Razones detrás de dos triunfos electorales

No se trata de análisis que se haya podido leer en ningún medio, pero lo cierto que a la encuesta de Management &Fit que publicó Infobae en estos días, deben sumarse algunos datos de la realidad que resultan determinantes y que implican algo más que un sondeo. El PRO se impuso en dos elecciones consecutivas con solamente dos días de diferencia, y en espacios electorales completamente diferentes. Continuar leyendo

Por qué Macri

Mauricio Macri 2015 es un postulado de mucha gente que desea que algo cambie en las próximas elecciones presidenciales. Muchos de los que hace tiempo acompañamos al Jefe de Gobierno, muchos más que lo han seguido con su voto en la Ciudad en los últimos años, y tantos otros, en todo el país, que buscan una Argentina diferente.

Pero Macri 2015 es bastante más que un slogan de campaña, es acaso, la síntesis de un himno de cambio. Nuestra Argentina ha sido gobernada en el último siglo por tres grupos: el peronismo, el radicalismo y el militarismo golpista. Cada uno de ellos ha fracasado. En el caso de los gobiernos de facto su fracaso es originario e ineludible. Violentar la voluntad popular nunca puede llevar a un buen final.

La UCR por su parte, especialmente en los primeros años del gobierno de Raúl Alfonsín, ha dado muestras de progresos históricos en materia institucional, pero a su vez, se ha envuelto en una sucesión de errores en materia económica que pusieron a nuestro país al borde del barranco. Los últimos peronismos (menemismo, kirchnerismo), por el contrario, mezclaron aciertos y errores en materia económica, pero todo enmarcado en un brutal desbarajuste institucional teñido de corruptelas diversas que conspiraron contra dichos aciertos hasta desmoronarlos totalmente.

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¿Es necesario aclarar que la libertad de prensa es un derecho?

La Asamblea Constituyente de 1994 incorporó con jerarquía de normas constitucionales tratados de derechos humanos suscriptos por la Argentina hasta ese momento, con el objeto de otorgarles supremacía por sobre las leyes del Congreso Nacional, de acuerdo con lo que se desprende indubitadamente del artículo 75 inciso 22 de la Ley Superior.

Uno de dichos tratados, moderno y regional, es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, llamada también Pacto de San José de Costa Rica. Amén de la extraordinaria protección que el mismo texto constitucional brinda a la libertad de prensa, contenida entre otros en los artículos 14 y 32, dicho tratado, de jerarquía constitucional, resulta mucho más profundo, descriptivo, y a la vez complementario del texto original de la Constitución.

La Convención establece en su artículo 13 diversas características sobre la libertad de “pensamiento y expresión” y en su inciso tercero profundiza sobre la invalidez de eventuales maniobras elípticas por parte de los Estados para condicionar dicha libertad. Pero además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va mucho más allá de la mera protección genérica de la libertad de prensa. Resguarda con contundencia los canales de comunicación que aseguran dicha libertad.

Si se adaptan estos preceptos a la actualidad argentina, el allanamiento realizado en las casas de periodistas, la eventual expropiación de una porción de la empresa Papel Prensa, son abiertas violaciones de los principios custodios de los derechos humanos elementales contenidos en la norma transcripta, de orden constitucional. Lo mismo ocurriría si un Poder Ejecutivo decidiese intervenir una empresa de medios, o un grupo de ellas. En idéntica línea se encuentra la distribución caprichosa de la publicidad oficial. Todos estos actos implican “vías indirectas” de control sobre la libertad de expresión.

El cuadro de constante amenaza y hostigamiento del Gobierno nacional sobre la prensa que no le es complaciente transforma en imperiosa la necesidad de los Estados provinciales de defender el pluralismo tomando las herramientas legales que cada jurisdicción posee.

En el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, su Carta Magna, tan joven como progresista, en el sentido cabal de la palabra, prevé en su artículo 47 que “La Ciudad vela para que no sea interferida la pluralidad de emisores y medios de comunicación, sin exclusiones ni discriminación alguna. Garantiza la libre emisión del pensamiento sin censura previa, por cualquiera de los medios de difusión y comunicación social y el respeto a la ética y el secreto profesional de los periodistas”.

En tal sentido, el decreto de necesidad y urgencia firmado por el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, no sólo intenta hacer respetar los tan pisoteados preceptos constitucionales, sino que busca garantizar los derechos ciudadanos de poder informarse a través de todas las visiones políticas, sin presiones ni mordazas.

El Gobierno porteño, a través de esta medida, intenta defender derechos humanos fundamentales, porque la libertad de expresión no es otra cosa que la garantía de un Estado de Derecho, es la consagración de la libertad de pensamiento y el pilar desde el que se sustenta el control de la gestión pública.

La insólita rendición ante Irán

Para analizar la llamada “Comisión de la Verdad” que el gobierno quiere constituir a partir del memorándum firmado con Irán para “esclarecer” el atentado a la AMIA, debe partirse de una obviedad ineludible: la Justicia argentina reconoce la participación en el aberrante hecho de varios funcionarios gubernamentales de ese país, lo que supone, al menos ab initio, algún grado de participación estatal en el acto terrorista.

Cuando un país es atacado de este modo tiene varios caminos. La Justicia argentina inició uno de ellos: determinar responsabilidades y llamar a declaración indagatoria a quienes identificó como posibles responsables. Exigió a Irán su extradición, y solicitó a Interpol su captura internacional. Si bien el juez identificó a ocho personas en tal calidad, el Comité Ejecutivo de la Interpol sólo dio curso a cinco de los pedidos de captura internacional.

Hasta aquí un camino lógico, racional, prudente pero firme. Ante la negativa iraní a prestar colaboración y extraditar a los responsables y dada la gravedad de los hechos que se imputan, la alternativa pacífica y a nivel diplomático es el retiro de la misión diplomática en ese país (de existir una) y la ruptura de relaciones políticas y comerciales, y la utilización a la vez de todos los mecanismos de presión posibles en los organismos multinacionales en búsqueda de justicia.

Sin embargo, la Argentina históricamente se condujo de forma poco convencional respecto al “país agresor”. De hecho, las relaciones políticas jamás se interrumpieron y las comerciales se fueron incrementando año a año. Desde el advenimiento del kirchnerismo esta relación de intensificó y la búsqueda de Justicia por el homicidio masivo en la AMIA fue puesta en un segundo plano.

Los motivos parecen obvios. Uno de ellos es el puramente material: ingresan muchas divisas que el gobierno necesita, del comercio con Irán. El otro motivo es político: el kirchnerismo decidió integrar un eje regional que lidera la Venezuela de Hugo Chávez e integra también el Ecuador de Rafael Correa, ambos aliados estratégicos de Irán.

Por ende, de persistir el gobierno argentino en su búsqueda de justicia, la integración al eje político de Chávez sería imperfecta. Lo dejó claro el presidente ecuatoriano cuando en su última visita a la Argentina minimizó la importancia del acto terrorista que mató a 85 personas, expresando que imputar al régimen iraní implicaba una “doble moral terrible” y agregando que ese país no es el verdadero peligro, desestimando la importancia de los asesinados en la AMIA en comparación a los que fallecieron en el bombardeo de la OTAN a Libia.

Tal disparatado enfoque de los hechos es la traducción de la actual política exterior argentina en la materia y el fundamento de la llamada “Comisión de la Verdad” que el gobierno pretende que avale el Congreso.

La posición kirchnerista en esta materia posee un antecedente en la postura exhibida durante el gobierno de Carlos Menem respecto a la cuestión Malvinas. Por entonces, la estrategia de la política exterior argentina consistía en recuperar las relaciones comerciales con el primer mundo, y el Reino Unido resultaba un país clave. Por ello se llegó a un acuerdo humillante: se estableció lo que llamaron un “paraguas de soberanía” sobre la relación entre ambos países, que implicaba llevar adelante la relación política y comercial, sin discutir, ni siquiera mencionar, la disputa de soberanía sobre nuestras Islas Malvinas.

Cada vez más evidente heredero del menemismo, el kirchnerismo pretende con esta comisión establecer unparaguas de justicia” sobre la cuestión AMIA, para desarrollar su relación con Irán al margen del atentado, de las vidas sesgadas, de la brutal y traicionera agresión.

Así como el “paraguas de soberanía” menemista pudo haber generado un grave antecedente en materia de política exterior, una invitación a otros países a no respetar la soberanía argentina, y de hecho fue utilizado por Inglaterra para consolidar su posición en Malvinas y por los kelpers para alentar su ilegal postura de derecho a la autodeterminación, resulta evidente que el “paraguas de justicia” kirchnerista es un paso más adelante en materia de eliminación de la división de poderes en nuestro país, política que el gobierno impulsa de manera constante y creciente.

En cuanto al Poder Judicial, si bien ha designado más de la mitad de los jueces federales desde su advenimiento, el kirchnerismo sigue una política de confrontación clara y casi de supresión. Cualquier juez, ya sea de los designados por el kirchnerismo como los anteriores que resuelve una causa en forma diferente a lo que el gobierno pretende, lo transforma en el “enemigo” y obvio candidato a ser “suprimido”.

Por eso la instauración de dicha “Comisión de la Verdad” con Irán se enmarca en todo un proceso de demolición del Poder Judicial. El kirchnerismo desconoce que en nuestro país, el gobierno lo llevan adelante tres poderes diferentes, que se autocontrolan y poseen potestades propias, y viola sistemáticamente normas constitucionales para hacerse del control total del gobierno.

Si el Poder Ejecutivo se arroga a sí mismo facultades jurisdiccionales, integrando una comisión con un país agresor para que ejerza funciones judiciales, está violando abiertamente la Constitución, el principio de juez natural establecido en el artículo 18, y la prohibición expresa y taxativa de ejercer funciones jurisdiccionales del artículo 109, ambos de la Carta Magna.

En síntesis, la comisión cumple para el kirchnerismo varios de sus fines al mismo tiempo: degrada al Poder Judicial como poder del Estado; despeja un obstáculo de su política exterior en materia de pertenencia al eje regional con Venezuela y Ecuador; y garantiza el ingreso de divisas fruto del comercio bilateral con Irán.

Los muertos y sus deudos, así como la sociedad argentina agredida y humillada, deberán esperar mejores tiempos que no demorarán mucho en venir, tiempos donde el imperio de la ley se sobreponga a las ansias de poder, donde las relaciones internacionales nos paren frente al mundo en un lugar distinto, con dignidad y respeto, y en los cuales la búsqueda de beneficios materiales y políticos no se imponga sobre la muerte y el dolor.