Delincuentes, marginales, bajo pueblo o desesperados sociales, cualquiera sea la realidad de los saqueadores de Córdoba, o todas juntas. Más pícaros y avivados, lo cierto fue que la provincia de Córdoba ha vivido los acontecimientos sociales más violentos desde el Cordobazo, ocurrido en mayo de 1969. Naturalmente con las diferencias sociales y políticas tras cuarenta y cuatro años entre unos y otros. No hace a este artículo la descripción de los cambios sociales en casi medio siglo. Sí observar de manera inquietante la repetición de conductas de los principales actores políticos de uno y otro hecho.
La indolencia de Lanusse
Mucho se habló en su momento y hasta nuestros días de la actitud del comandante en jefe del Ejército, general Lanusse, en aquel caldeado 1969, sobre su lentitud para ordenar el avance de las tropas sobre la ciudad de Córdoba, sacudida por la tormenta social y destruida por la ira popular. Sabido era que la orientación política de Lanusse se inclinaba más por una salida electoral acordada con el radicalismo y eventualmente con el peronismo que continuar con el dislate de Onganía y el gobernador de Córdoba, Carlos Caballero, de implementar un corporativismo más cercano a los nacionalismos europeos que a una vida en democracia. De modo que, al parecer, Lanusse esperó para dar la orden de marcha cuando calculó que los violentos acontecimientos habían destruido políticamente al gobernador y dañado seriamente a Onganía. Una decisión peligrosa pero de exquisita filigrana política. El que fuera ministro del Interior de Onganía, durante aquellos acontecimientos, Guillermo Borda, muchos años después, en carta a La Nación aseguró: “Todo prueba que Lanusse demoró deliberadamente la acción del Ejército. ¿Cuál fue el motivo? Aunque tengo mi opinión al respecto, dejo librado al juicio del lector cuál fue la razón”.
Naturalmente, diferencias políticas fundamentales que ambos generales mantenían entre sí ha sido la razón de la lentitud del “Cano”. Corporativismo o democracia amañada, he ahí la cuestión.
En su libro Mi testimonio, el general Lanusse negó aquellas afirmaciones.
La indolencia de cristina
El gobierno nacional conocía los acontecimientos que desde la tarde del 3 de diciembre estaban ocurriendo en distintos puntos de la ciudad de Córdoba. Con suficiente precisión el gobernador De La Sota informó, luego, de todas las llamadas telefónicas realizadas solicitando el apoyo del gobierno nacional, que jamás contestó. El gobierno esperó hasta que la situación social-delincuencial dañara profundamente al gobernador, para enviar dos mil gendarmes a media mañana, siendo que a primera hora del día el jefe de Gabinete había rechazado todo tipo de apoyo logístico bajo la excusa de que las provincias son responsables de la seguridad jurisdiccional y el gobierno nacional respetaba el federalismo (sic).
En síntesis, a primera hora de la mañana el daño no era, aún, evidente. Se necesitaban más imágenes del caos y que los informativos hablaran sobre el asunto. Cuando las noticias habían penetrado en todos los hogares, llegó la orden de enviar efectivos. Capitanich ya no estaba pero estaba Berni. Para el caso es lo mismo, porque es evidente que hay una sola voz de mando: Cristina, quien deberá hacerse responsable de los daños ocasionados por su perverso cálculo político.