Por: Cristian Folgar
Los problemas en el abastecimiento eléctrico del último tiempo pusieron en el centro de la escena la discusión sobre quién debe prestar ese servicio y qué deben cobrar por ello.
Superado por los acontecimientos el Gobierno Nacional amenazó con estatizar a las dos empresas que regula: Edenor y Edesur. ¿Esa sería la solución?
Cualquier empresa de servicios públicos, sin importar su dueño, debe tener fondos disponibles para invertir. Los servicios públicos tienen una característica común: son capital intensivos, es decir, necesitan mucha inversión. ¿De dónde podrían sacar los fondos las unidades de negocio si fueran estatizadas? De las tarifas, de aportes del Tesoro o de nueva deuda.
Un ejemplo es YPF, luego de su estatización aumentó los combustibles líquidos a un ritmo cuatro veces mayor que el IPC oficial, tomó deuda en el mercado local, se asoció con otras empresas como Chevron, tomó deuda en el mercado local y tomó deuda en dólares del exterior. YPF pudo endeudarse sólo después que demostró que podría mover sus precios y tuvo que darle a sus socios condiciones que el mismo gobierno nos niega al resto de los ciudadanos (por caso disponer libremente de divisas). Todavía no vimos grandes cambios en su desempeño empresario, aunque es prematuro sacar conclusiones.
Sería de esperar que si el gobierno estatiza Edenor y Edesur recorra el mismo camino, sin embargo nuestro país no presenta ejemplos que nos permita creer que la gestión estatal sería superior a la privada.
Muchas distribuidoras eléctricas del país son propiedad de los gobiernos provinciales. Córdoba, gobernada por el peronismo; Santa Fe, gobernada por el socialismo, y Entre Ríos, gobernada por el cristinismo, son tres ejemplos. En los tres casos las tarifas son muchísimo más altas que las de Edenor y Edesur (de dos a cinco veces mas altas). ¿Cómo es su desempeño? Tienen peor calidad de servicio que las empresas privadas reguladas por el gobierno nacional. En estas provincias los usuarios pagan tarifas muy altas y no reciben una buena calidad de servicio.
Otro ejemplo son las cooperativas eléctricas, las tarifas también son más altas y no ofrecen mejor calidad de servicio. ¿Las cooperativas prestan un mal servicio a propósito en detrimento de sus asociados?
El Estado, ya sea como propietario de las empresas o regulándolas, tiene una obligación ineludible. Debe ser el garante de la prestación del servicio. Cuando otorga una concesión o licencia para operar debe regularlas, lo que implica que el Estado les fija las tarifas y condiciones del servicio. Es decir, todo lo que les importa a los usuarios: precio, cantidad y calidad.
¿Qué hizo el Estado Nacional en este caso? Luego de 12 años de la salida de la convertibilidad no diseñó un nuevo marco regulatorio adaptado a la nueva realidad macroeconómica. No fijó regla alguna para la fijación de las tarifas. Nadie sabe cómo y cuándo se podrán modificar las tarifas. Hoy Edenor y Edesur no pueden pagar todos sus costos y reciben subsidios del Estado Nacional. Así, los contribuyentes de todo el país no sólo pagan las facturas de sus consumos eléctricos, aportan también para subsidiar las facturas de la Capital y parte del conurbano.
El mismo Estado que se niega darle tarifas a las empresas para que puedan invertir, les exige luego que lo hagan. Aún más, el Estado Nacional creó cargos específicos que las empresas cobran en sus facturas pero van a un Fondo Fiduciario que maneja el Estado. Es el Estado quien decide dónde se invierten los recursos que hoy aportan los usuarios para invertir. ¿Si hoy el Estado no hace lo que debe como regulador, qué suponemos que hará como operador? ¿Si no puede hacer eficientemente lo menos (regular), como se supone que podrá hacer lo más (operar)?
El problema de los servicios públicos en Argentina hoy no pasa por la titularidad de los activos, sino por la gestión de quien los opera o regula. El gobierno nacional y muchos gobiernos provinciales tienen muchas deudas pendientes en este sentido.
Cambiar para que nada cambie no va a solucionar los problemas. Los va a agravar y el costo lo vamos a pagar nosotros, los ciudadanos.