De nuevo en la lista

Durante el mes de enero me llegó una citación a indagatoria del Juzgado en lo Criminal Correccional de San Martín, partido de Tres de Febrero, por haber acompañado el piquete que diversas organizaciones obreras antiburocráticas realizaron en Panamericana y Henry Ford durante el masivo paro general de 24 horas el 20 de noviembre de 2012. También fueron citados Eduardo Ayala, entonces miembro de la Comisión Interna de la empresa gráfica Donnelley, y Lorena Gentile y Javier “Poke” Hermosilla de la Comisión Interna de Kraft. Todos los citados somos militantes del PTS y del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT). En mi caso, me sumo nuevamente (imputaciones anteriores por haber estado en marchas diversas quedaron sin efecto en su momento) a la lista de más de 5 mil procesados que hay en todo el país por haber participado de huelgas o movilizaciones obreras y populares.

Mis compañeros ya eran parte de la lista, en procesos armados en base a “información” aportada ilegalmente por la Gendarmería en los casos que detonaron la denuncia de espionaje de esa fuerza conocida como “Proyecto X”. Aducen que cortando la Panamericana durante un paro general hemos violado el artículo 194 del Código Penal -que viene de los tiempos de la dictadura de Onganía- a pesar de que hay ya varios fallos que señalan que este artículo no debe aplicarse a acciones realizadas como parte de huelgas o movilizaciones vinculadas a ellas.

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El Frente de Izquierda y una elección histórica

La elección del FIT nos permitió consagrar tres diputados nacionales por Mendoza, Salta y Provincia de Buenos Aires (y una cuarta banca que le estamos peleando al fraude en Córdoba) y legisladores provinciales en varios distritos como Buenos Aires, CABA y Mendoza. Obtuvimos casi 1.200.000 votos a nivel nacional, 300.000 más que en las PASO, más de un 5% de los votantes. En Mendoza, en sólo dos meses, los votos aumentaron un 90%. Los medios nacionales que minimizaron la votación del FIT en las primarias y cubrieron lo menos posible nuestra campaña (al punto de no invitar a nuestros candidatos ni siquiera a los debates) ahora tuvieron que dar cuenta del resultado obtenido por la izquierda antiimperialista, anticapitalista y socialista. Varios medios internacionales se hicieron eco de nuestro crecimiento.

No pocos “encuestadores” y “analistas” nos tiraron abajo en las encuestas (sobre todo en Provincia de Buenos Aires), y apenas conocidos los resultados debieron lanzarse a tratar de interpretar la votación del FIT. Hasta los gobernadores peronistas que visitaron a Gioja en San Juan “discutieron” qué expresaba la votación en Salta donde la lista de PO salió segunda con casi un 20% y en Mendoza la lista encabezada por Nicolás Del Caño (PTS) superó el 14%, como comenta Ámbito Financiero (30/10). En esas provincias, durante la campaña, como las encuestas no podían ocultar el crecimiento lanzaron todo el aparato mediático a cuestionar los aspectos del programa del FIT que creían que “espantarían” a los sectores populares, como el aborto o el problema de la seguridad, transformándolos en el eje de la discusión.

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Se acabó el verso de “enfrentar a la derecha”

Una parte de los votantes del candidato oficialista en la Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, justificó su voto con el argumento de “frenar a la derecha” que estaría expresada en las candidaturas de Sergio Massa y Francisco De Narváez. Sin embargo, a poco de conocerse el resultado electoral con la fuerte derrota del gobierno, este asumió la agenda de sus adversarios en lo que los voceros del sistema llaman “el problema de la seguridad”, focalizado en delitos contra la propiedad, ya sean robos o asesinatos. Por el contrario, la burguesía es ducha en no tipificar sus crímenes como delitos (a los que llaman de “guante blanco”) y atenuar las penas que a estos se le imponen pese a que tienen múltiples damnificados.

Aunque correspondería, no se habla de “inseguridad” frente los accidentes de trabajo, el empleo precario, la ausencia de una vivienda digna, la falta de acceso a la salud o la educación o ante el “gatillo fácil” de las policías “bravas”.

El propio Insaurralde se pronunció por bajar la edad de imputabilidad penal a los 14 años y Scioli desdobló el Ministerio de Justicia y Seguridad, poniendo al frente de éste último al hasta entonces intendente de Ezeiza, Alejandro Granados. Además, el gobierno nacional, de la mano del secretario de Seguridad, Sergio “Rambo” Berni, ordenó el despliegue de miles de nuevos gendarmes en las barriadas del conurbano. Recordemos que en las primarias, el “combate contra la inseguridad” fue uno de los ejes de Massa, resaltando que en Tigre había cámaras de seguridad por todo el municipio. De Narváez, por su parte, dijo que el oficialismo le copió sus planteos.

Ante estos planteos parte del kirchnerismo salió a decir que no acordaba con la baja de la edad de imputabilidad (aunque sí con elaborar un “régimen penal juvenil”) y desde Página/12 Horacio Verbitsky tiró munición gruesa sobre Granados, de quien recordó su responsabilidad como intendente en la actuación de “escuadrones de la muerte” en Ezeiza, a partir de incorporar a los destacamentos de la Bonaerense en el municipio a policías retirados o exonerados, involucrados en el asesinato de jóvenes que presuntamente habrían estado implicados en asaltos a comerciantes. Granados es un abierto defensor de la “mano dura” y de la “justicia por mano propia”. Su política, más allá de sus objetivos electorales de corto plazo, avanza en transformar las barriadas populares en una suerte de prisiones a cielo abierto, aumentando el poder de quienes en realidad son la cabeza del llamado “crimen organizado”, que tiene su vértice en el propio aparato estatal: las mafias policiales y sus protectores políticos y judiciales, como se demostró con claridad en los casos de Córdoba y Santa Fe. La consecuencia de esto será el aumento de los casos de gatillo fácil y de la represión contra los que luchan. Este despliegue represivo, que hoy se dirige esencialmente a criminalizar a la juventud de origen obrero y popular, fundamentalmente a quienes se les niega el derecho al trabajo y al estudio, que son alrededor de 500 mil en la Provincia de Buenos Aires y 900 mil a nivel nacional, va dirigido preventivamente contra un incremento de las luchas obreras y populares.

Es un hecho que la campaña persistente sobre la “seguridad” y la estigmatización de los jóvenes en situación de pobreza, machacada una y otra vez por los grandes medios, ha penetrado en sectores de los trabajadores. Es también un hecho que las condiciones de degradación social que dejó la hiperdesocupación de los ’90 sólo fue paliada muy parcialmente en la década kirchnerista, dejando a cientos de miles en situación de profunda vulnerabilidad social que es aprovechada por las mafias policiales para reclutarlos como último orejón del tarro de sus “emprendimientos delictivos”. Luciano Arruga es el caso emblemático de un joven desaparecido por la policía de La Matanza por negarse a “trabajar” como dealer para la Bonaerense.

La maniobra de sectores del kirchnerismo es presentar las cosas como si el oficialismo no estuviera al frente de impulsar estas políticas. “Insaurralde se cortó solo”; “lo de Granados es obra de Scioli”. Pero lo cierto es que Berni aplaudió el nombramiento de Granados y al gobierno corresponde la iniciativa de despliegue de la gendarmería del Proyecto X en los barrios. Se acabó el verso de “enfrentar a la derecha”. Es el FPV quien implementa una política clara de derecha y es su gobernador quien puso a un apañador de los “escuadrones de la muerte” como ministro de Seguridad.

En Provincia de Buenos Aires, sólo el FIT enfrenta “a la derecha” en todas sus variantes. Contra la criminalización de la juventud nuestro planteo es: terminar con las mafias policiales y sus protectores políticos y judiciales; trabajo con un salario mínimo igual a la canasta familiar; becas para que todos los jóvenes tengan acceso efectivo a la educación; vivienda digna para el pueblo trabajador.

El triunfo de la izquierda en la UBA actualiza la pelea por la democratización universitaria

Las elecciones de renovación de autoridades de centros de estudiantes y miembros de los consejos directivos en la UBA dejaron como dato saliente la victoria de la izquierda en el movimiento estudiantil. La lista La Izquierda Al Frente (cuyo núcleo son las fuerzas componentes del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, fundamentalmente el PTS y el PO) se impuso en cuatro facultades: Filosofía y Letras, Ciencias Sociales, Ciencias Exactas y Psicología. En Filo y Sociales, además, se ganó la mayoría de la representación estudiantil al Consejo Directivo de las facultades (tres representantes sobre cuatro), en la última con la significación de arrebatarle los consejeros a la lista kirchnerista.

Otras listas en las que intervienen nuestros compañeros del PO ganaron en los centros de VeterinariaArquitectura (con acuerdos que no compartimos) y Farmacia y Bioquímica. Los radicales y sus aliados del PS se alzaron a su vez con los centros de Medicina, Económicas y Derecho.

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La izquierda pasó al frente

El gobierno de Cristina sufrió una derrota sin atenuantes en las primarias de este 11 de agosto. Su caída respecto del 54% que obtuvo en octubre de 2011 superó todos los pronósticos: el Frente Para la Victoria consiguió apenas un 26% a nivel nacional que se amplía a un 29% incluyendo a algunos aliados.

Más allá del patético discurso de CFK sobre las victorias del FPV en la Antártida y en la Comunidad Qom (explicada esta última por Félix Díaz a partir de que no le entregan documentos a los QOM opositores a Insfrán), los K se ilusionan con que aún de repetirse este resultado en octubre mantendrían mayoría en las Cámaras de Diputados y Senadores, aunque en esta última su diferencia se estrecharía. Dicen que en 2009 quedaron con minoría en Diputados e igual se recuperaron. Sin embargo, la situación es muy diferente.

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Cristina ya eligió

Con el lanzamiento de los spots gratuitos en televisión y radio, la campaña para las “primarias” de las elecciones legislativas de 2015 entró en su última fase. En las publicidades predominan la falta de planteos políticos, sólo imágenes que muestran a candidatos entre la gente, besando niños al ritmo de cumbia o slogans vacíos que buscan resaltar algún atributo del candidato. Igual que en 2011, y como reconocieron varios observadores que no simpatizan con nuestras ideas, los spots del Frente de Izquierda resaltan por su creatividad y por ser los únicos que plantean reivindicaciones sentidas del pueblo trabajador.

El gobierno optó por una campaña donde Cristina es la gran protagonista, tanto que el primer candidato en la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, casi no aparece. La idea central es que la presidenta “eligió” defender los intereses populares y ahora son los votantes quienes deben elegir al igual que lo hizo Cristina. Pero lo cierto es que el oficialismo, que espera hacer jugar a su favor cierto mejoramiento coyuntural de los índices económicos, llega a esta elección debilitado por la división que significó la ruptura de Massa y por presentar un candidato poco conocido en el principal distrito electoral del país. El otro flanco débil donde se hace sentir la división del peronismo es en la burocracia sindical, donde sectores de la CGT oficialista se pasan a la oposición (como amenazan en estos días la UTA y La Fraternidad).

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Las perspectivas para la izquierda

El peronismo, una vez más, se ha dividido de cara a las próximas elecciones. El partido que históricamente actuó como contención de las aspiraciones de la clase trabajadora y de los sectores populares llega a las legislativas con una importante escisión que recorre al verdadero poder con que gobierna: los intendentes del conurbano y la burocracia sindical, parte de los cuales apoya al Frente Renovador de Sergio Massa.

Es la provincia de Buenos Aires, distrito más importante del país, el escenario principal de esta nueva disputa del PJ. Por un lado está el peronismo que se dice de centroizquierda, el Frente Para la Victoria, aunque en su seno mantiene gran parte del peronismo conservador que caracteriza a intendentes, gobernadores y burócratas sindicales. Otro es el peronismo de los “buenos modales”, que se alía con Clarín, como es el Frente Renovador de Massa. Y por último aparece otra derecha peronista, con De Narváez apoyado por Moyano.

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Castelar: otro crimen social contra el pueblo trabajador

Todos lo sabíamos, los que viajamos y los que trabajan en el ferrocarril. Todos sabíamos que esto podía volver a pasar. Y los que más sabían que esto iba a volver a ocurrir son los funcionarios del Gobierno: los responsables de este nuevo crimen social contra el pueblo trabajador. Ellos lo sabían, empezando por Randazzo. Ellos lo saben porque gerencian un Estado al que poco y nada le importa la vida del pueblo, un Estado siempre dispuesto a garantizar los negocios de los empresarios amigos que se hacen de los subsidios millonarios y nos entregan un servicio calamitoso, como los Cirigliano, los Romero, los Roggio, los Taselli. Ellos, el Gobierno y los empresarios, lo sabían y no hicieron nada, sólo reformas cosméticas y publicidad oficial. Los trabajadores, una vez más, pusimos los muertos y los heridos.

Los trabajadores ferroviarios del Sarmiento denuncian que una de las formaciones, el “Chapa 1”, no estaba en condiciones y fue utilizada por la carencia de vagones. El ministro del Interior y Transporte Florencio Randazzo dio una conferencia de prensa lamentable donde sólo buscó deslindar responsabilidades. Parecía Juan Pablo Schiavi el día de la masacre de Once, hace casi un año y medio. Se demuestra así que la supuesta “revolución en el transporte ferroviariono es más que una farsa. Después de los cincuenta y dos muertos en Once el Gobierno sólo ha puesto parches en un sistema ferroviario colapsado y vaciado por los empresarios concesionarios, que se llenaron los bolsillos con los subsidios millonarios en acuerdo con los funcionarios del Gobierno nacional y los burócratas sindicales como Pedraza, el responsable político del asesinato de Mariano Ferreyra.

Hoy nuevamente volvemos a indignarnos ante funcionarios que sólo buscan zafar de sus responsabilidades, como ya lo hicieron antes en Cromañón, en la masacre de Once o ante las inundaciones en Capital y La Plata. Y no sólo eso: como era de prever, buscan culpar a los trabajadores y rápidamente mandaron a detener a los maquinistas y sus acompañantes.

Los trabajadores ya habían denunciado que la formación que chocó tenía problemas de frenos. Al igual que nuestro compañero Claudio Dellecarbonara, delegado de la Línea B de Subte, quien fue a solidarizarse con los trabajadores y los usuarios del Sarmiento en Castelar, sostenemos que los funcionarios van a intentar por todos los medios falsear las pruebas para limpiarse de la responsabilidad que le cabe tanto al Gobierno como a sus amigos empresarios a cargo de las concesiones.

Por eso no sorprende que minutos después del accidente desde el oficialismo hayan salido a defender a Randazzo, posible candidato del Frente para la Victoria, y a responsabilizar a los trabajadores. Su cinismo no tiene límites; pura especulación electoral cuando todavía estaban rescatando cuerpos entre los hierros retorcidos.

Desde el PTS en el Frente de Izquierda sostenemos que la salida de fondo es la nacionalización de todo el sistema ferroviario bajo gestión de sus trabajadores y usuarios, destinando todos los fondos necesarios para lograr su modernización de forma tal de contar con un servicio seguro y de calidad. Que los fondos que hoy se siguen llevando los empresarios vaciadores vayan a un plan de modernización de los ferrocarriles, junto con un impuesto extraordinario a los grandes empresarios, terratenientes y banqueros, los verdaderos ganadores de la década. Los recursos están. Que se juzgue y castigue a los responsables de este nuevo crimen social.

Un relato en crisis terminal

El kirchnerismo llegó al Gobierno hace diez años con la misión de restaurar el poder de un Estado capitalista que había perdido gran parte de su legitimidad producto de la “crisis orgánica” (Gramsci) que signó el fin del “noventismo”, cuya última expresión fue el Gobierno de la Alianza, suplantado provisionalmente por la presidencia de Eduardo Duhalde. Esta crisis histórica sucedió a partir de la combinación de un crac económico y la insubordinación creciente de amplios sectores del movimiento de masas, que tuvo su máxima expresión el 19 y 20 de diciembre de 2001. En su tarea, los Kirchner tuvieron a su favor el “trabajo sucio” hecho por Duhalde con la devaluación (que produjo una caída del 40% del salario real) y también el cambio de tendencias en la economía internacional, con la suba de los precios de las materias primas y un período de crecimiento basado en el auge del crédito fácil en los EEUU.

Con una débil legitimidad “de origen” (tan solo un 22% de los votos), el kirchnerismo avanzó en conformar una alianza heterogénea que incluyó al aparato del PJ heredado del menemismo y del duhaldismo, a sectores del “progresismo”, a los que sedujo con un discurso “antinoventista” y de “defensa de los derechos humanos” (muchas veces, cooptación mediante), y a la burocracia sindical, fundamentalmente al moyanismo, que fue pilar del bloque gubernamental hasta su ruptura a fines de 2011.

Montado sobre la devaluación del peso, el ciclo extraordinario de crecimiento económico y el aumento exponencial de los ingresos por exportaciones le permitió inicialmente lograr hegemonía sobre el conjunto de las fracciones del empresariado industrial, financiero y agropecuario, a las que garantizó altos niveles de ganancias, a la vez que permitió una recuperación de los deprimidos salarios reales, particularmente de los sectores “en blanco” de la clase obrera, y un aumento del empleo, en gran medida precario. En los primeros años, el “dólar alto” y el reparto generalizado de subsidios fueron el alfa y el omega de su política económica, sin realizar ninguna transformación estructural respecto del país heredado de la contrarrevolución neoliberal noventista, a la que los Kirchner habían contribuido desde la gobernación de Santa Cruz, apoyando la privatización del petróleo y del gas.

Como políticos peronistas pragmáticos (bastante clásicos, por cierto), los K intentaron diferentes fórmulas de construcción política: del discurso de la “transversalidad”, de denostación del “pejotismo”, al giro al apoyo en los poderes fácticos del propio PJ y el “radicalismo K”, para luego ir a la combinación entre la construcción de una corriente más propia (Unidos y Organizados), con el aparato pejotista de gobernadores e intendentes, y la alianza con franjas relevantes de la burocracia sindical.

Desde el enfrentamiento con las patronales agrarias en 2008, el kirchnerismo ganó el apoyo activo de una franja de la intelectualidad “nacional y popular”, que jugó el papel de cubrirlo por izquierda y construir un “relato” progresista acerca de la política gubernamental, algo que fue continuado con el enfrentamiento al grupo Clarín y la sanción de la ley de medios, ocurrida un año después. La muerte de Kirchner fue un hito en la construcción de ese relato, donde se erigió una imagen de político que se habría jugado hasta el último momento por sus ideas, presentada como opuesta a la visión del político noventista preocupado principalmente en su enriquecimiento personal, sintetizada en la imagen del “Nestornauta”.

El 54% obtenido por Cristina en la elección de 2011 pareció coronar ese proceso, en que el oficialismo se había recuperado tras su crisis de 2009. Sin embargo, desde entonces, el Gobierno, lenta pero persistentemente, viene perdiendo apoyos, y el “relato” se ha vuelto cada vez menos creíble. La ruptura con Moyano, hasta entonces un aliado con peso propio, facilitó el pase a la oposición al Gobierno de franjas importantes de la clase trabajadora, como expresó la alta adhesión al paro general del 20 de noviembre de 2012, realizado contra el “impuesto al salario” -que cada vez afecta a más trabajadores-, contra la precariedad del trabajo y por el 82% móvil a los jubilados. La masacre social de Once volvió a poner en el tapete los escandalosos negociados sobre los que se ha mantenido el sistema ferroviario, algo que ya había evidenciado el crimen de Mariano Ferreyra, que tuvo como responsables a la tríada mafiosa de burócratas sindicales, empresarios concesionarios y funcionarios gubernamentales que se beneficiaron de este sistema instaurado bajo el menemismo.

Algo similar ocurrió con el crimen social producto de las inundaciones en La Plata, donde quedó claro la desidia de la casta de políticos profesionales que nos gobierna, que en diez años de contar con recursos récord no fueron capaces de realizar las obras para evitar la inundación de la capital de la principal provincia del país. Por el contrario, sólo se ocuparon de agravar la situación favoreciendo todo tipo de negociados inmobiliarios. Las denuncias del Proyecto X, y ahora las de la infiltración de un agente de la Policía Federal en la agencia de noticias alternativa Rodolfo Walsh, mostraron la falsedad del discurso de la “seguridad democrática” del Gobierno y cómo éste espía e infiltra a las organizaciones obreras, populares y de izquierda como cualquier Gobierno de derecha, aun violando sus propias leyes. Las denuncias de corrupción y el increíble enriquecimiento de los empresarios amigos del Gobierno y de los funcionarios gubernamentales, incluyendo a los propios Kirchner, han dejado sin sustento el mito de que se trata de políticos que serían distintos al modelo noventista. Puerto Madero es el punto de encuentro entre ambos “modelos”.

En el movimiento obrero, como ayer lo hicieron con Moyano (que al menos contaba con la referencia de haberse opuesto al menemismo y a los ajustes de la Alianza), hoy el oficialismo se apoya en burócratas de la calaña del servicio de inteligencia de la dictadura genocida, Gerardo Martínez, y en Cavalieri, Lescano, Caló o Pignanelli.

Después de diez años tenemos un país donde los monopolios imperialistas continúan controlando los recursos estratégicos de la economía; donde las multinacionales mineras siguen haciendo su agosto; donde los sojeros amasan fortunas mientras los campesinos pobres son desplazados de sus tierras; donde a la oligarquía no se le ha tocado ni una hectárea de sus tierras; donde el 75% de los jubilados cobra la mínima; donde el 35% de los trabajadores está “en negro” y la mitad de los asalariados cobra salarios inferiores a cuatro mil pesos; donde tres millones de familias no tiene acceso a una vivienda digna; donde se infiltra y se hace espionaje a las organizaciones populares; donde cinco mil luchadores se encuentran criminalizados; donde Julio López y Luciano Arruga siguen desaparecidos; donde tuvimos dieciocho muertos en protestas populares; donde las policías siguen controlando la trata de personas, el narcotráfico y los desarmaderos de autos, mientras se criminaliza la pobreza y no cesa de aumentar la población carcelaria; donde la deuda pública supera los doscientos mil millones de dólares a pesar de los pagos millonarios de estos años; donde los empresarios amigos y los funcionarios políticos se enriquecen a costa de los dineros públicos; donde los empresarios se la siguen “llevando en pala”, como admitió la presidenta en un rapto de sinceridad.

La continuidad de la dependencia y el atraso es el resultado de este nuevo intento frustrado de construir un “capitalismo en serio” de la mano de la “reconstrucción de la burguesía nacional”. Para el pueblo trabajador la alternativa no pueden ser las distintas variantes de la oposición patronal, ya sean Macri, el peronismo opositor, los radicales, Binner u otras variantes de la centroizquierda, todos comprometidos con los intereses de los sojeros, de los grandes empresarios que organizaron el golpe genocida y hoy siguen dominando económicamente el país, varios de los cuales hoy empujan a una megadevaluación contra el salario obrero.

Ante la decadencia del kirchnerismo, el gran desafío de la clase obrera, la única fuerza social con la potencialidad para dirigir al resto de la mayoría nacional y sacar al país del atraso y la dependencia y poner todos los recursos generados al servicio de paliar las necesidades populares y elevar su nivel de vida, es conseguir su independencia política. Al servicio de esta perspectiva, desde el PTS impulsamos activamente el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, mientras estamos en la primera fila de la lucha por recuperar las organizaciones de los trabajadores en manos de la burocracia sindical, como lo hacemos en gremios como los de la alimentación, gráficos, subte, ferroviarios, docentes, telefónicos, aeronáuticos, estatales, metalúrgicos, automotrices.

Con la crisis capitalista internacional como elemento determinante del período que nos toca vivir, y ante la crisis terminal de un “relato” que no pudo cambiar sustancialmente las condiciones de atraso, dependencia y pobreza, la lucha por un gobierno de los trabajadores es más actual que nunca.

El 1º de mayo, a la plaza con las banderas que le molestan a la Presidente

Este primero de de mayo el Frente de Izquierda y de los Trabajadores realizará su homenaje al Día Internacional de los Trabajadores en Plaza Mayo. Las banderas rojas, esas que parecen molestarle tanto a la Presidenta, llenarán la plaza para postular a la izquierda clasista y socialista como alternativa política tanto contra el gobierno como frente a las distintas variantes de la oposición patronal, de Macri a Binner. Estarán presentes los principales referentes de los sectores antiburocráticos de la clase obrera. Entre los más destacados podemos nombrar a los trabajadores de Kraft, Pepsico, Stani y Felfort que encabezan la oposición a Daer en el gremio de la Alimentación. Los ferroviarios del Sarmiento y del Roca que enfrentaron a Pedraza y su patota. Los metalmecánicos de Lear, hoy en conflicto con esa empresa multinacional. Los gráficos de la Bordó y la Naranja, con los jóvenes de la empresa Latingráfica que están luchando por el derecho a tener delegados que le niega la patronal. Los obreros antiburocráticos de aguas gaseosas que acaban de ganar el cuerpo de delegados en la empresa Coca Cola, que es la planta industrial más grande de la Ciudad de Buenos Aires. Los docentes combativos de la provincia de Buenos Aires que se aprestan a enfrentar a la conducción burocrática del Suteba. También estará la juventud militante, estudiantil y trabajadora, que estuvo en primera fila luchando por el castigo a los asesinos de Mariano Ferreyra.

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