Las confesiones de Videla

El último golpe de Estado fue el más organizado de todos los que ocurrieron en nuestro país. Las primeras conversaciones ocurrieron, de manera informal, nueve meses antes, cuando el general Jorge Rafael Videla fue nombrado jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, durante el gobierno constitucional de la presidenta Isabel Perón.

En una de las entrevistas para mi libro Disposición Final, Videla sostuvo que “la planificación del golpe en forma orgánica comienza luego cuando me convierto en comandante en jefe del Ejército”, el 28 de agosto de 1975, cuando, durante una crisis militar y política, el Ejército impuso a la Presidenta la designación de Videla.

“En ese momento, empiezo a recibir visitas de gente interesada en verme”, agregó.

A esa altura, el gobierno peronista estaba muy debilitado: un drástico programa de ajuste económico, bautizado el “Rodrigazo” por el apellido del ministro de Economía, Celestino Rodrigo, había derivado en la primera huelga general contra un gobierno peronista y en la salida del hombre fuerte del gobierno, José López Rega.

Todo eso en medio de una densa violencia política, con distintos grupos armados, de izquierda y de derecha, que en 1975 cometieron 1.065 asesinatos por razones políticas. En las vísperas del golpe, cada cinco horas ocurría un atentado y cada tres estallaba una bomba, según el diario La Opinión, de Jacobo Timerman.

Fue el golpe más preparado y comentado de la historia nacional; tanto fue así que los últimos tres meses y medio del gobierno peronista fueron utilizados por los militares para elaborar las listas de personas que serían detenidas luego del 24 de marzo de 1976 a lo largo y ancho del país.

“No era una situación que nosotros pudiéramos aguantar mucho: los políticos incitaban, los empresarios también; los diarios predecían el golpe. La Presidente no estaba en condiciones de gobernar. El gobierno estaba muerto”, dijo Videla.

Los principales actores políticos y económicos jugaban al golpe, incluidos los grupos guerrilleros, que pensaban que el retorno de los militares al poder los favorecería porque, de esa manera, la mayoría de los argentinos comprenderían quiénes defendían, de verdad, sus genuinos intereses.

Basta recordar el comunicado del Ejército Revolucionario del Pueblo, uno de los principales grupos armados, hace hoy 39 años: “Es el comienzo de un proceso de guerra civil abierta que significa un salto cualitativo en el desarrollo de nuestra lucha revolucionaria”.

Esas listas de detenidos derivaron en miles de asesinados y desaparecidos.

Según Videla, los militares protagonizaron el golpe de 1976 con un consenso básico: “Había que eliminar a un conjunto grande de personas que no podían ser llevadas a la justicia ni tampoco fusiladas. El dilema era cómo hacerlo para que la sociedad le pasara desapercibido. Por eso, para no provocar protestas dentro y fuera del país, se llegó a la decisión de que esa gente desapareciera”.

Antes de morir, en 2013, Videla asumió en Disposición Final la responsabilidad de esa “decisión”, y sostuvo que, si bien tenía “un peso en el alma, no estoy arrepentido de nada ni ese peso me saca el sueño. Duermo muy tranquilo todas las noches”.

Bonasso no debería enojarse conmigo

Miguel Bonasso dice que, “en una insólita persecución extra-periodística y extrajudicial”, yo mentí sobre su testimonio la semana pasada ante el juez Ariel Lijo, que investiga el asesinato del sindicalista José Ignacio Rucci, ocurrido el 25 de septiembre de 1973.

En realidad, como cualquiera puede observar si relee mi artículo del 5 de marzo en Infobae, escrito y publicado antes de su declaración testimonial, yo me referí a todo lo que Bonasso ya escribió sobre ese crimen en algunos de sus numerosos libros.

No podía hablar de su declaración ante el juez porque todavía no había ocurrido.

Mi interés sobre Bonasso es, en realidad, muy limitado; se reduce a esos escritos dado que fueron citados por mí en el libro Operación Traviata, que impulsó la reapertura de la investigación judicial del asesinato de Rucci, hace más de seis años. Continuar leyendo

Bonasso ya señaló a Firmenich por el crimen de Rucci

El periodista y ex “oficial” montonero Miguel Bonasso puede abrir la puerta a la citación de Mario Firmenich si hoy confirma en la Justicia lo que ya reveló en sus libros: que el jefe de la guerrilla peronista le dijo, “oficialmente”, que Montoneros mató al sindicalista José Ignacio Rucci, el 25 de septiembre de 1973.

“De manera fría y seca, (Firmenich) nos confirma oficialmente que Rucci fue ejecutado por la Organización”, escribe Bonasso en la páginas 141 de su libro Diario de un clandestino. Se refiere a una reunión con Firmenich en una oficina del centro porteño, en un alto de los preparativos para sacar el diario Noticias.

Bonasso fue una de las fuentes citadas por mí en mi libro Operación Traviata, que impulsó la reapertura de la investigación judicial del asesinato de Rucci, hace más de seis años.

Firmenich está viviendo en Barcelona, donde da clases de Economía. Pero, sigue de cerca los vaivenes de la política argentina; al menos dos de sus hijos son militantes kirchneristas, uno de ellos en Córdoba y otro, en España.

El juez Ariel Lijo citó dos veces a Bonasso como testigo, pero el periodista, escritor y ex diputado kirchnerista nunca quiso asistir con el argumento de que no quería traicionar a sus ex compañeros implicados en el atentado contra el entonces secretario general de la CGT.

En realidad, Bonasso ya reveló varios de esos nombres: el de Firmenich, pero también el de Julio Roqué —que dirigió el pelotón que llevó adelante la emboscada— y el de Norberto Habegger, quien fue el principal asesor del gobernador de Buenos Aires, Oscar Bidegain.

Bonasso incluso reveló el nombre falso que Habegger utilizó en esa función: Ernesto Gómez, y contó que varios funcionarios de Bidegain habían sido puestos por Montoneros.

Este tema es clave para determinar si el ataque contra Rucci contó con la colaboración de funcionarios del gobierno bonaerense, como sostiene la familia de la víctima.

De acuerdo con Bonasso, Firmenich le explicó que habían matado a Rucci porque estaban enfrentados con el sindicalismo ortodoxo, un “aliado del imperialismo”, y por “su responsabilidad personal (la de Rucci) en la matanza de Ezeiza”.

Bonasso asegura en su libro que le planteó a Firmenich su desacuerdo con el ataque contra Rucci porque “su asesinato es una abierta provocación a Juan Perón”, quien había retornado al país luego de un exilio de casi 18 años y dos días antes del ataque contra su fiel Rucci había ganado las elecciones con más del 61 por ciento de los votos.

“El Pepe (Firmenich) recién se impacienta cuando argumento que una organización revolucionaria no puede producir un ajusticiamiento sin asumirlo públicamente porque, si no, equipara sus acciones a las de un servicio de inteligencia. La frase, me parece, conspira contra mis posibilidades de ascenso”, afirma Bonasso.

En aquel momento, Bonasso era “oficial” de Montoneros, que tenía un rígido escalafón militar, y figuraba como director del nuevo diario, que, según Bonasso, se financió con “misteriosas valijas repletas de billetes”, en alusión al dinero proveniente de los secuestros de la guerrilla peronista.

En aquel diario también trabajaron Horacio Verbitsky, Paco Urondo, Rodolfo Walsh y Juan Gelman, entre otros.

¿Qué tiene Cristina en la cabeza?

La Presidente cambió su versión sobre la muerte de Alberto Nisman de suicidio a asesinato, pero la esencia es la misma: hay una operación en su contra, una vasta conspiración en la cual el fiscal fue utilizado, primero vivo (cuando hizo la denuncia contra el Gobierno por el presunto encubrimiento de la pista iraní) y ahora muerto.

Los autores del complot son locales, pero con apoyo, y tal vez inspiración, internacional. Los medios de comunicación que no son K, sectores de la Justicia y de los espías, la oposición, por un lado; los Estados que buscan incriminar a Irán, un aliado de la Argentina, por el otro, con Estados Unidos e Israel a la cabeza.

En el fondo, el fiscal no le importa demasiado; seguramente, piensa que tuvo su merecido en tanto herramienta de los enemigos que le han armado esa operación en su contra. Por eso, ninguna condolencia a su familia.

Así ve la política la Presidente: no hay nada más que conspiraciones en el mundo, que está dividido en Estados buenos y Estados malos. Una lucha continua que viene desde el fondo de nuestra historia y que encontró uno de sus capítulos fundamentales en los 70.

Lo que en su marido era pragmatismo, en Cristina es dogmatismo. Néstor Kirchner había abrazado la lucha por los derechos humanos tardíamente, en 2003, cuando se dio cuenta de que era una manera de ganar poder; Cristina Kirchner, en cambio, cree que realmente en los 70 hubo una lucha entre buenos y malos, entre amigos y enemigos, entre ángeles y demonios. Y que la historia es siempre la misma, apenas cambian las fechas y los nombres propios.

Una mentalidad conspirativa ve pruebas de sus hipótesis por todos lados. En su ultimo escrito en Facebook, la Presidente cita como fuente a periodistas y medios amigos y “militantes” para respaldar sus elucubraciones.

Todo eso combinado con una dosis superlativa de arrogancia. La Presidente se considera el centro del mundo, todo pasa por ella y por sus vivencias. Siempre debe haber sido así, pero el poder ha aumentado su alienación (en el sentido marxista de la palabra); ella vive y produce su propia realidad.

El problema para Cristina es que, en este caso, alimentar hipótesis conspirativas la perjudica dado que la mayoría de la gente tiene versiones más atractivas, mas creíbles, sobre la muerte de Nisman. Según las encuestas, esas hipótesis vinculan el final del fiscal al poder político de turno. Es decir, al cristinismo y sus diversos ámbitos.

Lo que me dijo Ernesto Barreiro sobre la represión en Córdoba

[Lo que sigue es un extracto de mi libro ¡Viva la sangre!, que reveló que Córdoba fue entre agosto de 1975 y octubre de 1976 el laboratorio de la represión ilegal de la dictadura. Es decir, que los desaparecidos comenzaron antes del golpe, una hipótesis incómoda para el peronismo en general]

viva la sangre

El ex mayor del Ejército Ernesto Barreiro reveló en un juicio en Córdoba los lugares donde estarían enterrados los restos de 25 desaparecidos, 21 de ellos detenidos o secuestrados durante los últimos meses del gobierno constitucional de la presidenta Isabel Perón.

El ex mayor Ernesto Barreiro recuerda que, cuando se incorporó al Destacamento 141 de Inteligencia, en enero de 1976, el general Luciano Benjamín Menéndez, jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, “ya era la cúspide de un poder alternativo espectacular. Lo traté bastante; un tipo de Caballería, que es el arma por excelencia de la ofensiva; suelen ser tipos simples, que van al frente, con perfil de líderes. No tomaba sus decisiones según su antiperonismo. No confundía las cosas; Menéndez nunca salió a cazar subversivos porque eran peronistas. Tampoco tenía una gran ambición de poder: su asonada de 1979, que le costó la carrera, fue un gesto simbólico porque no aceptaba el rumbo que había tomado el gobierno; no aceptaba arreglar con los políticos sin hacer las cosas que él pensaba que había que hacer”.

En su territorio, Menéndez se comportaba casi como un señor feudal: hacía prácticamente lo que quería. Por ejemplo, a mediados de enero de 1976 el general Jorge Videla envió a Córdoba en su propio avión de comandante en jefe del Ejército a uno de sus colaboradores de mayor confianza, el general Juan Pablo Saá, subjefe de Inteligencia de su Estado Mayor, con la misión de decirle a Menéndez que debía liberar a Juan Alberto Caffaratti, miembro del Partido Comunista y de la comisión directiva del sindicato de Luz y Fuerza. Caffaratti había sido secuestrado el 15 de enero y el PC pedía por él; Videla buscaba el respaldo de los comunistas y de la Unión Soviética para el golpe y para su gobierno, objetivos que lograría ampliamente. Pero, Menéndez despachó rápidamente a Saá con la información de que Caffaratti ya había sido muerto. Su cadáver nunca apareció.

Menéndez tenía una idea bien definida sobre cómo debía ser la represión en su territorio y quiénes tenían que ser sus objetivos o blancos: las guerrillas por un lado y la izquierda por el otro, tanto en la política y el gremialismo (en especial, en las comisiones sindicales de las grandes fábricas), como en las universidades y la cultura en general. Una reacción conservadora y autoritaria contra las amenazas al orden establecido; contra la Córdoba rebelde, capital de la revolución socialista.

Para Ernesto Martínez, diputado del Frente Cívico, Menéndez “fue usado por la sociedad tradicional de Córdoba para recuperar el aparato del Estado en todos sus niveles, por ejemplo a través del desplazamiento y nombramiento de funcionarios y jueces, decisiones que pasaban por el Tercer Cuerpo”

La represión a la cordobesa fue implacable, brutal, pero selectiva: no afectó a las dirigencias de la Unión Cívica Radical ni al Partido Justicialista; tanto fue así que cuando terminó la dictadura ambas fuerzas conservaban los liderazgos de 1976: el ex senador Eduardo Angeloz seguía siendo el presidente de la UCR y fue el candidato a gobernador en 1983 mientras que Víctor Martínez acompañó a Raúl Alfonsín en la fórmula presidencial; en el peronismo, el candidato a gobernador fue Raúl Bercovich Rodríguez, que había sido el último interventor federal antes del golpe. Tampoco la CGT, la Iglesia Católica y la Justicia sufrieron muchos cambios.

El Ejército —afirma Barreiro— no se metió con ningún factor de poder de Córdoba. Con la Iglesia, ni fu ni fa; la relación con el arzobispo Raúl Primatesta no era buena comparada con la relación que había con otros obispos en otros lugares. Primatesta tenía varios curas jodidos. Nunca se los tocó para no meterse con la Iglesia a pesar de que varios de esos curas eran los responsables de la formación de tantos subversivos”.

Barreiro sostiene que “Menéndez sabe el destino final de cada desaparecido. No se le escapaba una mosca en materia de hacer cosas que no se podían, por izquierda. Llevaba un control esctrictísimo: había cero libertad de acción en Córdoba”.

Roca, una figura incómoda para Cristina

El gobierno de la presidenta Cristina Kirchner intentó que el centenario de la muerte de Julio Argentino Roca, que se cumple hoy, pasara lo más desapercibido posible o bien fuera incluido dentro del relato oficial, que, como se sabe, divide también a la historia en buenos y malos, en amigos y enemigos. Por eso, hace unos meses, la Secretaría de Cultura instruyó a las autoridades de los museos dedicados a las figuras de la Generación del Ochenta que no prepararan actos alusivos al centenario de la muerte de Roca y que si se les ocurría tocar el tema convocaran a los dos historiadores oficiales: Felipe Pigna y Pacho O´Donnell.

Roca es una figura molesta para el kirchnerismo. Por un lado, sectores de la alianza oficialista lo ven como un genocida porque derrotó militarmente a los indios que ocupaban parte del territorio nacional. Eso ocurrió antes de su presidencia, cuando Roca era ministro y encabezó la llamada Conquista del Desierto, en base a una ley aprobada por el Congreso. La pelea contra los indios venía ya desde la Independencia; el objetivo de la ley del Congreso fue ocupar esas tierras para atraer a los millones de inmigrantes que el país necesitaba. No iban a venir si persistían los malones indígenas.

Roca derrotó a los mapuches e incorporó al Estado a millones de hectáreas: el sur y sudoeste de Buenos Aires, el sur de Córdoba, San Luis y Mendoza, y las actuales provincias de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Sin esos territorios, no habría, además, Antártida argentina ni Malvinas argentinas. Es bueno tener en cuenta que los mapuches no eran pueblos originarios en la zona sino que habían derrotado militarmente a otras tribus. Ellos  habían venido de Chile y tenían contacto permanente con sus hermanos que vivían del otro lado de los Andes.

La palabra genocidio es muy atractiva para la propaganda política pero no sirve de mucho para la historia; es un concepto reciente y los hechos tienen que ser analizados en su contexto. Obviamente, nadie le puede impedir a un grupo político que acuse, por ejemplo, a Cristóbal Colón de genocida, pero eso es política, lucha por el poder presente; no tiene mucho que ver con la historia ni con la búsqueda de la verdad histórica. Si usáramos la palabra genocidio, también tendríamos que calificar como tal a Juan Manuel de Rosas, que cuatro décadas antes que Roca mató casi el triple de indios durante su Campaña al Desierto. Y eso sería un problema para el proyecto nacional y popular, que abreva en Rosas.

Roca es una figura complicada para el kirchnerismo porque Néstor Kirchner fue nuestro primer presidente patagónico también gracias a Roca. Seguramente por su capacidad, habría sido presidente pero de otro país porque semejante territorio sería hoy una nación independiente o bien formaría parte de otro Estado, como Chile, por ejemplo. Roca tuvo la habilidad de concretar la conquista mientras Chile estaba concentrado en la Guerra del Pacífico. Tanto es así que apenas lograda su victoria en el norte, Chile extendió su dominio hacia el sur derrotando a los indios que ocupaban esa región.

Es decir que, con Roca, la Argentina consolidó su dominio territorial y, gracias a una vasta obra de gobierno realizada en dos mandatos, doce años en total, construyó el Estado nacional. Un solo Estado en una sola Nación porque los millones de inmigrantes pobres se convirtieron en argentinos gracias al ley 1.420, sancionada durante la primera presidencia de Roca, que introdujo la enseñanza primaria obligatoria, universal, gratuita y laica. Para eso, derrotó políticamente a la Iglesia Católica, que controlaba la educación. Vean la vastedad del proyecto de Roca: hubo una ruptura diplomática con la Santa Sede, que se solucionó recién en su segundo mandato.

Roca no estuvo solo sino que formó parte de una clase dirigente notable, con figuras como Mitre, Avellaneda, Pellegrini y Roque Sáenz Peña, entre otros. Y fue esa Generación la que transformó un país pobre, vulnerable y despoblado en una de las economías más pujantes de su época. Claro que ese cambio vertiginoso se hizo con muchas tensiones sociales y políticas, pero la virtud de Roca y de sus contemporáneos fue ir incorporando al progreso a la mayoría de los argentinos. Un poco por la lucha cívica de un sector de la élite y de la Unión Cívica Radical y otro poco por la consolidación de una clase media que aspiraba a más fue sancionada la ley que estableció el voto universal, obligatorio y secreto, que llevó a los radicales al gobierno.

Roca representa a otra Argentina, de paz, administración y progreso.

Videla, un producto típicamente argentino

Una de las cosas que más me llamaron la atención en las entrevistas que derivaron en el libro “Disposición Final” fue que Jorge Rafael Videla se reveló como un producto auténticamente argentino; el fruto extremo de una cultura política fratricida, que divide entre buenos y malos, entre amigos y enemigos, y que, en consecuencia, considera que cada gobierno tiene la misión de refundar el país. Una cultura autoritaria, que desprecia la búsqueda de equilibrios y consensos, así como es renuente a la tolerancia y a la evolución.

Videla y los militares llevaron al extremo la división de la Argentina entre amigos y enemigos: “Había que eliminar a un conjunto grande de personas que no podían ser llevadas a la Justicia ni tampoco fusiladas”, afirmó sobre el acuerdo básico de la cúpula militar que tomó el poder, hace treinta y ocho años. No sólo para “ganar la guerra contra la subversión” sino para “disciplinar a una sociedad anarquizada, volverla a sus cauces naturales”; reconstruirla como si fuera de plastilina y pudiera ser modelada por la fuerza.

Sería hermoso que el relato kirchnerista fuera cierto, al menos en este punto; que Videla y los militares hayan sido una anomalía o más bien la expresión de solo una parte de la Argentina, esa gente mala, egoísta, a la que solo le preocupan sus intereses particulares: la prensa hegemónica, el campo, la Iglesia, las clases medias (cuando no votan como tienen que hacerlo), el empresariado que no es nacional ni popular, el radicalismo, el peronismo ortodoxo o moderado, el sindicalismo “burocrático”…

Sin embargo, la realidad supera al relato. La “juventud maravillosa”, de la que el kirchnerismo se postula como legítimo heredero, no tomó las armas luego del golpe del 24 de marzo de 1976 para defender la democracia y los derechos humanos, respaldados por los partidos, sindicatos, medios de comunicación y organizaciones sociales que defendían los intereses populares.

No ocurrió así. Los militares desplazaron a la presidenta Isabel Perón con el apoyo de buena parte de la sociedad, que estaba harta de la inflación, el desabastecimiento, la violencia de derecha e izquierda (en 1975 hubo 1.065 muertos por razones políticas), la fragilidad del gobierno y de la Presidenta y las denuncias de corrupción. Tanto fue así que no hubo protestas callejeras ni huelgas en las fábricas o los comercios.

La prensa reflejó ese respaldo social: no solo La Nación y Clarín, como ahora machacan los voceros del kirchnerismo; también La Opinión, de Jacobo Timerman, un diario considerado de centro izquierda que apoyaba abiertamente al almirante Emilio Massera, y el vespertino La Tarde, dirigido por su hijo, el actual canciller Héctor Timerman.

Buena parte de los empresarios y del Episcopado respaldaron el golpe de Estado. Pero también el Partido Comunista, que alababa a las “palomas” de la dictadura, como Videla, y proponía un gobierno cívico-militar. Las guerrillas recibieron el golpe con entusiasmo: ya existían antes del 24 de marzo de 1976; el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) no había abandonado las armas durante los cuatro gobiernos constitucionales del peronismo, entre 1973 y 1976, y Montoneros, de origen peronista, había vuelto a la clandestinidad luego de la muerte del presidente Juan Perón, el 1° de julio de 1974.

Tanto el ERP como Montoneros jugaron al golpe, a “fascistizar” al Ejército, seguros de que una nueva dictadura convencería a los sectores populares de que eran ellos quienes defendían sus intereses. Para concretar el sueño de la revolución socialista, habían creado “ejércitos populares”, con grados y uniformes. Esto no es una interpretación, son hechos; se pueden consultar los documentos de la época y las declaraciones de los jefes guerrilleros, como Mario Firmenich y Mario Santucho.

Fueron muchos los actores que condujeron al poder a los militares, cuya dictadura fue un desastre: miles de detenidos asesinados y desaparecidos según el macabro método llamado “Disposición Final”, crisis económica y hasta una guerra perdida contra Gran Bretaña y sus aliados por las Islas Malvinas. La memoria es importante pero luego de conocer la verdad, toda la verdad.

Montoneros nació en las sacristías

El papa Francisco sorprendió el sábado al lamentar “cuántos muchachos de la Acción Católica, por una mala educación de la utopía, terminaron en la guerrilla de los años ’70″, durante un mensaje a los cardenales que encabezan la Comisión Pontificia para América Latina.

Fue la primera vez que Bergoglio se refirió a la violencia política que afectó a la Argentina en los 70 desde que fue elegido papa, pero seguramente no será la última.

La sorpresa fue que esa primera referencia fuera sobre la responsabilidad de sectores de la Iglesia Católica en la formación de la guerrilla, en especial de Montoneros. Más políticamente correcto habría sido una primera mención a la represión ilegal durante la última dictadura, que fue respaldada por otros sectores de la Iglesia.

Pero, el primer papa jesuita tiene una fuerte, muy definida, personalidad. “El Papa habla como San Francisco y piensa como San Ignacio”, dice uno de los laicos argentinos que más lo trata.

Precisamente, la influencia de la Iglesia en la creación de Montoneros es uno de los temas de mi último libro, ¡Viva la sangre!, que está ambientado en Córdoba en 1975, es decir antes del golpe del 24 de marzo de 1976.

Es que durante los setenta, Córdoba fue un laboratorio donde los sectores en pugna se presentaron en la esencia de sus proyectos, como paradigmas de todo lo que eran, lo que representaban y lo que querían lograr. Córdoba resume la gran tragedia nacional de esa época.

Por ejemplo, en los montoneros cordobeses aparecen nítidas las tres matrices que caracterizaron a la guerrilla peronista: la Iglesia Católica, el nacionalismo y el Ejército a través de la formación en el Liceo Militar General Paz.

Varios de los cordobeses que fundaron Montoneros a nivel nacional y que debutaron con la toma de la localidad de La Calera, el 1° de julio de 1970, habían egresado de ese Liceo Militar y pertenecían a familias del patriciado cordobés, que se dividió frente a la irrupción del desafío armado de las guerrillas.

Es el caso de los Vélez, los Vaca Narvaja, los Roqué, los De Breuil.

Todos eran católicos. Montoneros nació en las sacristías y en los colegios, las universidades, las residencias estudiantiles, los campamentos juveniles y las misiones de ayuda social organizadas por las Iglesia.

Los primeros montoneros cordobeses reflejan la trayectoria típica de tantos jóvenes de buena posición social que, a partir de un compromiso católico, se fueron convenciendo de que la lucha armada era la única salida para terminar con “la violencia de arriba” —de “la oligarquía”, “el imperialismo” y sus aliados— y liberar a “los explotados”, a los sectores populares, que seguían teniendo una fe casi religiosa en Perón. Además, se hicieron peronistas, aunque, en realidad, fueron más bien evitistas: amaban a Eva Perón, la veneraban como una verdadera y perfecta revolucionaria, pero muchos dudaban sobre la ideología, la coherencia y la valentía de Perón.

En el Grupo Córdoba, que luego sería uno de los fundadores de Montoneros, participaron al comienzo Emilio Maza, Héctor Araujo e Ignacio Vélez, y el padre Alberto Fulgencio Rojas. Todos ellos se conocieron en el Liceo General Paz: Maza, Vélez y Araujo se hicieron amigos cursando los últimos años del Liceo, donde Rojas era el capellán y, al igual que su antecesor, el padre Carlos Fugante, pertenecía a los sectores reformistas de la Iglesia.

El cura Rojas instruía a esos cadetes en filosofía e historia, animaba debates sobre la actualidad y organizaba tareas de asistencia social en los barrios pobres de la capital cordobesa.

Ese grupo siguió reuniéndose todas las tardes cuando terminaron el Liceo; el lugar de encuentros fue el Hogar Sacerdotal, en La Cañada y Rioja, un lugar emblemático de la ciudad de Córdoba; allí vivían Rojas y otros sacerdotes. Había nuevos miembros: otro “liceísta”, Fierro; la novia de Vélez, Cristina Liprandi; Losada y su novia, Mirtha Cucco, que fueron acercados por el padre Fugante; Carlos Capuano Martínez, y Susana Lesgart, entre otros.

Muchos sacerdotes estaban consustanciados con el Concilio Vaticano II, que entre 1962 y 1965 renovó y adaptó la Iglesia al mundo contemporáneo, aunque luego desató una puja interna entre las corrientes conservadoras y progresistas sobre cómo había que interpretar y aplicar todos esos cambios. Una de las figuras más carismáticas en la Córdoba de los sesenta fue monseñor Enrique Angelelli, que en 1968 fue nombrado obispo de La Rioja.

Angelelli también participaba de las discusiones en el patio del Hogar Sacerdotal. En eso estaban cuando el 28 de junio de 1966 el general Juan Carlos Onganía desplazó al presidente radical Arturo Illia con el aval de los sindicatos y el peronismo, que seguía proscripto.

Los colaboradores de Onganía provenían de los sectores más conservadores y nacionalistas del catolicismo, formados en los Cursillos de Cristiandad; uno de los primeros blancos de la dictadura fue la universidad pública en el marco de una cruzada contra la izquierda marxista y su influencia en el ámbito de la cultura. El decreto-ley 16.192 suprimió la autonomía universitaria, eliminó el gobierno tripartito (profesores, alumnos y graduados) y disolvió los centros de estudiantes. Los universitarios cordobeses, herederos directos de la Reforma del 18, no podían dejar de reaccionar contra esa afrenta.

La dictadura de Onganía logró exactamente lo contrario de lo que se había propuesto. Por un lado, unificó en las protestas a los universitarios de izquierda con los radicales y los católicos de una corriente llamada Integralismo. Por otro, favoreció la peronización de tantos estudiantes de los sectores medios y altos. En tercer lugar, convenció a muchos jóvenes de que la lucha armada era la única salida para solucionar los problemas de las mayorías populares.

La formación católica los ayudó mucho en esa determinación: “Se solidificó —cuenta Ignacio Vélez— en la conciencia de cada uno de nosotros que éramos los elegidos, que con el sacrificio de nuestras vidas estábamos construyendo el poder armado que derrotaría al brazo armado del imperialismo. Era el mesianismo en todo su esplendor. La convicción profunda de que estábamos elegidos, que nos tocaba cumplir la misión de Cristo: estoy dispuesto a dejar todo, padre, madre, amigos, por tu nombre”. Y eligió “Mateo” como nombre de guerra, en homenaje a uno de los apóstoles y evangelistas.

En esa decisión influyó la relación con Juan García Elorrio, un ex seminarista porteño que en septiembre de 1966 fundó con su esposa, Casiana Ahumada, la revista Cristianismo y Revolución, todo un símbolo de la época porque se propuso reconciliar la militancia cristiana con la lucha armada.

También los curas rebeldes se radicalizaron; fue en Córdoba donde nació el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, en los primeros días de marzo de 1968, con veintiún integrantes que representaban a trece diócesis. Los había inspirado un documento del año anterior firmado por dieciocho obispos del Tercer Mundo que expresaban su deseo de profundizar su compromiso con “los pueblos pobres y los pobres de los pueblos”; criticaba a sus opresores: “el feudalismo, el capitalismo y el imperialismo”, y se “regocijaba al ver aparecer en la humanidad otro sistema social menos alejado de la moral de los profetas y del Evangelio”, en alusión al socialismo. Ningún obispo argentino firmó ese manifiesto, pero sí el brasileño Helder Cámara, cuyo deseo: “Ser voz de los que no tienen voz”, resumió el ideario religioso y político de los “tercermundistas”.

Verbitsky, una persona de “autocrítica” fácil

Réplica a otro artículo en Página 12 sobre la lucha armada, Montoneros y la responsabilidad de cada cual.

Maestro del marketing de sí mismo, Horacio Verbitsky insiste en cubrirse con mortajas ajenas para blanquear o mejorar algunos tramos de su currículum y alimentar un presunto estatus de superioridad moral. Si antes fueron Rodolfo Walsh o Emilio Mignone ahora es Juan Gelman quien viene a cumplir esa tarea. Por eso, en otro artículo en Página 12, Verbitsky nos relata una noticia sobre aquel pasado: también él, al igual que Gelman y Walsh, hizo una autocrítica sobre la lucha armada de Montoneros, que ocurrió en la misma época en la que sucedían los errores y las desviaciones.

Verbitsky dice, textual: “La autocrítica de Gelman (como la de Walsh o la mía, aunque a Reato le moleste su mención) fueron contemporáneas a los hechos y prosiguieron después”. La construcción de esa oración es muy llamativa porque el sujeto está en singular y el resto, en plural, pero filtra la intención del autor, que es destacar que él compartió la actitud que atribuye a Gelman y a Walsh. Y no es que eso me moleste: yo no protagonicé aquella etapa de nuestra historia y sólo trato de cumplir con mi trabajo, que es reconstruir lo que pasó acercándome lo más que puedo a la verdad histórica.

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El juez Bonadío y el guerrillero que pasó de traidor a víctima del terrorismo de Estado

En un sorpresivo allanamiento a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el juez federal Claudio Bonadío incautó una treintena de legajos, entre ellos el de Fernando Rubén Haymal, un montonero cordobés de 26 años fusilado en 1975 por el grupo guerrillero al que pertenecía, acusado de traición y delación.

Así fue explicado en su edición de octubre de aquel año por Evita Montonera, la revista mensual que funcionaba como el órgano oficial de la guerrilla peronista. Lo que Bonadío quiere saber es cómo fue que Haymal fue convertido luego en una víctima del terrorismo de Estado, por lo cual sus familiares cobraron la indemnización dispuesta por ley en los años noventa.

Es una de las irregularidades en los pagos a supuestas víctimas de la dictadura o de grupos paraestatales. En total, Bonadío ordenó el viernes pasado que se incautara una treintena de legajos de guerrilleros muertos en ataques a cuarteles y comisarías.

Voceros de la Secretaría indicaron que Bonadío pudo llevarse parte del material que buscaba y que ellos le enviarían el resto de la información en los días sucesivos.

El allanamiento fue originado por una denuncia penal presentada por Julio César Aráoz, ex secretario de Energía y ex ministro de Desarrollo Social, entre otros cargos, contra el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, por los presuntos delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y administración fraudulenta.

Durante más de dos años, Aráoz reclamó el pago de la indemnización prevista para los ex “presos políticos” ya que entre 1970 y 1973 estuvo detenido por su militancia en la Juventud Peronista.

Aráoz sostiene que no le pagan “al no ser adherente al actual gobierno y especialmente al grupo denominado La Cámpora, que maneja dicha secretaría”.

Al principio, esta reparación económica beneficiaba solo a los presos durante la última dictadura, pero luego leyes sucesivas, apoyadas por la oposición, fueron ampliando la indemnización hasta alcanzar ahora a todos los detenidos por razones políticas, gremiales o estudiantiles desde el 16 de junio de 1955.

Bonadío también incautó el legajo de Aráoz.

Fresneda, abogado, es hijo de desaparecidos y llegó a la Secretaría de Derechos Humanos con el auspicio del también cordobés Carlos Zannini, el secretario de Legal y Técnica de la Presidencia.

El Caso Haymal es uno de los más oscuros de la trayectoria de Montoneros. Fue “ajusticiado” porque entregó a la policía (bajo torturas, según sus parientes) la dirección de una casa de Montoneros en la cual fueron apresados varios jefes guerrilleros.

Luego de esa redada, Haymal fue liberado por la policía; Montoneros formó un “tribunal revolucionario”, que decidió su ejecución. Así se hizo: el martes 2 de septiembre de 1975, cuando la presidenta era Isabel Perón, es decir, antes del golpe de Estado, Haymal fue muerto y su cuerpo arrastrado varias cuadras desde un automóvil hasta que fue abandonado, cerca de la cancha del club Instituto.

Con el tiempo, Haymal pasó de traidor y delator en víctima del Terrorismo de Estado, como figura en los anexos del Nunca más, que fue “actualizado” en 2006, durante la presidencia de Néstor Kirchner.

Su hijo menor, Marcos Haymal, creyó la versión oficial e incluso militó en HIJOS, en Córdoba, junto a Fresneda, hasta que supo la verdad, de boca de un ex compañero de militancia de su padre.