Por: Daniel Muchnik
La decisión del juez Daniel Rafecas de desestimar la denuncia o el proyecto de denuncia contra la Presidente y otros altos funcionarios por parte del fallecido fiscal Alberto Nisman tiene una enorme trascendencia y levantará polvareda por muchos días. Digo días porque las noticias se suceden con tal rapidez en la Argentina que sus efectos duran poco, ni siquiera perduran en la memoria de la sociedad.
La primera pregunta que surge es el tiempo que le llevó a Rafecas estudiar la presentación de Nisman. Lo hizo con la rapidez del rayo. Porque llegó de vacaciones hace muy pocos días. ¿En esas pocas horas pudo evaluar un emprendimiento judicial que le llevó años pergeñar a Nisman? ¿O acaso fue pre-estudiado y masticado en plenas vacaciones? ¿O pesaron otras razones que desconocemos? Rafecas no quedará solo en su valoración. Son varios, aunque no muchos, los juristas que no le dieron validez a la plataforma acusatoria de Nisman.
El juez Rafecas es un jurista estimado y valorado, pese a algunos tropiezos en el caso Ciccone, por los cuales los del oficialismo amenazaban con hacerlo picadillo en el Consejo de la Magistratura. Desde entonces, frenó su exposición pública, no contestó, no pretendió defenderse, no se escudó detrás de ningún dictamen gestado en su despacho. Por sus intervenciones y fallos no era ni mal ni bien tratado por el gobierno. No era un “leproso”, como lo son, para los seguidores del Poder Ejecutivo, algunos de sus colegas.
Otro elemento a tener en cuenta. Sin ser judío, Rafecas, un experto en el conocimiento de la masacre de los judíos en la década del treinta y del cuarenta y autor de un libro sobre la “Shoa”, que se usa como texto consultado en los colegios, ha sorprendido a los dirigentes de la comunidad y a los entendidos en Derecho. Por esos vínculos, Rafecas dialogó el jueves por la mañana con directivos de las entidades que representan al conglomerado judío en la Argentina para explicar sus puntos de vista. Todos quedaron con la boca abierta.
El gran problema que surge es que si Nisman no tenía la verdad en su puño, todo lo que se venía estudiando sobre el atentado a la AMIA en 1994 se desmorona o puede llegar a paralizarse una vez más. Es otra destrucción más que dilata una investigación indispensable donde se han formulado una docena de hipótesis. Que la presencia de Siria, más mano de obra local, que la bajada de línea de Irán con técnicos de Hezbollah. Y, a través del tiempo, presenciar cómo se borraron o desaparecieron las pruebas, la contradictoria acción de los servicios de seguridad, los jueces dejados a un lado por el uso de procedimientos inmorales.
La aseveración de la culpabilidad de Irán siempre estuvo en las conclusiones de las indagaciones de la CIA y del Mossad. No faltó entonces que desde los defensores del gobierno se alentara la idea de que Nisman trabajaba para esas entidades de gran fortaleza informativa. La Presidente jamás presentó sus condolencias, hizo caso omiso a la inmensa y emocionada marcha del 18 de Febrero, lanzó la probabilidad de un asesinato y se dedicó a acusar a uno de los responsables del SI (ex-SIDE), Jaime Stiusso, informante de Nisman por orden del ex-Presidente Kirchner, como un desestabilizador e inescrupuloso empresario. Todo le dio pie a las autoridades para cambiar la estructura y crear una nueva, donde poco cambia. “Gatopardismo en estado puro”, escribió alguien.
Los aires políticos se han enrarecido en las últimas semanas, antes y después de la muerte de Nisman. Se habló de una guerra entre los representantes de la Justicia y la Casa Rosada hasta atosigarla por muchos temas pendientes que requieren esclarecimiento. Los jueces han salido a defenderse y a señalar que no son un partido político y que exigen el respeto a la división de los poderes, según los principios republicanos y lo especificado por la Constitución Nacional. El círculo estrecho de la Presidente promete superar el próximo 1 de marzo, con la participación de una multitud superior a la que estuvo presente el 18 -F en la “Marcha del Silencio”. Es decir, un tiempo violento, donde el gobierno se encarga de fomentar más violencia.
Uno de los voceros de esta línea ha sido el joven político y abogado Juan Patricio Mussi, intendente de Berazategui, quien creció junto a su padre, también Intendente y uno de los “Barones del Conurbano”, quien comparte criterios de La Cámpora. Ha dicho y escrito: “Hay dos modelos de país y no 20. Como la mayoría de las urnas elige a este modelo, nos quieren imponer el de ellos. Antes con balas disparadas por militares y civiles. Ahora con las denuncias al Gobierno presentadas por fiscales, con la complicidad de jueces vitalicios. Siempre la misma obediencia debida. “.
Igualar la dictadura militar con la acción de los jueces es llamar a exterminar todo el sistema que sostiene el andamiaje de la legalidad. A esto hemos llegado.
Ahora será la Cámara la que decida si es Rafecas el que está equivocado y confirmará o desestimará su aseveración. También queda en pie la palabra medida de la Corte Suprema en este caso que no favorece ni el diálogo ni la transición política.