Las 10 causas por la que baja el dólar libre

Cada vez son más los economistas que alertan sobre el maquillaje que el Banco Central de la República Argentina le hace a las reservas monetarias internacionales para que se mantengan por arriba de la barrera psicológica de los u$s30.000 millones, porque teme que perforado ese piso no podrá sostener la estabilidad cambiaria como ancla de la inflación.

Los números en danza reducen el nivel real neto de la posición de divisas disponibles a un rango que va de la mitad hasta cero del que se informa a diario, según se resten sólo los encajes en dólares de depósitos privados en dólares que no se prestan a los exportadores (5.500 millones); el swap de monedas con China (3.400 millones); la deuda con los holdin (bonistas que aceptaron los canjes de deuda de 2005 y 2010), que están depositados en la cuenta del BONY en el Banco Central, en Buenos Aires (1.300 millones); préstamo de Francia por 1.600 millones; y la deuda con importadores por más de 5.000 millones de dólares; o se agreguen los vencimientos de deuda pública en lo que resta del año.

Frente a ese cuadro que revela un singular grado de vulnerabilidad de la posición externa de la Argentina, porque indica que en el mejor de los casos se cuentan con reservas por el equivalente a dos meses de importaciones, o menos, si se considera el trámite que hay que hacer para convertir en líquidas la participación de la Argentina en el capital del Fondo Monetario Internacional (DEG) o los lingotes de oro que en conjunto suman u$s5.000 millones, surge la inevitable pregunta ¿por qué no se dispara el blue y por el contrario baja?. Al respecto se pueden mencionar, al menos, las siguientes razones:

1. El Banco Central le ha dado la clara señal al mercado de que está dispuesto a perder reservas para mantener el dólar oficial y también el libre en niveles deprimidos y desenganchados del contexto internacional y del impacto interno de la inflación, con el uso de reservas hasta el fin de mandato;

2. En esa línea, la autoridad monetaria ha decidido avanzar con el uso del swap de monedas con China para disimular ese drenaje de reservas en operaciones de intervención en el mercado de cambios; y con eso, por tratarse de un mecanismo nuevo, ha logrado un clásico escenario de “esperar y ver” de los mercados;

3. La AFIP parece haber flexibilizado las autorizaciones de venta de cambio para ahorro al subsidiado tipo oficial, al punto de que alcanzó valores récord en enero y febrero se mantiene en esa senda, por la convicción de que gran parte del 90% de los dólares que se compran y se retiran de los bancos con el pago de 20% a cuenta de futuros impuestos se ofrece en el mercado blue para obtener una renta de 25 a 30%, que posibilita reforzar la capacidad de gasto de los salarios en el mercado interno, y contribuye a deprimir la cotización, aunque a ritmo lento, porque el exceso de emisión para financiar el déficit fiscal hace que se mantenga activa una porción de la demanda;

4. La autoridad monetaria abandonó la política de bajas tasas de interés y las fue subiendo al punto de que actualmente llegan a superar en casi 10 puntos porcentuales a la tasa de inflación oficial del 20% y más que duplican a la tasa de devaluación del peso en los últimos doce meses y también a la esperada hasta el 9 de diciembre próximo, como estrategia de restar presión alcista sobre el mercado libre de cambios;

5. La recesión interna ha determinado una menor demanda de dólares de las empresas para hacer frente a compromisos externos de importaciones y pagos de deudas con el resto del mundo, hasta que se destraben las autorizaciones discrecionales de Comercio y del Banco Central;

6. Ese receso de la actividad, que derivó en una drástica destrucción de empleos y caída de las horas extras, determinó una disminución de la generación de riqueza en negro y con ello le quitó fuerza a uno de los impulsores de la demanda de divisas en el mercado marginal de cambios;

7. También la recesión interna y el impuesto inflacionario han ido licuando las ganancias de las empresas, fenómeno que en el caso particular de las firmas de capital extranjero llevó también a menores necesidades de divisas para remunerar a sus accionistas del exterior, como se advierte en el menor caudal de negocios en las operaciones indirectas de fuga a través de transacciones bursátiles denominadas contado con liqui y MEP;

8. La baja de los precios de las materias primas y la drástica caída de la rentabilidad de las producciones pampeanas y también de las economías regionales, contribuyeron a debilitar el excedente de pesos generados por esos sectores de la producción, parte de los cuales en parte se volcaban, aguas abajo de la cadena de valor, al mercado de cambios, en busca de cobertura de costos que están dolarizados, como los agroquímicos y máquinas de uso agrícola;

9. La nueva política de incentivo de los depósitos en dólares en bancos, la cual obliga a las entidades a publicitar las nuevas tasas mínimas para colocaciones en divisas, alentó la posibilidad de fortalecer las reservas del Banco Central con colocaciones en moneda extranjera de excedentes de inversores institucionales como la Anses, compañías de seguros, fondos de inversión y también de inversores particulares que no temen volver a ser defraudados con la pesificación de sus ahorros, como ocurrió en el verano de 2002; y

10. La alerta que emitió la justicia británica al destacar que el fallo del juez Thomas Griesa de los EEUU no tiene efecto sobre los bonos bajo legislación europea, despejó el camino para que el Gobierno pueda acudir a esa plaza a tomar deuda externa, sin amenaza de embargo, para apuntalar las reservas, y con eso la política cambiaria, aunque a un costo cercano a 9% anual en divisas y una mayor hipoteca para las autoridades que asuman el 10 de diciembre próximo.

Se podrán agregar otros factores, como la esperada mejora de la liquidación de divisas a partir del segundo trimestre y luego de las PASO, el posible ingreso de capitales del exterior que buscarán anticiparse al natural cambio de expectativas que generaría un nuevo Gobierno. Pero esos, factores, en la Argentina de hoy, es muy largo plazo como para sumarlos a la lista de marras.

El daño ya está hecho

La sorpresiva interrupción de la venta de divisas a los importadores que hizo el Banco Central en tres de los primeros cinco días hábiles de febrero agregó una nueva mancha a la política gubernamental argentina, y profundizó el descrédito para operar con el país, salvo muy pocos sectores privilegiados, como las importaciones energéticas, de partes y trenes chinos y productores fueguinos.

Ya desde hace un año se advirtió que entre las prioridades del Gobierno está la de poner límite a una tasa de inflación que a meses de terminar 2014 se había disparado hasta el 40% al año y prenunciaba un camino al cielo, al mejor estilo de los ochenta.

Para lograr ese objetivo, que por ahora parece tender a lograrse, apeló a la vieja y fracasada receta de anclar el tipo de cambio, oficial y libre, con nuevo desenganche de la economía internacional, donde las monedas de los principales socios comerciales se deprecian aceleradamente respecto del dólar en una búsqueda desesperada de no perder competitividad. Además, alentó la demanda de dólar ahorro a costa de negarle divisas a la producción e inversión del sector privado no energético ni fueguino, en la convicción de que de ese modo lubricaría el mercado libre de divisas.

Con esos movimientos, junto a la contabilidad creativa que significa contabilizar como reservas un canje de monedas con China, el Gobierno logró atenuar el drenaje de divisas del Banco Central, pero al costo de intensificar la recesión y alimentar la desconfianza en el resto del mundo.

La virtual salida del radar internacional, por el empecinamiento de extender el default con los bonistas que no aceptaron las condiciones de canje de la deuda pública declarada en cesación de pagos a fines de 2001 y haber caído en default técnico con bonistas (holdin) que residen en el exterior, explica que el fenómeno no se manifieste en la suba del indicador de Riesgo País que elabora el banco JP Morgan.

Pero aunque ahora se prometió regularizar la situación no se podrá evitar el señalado efecto del mayor descrédito generado en el segmento comercial, porque muchos proveedores de la Argentina, no vinculados societariamente con empresas radicadas en el país, han experimentado la posibilidad de incumplimientos de condiciones de pago por parte de sus clientes, y por tanto pondrán mayores exigencias, al recorte de plazos que habían dispuesto desde que rige el cepo cambiario.

Ahora resulta que ahorrar en dólares está bueno

Y pese a que en el último año se destruyeron casi 500 mil empleos, en forma generalizada y extendida en la geografía nacional, según las devaluadas estadísticas oficiales, parece no inquietar a las autoridades económicas avanzar en la dirección que conduce a agravar ese proceso. Más aún, porque en el “déjà vu” al que nos tiene acostumbrado el equipo económico se agregó ahora la decisión del Banco Central de intentar alentar el ahorro en dólares, a tasas de 2,45 a 3,20% anual, en un renovada búsqueda de opciones para apuntalar las debilitadas reservas en divisas, pese a que hasta hace poco criticaba con dureza a quien elegía al dólar como refugio de valor, en lugar del peso.

Se sabe que los 31.300 millones de dólares en términos brutos se reducen a cero cuando se le restan todos los factores que en rigor constituyen pasivos de la autoridad monetaria, como la parte de los depósitos en dólares del sector privado que no son devueltos al sistema a través de préstamos a exportadores; la deuda con los proveedores de los importadores; el swap de monedas con China; los dólares del default selectivo con los bonistas que aceptaron los canjes pero no pueden cobrar por estar radicados en el exterior y se resisten a abrir cuentas en la Argentina; además de créditos del Banco de Francia, entre otros.

Con ese cuadro y pese a la recesión que afecta a gran parte de la industria nacional y fundamentalmente a las economías regionales, a las cuales se les niega la quita de retenciones y por el contrario se las castiga con la deliberada apreciación del peso, para no hablar del siempre ponderado atraso cambiario como herramienta siempre fallida de ancla de la inflación y reaseguro de perjuicio a los sectores exportadores, el aumento de los precios al consumidor volvió a la senda del dos por ciento en enero y se perfila también alto para febrero y marzo.

De este modo, se avanza sin pausa y con prisa a extender los daños que sufre la economía desde que se impuso el cepo cambiario desde octubre de 2011 con medidas que ahora buscan alentar el ahorro en divisas para poder dar curso a los pagos atrasados con los importadores sin perder reservas, en la esperanza de que una vez más “la avaricia de los inversores supere al miedo”, pese a la aún fresca memoria de la crisis del 2001, cuando debutó el corralito financiero.

No obstante, los asesores de la Presidente le hicieron creer que “la Argentina avanza en el proceso de reindustrialización se que se inició en 2004″, luego de anunciar inversiones minúsculas por 200 millones de pesos, apenas poco más de lo que sorteó anoche el juego del LOTO, esto es menos de 20 millones de dólares, ignorando no sólo que el Banco Central había informado que en todo 2014 la inversión extranjera directa no alcanzó a u$s2.000 millones, esto es menos de 0,5% del PBI, sino también los datos del Indec que dieron cuenta de que la participación del sector industrial en el PBI que era de 20% en 2004, se elevó a 20,8% en 2011, y desde entonces, por efecto del cepo cambiario, declinó a menos de 19,7%. En los ’90, aplicando la metodología de cálculo actual del Indec, el conjunto de las manufacturas generaba más de 20,5% del PBI.

Las jubilaciones se mantendrán alejadas del 82 por ciento móvil

Tras el decimotercer ajuste semestral de las jubilaciones y pensiones, que surge de la fórmula polinómica que toma en cuenta dos variables: el índice del aumento general de salarios del último semestre publicado por el Indec y el aumento de la recaudación tributaria per cápita de la Anses, el haber mínimo se elevará a partir del 1 de marzo a 3.821,73 pesos. Se aproximará al objetivo largamente demandado y emblemático del 82% del salario mínimo vital y móvil, el cual desde enero es de 4.716 pesos.

Sin embargo, la realidad mostrará que no sólo esa referencia es antojadiza sino que, peor aún, es irreal, porque el salario promedio de los trabajadores es actualmente de poco más de 10.570 pesos y sube a 11.100 pesos si se excluye el efecto de los jornales de los empleados en negro, porque no hacen aporte para el sistema previsional. Sobre ese parámetro el haber medio de las jubilaciones, que la Presidente anunció que pasará a ser de 6.806 pesos a partir de marzo, apenas superará el 61 por ciento.

Pero no sólo eso, en una economía altamente inflacionaria, donde el promedio de precios sube a una tasa de 2% por mes, y los salarios, según el Indec, tienden a acompañar esa referencia, al momento de percibir los jubilados el haber actualizado pasará a representar menos del 57% del sueldo de un activo.

A partir de ahí, y dado el régimen de Movilidad Jubilatoria, que establece un ajuste de a escalones cada seis meses, esas referencias se irán achicando mes a mes, hasta proyectarse para agosto un piso inferior al 53 por ciento y promediar en el semestre un 55 por ciento.

Y si bien la utilización del salario mínimo vital y móvil como umbral objetivo de la jubilación mínima es funcional al objetivo político de terminar el ciclo con el logro del anhelado 82 por ciento móvil de un salario en actividad, las autoridades económicas, y en especial del área de Trabajo y de la Seguridad Social, saben muy bien que en la Argentina son muy pocos los trabajadores que reciben esa remuneración mínima, excepto por la vía de subsidios y programas asistenciales, por una jornada inferior a las 40 semanales.

Pérdida de oportunidades
Si realmente es intención del Gobierno mejorar en términos reales la relación del haber jubilatorio y el salario medio de la economía, hasta alcanzar el 82 por ciento, lo primero que debiera hacer es ocuparse y preocuparse por abandonar una política que en los últimos tres años se concentró en generar alta inflación, para poder cobrar el impuesto inflacionario a los asalariados y empresas, y destinar los recursos excedentes que pueda acumular la Anses a subir los haberes de los jubilados y pensionados por sobre el límite mínimo que surja de la fórmula polinómica, hasta alcanzar esa emblemática meta.

Hoy, con el ritmo desenfrenado de crecimiento del déficit fiscal, la Secretaría de Hacienda depende cada vez más de las transferencias de utilidades de Banco Central y de la Anses. En este último caso en el último año superaron los 39.000 millones de pesos: representaron el 11 por ciento del total de las jubilaciones y pensiones, más juicios perdidos, abonadas en ese período.

Si esos recursos se hubiesen destinado a elevar los haberes del sector pasivo, el nivel promedio hubiera ascendido al equivalente a 63 por ciento del salario promedio de la economía.

La brecha resultante con el punto inicial proyectado para marzo de más de seis puntos porcentuales es el efecto del impacto inflacionario, la recesión y la consecuente destrucción de empleos, sólo en el último año, porque se tradujo en conjunto en menores aportes reales al Sistema de la Seguridad Social por parte de trabajadores y empresas.

Elevado costo paga el Banco Central para contener al dólar

Después del severo descontrol monetario en los últimos días de diciembre, forzado por el abultado aumento del gasto público sin caja previa, el Banco Central decidió encarar una agresiva política de absorción de pesos de la City por la vía de la colocación de Letras entre cuatro y doce meses de plazo, pagando tasas del orden del 28 por ciento anual.

Técnicamente es lo que venían reclamando los denominados economistas ortodoxos, porque el exceso de pesos respecto de lo que demandan las empresas y las familias genera una presión severa sobre el valor del dólar y por esa vía de la inflación; como también sobre el consumo, y por ese canal, presiona a la suba de los precios, esto es de la inflación.

A partir de ahí Tomás Bulat escribió en otro medio que “el precio más cuidado de la economía es el dólar”. Obviamente, está en lo cierto. Pero del mismo modo podría dicho “el precio más descuidado de la economía es el peso”, porque lo que abunda son los billetes en circulación que dada vez tienen menos poder de compra.

El mejor ejemplo de ese fenómeno, pese a que en los últimos doce meses la base monetaria creció sólo 20%, esto es casi la mitad del ritmo que tuvo la tasa de inflación, es que la relación de convertibilidad con las reservas en divisas en el Banco Central se sostiene por arriba de 14 pesos, un 60 por ciento más alto que la atrasada paridad oficial de 8,68 pesos en el canal minorista. Se trata de una de las relaciones más altas del mundo, o lo que es lo mismo, de las peores si se considera el poder adquisitivo, ya que con un peso apenas se puede comprar 12 centavos de dólar al cambio oficial (antes del pago de un 20% a cuenta de impuestos) o siete centavos en el mercado libre.

De ahí que para evitar que esas relaciones se deterioren aún más, y agraven el grado de empobrecimiento que afecta cada vez a más argentinos, Alejandro Vanoli decidió repentinamente cambiar el rumbo de su política monetaria y retirar del mercado desde comienzos del año más de 22.000 millones de pesos netos, con la colocación de Letras por 68.315 millones de pesos de valor nominal, pese a que vencían 35.400 millones de pesos de valor nominal. Significó reducir en 5% la base monetaria en sólo 30 días y absorber gran parte del giro al sector público el 29 de diciembre de casi 30.000 millones de pesos.

El fantasma del déficit cuasi fiscal se hizo realidad
La mala noticia de esa estrategia es que, por un lado, el exceso de emisión de pesos para atenuar el rojo de las finanzas públicas se hizo a tasa cero, mientras que la posterior esterilización se hace con un costo de 28% anual. Sobre el total de Lebac en circulación de 245.000 millones de pesos el pago de intereses por año asciende a unos 69.000 millones de pesos, equivalente a 1,5 por ciento del PBI.

Ese es uno de los precios que el Banco Central decidió pagar, aunque seguramente será mayor por la demanda de gasto del sector público en un año electoral y Presupuesto 2015 que ya quedó desdibujado antes de empezar el ejercicio, para contener la inflación y la suba del dólar libre. A modo de suposición estadística debo destacar que la citada relación de convertibilidad de 14 pesos por dólar que se observa en la actualidad se elevaría a 22 pesos si la autoridad monetaria decidiera cancelar la totalidad de las Letras en circulación.

Otro de los precios que paga el Central por no inducir al Ministerio de Economía a que reordene las finanzas públicas, con eliminación de subsidios económicos a las empresas y sectores de altos ingresos (familias que perciben más de 30.000 pesos por mes, como posible punto de partida); reducción de la presión tributaria sobre asalariados y empresas, con la suba a proporciones históricas de los mínimos no imponible y ajustes de balance por inflación) y extinción de las retenciones sobre las exportación; junto a precios libres e incentivos a la inversión productiva, y liberación de las tarifas de los servicios públicos. con la creación de una tarifa social para no castigar a los sectores de bajos ingresos -más del 50% de los trabajadores, es el desaliento del crédito al sector productivo a tasas blandas de 19% anual, porque compite con ese segmento tentando a los bancos y a empresas a colocar su liquidez al 28 por ciento anual en Lebac, como ocurrió en las últimas licitaciones.

El resultado de esa política está a la vista, salvo el impulso del turismo doméstico para un cuarto de la población, en una estimación exageradamente optimista, sustentado en la pérdida de capacidad de gasto en el exterior, es la agudización de la recesión; la destrucción de más empleos; el mercado inmobiliario aún no encuentra su piso; la inflación no cede de modo genuino y permanente y por tanto la inversión productiva de envergadura se posterga otro año más.

Además, el exceso de regulaciones sobre el sistema financiero, las cuales se acentuaron en las últimas semanas con suspensiones a varias entidades de las operaciones en el mercado de capitales a través de sus casas de Bolsa, llevó al país a ocupar el puesto 172 sobre 177 en libertad monetaria, según difundió el índice que The Heritage Foundation realiza con el periódico estadounidense The Wall Street Journal.

Todos esos costos y descenso sostenido con prisa y sin pausa a las peores calificaciones en cualquier ranking mundial de indicadores económicos, sociales y políticos, se evitarían si al menos se siguieran las prácticas de la mayoría de los países, en lugar de acercarse cada vez más a los que están severamente reprobados y condenan a sus habitantes a condiciones de pobreza extrema y atraso de más de 50 años.

En ese escenario, el ingreso de capitales del exterior, sea de argentinos, sea de extraños, posibilitaría mejorar sensiblemente la relación de convertibilidad entre la base monetaria y las reservas en divisas, con un menor costo para el conjunto de los residentes. Pero la historia argentina es muy rica y muestra que los políticos prefieren los atajos y el gradualismo, antes que el ordenamiento macroeconómico de shock por su fuerte impacto inicial, pese a que los buenos resultados no sólo sucederían más rápido que tarde, sino que se tornarían sustentables, con efecto inclusivo genuinio sobre los sectores de la población más postergados.

La Argentina se aleja cada vez más del resto del mundo

Se sabe que el país ocupa los últimos puestos en los ránking de inflación, pobreza, libertad de los agentes económicos y, bien medido, también en los indicadores de empleo y desempleo, producto de la paupérrima participación de la población en el mercado de trabajo. El fenómeno no es nuevo, sino que acumula más de siete años, cuando se decidió abandonar el camino que conducía de la recuperación al del crecimiento y desarrollo, tras la severa crisis del cuatrienio 1999 a 2002, y elegir el de la mayor intervención de los mercados y la devaluación del Indec y del Banco Central, a partir de 2007, aunque en forma más contundente desde fines de 2011.

La consecuencia de esos puntos de giros fue un nuevo debilitamiento de la capacidad de la economía de generar riqueza, porque junto a los obstáculos comerciales se agregaron los fiscales que llevaron a una inédita presión tributaria que le quitó capacidad de consumo, pero también de ahorro y de inversión, a los trabajadores y también a las empresas.

Durante mucho tiempo, y ahora de modo más aislado, se intentó justificar la recesión en que ingresó la Argentina en un cambio en las tendencias de la economía mundial y regional, contra todos los pronósticos. Sin embargo, las nuevas estimaciones de crecimiento del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional con informes que aportan los países miembros, como la Argentina, dieron cuenta de que desde que se impuso el cepo cambiario, con restricciones a las ventas de divisas al público, pero también a los importadores y a las empresas, entre las que se incluyen las que abastecen al sistema de salud e higiene de la población, el país terminará el cuatrieno con un aumento de apenas 2%, frente a 8% que lo hará el conjunto de América Latina y 9% de la suma de los países.

Semejante brecha en las tasas de crecimiento, que echa por tierra la prédica de un escenario externo desfavorable para el país, puso de manifiesto que los desbarajustes que ofrece la economía, sea en los planos comercial, interno y más aún externo, como en el fiscal y monetario, tiene su origen en la acumulación de desaciertos de política, tanto para el mercado interno, como también para el externo.

Aún se está a tiempo para salir de un laberinto que lejos de achicarse, va camino a ampliarse. Sólo se requiere comenzar por adoptar políticas de disciplina fiscal, donde el énfasis del gasto se concentre e intensifique en el corto plazo en el aspecto social, hasta que pueda superarse la lamentable coyuntura y, por el contrario, se cierre el ciclo de subsidios económicos inadmisibles, como a los servicios públicos que consumen sectores de altos ingresos, como en algunas de las empresas que se han estatizado con fines de convertirse en bolsa de trabajo improductivos, más que en eficientes competidoras del sector privado, y más aún en las dependencias del Poder Ejecutivo.

El costo del desbarajuste
Mientras esa tarea se demore, el Banco Central seguirá devaluándose, como volvió a quedar en evidencia en los últimos 20 días, donde luego de emitir más de 29.000 millones de pesos a tasa cero para asistir al Gobierno nacional, tras haber gastado más de lo que le ingresa por impuestos, decidió absorberlos con colocaciones de Pases y Letras pagando a los bancos tasas de 27 a casi 30% anual.

No se trata de cifras menores, las estadísticas monetarias y financieras del Banco Central dan cuenta de un total de Letras emitidas entre 90 y 365 días de plazo de algo más de 272.000 millones de pesos, a los que se agregan otros 23.000 millones de operaciones de pases con el sistema financiero, que genera una remuneración equivalente mensual del orden de dos por ciento, unos 7.000 millones de pesos por mes, y casi 90.0000 millones de pesos al año, esto es aproximadamente dos puntos del PBI.

Sólo con la perspectiva de un rápido y audaz saneamiento de las cuentas públicas, a través del reempadronamiento y bancarización de todos los salarios y planes sociales que paga el Gobierno nacional, y el posterior comienzo de la elaboración de un Presupuesto Base Cero en base a las reales necesidades de la administración, siguiendo inicialmente parámetros internacionales, se podrá empezar a quitar los vicios acumulados en la larga historia de desequilibrios, se podrá pensar en simultáneo en una salida seria y ventajosa del último y largo tramo del default de fines de 2001.

A partir de ahí se podrá volver más temprano que tarde a la senda del crecimiento, con incentivo al ahorro y la inversión por parte de los residentes y regreso a los mercados internacionales de deuda, necesario para reactivar los emprendimientos productivos y en infraestructura, y con ello posibilitar el crecimiento sostenido y sustentable.

Receta para terminar con las crisis crónicas en el país

En los últimos 70 años se ensayaron en el país los más diversos planes de estabilización de precios, como paso para superar las crisis sistémicas cada 7 o 10 años, según cómo se lo mida, pero ninguno, sea ortodoxo o heterodoxo, o una combinación de ambos, ha resultado eficaz para lograr su objetivo de modo concreto y contundente para exterminar el flagelo de la inflación y con ello, blindar a la economía del riesgo de repetición de una nueva crisis.

Así se probaron programas de controles de precios de los más diversos; inflación cero; precios administrados, desagio con el Plan Austral; caja de conversión con la Convertibilidad; y en este tiempo cambio de la Carta Orgánica del Banco Central para abandonar el rol de preservar el valor de la moneda para reorientar el crédito, y pasar a ser el principal banco del estado para financiar un gasto público que crece más que los recursos que se les sustrae a los residentes por la vía de impuestos, porque por capricho, y por suerte! en las actuales condiciones de fin de mandato, se mantiene la restricción al financiamiento con crédito del resto del mundo, en una apretada síntesis.

En este punto, cabe preguntarse si no es el momento de ensayar una nueva receta propia para las características de un país como la Argentina que se ha acostumbrado a burlar las instituciones, e intentar aplicar políticas económicas probadamente fracasadas, y que por tanto nunca debieran haber ocurrido, menos por gobiernos que se dicen democráticos simplemente porque se mantiene el voto cada dos o tres años para legisladores y cuatro para presidente de la nación.

Desde los años ’70 uno de los maestros de economistas, aún de los más contemporáneos, como Simon Smith Kuznets, Nobel de Economía en 1971, un estudioso de la estimación e interpretación de las cuentas nacionales, enseñaba en sus clases de Harvard y luego a través de sus libros que a los países se los podía agrupar en cuatro clases: los desarrollados, los subdesarrollados, Japón y la Argentina, para enfatizar la atipicidad de ambos casos, y que en la explicación del desarrollo económico no había que sobreestimar la importancia de los recursos naturales: Japón, que no tenía ninguno, había avanzado mucho más que la Argentina, que tenía muchos”. Frase célebre que repitió en sus libros Paul Anthony Samuelson.

A partir de esa clasificación, que en los últimos años se fue afirmando con arcaicos métodos de administración de precios e incentivo del consumo con gasto público desmedido, se me ocurre que es tiempo de que los argentinos comencemos a aceptar esa condición de ser defectuosamente diferentes, en la economía, al resto del mundo, pero que puede ser sanable de modo definitivo.

La Tesorería de la Nación como ente autárquico
El camino que se me ocurre para ser uno más en el planeta, en especial entre los casos exitosos, y no uno distinto que no sólo no logra emerger sino que pierde terreno en la capacidad de generación de riqueza relativa con sus vecinos, como Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Perú, además de Brasil y otros, es crear la institución Tesorería de la Nación, con carácter autárquico, alejado del poder político y no modificable siquiera por nueva Ley de Congreso; así como recuperar la autarquía del Banco Central de la República Argentina, para que vuelva a velar por el valor de la moneda, esto es que no se devalue ni que se aprecie más allá de rangos muy acotados, tentativamente tres por ciento.

Su función debe ser ejecutar el Presupuesto de Gastos y Recursos de la Nación propuesto por el Poder Ejecutivo y aprobado por el Congreso, con pauta mínima de resultado cero, o un déficit de hasta 3% del PBI, no acumulable, si se asegura el financiamiento con crédito externo. Y sin que pueda ser modificado, como hasta ahora, por meras decisiones administrativas del Jefe de Gabinete.

De este modo, el Poder Ejecutivo no podrá diseñar Presupuestos que sólo respondan a un trámite administrativo, sino que deberá concentrarse en la búsqueda de la mejor asignación del gasto en función de los esperados recursos tributarios, de acuerdo con los objetivos partidarios, pero sin poder desviarse de la exigencia de la extrema disciplina fiscal.

En las condiciones actuales, estimo que el punto de partida ofrece enormes grados de libertad para recuperar la solvencia fiscal sin generar situaciones traumáticas justificables racionalmente porque existen bolsones de gastos que no debieran existir, como la catarata de subsidios y gastos tributarios (exenciones) injustificables y el exceso de empleados en posiciones circunstanciales que aspiran a consolidarse en las áreas de administración que en parte podrían ser canalizadas a reforzar las áreas postergadas del sistema de salud, educación, seguridad, acción social y obras de infraestructura y en parte a aliviar la presión tributaria sobre el sector productivo y los asalariados.

Impacto virtuoso
De ese modo, con la creación de la institución Tesorería de la Nación, con funcionarios de carrera técnica y especializada en administración pública, no sólo se podrá atacar de cuajo y rápido la larga historia inflacionaria y de cesaciones de pagos reales, sino que se abrirá la puerta al desarrollo con ingreso de capitales productivos que posibilitarán un genuino aumento de los recursos tributarios.

En ese caso, el exceso de ingresos que pudiera surgir respecto de lo presupuestado deberá acumularse como Fondo Anticíclico, cuyo uso únicamente podrá votarse en el Congreso, a propuesta del Poder Ejecutivo, previa consulta a cada ministerio de las necesidades insatisfechas, para el siguiente año fiscal.

Se sabe que la inflación es un fenómeno monetario originado en la creación primaria de dinero por un sector público indisciplinado. De ahí que poniendo la caja en orden, alejada del manejo discrecional sin límite del apetito ilimitado que caracteriza a los políticos argentinos, se podrá no sólo exterminar la suba sostenida y generalizada del nivel de precios al consumidor, sino también se podrá ingresar más temprano que tarde en la senda del crecimiento y desarrollo sustentable, con aumento del empleo y el bienestar de todos los argentinos, como han logrado la mayoría de los países.