En Purmamarca remataron la educación

En su discurso de apertura de sesión parlamentaria, el presidente Mauricio Macri hizo mención al acuerdo denominado “Declaración de Purmamarca”, que fuera firmado por todos los ministros de Educación de todas las provincias. Esta declaración establece, según Macri, los ejes de la revolución educativa que se pretende afianzar. Estaríamos, según esto, ante una revolución educativa impulsada por el Gobierno anterior tan denostado por el actual. La gestión de Macri confiesa continuar con lo hecho hasta el momento. Efectivamente, estamos ante una continuidad que profundiza lo realizado, es decir que afianza el retroceso educativo.

El primero de los pilares de la declaración mantiene la consideración de la educación y el conocimiento como bien público, que fue estipulado por el Gobierno de Néstor Kirchner en la ley de educación nacional. Sin embargo esta definición no deja de ser ambigua. Sabemos que toda la educación es pública y que, mediante una distinción no menor, se impartió la diferenciación según sea el carácter de la gestión, privada o estatal. Esta sutileza, no menor, habilita la implementación de la educación privada. Definir la educación como bien público no es garantía de evitar diversas injerencias privadas en el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje. De tal modo que algún tribunal de comercio podría determinar que la educación pública estaría cubierta bajo las reglas del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS) o de Tratados de Libre Comercio (TLC). Lo que incluiría todos los servicios educativos, incluso la enseñanza en el aula. Continuar leyendo

Se legisló el aplazo educativo

El debate que despertó la modificación del sistema de calificación y promoción de la provincia de Buenos Aires expuso una vez más la situación alarmante de la educación en su conjunto. La considerada como controversial ley es, en definitiva, resultado y expresión de la Ley de Educación Nacional del 2006. Este novedoso texto, que fuera impulsado por el Sciolismo, contó con el apoyo del Frente Renovador y del FAP-Unen.

La ley que plantea quitar los aplazos numerados en 1, 2 y 3, utilizando como fundamento la subjetividad del niño recurre sin embargo al aplazo pero con el número 4 (cuatro). Esa misma ley, que dice querer evitar la estigmatización del niño, promueve una “libreta única de trayectoria” (que abarcará toda la primaria y el pase a secundaria) mediante la cual se clasifica desde el comportamiento hasta la adquisición de saberes, de modo tal que en caso de carecer de alguno de ellos deberán ser abordados al año (curso) siguiente. Se establece así un trabajo en donde prevalecerá la estigmatización con aquellos estudiantes que adeuden contenidos.

Como se ve, en el relato grandilocuente se esconde una pérfida reestructuración educativa de la que son parte integrante el oficialismo gobernante y sectores de la oposición. Continuar leyendo

La contracara del relato

El reciente episodio de agresividad sufrido por una joven, que le costó la vida, promovió nuevamente el debate acerca del bullying, la violencia y los jóvenes. La violencia evidencia un estadio de fragmentación de los vínculos y nos exige un replanteo político y social, no solo educativo. La acción semi-barbárica expresada en la golpiza de grupo a una persona por sus cualidades físicas (cualquier parecido con un linchamiento ante un “supuesto” ladrón que alguien vió y señaló al grito de “al ladrón, al ladrón”, no es coincidencia) nos coloca ante el resquebrajamiento de los lazos sociales e incluso civilizatorios.

Ante esto proliferan las voces que promueven leyes con la finalidad de regular el comportamiento de los individuos, como lo refleja la ley contra el bullying- aún no reglamentada- instalando un 0800 para denunciar supuestos casos de maltrato escolar y descargando así la responsabilidad en los miembros de la comunidad educativa (docentes, alumnos y padres). Nada dicen acerca de las políticas educativas, sociales y económicas que rigen la vida de todos los ciudadanos día tras día.

Junín es la Argentina toda

Desde el poder Ejecutivo local y la propia oposición se reconoce la “falta de inclusión social” y el “aumento de bocas de expendio de drogas”. Junín reúne todos los componentes dispersos de nuestra Argentina, porque allí se expresa la impunidad y la connivencia de las instituciones que deben actuar contra el delito que, muchas veces, están más abocadas a organizarlo que a enfrentarlo. Se expresa el aumento de los jóvenes “ni-ni”, como también la descalificación educativa y laboral.

Junín, bien mirado, no deja de evidenciar las características del régimen social y político que emerge pasados más de 10 años de la crisis de 2001. Lo que no se dice, acá tampoco, es que estamos ante la observación impoluta del fracaso de un mercado laboral y de la anulación de perspectivas de futuro que podría brindar la educación. Es decir, que nos encontramos ante un nuevo quiebre de las relaciones sociales. El fin de ciclo es la evidencia de un fracaso rotundo de determinadas políticas pero en una escala superior porque el resultado son jóvenes asesinados y devaluados en su vida cotidiana.

Una educación desvalorizada

Se impulsan planes de reformas educativas, enmarcadas en los acuerdos con la OEI, a lo largo y ancho del país que quitan especificidad y contenidos a los saberes por enseñar promoviendo enseñanzas generalistas y básicas. Es decir una educación acorde a las demandas de los nuevos tiempos del mercado laboral, que nos evidencia una descalificación creciente. De este modo podemos entender la significancia del plan Fines2 y PROGRESAR, que funcionan para alterar el índice de deserción promoviendo la desvalorización del docente y de la educación.

Descalifican la formación orientada y especifica pero pretenden enseñar a “convivir”. Lo que resulta en un sinsentido ya que el desafío es tomar en consideración al otro cuando uno ha asumido una posición divergente, que emerge al conocer, al interrogar y al disentir en base a apreciaciones específicas y orientadas. La posibilidad de abordar un concepto mediante diversas formas solo puede ser producto de una educación libre y de calidad. Sin embargo la escuela pública estaría destinada “a los que más la necesitan” (slogan del gobierno nacional), ya no se trataría de la educación pública como derecho sino como institución reservada para los que “menos tienen”. La escuela pública emerge como institución de contención para “los que no pueden acceder a otra cosa”.

La posibilidad y los límites de la escuela

La escuela puede intervenir ante hechos de violencia pero no puede sortear la crisis política y social. Los docentes en las escuelas y las escuelas, con los docentes, son los espacios donde se habilitan las expresiones y se evidencian las potencialidades de los jóvenes, a pesar del resquebrajamiento que se ha mantenido y se ha regenteado estos años. No es necesario nuevas legislaciones propensas a seguir penalizando el comportamiento porque solo promoverán mayores estallidos y episodios de violencia que seguirán costando la pérdida de ilusiones, deseos, fantasías y esperanzas. 

De lo que se trata es de una alternativa social para los jóvenes, donde ellos puedan organizarse y expresarse de modos fidedignos y expresando sus propias necesidades. El joven necesita capacitación, inserción educacional y laboral, en un marco que brinde las garantías necesarias de que su trabajo será justamente remunerado, que ofrecerá condiciones dignas y propias para el desarrollo del ciudadano.

Las disyuntivas de los jóvenes ante la catástrofe social

La noticia del suicidio de una joven en Estados Unidos, motivado por las agresiones verbales y el hostigamiento reiterado de varias de sus compañeras, reinstaló el tema del bullying, el hostigamiento, el comportamiento de los jóvenes y sus posibles consecuencias, como así también las penas supuestamente merecidas. El suicidio de la joven se debería, según los medios que han informado el caso, al hostigamiento reiterado y la incitación a que se quitara la vida por parte de un grupo de compañeras que, a través de las nuevas tecnologías, hacían que el maltrato se difundiera más allá del ámbito propio de las jóvenes.

Sin embargo sigue sin cuestionarse el aumento de situaciones de maltratos entre los jóvenes como también la tendencia creciente en donde terminan en actos de tamaña significancia. Y es aquí que debemos interrogar al mundo que rodea al joven. El mundo del que provienen, en el que se encuentran y al que se dirigen los jóvenes. Porque ya no es el comportamiento de un individuo, sino la reiteración de episodios violentos. El recurso a una solución definitiva y extrema como ser el suicidio habla, a las claras, de los límites y de la falta de posibilidades que se les ofrecen a los jóvenes en su cotidianeidad. Que se ve agravada si se toma en consideración las posibilidades de futuro.

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Una ley para no asumir la responsabilidad del Estado

En las primeras semanas de septiembre la Cámara de Diputados convirtió en ley un proyecto impulsado por el Frente para la Victoria (oficialismo) cuyo título es “promoción de la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas”.

La medida, que contó con el voto favorable de los bloques opositores, bien analizada, despierta ciertas preocupaciones. En primer lugar, cabe la pregunta sobre qué paso con la implementación, desde 2005, del “Observatorio Argentino de Violencia en las Escuelas” impulsado desde el Ministerio de Educación Nacional, que contiene producciones teóricas, investigaciones y entre sus objetivos se propone brindar herramientas a los docentes para que intervengan en situaciones de conflicto en el ámbito escolar. La nueva ley no hace mención a los esfuerzos ya realizados y, claro está, mucho menos a que esos esfuerzos y gastos no han evitado la situación actual.

Dos aspectos son fundamentales a la hora de pensar lo que desconsidera esta ley. En primer lugar la degradación del docente como profesional mediante un salario insuficiente si tomamos el costo de vida real, una actividad laboral que se encuentra bajo estrictos controles y evaluaciones en un marco de inestabilidad (miles de docentes no son titulares y otros tantos se encuentran bajo la modalidad de contratados). A esta situación estructural se suma la degradación del saber docente a través de la quita de contenidos curriculares que cuenta con la aprobación del Consejo Federal de Educación. La reforma que se pretende implementar en Capital Federal implica quitar alrededor de 140 orientaciones pedagógicas y formativas, en otras palabras: docentes perderán sus materias y los alumnos ven recortadas sus posibilidades de elección. La nueva escuela secundaria, según los lineamientos del Consejo Federal, pretende que el docente enseñe a “aprender a aprender” y que los jóvenes puedan “vivir juntos”. Se elimina el desarrollo del conocimiento de una disciplina por un “aprendizaje” diluido en el tiempo que instala una educación básica y postítulos, para especializarse, actualmente pagos. También se pretende que se enseñe a vivir juntos, algo que no requiere de un saber específico.

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