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A los trenes los lleva el diablo

Muchos confían en que un informe de la Auditoría General de la Nación pueda revertir el rumbo de los problemas pero los hechos, finalmente, indican que no es así, lamentablemente. Creada a partir de la reforma constitucional de 1994, la Auditoría, conformada por representantes del oficialismo y de la oposición política, aunque conducida por un dirigente que no es oficialista, rinde cuentas ante el Congreso de la Nación y allí termina sus revisiones en profundidad. No enjuicia. No puede proseguir más allá de entregar la conclusión de sus estudios. Es posible, entonces, que los parlamentarios usen los valiosos datos de los evaluadores o los archiven en un cajón, como ha sucedido en innumerables oportunidades. En general, los informes de la AGN demuestran las carencias del Estado, su falta de control en numerosas áreas y la desaprensión de muchos funcionarios públicos frente a situaciones que podrían resolver pero no lo hacen.

Últimamente se paralizó, por la presión de los auditores oficialistas, un informe técnico crítico de la compra de material rodante a China. En el original se advertía un presunto sobreprecio del orden del 21% en la adquisición de vagones. El gobierno nacional pagó casi dos millones de dólares por cada uno. Una vez que los profesionales de la institución concluyeron la evaluación, poniendo los puntos sobres las íes, y se firmó un reporte muy completo de los límites sobrepasados, los auditores oficialistas incorporaron modificaciones, sepultaron las conclusiones anteriores y aprobaron un informe sobre los “avances en las políticas ferroviarias llevadas a cabo, incluyendo modernización y mejoramiento de material rodante”. Fue una atrevida actitud a ver lo que era evidente.

Una maniobra más del gobierno que pone en crisis todo un largo esfuerzo de la Auditoría, siempre bienvenido. Esto lleva a preguntarse: ¿es respetada como debería la Auditoría General? ¿Qué papel cumple el control en la gestión de un gobierno? ¿No se debería profundizar más el control en una administración sospechada por muchos medios de comunicación de caminar en la frontera entre la normalidad y la corrupción?

Si algunos de los informes de la Auditoría se hubieran tenido en cuenta seguramente se hubiera evitado la tragedia de la estación Once, que costó 51 víctimas, donde todo el sistema ferroviario quedó bajo la lupa. Desde hace tiempo la Auditoría insiste -sus conclusiones siempre se incluyen en el sitio elauditor.info- en que hay un 100% de incumplimiento en el control técnico y en la reparación de locomotoras y vagones.

El “material rodante” de los ferrocarriles (vagones y locomotoras) debe ser sometido periódicamente a revisiones imprescindibles de distinto tipo “según las exigencias del contrato de concesión”. Lo más importante es todo lo que se refiere al “recambio de elementos relacionados con los frenos, el control de ruedas y ejes, más la revisión y reparación de elementos de acople”. Pero las inspecciones que llevó adelante la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) sobre la empresa TBA (Trenes de Buenos Aires) encontraron “durmientes envejecidos”, rieles con desgaste lateral” y “juntas vencidas que ocasionan fuertes golpes al paso de las formaciones en movimiento”.

La infraestructura, concluye la Auditoría, está deteriorada por falta de mantenimiento. Agregó que los “planes de mantenimiento” en vías y obras presentadas por Trenes de Buenos Aires (TBA) en años pasados fueron insuficientes: cubrían menos del 10% de toda la red a cargo de la empresa que se hizo cargo de todo.

El gremio ferroviario participa de las mismas conclusiones, porque también es víctima de la desidia. Por “incumplimiento en el mantenimiento” hubo 26 accidentes en el 2008. En el 2009 los descarrilamientos y colisiones llegaron a 41 y continuaron las falencias en las revisaciones preventivas.

TBA miró para otro lado. Pero las cuentas indican que entre el 2003 y junio del 2010 recibió casi 2.000 millones de pesos en subsidios del Estado nacional. Por su parte, la caja de la empresa Ferrovías, que se encarga de unir la estación de Retiro con Villa Rosa, en el partido de Pilar, provincia de Buenos Aires, recibió 1.500 millones de pesos en ayuda estatal. Representaban el 66% de los ingresos por explotación en el recorrido. Entre el 2003 y el 2011 Ferrovías pidió al Estado que le aumenten las transferencias de dinero unas 17 veces.

El gobierno se precia de haber mejorado todos estos imponderables con los convoyes de origen chino. Lo hace después de diez años de montañas de subsidios en los que los concesionarios cambiaron poco y nada.

Toda esta irritante realidad en un año electoral, incluyendo el dato de que la autoridad que estuvo a cargo de los cambios fue Florencio Randazzo, dirigente justicialista y actual ministro de Interior y Transporte. Los actos de Randazzo son muy publicitados y aspira a ser candidato a la presidencia de la Nación en las próximas elecciones, compitiendo en las preferencias de la Casa Rosada con el gobernador de la provincia de Buenos Aires Daniel Scioli.

Hasta ahora ha conseguido el rotundo respaldo del grupo Carta Abierta, los intelectuales plegados al oficialismo ortodoxo que ven en Randazzo un “líder revolucionario”, alguien que proseguirá con el “modelo”. Convendría preguntar de qué “modelo” hablan cuando usan ese término.

El artículo fue publicado originalmente en el diario Río Negro.

Una osadía descomunal

Algunos lo tomaron como tema de diversión. Otros se pusieron extremadamente serios (y los comprendo, porque en estas cuestiones no tengo sentido del humor). Y muchos callaron por temor a que se los acuse de discriminadores.

Pero al margen de cualquier respeto o falta de respeto, el pedido de subsidios para travestis de 8.000 pesos es de una osadía descomunal para el resto de una sociedad que tiene carencias de todo tipo y que está acosada por la inflación, la recesión y los pánicos por la inseguridad. Cuanto menos la cuestión es ofensiva para los que trabajaron toda su vida y cobran jubilaciones magras o se ven obligados a vivir de la consideración de sus hijos, amigos o conocidos que tienen el don de la piedad.

Los responsables son dos parlamentarias. Las dos oficialistas: María Rachid y Diana Conti. La primera trabajando en la Ciudad y la segunda en la Nación. Las dos con significativas trayectorias.

En 1996 Rachid fundó “La Fulana”, espacio comunitario para “Mujeres que aman mujeres”. En 2006 creó la Federación Argentina de Lesbianas. Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT), que nuclea distintas organizaciones de diversidad sexual. Bregó tesoneramente para conseguir el matrimonio entre personas del mismo sexo y tuvo suerte, porque el Gobierno concedió todo y con una sonrisa… En 2010 accedió a la Vicepresidencia del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Pero renunció un año después.

Rachid reconoció a las pocas horas que habría que estudiar el total del monto del subsidio. Un gesto, una reacción, frente a la ofensa de muchos.

Conti, con orígenes en la izquierda activa, quien adhirió y supo comprometerse con la Alianza, ha llegado a decir que sí, sin dudas, ella es una stalinista y que nadie puede dudar de las actividades limpias de la Presidente de la Nación. La iniciativa legislativa firmada por Conti propone compensar a los transexuales y travestis, cuyos “derechos fundamentales fueron violados por motivos de su identidad de género”, con un subsidio mensual equivalente a la remuneración mensual de la categoría D, nivel O, planta permanente del Sistema Nacional del Empleo Público, lo cual bordea los 7.500 pesos.

A las dos parlamentarias parece inquietarles sólo la discriminación contra sus defendidos/defendidas. Nunca hablaron, que se sepa, de la discriminación contra los indígenas, o los chiquitos del norte con la piel oscura, o con los discapacitados, o con los extranjeros de países vecinos o lejanos, o con inmigrantes asiáticos o contra las bravuconadas que atacan a los judíos.

¿Y por qué debería haber subsidios de este tipo? ¿Con fondos del Estado, que no termina de cubrir las necesidades de los hospitales, que no construye las escuelas que se necesitan, que mantiene una infraestuctura de caminos vieja e ineficiente, causa de accidentes fatales, que no termina de reconocer que el impuesto a las ganancias es una carga fiscal al trabajo, que viene manejando subsidios más que millonarios ? ¿Fondos que son administrados arbitrariamente y sacándolos de sus funciones específicas, prohibido por la legislación? ¿Quién, como se decide? ¿No se puede pensar en otros subsidios, si es que el Tesoro puede, para importantes y decisivas necesidades?

El propósito final incluye atender a esas categorías sexuales porque  -dicen- después de los 40 años quedan marginados, física y monetariamente, según argumentos escuchados en las radios. No hablan de la necesidad de crear, para estos casos centros médicos de contención y protección, que en la Argentina parecen no existir.

Por supuesto que no son proyectos tirados de los pelos. Tiene un propósito, además de proteger a las mentadas “víctimas”, que es conseguir, sin falta sus votos cuando llegue el tiempo electoral. Además no son propuestas que caen en el vacío . En el Gobierno se las escucha y se las atiende.

Habría que exigir a todos los legisladores que rindieran cuenta de su trabajo y preguntarles, durante o al final de su mandato, qué estudiaron a fondo, qué proyectos presentaron, qué cambios positivos generaron. No basta con que publiquen un libro. Tienen que fundamentar lo que hicieron para que la sociedad vida mejor. Qué votaron o dejaron de hacerlo y los porqué. Y si se hacen responsables de sus actos.