La “guerra de servicios” y la muerte de Nisman

La “muerte dudosa” del fiscal Alberto Nisman terminó con el sosiego veraniego y provocó una crisis política que desnuda la podredumbre del aparato estatal, en particular la relación entre los servicios “de inteligencia” y otros poderes del Estado, como los jueces federales y, obviamente, el Poder Ejecutivo. El oficialismo, que inicialmente había abonado la hipótesis del suicidio ahora sostiene que lo asesinaron, a partir de las afirmaciones hechas en su cuenta de Facebook por la propia Presidenta de la Nación.

Nisman se sumaría así a la lista de “suicidados” en los gobiernos pos dictadura: Echegoyen, Estrada, Cattáneo, Di Natale, Febrés. Más allá de estos casos pestilentes, los servicios de inteligencia constituyen instrumentos fundamentales de los estados capitalistas para infiltrar y operar de mil formas contra las organizaciones de la clase trabajadora y el pueblo y la izquierda. En nuestro país no es solo la Secretaría de Inteligencia (SI, ex SIDE), sino también los organismos respectivos de la Marina (SIN), la Fuerza Aérea (SIFA) y el Ejército (heredero del nefasto Batallón de Inteligencia 601 creado por la dictadura de Onganía y de recordado papel durante la dictadura genocida y participante activo del Plan Cóndor), los aparatos de espionaje criminal de la Gendarmería Nacional, de la Prefectura y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, las superintendencias de Seguridad Federal y de Interior de la Policía Federal Argentina y divisiones similares en las policías provinciales. Según las listas entregadas al Archivo de la Memoria, el Batallón 601 tenía 4300 integrantes, la mayoría civiles, entre ellos Gerardo Martínez, uno de los burócratas sindicales preferidos de Cristina. Continuar leyendo

Un proyecto retrógrado para seguir militarizando la Provincia

Aunque disidencias en el bloque oficialista del Frente para la Victoria llevaron a postergar la sesión fijada originalmente para el 14 de mayo en la Cámara de Diputados de la Provincia una semana, la creación de las llamadas “Policías locales” cuenta con un amplio respaldo por parte tanto del oficialismo como del Frente Renovador, y con “buena prensa” en los medios del sistema. Desde el Frente de Izquierda nos opusimos al proyecto en las comisiones de la Cámara donde fue tratado y de las que somos parte (Presupuesto y Asuntos Constitucionales), y lo haremos cuando se trate en el recinto.

Las “Policías locales” vienen a reforzar el poder de fuego de la Bonaerense, no a reemplazarlo. La Bonaerense controla en la Provincia el llamado “gran delito” (narcotráfico, desarmaderos de vehículos, trata de personas, juego clandestino, etc.) en alianza con sectores del poder político, económico y judicial. Esto mismo ocurre en todo el país, como vimos con la complicidad de las Policías de Córdoba y Santa Fe con el narcotráfico o con la Policía tucumana con las redes de trata en el caso de Marita Verón. Las Policías reclutan “lúmpenes” para trabajar a su servicio, a quienes les liberan las zonas a cambio de quedarse con el grueso de lo que recaudan. También se aprovechan de jóvenes en situación de pobreza, a quienes persiguen y aun hacen desaparecer si se niegan a ponerse a su servicio, como ocurrió con Luciano Arruga en La Matanza.

Según todos los indicios, miembros de esta “maldita Policía” fueron los responsables de la desaparición de Jorge Julio López: en el año 2006 eran 9.026 los miembros de la Bonaerense que venían de los años de la dictadura y seguían en funciones, según un informe brindado por el entonces ministro León Arslanián. Recientemente la Cámara de Diputados votó favorablemente un pedido de informes que propusimos desde la banca del FIT para ver cuántos son en la actualidad, pedido que aún no ha sido respondido por el Ministerio de Seguridad provincial.

Las Policías se caracterizan también en nuestro país por la aplicación generalizada del “gatillo fácil”: según la CORREPI, de 2002 a la fecha fueron asesinadas mil cuatrocientas personas por este método o por torturas en cárceles y comisarías. En vez de desarticular este entramado mafioso organizado desde el propio aparato de Estado, Scioli y su ministro Granados refuerzan su poder creando un cuerpo policial que será controlado por cada intendente, principalmente por los “barones del Conurbano”, los cuales son parte tanto del FPV como del Frente Renovador de Massa. El ministro Granados ya implementó un antecedente de estas Policías locales en Ezeiza en base al reclutamiento de policías retirados, con denuncias de actuar como “escuadrones de la muerte” (ver Horacio Verbitsky, “Granados de guerra”, Página/12, 8-09-2013)

No hay que ser muy perspicaz para predecir que estas nuevas Policías serán grupos de choque al servicio de cada intendente, que las tendrá disponibles para utilizar contra los que reclamen por vivienda o salario y para amedrentar a los opositores de cada distrito, como ocurre ya con frecuencia en numerosos municipios. Los reclamos de varios intendentes para quitar todo mínimo control de los Concejos Deliberantes o de la población sobre los jefes de estas nuevas Policías dejan esto en claro para el que tenía alguna duda. Además, tendrán un costo adicional de unos cuatro mil millones de pesos anuales en una provincia donde hay numerosas carencias en educación, salud y vivienda. Sin ir más lejos, son miles los establecimientos escolares con problemas edilicios sin resolver y hay cientos de docentes a los que directamente no se les paga el salario durante meses.

Es claro que para este Gobierno y para opositores como los del Frente Renovador su prioridad no es la educación pública, el hospital público o el acceso a la vivienda para los trabajadores y los sectores populares, sino fortalecer el aparato represivo que, como dijimos, es quien maneja el “gran delito”. Refuerzan el poder de la Bonaerense mientras criminalizan la pobreza, transformando las barriadas populares de la Provincia en una suerte de prisión a cielo abierto y estigmatizando a los jóvenes de origen popular para lanzar contra ellos el malestar social, como se expresó en la ola de “linchamientos” fascistizantes de hace algunas semanas, alentados desde el discurso de políticos oficialistas y opositores como desde diferentes medios de comunicación. Una concepción derechista y retrógrada, basada en una suerte de “racismo social”, donde el “sujeto peligroso” a criminalizar y perseguir son los jóvenes como Luciano Arruga y no sus desaparecedores.

De nuevo en la lista

Durante el mes de enero me llegó una citación a indagatoria del Juzgado en lo Criminal Correccional de San Martín, partido de Tres de Febrero, por haber acompañado el piquete que diversas organizaciones obreras antiburocráticas realizaron en Panamericana y Henry Ford durante el masivo paro general de 24 horas el 20 de noviembre de 2012. También fueron citados Eduardo Ayala, entonces miembro de la Comisión Interna de la empresa gráfica Donnelley, y Lorena Gentile y Javier “Poke” Hermosilla de la Comisión Interna de Kraft. Todos los citados somos militantes del PTS y del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT). En mi caso, me sumo nuevamente (imputaciones anteriores por haber estado en marchas diversas quedaron sin efecto en su momento) a la lista de más de 5 mil procesados que hay en todo el país por haber participado de huelgas o movilizaciones obreras y populares.

Mis compañeros ya eran parte de la lista, en procesos armados en base a “información” aportada ilegalmente por la Gendarmería en los casos que detonaron la denuncia de espionaje de esa fuerza conocida como “Proyecto X”. Aducen que cortando la Panamericana durante un paro general hemos violado el artículo 194 del Código Penal -que viene de los tiempos de la dictadura de Onganía- a pesar de que hay ya varios fallos que señalan que este artículo no debe aplicarse a acciones realizadas como parte de huelgas o movilizaciones vinculadas a ellas.

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El Frente de Izquierda y una elección histórica

La elección del FIT nos permitió consagrar tres diputados nacionales por Mendoza, Salta y Provincia de Buenos Aires (y una cuarta banca que le estamos peleando al fraude en Córdoba) y legisladores provinciales en varios distritos como Buenos Aires, CABA y Mendoza. Obtuvimos casi 1.200.000 votos a nivel nacional, 300.000 más que en las PASO, más de un 5% de los votantes. En Mendoza, en sólo dos meses, los votos aumentaron un 90%. Los medios nacionales que minimizaron la votación del FIT en las primarias y cubrieron lo menos posible nuestra campaña (al punto de no invitar a nuestros candidatos ni siquiera a los debates) ahora tuvieron que dar cuenta del resultado obtenido por la izquierda antiimperialista, anticapitalista y socialista. Varios medios internacionales se hicieron eco de nuestro crecimiento.

No pocos “encuestadores” y “analistas” nos tiraron abajo en las encuestas (sobre todo en Provincia de Buenos Aires), y apenas conocidos los resultados debieron lanzarse a tratar de interpretar la votación del FIT. Hasta los gobernadores peronistas que visitaron a Gioja en San Juan “discutieron” qué expresaba la votación en Salta donde la lista de PO salió segunda con casi un 20% y en Mendoza la lista encabezada por Nicolás Del Caño (PTS) superó el 14%, como comenta Ámbito Financiero (30/10). En esas provincias, durante la campaña, como las encuestas no podían ocultar el crecimiento lanzaron todo el aparato mediático a cuestionar los aspectos del programa del FIT que creían que “espantarían” a los sectores populares, como el aborto o el problema de la seguridad, transformándolos en el eje de la discusión.

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Se acabó el verso de “enfrentar a la derecha”

Una parte de los votantes del candidato oficialista en la Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, justificó su voto con el argumento de “frenar a la derecha” que estaría expresada en las candidaturas de Sergio Massa y Francisco De Narváez. Sin embargo, a poco de conocerse el resultado electoral con la fuerte derrota del gobierno, este asumió la agenda de sus adversarios en lo que los voceros del sistema llaman “el problema de la seguridad”, focalizado en delitos contra la propiedad, ya sean robos o asesinatos. Por el contrario, la burguesía es ducha en no tipificar sus crímenes como delitos (a los que llaman de “guante blanco”) y atenuar las penas que a estos se le imponen pese a que tienen múltiples damnificados.

Aunque correspondería, no se habla de “inseguridad” frente los accidentes de trabajo, el empleo precario, la ausencia de una vivienda digna, la falta de acceso a la salud o la educación o ante el “gatillo fácil” de las policías “bravas”.

El propio Insaurralde se pronunció por bajar la edad de imputabilidad penal a los 14 años y Scioli desdobló el Ministerio de Justicia y Seguridad, poniendo al frente de éste último al hasta entonces intendente de Ezeiza, Alejandro Granados. Además, el gobierno nacional, de la mano del secretario de Seguridad, Sergio “Rambo” Berni, ordenó el despliegue de miles de nuevos gendarmes en las barriadas del conurbano. Recordemos que en las primarias, el “combate contra la inseguridad” fue uno de los ejes de Massa, resaltando que en Tigre había cámaras de seguridad por todo el municipio. De Narváez, por su parte, dijo que el oficialismo le copió sus planteos.

Ante estos planteos parte del kirchnerismo salió a decir que no acordaba con la baja de la edad de imputabilidad (aunque sí con elaborar un “régimen penal juvenil”) y desde Página/12 Horacio Verbitsky tiró munición gruesa sobre Granados, de quien recordó su responsabilidad como intendente en la actuación de “escuadrones de la muerte” en Ezeiza, a partir de incorporar a los destacamentos de la Bonaerense en el municipio a policías retirados o exonerados, involucrados en el asesinato de jóvenes que presuntamente habrían estado implicados en asaltos a comerciantes. Granados es un abierto defensor de la “mano dura” y de la “justicia por mano propia”. Su política, más allá de sus objetivos electorales de corto plazo, avanza en transformar las barriadas populares en una suerte de prisiones a cielo abierto, aumentando el poder de quienes en realidad son la cabeza del llamado “crimen organizado”, que tiene su vértice en el propio aparato estatal: las mafias policiales y sus protectores políticos y judiciales, como se demostró con claridad en los casos de Córdoba y Santa Fe. La consecuencia de esto será el aumento de los casos de gatillo fácil y de la represión contra los que luchan. Este despliegue represivo, que hoy se dirige esencialmente a criminalizar a la juventud de origen obrero y popular, fundamentalmente a quienes se les niega el derecho al trabajo y al estudio, que son alrededor de 500 mil en la Provincia de Buenos Aires y 900 mil a nivel nacional, va dirigido preventivamente contra un incremento de las luchas obreras y populares.

Es un hecho que la campaña persistente sobre la “seguridad” y la estigmatización de los jóvenes en situación de pobreza, machacada una y otra vez por los grandes medios, ha penetrado en sectores de los trabajadores. Es también un hecho que las condiciones de degradación social que dejó la hiperdesocupación de los ’90 sólo fue paliada muy parcialmente en la década kirchnerista, dejando a cientos de miles en situación de profunda vulnerabilidad social que es aprovechada por las mafias policiales para reclutarlos como último orejón del tarro de sus “emprendimientos delictivos”. Luciano Arruga es el caso emblemático de un joven desaparecido por la policía de La Matanza por negarse a “trabajar” como dealer para la Bonaerense.

La maniobra de sectores del kirchnerismo es presentar las cosas como si el oficialismo no estuviera al frente de impulsar estas políticas. “Insaurralde se cortó solo”; “lo de Granados es obra de Scioli”. Pero lo cierto es que Berni aplaudió el nombramiento de Granados y al gobierno corresponde la iniciativa de despliegue de la gendarmería del Proyecto X en los barrios. Se acabó el verso de “enfrentar a la derecha”. Es el FPV quien implementa una política clara de derecha y es su gobernador quien puso a un apañador de los “escuadrones de la muerte” como ministro de Seguridad.

En Provincia de Buenos Aires, sólo el FIT enfrenta “a la derecha” en todas sus variantes. Contra la criminalización de la juventud nuestro planteo es: terminar con las mafias policiales y sus protectores políticos y judiciales; trabajo con un salario mínimo igual a la canasta familiar; becas para que todos los jóvenes tengan acceso efectivo a la educación; vivienda digna para el pueblo trabajador.

El triunfo de la izquierda en la UBA actualiza la pelea por la democratización universitaria

Las elecciones de renovación de autoridades de centros de estudiantes y miembros de los consejos directivos en la UBA dejaron como dato saliente la victoria de la izquierda en el movimiento estudiantil. La lista La Izquierda Al Frente (cuyo núcleo son las fuerzas componentes del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, fundamentalmente el PTS y el PO) se impuso en cuatro facultades: Filosofía y Letras, Ciencias Sociales, Ciencias Exactas y Psicología. En Filo y Sociales, además, se ganó la mayoría de la representación estudiantil al Consejo Directivo de las facultades (tres representantes sobre cuatro), en la última con la significación de arrebatarle los consejeros a la lista kirchnerista.

Otras listas en las que intervienen nuestros compañeros del PO ganaron en los centros de VeterinariaArquitectura (con acuerdos que no compartimos) y Farmacia y Bioquímica. Los radicales y sus aliados del PS se alzaron a su vez con los centros de Medicina, Económicas y Derecho.

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La izquierda pasó al frente

El gobierno de Cristina sufrió una derrota sin atenuantes en las primarias de este 11 de agosto. Su caída respecto del 54% que obtuvo en octubre de 2011 superó todos los pronósticos: el Frente Para la Victoria consiguió apenas un 26% a nivel nacional que se amplía a un 29% incluyendo a algunos aliados.

Más allá del patético discurso de CFK sobre las victorias del FPV en la Antártida y en la Comunidad Qom (explicada esta última por Félix Díaz a partir de que no le entregan documentos a los QOM opositores a Insfrán), los K se ilusionan con que aún de repetirse este resultado en octubre mantendrían mayoría en las Cámaras de Diputados y Senadores, aunque en esta última su diferencia se estrecharía. Dicen que en 2009 quedaron con minoría en Diputados e igual se recuperaron. Sin embargo, la situación es muy diferente.

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Cristina ya eligió

Con el lanzamiento de los spots gratuitos en televisión y radio, la campaña para las “primarias” de las elecciones legislativas de 2015 entró en su última fase. En las publicidades predominan la falta de planteos políticos, sólo imágenes que muestran a candidatos entre la gente, besando niños al ritmo de cumbia o slogans vacíos que buscan resaltar algún atributo del candidato. Igual que en 2011, y como reconocieron varios observadores que no simpatizan con nuestras ideas, los spots del Frente de Izquierda resaltan por su creatividad y por ser los únicos que plantean reivindicaciones sentidas del pueblo trabajador.

El gobierno optó por una campaña donde Cristina es la gran protagonista, tanto que el primer candidato en la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, casi no aparece. La idea central es que la presidenta “eligió” defender los intereses populares y ahora son los votantes quienes deben elegir al igual que lo hizo Cristina. Pero lo cierto es que el oficialismo, que espera hacer jugar a su favor cierto mejoramiento coyuntural de los índices económicos, llega a esta elección debilitado por la división que significó la ruptura de Massa y por presentar un candidato poco conocido en el principal distrito electoral del país. El otro flanco débil donde se hace sentir la división del peronismo es en la burocracia sindical, donde sectores de la CGT oficialista se pasan a la oposición (como amenazan en estos días la UTA y La Fraternidad).

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Las perspectivas para la izquierda

El peronismo, una vez más, se ha dividido de cara a las próximas elecciones. El partido que históricamente actuó como contención de las aspiraciones de la clase trabajadora y de los sectores populares llega a las legislativas con una importante escisión que recorre al verdadero poder con que gobierna: los intendentes del conurbano y la burocracia sindical, parte de los cuales apoya al Frente Renovador de Sergio Massa.

Es la provincia de Buenos Aires, distrito más importante del país, el escenario principal de esta nueva disputa del PJ. Por un lado está el peronismo que se dice de centroizquierda, el Frente Para la Victoria, aunque en su seno mantiene gran parte del peronismo conservador que caracteriza a intendentes, gobernadores y burócratas sindicales. Otro es el peronismo de los “buenos modales”, que se alía con Clarín, como es el Frente Renovador de Massa. Y por último aparece otra derecha peronista, con De Narváez apoyado por Moyano.

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Castelar: otro crimen social contra el pueblo trabajador

Todos lo sabíamos, los que viajamos y los que trabajan en el ferrocarril. Todos sabíamos que esto podía volver a pasar. Y los que más sabían que esto iba a volver a ocurrir son los funcionarios del Gobierno: los responsables de este nuevo crimen social contra el pueblo trabajador. Ellos lo sabían, empezando por Randazzo. Ellos lo saben porque gerencian un Estado al que poco y nada le importa la vida del pueblo, un Estado siempre dispuesto a garantizar los negocios de los empresarios amigos que se hacen de los subsidios millonarios y nos entregan un servicio calamitoso, como los Cirigliano, los Romero, los Roggio, los Taselli. Ellos, el Gobierno y los empresarios, lo sabían y no hicieron nada, sólo reformas cosméticas y publicidad oficial. Los trabajadores, una vez más, pusimos los muertos y los heridos.

Los trabajadores ferroviarios del Sarmiento denuncian que una de las formaciones, el “Chapa 1”, no estaba en condiciones y fue utilizada por la carencia de vagones. El ministro del Interior y Transporte Florencio Randazzo dio una conferencia de prensa lamentable donde sólo buscó deslindar responsabilidades. Parecía Juan Pablo Schiavi el día de la masacre de Once, hace casi un año y medio. Se demuestra así que la supuesta “revolución en el transporte ferroviariono es más que una farsa. Después de los cincuenta y dos muertos en Once el Gobierno sólo ha puesto parches en un sistema ferroviario colapsado y vaciado por los empresarios concesionarios, que se llenaron los bolsillos con los subsidios millonarios en acuerdo con los funcionarios del Gobierno nacional y los burócratas sindicales como Pedraza, el responsable político del asesinato de Mariano Ferreyra.

Hoy nuevamente volvemos a indignarnos ante funcionarios que sólo buscan zafar de sus responsabilidades, como ya lo hicieron antes en Cromañón, en la masacre de Once o ante las inundaciones en Capital y La Plata. Y no sólo eso: como era de prever, buscan culpar a los trabajadores y rápidamente mandaron a detener a los maquinistas y sus acompañantes.

Los trabajadores ya habían denunciado que la formación que chocó tenía problemas de frenos. Al igual que nuestro compañero Claudio Dellecarbonara, delegado de la Línea B de Subte, quien fue a solidarizarse con los trabajadores y los usuarios del Sarmiento en Castelar, sostenemos que los funcionarios van a intentar por todos los medios falsear las pruebas para limpiarse de la responsabilidad que le cabe tanto al Gobierno como a sus amigos empresarios a cargo de las concesiones.

Por eso no sorprende que minutos después del accidente desde el oficialismo hayan salido a defender a Randazzo, posible candidato del Frente para la Victoria, y a responsabilizar a los trabajadores. Su cinismo no tiene límites; pura especulación electoral cuando todavía estaban rescatando cuerpos entre los hierros retorcidos.

Desde el PTS en el Frente de Izquierda sostenemos que la salida de fondo es la nacionalización de todo el sistema ferroviario bajo gestión de sus trabajadores y usuarios, destinando todos los fondos necesarios para lograr su modernización de forma tal de contar con un servicio seguro y de calidad. Que los fondos que hoy se siguen llevando los empresarios vaciadores vayan a un plan de modernización de los ferrocarriles, junto con un impuesto extraordinario a los grandes empresarios, terratenientes y banqueros, los verdaderos ganadores de la década. Los recursos están. Que se juzgue y castigue a los responsables de este nuevo crimen social.