus resoluciones -tal el caso de la Auditoria General de la Nación, encabezada por el Dr. Leandro Despouy, que ha elaborado más un informe alarmante y no ha pasado nada.

También son conocidas las pretensiones que la Presidente tiene respecto del Poder Judicial, es decir, lograr también allí una completa sumisión a su voluntad por la vía de nombrar jueces y fiscales adherentes a Justicia Legítima (una especie de “La Cámpora” judicial), proponer la politización de la justicia, la eliminación de la responsabilidad civil del Estado y la limitación de las medidas cautelares en su contra. Del mismo modo, son públicas las sentencias de la Justicia que el Poder Ejecutivo ignora olímpicamente, como si no se hubieran dictado. Y tampoco pasa nada.

La flagrancia de la aspiración al poder total es de tal magnitud que cuesta creer cómo se pretende seguir llamando al sistema vigente en el país “Estado de Derecho”. Prácticamente ninguna de las características definitorias de ese sistema de vida están en vigor en la Argentina. En el país no gobierna la ley sino la voluntad de un grupo de personas ubicadas en las poltronas del poder que dedican la mayor parte de su tiempo a declararse absueltas de la rendición de cuentas y del control de los poderes públicos.

La contracara evidente de ese régimen es una paralela restricción de los derechos individuales, cuya suerte pende del hilo de la arbitrariedad y de la discrecionalidad de los funcionarios, pero no del Derecho.

Es a todas luces obvio que con estas características la Argentina se haya volcado a una alianza con los autoritarismos de la Tierra (Rusia, China, Venezuela, Cuba, Ecuador, Angola) y plantee una especie de guerra de redención contra el Occidente liberal.

La única incógnita frente a esto es, si más allá de envidias bajas y odios de ignorantes, la gente realmente cree que va a vivir mejor bajo un régimen de esta naturaleza antes que en una democracia verdadera con división de poderes y control absoluto del poder del presidente. Si es así, estamos listos señores. Como diría Alberdi, “el tirano no es la causa sino el efecto de la tiranía”.

Una oportunidad única para funcionar como una república

El caso del vicepresidente Boudou sea probablemente el primero en donde el país puede dar una prueba del funcionamiento de las instituciones constitucionales mientras un integrante del gobierno está ejerciendo sus funciones y no luego de que se haya retirado del poder.

En efecto, la Argentina ha heredado esa pésima costumbre colonial del Juicio de Residencia que, a lo sumo, sometía a la investigación al funcionario en el llano, ya fuera de su cargo.

Más allá de que esa tradición contraría toda la lógica constitucional basada en el control y balance recíproco de los poderes, hace perder toda la gracia del funcionamiento republicano. El Poder Judicial existe precisamente para verificar que los otros dos poderes actúan bajo las órbitas organizadas por la Constitución y no superen los límites que ella establece.

Si ese mecanismo está diseñado así, para el orden lógico de la organización estatal, cuánto más deberá aplicarse cuando lo que hay de por medio es la sospecha de la comisión de un delito.

Muchos sectores de la oposición han salido a pedir la renuncia o el pedido de licencia del vicepresidente. Elisa Carrió y el PRO prefieren que permanezca en el cargo y que eventualmente sea destituido por juicio político. Es probable que el PRO asuma esa postura porque el jefe de Gobierno también fue procesado en el caso de las escuchas. Si bien su situación fue, desde el principio, mucho más bizarra y, desde el juez que le dictó el procesamiento (Oyarbide) hasta lo que se sustanció en esa causa, siempre se sospechó algún amañamiento de la misma, lo cierto es que Macri tuvo un auto de procesamiento en su contra que luego fue anulado por el juez Casanello, resolución que está ahora en apelación. El jefe de Gobierno siguió en su puesto a pesar de todo.

Pero lo cierto es que el país debería tener la oportunidad de ver funcionar el mecanismo constitucional en orden y en paz. Esas previsiones de los padres fundadores fueron tomadas para mantener el funcionamiento normal de las instituciones no para entorpecerlo o para crear una zozobra social.

Quien mejor reaccionó dentro del oficialismo fue la diputada Juliana Di Tullio que declaró que “ahora Boudou podrá defenderse”. En efecto, el acto procesal de la declaración indagatoria es una oportunidad para que el sospechoso declare lo que sabe y avance en su propia defensa. Puede mentir incluso o negarse a responder. Ese es su momento en el proceso.

Por otro lado, es cierto que cuando un juez cita a esa declaración, es porque ha reunido elementos suficientes que lo llevan al convencimiento de que el citado cometió el delito que se investiga. Es más,  los casos en la justicia penal en que, luego de la indagatoria, el juez dicta el sobreseimiento o la falta de mérito son realmente excepcionales.

Pero lo mejor es dejar fluir el funcionamiento normal de las instituciones para que las formas republicanas se consoliden en el país. Los argumentos de confabulaciones destituyentes por parte de monopolios mediáticos son completamente delirantes. Solo habría que ver los elementos que el juez Lijo menciona en su escrito para advertir la hondura de la sospecha.

Es probable que el gobierno y la presidente se abroquelen en defensa de Boudou. Está bien; es normal.

Eso no solo no debería extrañar sino que debería tomarse como una reacción natural de un gobierno que se ha acostumbrado a no rendir cuentas y a no tener noción de los límites; a creerse dueño y señor de hasta el último detalle de la vida argentina.

Es más, un gobierno amoldado a las formas republicanas y a los límites establecidos por la Constitución no debería tambalear porque su vicepresidente deba responder ante la justicia. Si el funcionario usufructuó su cargo para beneficiarse personalmente, el gobierno no debería hacerse cargo de ello, más allá de la responsabilidad política que, en este caso, llevaría la presidente por haberlo elegido en soledad y no como el producto de un consenso. Pero la continuidad institucional del gobierno no debería resultar mellada.

El problema aquí es que nadie puede dar seguridades de que Boudou haya actuado solo y por su cuenta.

Y más allá de esa incertidumbre, muchos tienen la fundada sospecha de que el entonces ministro de Economía fue solo un operador que siguió órdenes.

Por cierto, el aborto de la operación contra el juez de la causa debe recibirse con júbilo. Aunque es preocupante comprobar que el gobierno estaba dispuesto a llevarse puesto al juez a la vista de todos, reconforta el hecho de que esa operación se haya truncado. Dos jueces de la Cámara Federal probablemente más cercana a la Casa Rosada se negaron a apartar a Lijo de la investigación.  Fue la misma Cámara que hace 20 días declaró inconstitucional el tratado con Irán. Se trata de una nueva demostración de que los jueces no firman un contrato a perpetuidad con los gobiernos. Ese mismo padecimiento ya fue verificado por Menem, que también se ilusionó con manejar la justicia y así le fue.

Lijo venía de visitar al Papa Francisco que en una audiencia privada le había dicho que no debía confundir prudencia con cobardía.

La Argentina tiene una oportunidad histórica: funcionar como una democracia desarrollada, al menos en su faz política. Dejar que los mecanismos de la Constitución -que son sabios y pacíficos- vayan fluyendo hasta encontrar un cauce que ponga las cosas en orden y las responsabilidades en cabeza de los que verdaderamente deben cargarlas.