Cuando, después de 11 años de inacción oficial, diputados opositores aplaudieron la jugada de la Presidente de tirarles a ellos la pelota de hacer algo contra los piquetes salvajes, quedó claro que el problema no se resolverá. Y que el nivel de la política argentina deja mucho que desear.

Cristina Kirchner se ha vuelto una especialista en lanzar al agua patos de madera para distraer y engañar. ¡El problema es que los cazadores de la oposición le apuntan al señuelo! Y dejan escapar la presa.

La Argentina no necesita ninguna ley para frenar el corte de calles antojadizo y las manifestaciones silvestres. Sólo se necesita que las autoridades hagan lo que tienen que hacer. El poder político debe conducir a la Policía, no ignorarla ni menos aún estigmatizarla. La Policía debe estar entrenada, equipada e instruida sobre el modo de actuar en estos casos. Como sucede en muchos países del mundo, que no prohíben la protesta pero sí evitan el caos callejero.

Pero en esta larga década, la única medida antipiquetes que sí tomó la Presidente ha sido enrejar su casa (Olivos) y su oficina (la Rosada). Los demás que se arreglen como puedan.

Ni hablar de la inseguridad. María Julia Alsogaray causó indignación en su tiempo, cuando permaneció impávida frente a los incendios forestales del sur, siendo secretaria de Medio Ambiente. Cristina Fernández de Kirchner observa, sin sentir responsabilidad ni empatía, cómo la violencia delictiva tala vidas cotidianamente, siendo ella Presidente de los argentinos. Aunque se crea en las antípodas de la funcionaria noventista, la desidia es la misma, por usar una palabra suave.

Y la respuesta es la de siempre: en este caso, el pato de madera fue la reforma del Código Penal. Y todos a discutir sobre eso, mientras la gente queda inerme ante el delito y la violencia.

Lo mismo pasa con el bullying. Se pretende sustituir el incumplimiento de deberes por parte de autoridades educativas, maestros y padres, promulgando una nueva ley que ni es necesaria ni resolverá el problema, como lo señalé en una nota anterior.

Para que una sociedad funcione, cada uno de sus elementos debe cumplir el rol que le compete. Y eso es lo que falla aquí: nadie hace lo que debe, todos se lavan las manos y buscan a quién culpar. O con qué desviar la atención.

¿Cómo explicar que, en tiempos en que el discurso políticamente correcto –no discriminarás, no excluirás, ¡no pondrás ni siquiera apodos!, la diversidad es buena y deseable, somos diferentes pero todos iguales, etc, etc- el bullying haga estragos en los colegios? El fracaso es patente, pero eso parece que no los hace pensar en dónde está la falla.

Votar una ley contra la violencia escolar es una derrota como sociedad y una admisión de impotencia. El bullying no es nuevo, lo nuevo es la tolerancia de las autoridades –y de los padres- a la indisciplina de sus hijos. El que conozca un caso en que los responsables de agredir a un compañero hayan sido efectivamente castigados, sancionados o expulsados de un colegio, y que no haya tenido que ser el alumno agredido el que se va de la escuela, que levante la mano.

La ley antibullying aprobada se propone sancionar la violencia en las escuelas a través de la “promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad en las instituciones educativas”. Bla, bla, bla…

O sea, pretende resolver el problema agravándolo. Elevando a categoría de ley la concepción falsamente democrática de la institución escolar que es la causa de la disolución de la autoridad y por ende de la creación de un clima en el cual la sanción no es castigada como corresponde.

Y si todavía alguna autoridad escolar se atreve a hacer lo que debe frente a una indisciplina grave, tranquilos, ya habrá un juez que pondrá las cosas en su lugar socorriendo a los pobrecillos sancionados y a sus permisivos padres, como sucedió en el caso de los alumnos de 5º año del Colegio Nacional Buenos Aires que profanaron un templo.

No olvidemos que tuvimos un Presidente piquetero, que apañó por años el corte de un puente que nos une a un país hermano, a la vez que pregonaba “más Mercosur”.

La impunidad hace proliferar la mala conducta tanto en la escuela como en la calle.

Cristina Kirchner sabe que no necesita una ley para frenar los piquetes, pero si la oposición está dispuesta a ir detrás de los señuelos en vez de cazar el pato, ¿por qué no va a seguir aprovechándose ella de esa debilidad?