Encontrar a los nietos

Cada vez que las Abuelas de Plaza de Mayo recuperan a uno de los niños robados durante la represión ilegal, la alegría es generalizada, así como la admiración por la lucha que arrojó este resultado.

Sin embargo, en ciertas ocasiones, es inevitable sentir que, más allá del trabajo, en el hallazgo interviene un elemento de azar, de casualidad, de tiempo, sin el cual tal vez el reencuentro no hubiese sido posible.

En el año 2007, un joven se presentó al Banco Nacional de Datos Genéticos, sospechando que podía ser un niño apropiado. El resultado fue negativo. Su ADN no coincidía con el de ninguna de las familias que buscaba un nieto.

Pero, dos años después, en 2009, lo llamaron desde el mismo Banco y le comunicaron que era hijo de Marcela Molfino y Guillermo Amarilla, desaparecidos en octubre de 1979.

¿Cómo se explica esto? Sencillamente porque ni la familia Molfino ni la familia Amarilla sabían que Marcela y Guillermo esperaban a su 4º hijo en el momento en que fueron secuestrados. Nadie buscaba a ese niño robado, cuyo nombre hoy es Martín Amarilla Molfino, el nieto recuperado número 98.

En algún momento entre el 2007 y el 2009, una mujer que había estado secuestrada en Campo de Mayo contó que Marcela Molfino estaba embarazada. Tal vez la mujer no lo contó antes por miedo. O quizá creía que las familias conocían este dato. Lo cierto es que pasaron 30 años sin que nadie supiese de la existencia de Martín.

El caso de Ignacio Hurban –Guido Montoya Carlotto-, el nieto de la titular de Abuelas, es en apariencia distinto, pero hay un elemento común.

Según lo que se sabe hasta ahora, fue la muerte del presunto apropiador, Carlos Francisco “Pancho” Aguilar, dueño del campo de Olavarría donde los padres de crianza de Ignacio-Guido trabajaban –y viven aún- como cuidadores, lo que precipitó el feliz desenlace.

El presunto apropiador murió hace dos meses. Y hace dos meses también alguien del entorno –familiar o amigo, no se sabe- le reveló a la esposa de Ignacio el secreto tan bien guardado durante 37 años: su condición de niño adoptado. Como mínimo, irregularmente adoptado.

Aguilar habría sido quien entregó a “Guido” al matrimonio Hurban, que lo crió. Una versión dice que Carlos Francisco Aguilar había pedido que el secreto fuese guardado hasta su muerte. Es fácil entender el porqué. Semejante revelación podía costarle la cárcel de por vida.

En este caso, como en el de Martín Amarilla Molfino, hubo un elemento de azar. Aunque el del nieto de Carlotto fue uno de los casos con mayor visibilidad, lo que llama la atención es justamente que su recuperación pendió de un hilo. Ignacio Hurban dice no haber sospechado nada hasta el día en que se lo comunicaron. Si no se lo hubiesen dicho… Si Aguilar no hubiese muerto…

Una larga búsqueda que amerita más resultados

La cifra de 114 nietos recuperados parece enorme. Pero en la página web de Abuelas de Plaza de Mayo puede verse una lista documentada de algo más de 200 casos sin resolver aún. Y, si como calculan los organismos de Derechos Humanos, el total asciende a 500, 114 no parece tanto, en especial porque pasaron 30 años desde el fin de la dictadura, por la amplitud de la búsqueda y por la gran difusión mediática que ha tenido la causa de Abuelas.

Si todo eso no movió a los Hurban a averiguar la verdad sobre el origen de Ignacio, ni despertó sospechas en el propio Guido, podemos suponer que, de no mediar la muerte de Aguilar, la verdad no habría salido a la luz.

En el caso de Amarilla Molfino, ni las sospechas del joven bastaron. Seguramente, en algún lado, algún represor, algún cómplice, sabía de la entrega a una familia de zona Oeste de un niño nacido en Campo de Mayo. Pero calló.

Los represores, que posiblemente guardan consigo el secreto del paradero de estos niños, se están muriendo. El grueso de ellos supera los 70 u 80 años. También tiene esa edad la mayoría de las abuelas y aumenta entonces la desgraciada posibilidad de que nunca se reencuentren con sus nietos.

Por eso sorprende el escaso eco que tuvo en su momento la propuesta de un ex detenido desaparecido, Claudio Tamburrini, uno de los fugados de Mansión Seré, quien en el año 2006 propuso priorizar el conocimiento de la verdad por sobre el castigo a los culpables ofreciendo, por ejemplo, la reducción de la pena, a quienes brindasen datos valiosos para localizar a los niños apropiados o sobre la suerte de los desaparecidos.

“La política de persecución penal por violaciones de los derechos humanos –escribía Tamburrini- debe ser puesta al servicio del esclarecimiento de los hechos. Muchas familias viven aún en la incertidumbre de no saber el destino final de sus familiares desaparecidos. Esa es una deuda pendiente de la democracia argentina”.

Proponía entonces “un modelo de negociación penal que ofrezca a los imputados reducciones de penas a cambio de confesar todo lo hecho por ellos y por sus cómplices”, lo que “no excluye la aplicación de penas”.

“Quien es amenazado con una pena severa tiende naturalmente a callar” –advertía, con sensatez.

Quebrar el pacto de silencio

Su propuesta fue rechazada de plano, incluso por algunos nietos recuperados de mucho protagonismo. Sin mayor debate. Sólo en nombre de un maximalismo y una intransigencia que le dan razón a Tamburrini, cuando, al formular su propuesta, advertía:  “La ausencia de una discusión amplia sobre los fines de las medidas penales contra militares acusados de violar los derechos humanos” podría hacer que “una reivindicación en principio justa y necesaria” llegase a ser concebida, “en particular por las nuevas generaciones, como una simple política revanchista sin razón ni fundamento, defendida solamente por quienes ya integran el círculo de iniciados”.

En el caso de Guido Carlotto, fue el elemento tiempo el que llevó a la verdad. La muerte del implicado liberó a “alguien” de la carga del secreto. Es muy posible que los represores que ya están presos por otros delitos tengan datos sobre el paradero de niños apropiados. ¿Por qué los darían? Nada los incentiva a hacerlo.

Estela de Carlotto admitió además que uno de los elementos que impide a ciertos jóvenes que tienen dudas de su filiación acercarse a Abuelas es el temor a comprometer a la familia que los crió. Los padres de crianza de Ignacio trabajaban para Aguilar. Tanto Estela de Carlotto como su flamante nieto dijeron a la prensa que la pareja no sabía nada. Pero como mínimo sabía que el niño no era un hijo de su sangre. Y sin embargo no se lo dijeron, ni trataron de averiguar si era un bebé robado.

Es evidente que Ignacio –a diferencia de otros casos, como Cabandié o Donda- no tiene un mal vínculo con su familia de crianza y seguramente no desea que padezcan castigo alguno. Pero no sería justo que haya clemencia en un caso e inflexibilidad en otros.

El tiempo pasa, y aumenta el riesgo de que las abuelas y abuelos que buscan a sus nietos no lleguen a darles un abrazo. Algunos ya fallecieron sin ver ese sueño cumplido.

Hasta ahora, poco se ha hecho en el país para quebrar el pacto de silencio, pese a que todavía hay muchos argentinos sin tumba y muchos niños apropiados que no han recuperado su identidad, como para minimizar la importancia de los datos no revelados.

La lucha no sólo debe ser constante; también inteligente.

Alguna alternativa habrá que buscar, antes de que sea tarde.

 

Ni bullying ni piquetes necesitan una ley

Cuando, después de 11 años de inacción oficial, diputados opositores aplaudieron la jugada de la Presidente de tirarles a ellos la pelota de hacer algo contra los piquetes salvajes, quedó claro que el problema no se resolverá. Y que el nivel de la política argentina deja mucho que desear.

Cristina Kirchner se ha vuelto una especialista en lanzar al agua patos de madera para distraer y engañar. ¡El problema es que los cazadores de la oposición le apuntan al señuelo! Y dejan escapar la presa.

pato señuelo

La Argentina no necesita ninguna ley para frenar el corte de calles antojadizo y las manifestaciones silvestres. Sólo se necesita que las autoridades hagan lo que tienen que hacer. El poder político debe conducir a la Policía, no ignorarla ni menos aún estigmatizarla. La Policía debe estar entrenada, equipada e instruida sobre el modo de actuar en estos casos. Como sucede en muchos países del mundo, que no prohíben la protesta pero sí evitan el caos callejero.

Pero en esta larga década, la única medida antipiquetes que sí tomó la Presidente ha sido enrejar su casa (Olivos) y su oficina (la Rosada). Los demás que se arreglen como puedan.

Ni hablar de la inseguridad. María Julia Alsogaray causó indignación en su tiempo, cuando permaneció impávida frente a los incendios forestales del sur, siendo secretaria de Medio Ambiente. Cristina Fernández de Kirchner observa, sin sentir responsabilidad ni empatía, cómo la violencia delictiva tala vidas cotidianamente, siendo ella Presidente de los argentinos. Aunque se crea en las antípodas de la funcionaria noventista, la desidia es la misma, por usar una palabra suave.

Y la respuesta es la de siempre: en este caso, el pato de madera fue la reforma del Código Penal. Y todos a discutir sobre eso, mientras la gente queda inerme ante el delito y la violencia.

Lo mismo pasa con el bullying. Se pretende sustituir el incumplimiento de deberes por parte de autoridades educativas, maestros y padres, promulgando una nueva ley que ni es necesaria ni resolverá el problema, como lo señalé en una nota anterior.

Para que una sociedad funcione, cada uno de sus elementos debe cumplir el rol que le compete. Y eso es lo que falla aquí: nadie hace lo que debe, todos se lavan las manos y buscan a quién culpar. O con qué desviar la atención.

¿Cómo explicar que, en tiempos en que el discurso políticamente correcto –no discriminarás, no excluirás, ¡no pondrás ni siquiera apodos!, la diversidad es buena y deseable, somos diferentes pero todos iguales, etc, etc- el bullying haga estragos en los colegios? El fracaso es patente, pero eso parece que no los hace pensar en dónde está la falla.

Votar una ley contra la violencia escolar es una derrota como sociedad y una admisión de impotencia. El bullying no es nuevo, lo nuevo es la tolerancia de las autoridades –y de los padres- a la indisciplina de sus hijos. El que conozca un caso en que los responsables de agredir a un compañero hayan sido efectivamente castigados, sancionados o expulsados de un colegio, y que no haya tenido que ser el alumno agredido el que se va de la escuela, que levante la mano.

La ley antibullying aprobada se propone sancionar la violencia en las escuelas a través de la “promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad en las instituciones educativas”. Bla, bla, bla…

O sea, pretende resolver el problema agravándolo. Elevando a categoría de ley la concepción falsamente democrática de la institución escolar que es la causa de la disolución de la autoridad y por ende de la creación de un clima en el cual la sanción no es castigada como corresponde.

Y si todavía alguna autoridad escolar se atreve a hacer lo que debe frente a una indisciplina grave, tranquilos, ya habrá un juez que pondrá las cosas en su lugar socorriendo a los pobrecillos sancionados y a sus permisivos padres, como sucedió en el caso de los alumnos de 5º año del Colegio Nacional Buenos Aires que profanaron un templo.

No olvidemos que tuvimos un Presidente piquetero, que apañó por años el corte de un puente que nos une a un país hermano, a la vez que pregonaba “más Mercosur”.

La impunidad hace proliferar la mala conducta tanto en la escuela como en la calle.

Cristina Kirchner sabe que no necesita una ley para frenar los piquetes, pero si la oposición está dispuesta a ir detrás de los señuelos en vez de cazar el pato, ¿por qué no va a seguir aprovechándose ella de esa debilidad?

Un spot de Abuelas que desvirtúa su causa

Si alguna causa ha gozado de un consenso prácticamente unánime en estos años, ésa ha sido la de las familias que buscan a sus niños –hijos, nietos, sobrinos- robados durante la dictadura, tras nacer en cautiverio o ser secuestrados juntos con sus padres.

El siniestro crimen que estuvo en el origen de estas apropiaciones hace imperativa la restitución de identidad, incluso más allá de la voluntad –definitiva o pasajera- de la propia persona robada.

Es por eso que, a pesar de la excesiva partidización de algunas de sus referentes en la última década, la causa de las Abuelas de Plaza de Mayo sigue gozando de un amplísimo apoyo.

Sin embargo, en las últimas semanas, se está difundiendo un spot televisivo que la desvirtúa.

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Día Nacional de la Hipocresía

Pasa algo curioso en la Argentina. En los primeros años de la democracia, el debate sobre lo sucedido durante la dictadura, y en el período inmediatamente anterior, era menos masivo que ahora, pero mucho más profundo y honesto. El paso del tiempo, contrariamente a lo que se proclama, ha traído, al amparo del olvido y de la manipulación político electoral, una terrible simplificación que acaba por nublar la verdad.

Llevamos 30 años de normalidad institucional. Pese a ello, y a que la “memoria” hasta tiene su día en el almanaque, en lugar de un avance en la comprensión de los sucesos que llevaron al golpe de Estado de 1976, asistimos a una involución hacia posiciones maniqueas y simplistas, en las que el dogma es refugio y excusa para frenar el debate y eludir responsabilidades.

Convencidos tal vez de que los indecibles horrores cometidos por la dictadura justifican retroactivamente sus acciones, muchos protagonistas de aquella época guardan un conveniente silencio, cuando no se erigen en jueces de un proceso del cual fueron parte.

Así, año a año, el golpe de Estado de 1976 es condenado por los mismos sectores que contribuyeron al derrocamiento del gobierno constitucional de Isabel Perón.

El hecho de que nadie mencione a la presidente derrocada, en los muchos actos de repudio al golpe, habla a las claras de la aprobación que, de modo más o menos explícito, el grueso de los protagonistas de la época daba a su destitución. Muchos referentes de las fuerzas mayoritarias creyeron que los militares los dejarían participar del juego.

La izquierda, armada o no, también apostaba al golpe, y el Partido Comunista llegó a la ignominia de defender activamente a Jorge Videla, porque la dictadura era aliada comercial y diplomática de la Unión Soviética.

Otro caso es el de algunos sobrevivientes de las organizaciones guerrilleras –varios de ellos reciclados en el actual gobierno- cuyas conducciones practicaron la estrategia de “cuanto peor, mejor”: por ejemplo, frente al anuncio del adelantamiento de las elecciones para septiembre de 1976 –que debió funcionar como antídoto a las conspiraciones-, su respuesta fue agudizar la violencia, brindando mayores argumentos al golpismo. Cabe preguntarse a qué intereses servían realmente y cuánta responsabilidad tuvieron esas cúpulas en la muerte de miles de jóvenes –los hoy reivindicados desaparecidos- que en su enorme mayoría creían pelear por una mejor causa y por ella dieron la vida

El relato actual sostiene que Montoneros y ERP fueron casi organizaciones de autodefensa frente a la dictadura. Pero ambas guerrillas se habían levantado en armas antes, contra la democracia, y enfrentaron con violencia al gobierno “reformista” y “burgués” de Juan Perón; más larvadamente los Montoneros, puesto que alegaban ser peronistas; abiertamente el ERP, porque nunca reconoció la legitimidad de aquel gobierno. Y esto se agudizó durante la gestión de Isabel.

Algo análogo sucedió en Uruguay. La diferencia es que los sobrevivientes de la guerrilla Tupamara no niegan su responsabilidad. El actual presidente, José Mujica, se declaró “profundamente arrepentido de haber tomado las armas con poco oficio y no haberle evitado así una dictadura al Uruguay”.

En Chile, al cumplirse los treinta años del golpe de Estado (en 2003), Luis Corvalán, miembro del Partido Comunista, que integraba la Unidad Popular, el frente que llevó al gobierno a Salvador Allende, el presidente socialista derrocado y muerto en 1973, dijo: “No podemos negar nuestra responsabilidad. Prevalecieron en la UP las tendencias extremistas y sectarias”. La propia hija de Allende, Isabel, señaló: “Todos los actores políticos somos responsables de lo ocurrido. No fuimos capaces de entrar al diálogo para buscar una salida política”. Semejante honestidad política es imposible de encontrar en nuestro país.

En la Argentina previa al golpe también hubo sectores de todos los partidos que aportaron al caos. Como los diputados de la “Tendencia” (cercanos a Montoneros) que le presentaron la renuncia a Perón cuando éste quiso reformar el código penal para combatir a la subversión, pero años después le votan a Néstor Kirchner sin chistar una ambigua ley antiterrorista. O los 34 diputados del “Grupo de Trabajo” que paralizaron la actividad legislativa durante la gestión de Isabel. Varios de ellos están hoy refugiados en despachos oficiales o sentados en una banca.

A diferencia de sus pares de Uruguay y Chile, la clase política argentina calla.

Inclusive muchos creen que los juicios -tanto los del 84 como los actuales-, promovidos con más oportunismo que sincera convicción, los lavan de culpa y los invisten de autoridad moral. Lo mismo que su opción por los derechos humanos.

Pero tener una lectura del pasado con fines de manipulación no es lo mismo que tener una política de derechos humanos.

Estos, dicho sea de paso, han dejado de ser una causa para convertirse en una forma de vida. Un medio de sustento para muchos, si pensamos que hoy no debe existir municipio en el país que no tenga una secretaría o dirección de derechos humanos. Eso explica el discurso de los “avances” en materia de derechos humanos y la celebración callejera, en el mismo momento en que tantos argentinos están de duelo por las víctimas de una violencia delictiva descontrolada.

Ayer, durante el feriado por Memoria, Verdad y Justicia, hubo 4 muertes en hechos delictivos. En los tiempos previos al 76, una progresiva naturalización de la violencia anestesió a la sociedad frente a lo que venía. Hoy, se están naturalizando la anomia social, el no combate al delito y a la droga, y el avance del crimen organizado.

Si el recuerdo de la tragedia del 76 no contribuye a que los argentinos valoremos la vida y la cuidemos en el presente, ¿de qué sirve la memoria?

De momento, sólo para que muchos se golpeen hipócritamente el pecho por la violencia del pasado mientras en el presente asisten impávidos a la degradación y destrucción del tejido social argentino.

Sobreactuación feminista

Siempre sostuve que las feministas no la tienen fácil en este país, pero no porque se trate de una sociedad especialmente machista; al contrario, la Argentina es el país menos machista de toda América Latina y el que no lo crea que cruce la frontera y lo experimente.

No, el problema de las feministas vernáculas es que las principales conquistas femeninas del siglo XX en materia de participación política se deben a la iniciativa de dos hombres.

El voto femenino, que el folklore atribuye a Evita, no hubiera sido posible sin la decisión de Juan Perón. Más aún, es casi seguro que la idea vino de él, que fue el maestro de ella en política. Sin Perón, no hubiese existido una Evita.

Sin embargo, recientemente escuché a una numen del feminismo argentino decir, muy suelta de cuerpo, que Evita promovió el voto femenino “pese a tener un esposo machista”. Semejante nivel de negación sólo se explica por la imposibilidad de aceptar que haya sido de un hombre –militar para más datos- que las mujeres argentinas recibieron una de las leyes más emancipadoras de la historia.

No es algo fácil de tragar para un feminismo que sólo se concibe en oposición a los hombres y para el cual ser varón es sinónimo de ser machista.

La investigadora española Marysa Navarro, biógrafa de María Eva Duarte, dijo en una ocasión: “Eva descubrió a las mujeres a través de Perón; él fue el primer jefe de Estado argentino que puso el tema femenino en la mesa, antes de que Evita se metiera en política”. A Eva, su “machista” esposo le enseñó a construir poder político como mujer. Navarro dice que esto fue tan indigerible que, “aunque parezca triste, las feministas se opusieron [a la sanción de la ley]”.

Varios años más tarde, en 1991, la historia se repitió cuando nuevamente un hombre, el entonces presidente Carlos Menem, impulsó la Ley de Cupo Femenino, por la que un tercio de los puestos en las listas de diputados y senadores deben ser ocupados por mujeres. También en ese entonces, algunas militantes criticaron la medida.

Sin embargo, la socióloga feminista Dora Barrancos reconoció el papel de Menem en la iniciativa: “La nota peculiar en la materia la daba el propio presidente: dispuesto a ser irreductible y viendo que la aprobación de la norma no obtenía garantías suficientes, impuso al ministro del Interior acerca de la necesidad de convencer a los remisos del justicialismo; ése empeño fue decisivo”. Aunque atribuyó esta actitud al “cálculo político” y a “designios no encomiables”, reconoció que el cupo tuvo efecto en materia de “derechos para las mujeres”.

Estoy convencida de que existe en Argentina una sobreactuación feminista. No es fácil destacarse con una iniciativa por la “igualdad de género” en un país que ya tuvo dos mujeres presidentes –Cristina no fue la primera, mal que le pese-, cuyo Congreso es uno de los de mayor representación femenina porcentual del mundo, y que ocupa el 8º lugar en el ranking de presencia femenina en ámbitos públicos en general (según datos del International Institute for Democracy and Electoral Assistance, de Suecia).

Esto explica algunos proyectos delirantes como el de doble apellido obligatorio, apellido materno en primer lugar, supresión de la partícula “de”, lenguaje inclusivo forzoso, etcétera, con los que algunos buscan destacarse en un terreno en el que lo más decisivo ya está hecho.

Lo llamativo, además, es el tono con el cual fundamentan estas iniciativas: uno se creería en un país talibán. Por ejemplo, cuando el Senado debatía una ley para “Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres”, en el recinto se escuchaba: “El disvalor de la mujer es soporte fundamental de nuestra herencia cultural”; “La mujer es la gran discriminada en todos los aspectos sociales”; “Como mujeres nos sentimos a diario y en todo momento agredidas en nuestra dignidad”, etc. Y no faltó una senadora –“hermana de” para más datos- que, como muchas de sus pares, ocupaba una banca gracias a la ley de cupo-, que afirmó que “durante muchos años, en nuestro país, ésta ha sido una lucha sólo de las mujeres”.

Pero la sobreactuación feminista no es sólo femenina. También los varones caen en excesos. El escritor Ricardo Piglia por ejemplo dijo que “Cristina (Kirchner) es un personaje muy interesante, (…) porque es una mujer conduciendo el peronismo en un país muy machista”.

Salvo que esté devolviendo gentilezas por la invitación al Salón del Libro en París, sorprende este comentario en un país que tuvo una presidente mujer tan temprano como en la década del 70 y que tiene una de las leyes de cupo más avanzadas (en el congreso argentino hay más mujeres que en el francés).

La última sobreactuación en data también es de un hombre: el diputado nacional José Luis Riccardo (UCR, San Luis) quiere llevar el cupo femenino al 50 por ciento. El problema, nuevamente, además de la propuesta son los fundamentos. Entrevistado por Luis Novaresio para Infobae TV, y tras señalar que ya la mujer estaba discriminada en la democracia ateniense, sin miedo a la desmesura, dijo: “Veinticinco siglos y la mujer todavía aparece muy poco en la política”. ¿En qué país vive?

También intentó minimizar el valor de la Ley de cupo, diciendo que era “un mínimo” que muchas veces “ha actuado como un techo”. El periodista le señaló entonces que el radicalismo tenía muy pocas mujeres. Cosa que él quiso negar pero no pudo nombrar a ninguna, lo que no le impidió criticar al peronismo…

La hoy senadora Norma Morandini me dijo una vez lo siguiente: “Las feministas europeas  tenían una frase muy cínica, decían que la verdadera igualdad iba a llegar cuando las mediocres también fueran ministras”.

Y una precandidata a presidente, cuando le preguntaron si la mujer iba a traer más transparencia a la política, respondió indignada que era injusto exigirles más a “ellas” que a “ellos”. Traducción: las mujeres tenemos el mismo derecho a la corrupción que los hombres.

Bueno, les tengo una mala noticia: se ha alcanzado tal nivel de igualdad que ya quedó demostrado que en política las mujeres pueden ser tan mediocres, corruptas e ineficientes como los hombres. Por lo cual sería bueno que, dejando de lado la sobreactuación feminista, hombres y mujeres trabajasen codo a codo por volver a poner a la política al servicio de valores, para construir una Argentina más unida, justa y solidaria.

El sonoro silencio de los gremios docentes

Fue impactante escuchar a la Presidente retomar argumentos “neoliberales” –por decirlo en sus términos- para referirse a los docentes en su discurso de apertura de las sesiones del Congreso.

Pero más impactante todavía es el silencio de los sindicatos del sector que, de haber escuchado esos asertos en boca de algún funcionario no kirchnerista, estarían compitiendo por el repudio más enfático.

El sábado pasado, los argentinos escuchamos a la Presidente de la Nación tratar a los maestros de vagos y extorsionadores. Pero no escuchamos luego ni una sola declaración de repudio o condena a estas expresiones por parte de la dirigencia sindical docente.

No hay proporción entre la rabia desatada contra las aulas durlock del Gobierno porteño y la calma con la que fueron recibidas las sentencias que, al mejor estilo “doña Rosa”, desgranó la Presidente en su discurso. Comentarios de “alta peluquería”, como dijo alguna vez un ex ministro.

Recordemos que en su discurso Cristina Kirchner aludió primero al elevado ausentismo de los docentes. Y, segundo, acusó a los gremios de chantaje por frenar el comienzo de clases cada año en función de sus reclamos salariales. Ni el PRO se animó a tanto.

Sin embargo, en el distrito porteño, donde sí hubo acuerdo salarial con los maestros, de todas formas habrá paro, en repudio a… ¡la falta de vacantes! Un problema que no es de este año, sino de larga data. ¿O alguna vez hubo guardería pública para todos los infantes de 1 a 5 años en la Capital Federal?

Sobre el primer argumento de la Presidente, la pregunta que cabe es: ¿tiene el Gobierno nacional estadísticas de ausentismo docente? En un discurso interminable y lleno de cifras, no las hubo en esta materia, aunque no estaría de más saber de qué y de cuánto se habla exactamente. Presentismo o no, lo que el Estado debería hacer es garantizar el rápido remplazo de cualquier docente que falte, así sea un solo día. Mecanismos que están lejos de funcionar con la eficiencia necesaria.

Por otra parte, el ausentismo es un mal que corroe a toda la administración pública. Es decir, a los empleados de áreas que dependen directa o indirectamente de la Presidente. Pero frenar este flagelo y elevar la productividad de los empleados públicos no es un tema que figure en la agenda oficial. Es más fácil y más demagogo mirar la paja en el ojo ajeno.

El segundo dardo que la Presidente lanzó contra los maestros consiste en proponerles –como a todos los asalariados- que reclamen sin hacer paro, cuando cualquiera sabe que no hay conquista gremial que se haya obtenido sin apelar a la huelga.

Como patronal, Cristina Kirchner no se diferenció en lo más mínimo de los “personeros del neoliberalismo” que sus “pibes para la Liberación” denuncian, señalan y escrachan.

Lo que la Presidente debería haber explicado en el discurso del sábado pasado es por qué, si ha destinado más presupuesto que otras administraciones a la Educación, la calidad educativa sigue retrocediendo y los maestros son remunerados con sueldos indignos de su condición.

Como lo publicó Infobae en su momento, la Argentina tiene el peor resultado educativo en relación a la inversión que hace en el área. De ese “logro” debió hablar la Presidente. Para explicar por qué, con Ley de Financiamiento educativo y todo, las clases no pueden empezar porque los docentes no tienen remuneraciones a la altura de su función, por qué la Argentina no deja de retroceder en calidad educativa y por qué la escuela pública que el gobierno dice defender expulsa constantemente alumnos hacia la educación privada.

No hay plata que valga si los funcionarios no ponen a la Educación al tope de sus preocupaciones, en serio y no de palabra. Si las autoridades no respetan a los maestros –y la propia cabeza del Ejecutivo nacional los trata de vagos y extorsionadores- difícilmente éstos sean respetados por padres y alumnos; y es sabido que uno de los obstáculos para la calidad educativa es precisamente el deterioro de la autoridad del maestro.

Los funcionarios no se han preocupado por cumplir otras disposiciones de la Ley de Financiamiento educativo –como la generalización de la doble jornada escolar-, no han establecido mecanismos de evaluación y no cesan de promover el facilismo en materia educativa (por ejemplo, prohibiendo la repitencia).

En febrero de 2013, es decir hace apenas un año, Cristina Kirchner y su ministro de Educación Alberto  Sileoni presentaron un Plan Educativo en el cual brillaban por su ausencia conceptos tales como conocimiento, contenidos y calidad.

En cambio, se dieron muchas cifras sobre construcción de nuevas escuelas (incluyendo el eufemismo “mejoras” edilicias, para engordar cifras y batir récords imaginarios) y de distribución de netbooks, que en definitiva no son más que herramientas. Si la escuela argentina supo ser excelente con tiza y pizarrón, no es por la falta de computadoras que hoy se hunde cada año un poco más en el atraso.

Una de las metas anunciadas en aquel acto fue la de “disminuir las tasas de sobreedad”. Otro eufemismo: quiere decir que nadie repite. Para que un niño de 8 años no esté “retrasado” respecto a su edad, se lo hace pasar de grado aunque no haya aprendido. La mejora en las tasas de sobreedad –de las que luego se jactan las autoridades- no se debe a progresos en la enseñanza sino sencillamente a que ya no repiten.

El principal objetivo de cualquier plan educativo debería ser volver a tener una escuela en la cual los niños egresen del primer grado sabiendo leer y escribir, como sucedía históricamente. Hoy, no sólo no es el caso para un gran número de alumnos, sino que muchos llegan al final del secundario sin saber leer fluidamente, sin entender lo que leen y sin poder luego expresarlo en sus propios términos; es decir, llegan desarmados al combate laboral y profesional.

La inclusión no debe ser en detrimento de la calidad de la educación porque de lo contrario es una estafa.

De esto no habló Cristina Kirchner. Tampoco lo hacen los sindicatos docentes. Sin embargo, junto con una remuneración justa, la calidad educativa es uno de los elementos esenciales de la dignidad y la autoridad de un docente.