La economía destruye 127 empleos por hora

Esa es la cantidad de personas que en el segundo trimestre de 2014 perdieron su puesto de trabajo cada sesenta minutos, más de dos cada 60 sesenta segundos, surge de la última Encuesta Permanente de Hogares del Indec.

Si al resultado del sondeo, sobre una muestra representativa de poblaciones que sumaban 26,55 millones de habitantes, se lo extrapola al total nacional de 42,46 millones de personas (hace más de cuatro años que el país superó el umbral de 40 millones de residentes), surge que en un año más de 546 mil personas dejaron de buscar un empleo y otras 555 mil perdieron literalmente su puesto de trabajo.

En ambos casos, la mitad ocurrió en el período abril a junio, antes de que se incurriera en mora con parte de los bonistas reestructurados en los canjes de deuda en default en 2005 y 2010, y que ahora literalmente se incurrió en cesación de pagos, porque depositar en la Argentina no es sinónimo de pagar en Nueva York, como fijó las condiciones para un par de títulos.

En promedio, los 554.800 puestos de trabajo perdidos o cesanteados en los últimos doce meses, sin considerar los afectados por suspensiones parciales con pago acotado de salarios, fueron equivalentes a:

46.237 despidos por mes;
1.541 por día;
64 por hora;
1 por minuto.

Los números fueron más dramáticos en lo correspondiente al segundo trimestre respecto de los tres meses previos, 273.700 personas debieron quedarse en sus casas por haber perdido el empleo, no sólo porque proporcionalmente la cantidad de afectados fue singularmente más significativa, sino porque sucedió en un período estacionalmente aumenta la capacidad de generación de riqueza, la producción y el comercio, y además ese cuadro se dio antes de que empeorara el escenario financiero, porque el Gobierno decidió vivir con lo nuestro y prescindir del mundo. Representaron:

91.230 despidos cada 30 días;
3.041 en un día;
127 por hora;
2 por minuto.

La cuenta es muy simple. El organismo de estadística, siguiendo criterios internacionales, mide la tasa de participación de la población en el mercado de trabajo, como la tasa de empleo, en proporción a la cantidad total de habitantes de un distrito, aglomerado, o conjunto de aglomerados urbanos, que en el caso del Indec abarca a 31 que representan a poco más del 60% de los residentes en toda la nación. En ambos casos, el último relevamiento dio cuenta de una disminución de 1,7 puntos porcentuales respecto de un año atrás y de 0,2 y 0,4 puntos porcentuales, en cada caso, en comparación con los tres meses precedentes.

Como la población crece en términos vegetativos, si bien la tasa de destrucción de empleos en el trimestre fue proporcionalmente similar a la verificada en los pasados doce meses, el efecto en cantidad de personas involucradas es creciente.

El escenario que viene
Si en medio de expectativas positivas que tenían los mercados financieros hasta junio de una solución al litigio de la deuda con los holdouts, con un límite de definición a partir de enero de 2015 cuando supuestamente expira la cláusula RUFO, la economía destruyó más de 270 mil empleos netos (algo más en el sector privado, porque en el ámbito del sector público siguió ampliándose la nómina) en sólo un trimestre, la pregunta que comienzan a plantearse los economistas a la hora de hacer sus proyecciones para el resto del año es cuántos más empleos se destruirán, a partir de la decisión de ingresar en un default prolongado.

No se trata de hacer una regla de tres simple, sino de algo más profundo, porque en primer lugar la economía es una ciencia social que se preocupa por el comportamiento de las personas, jurídicas, pero principalmente físicas que son las que le dan sustento a las empresas y a los gobiernos. Y en segundo lugar porque lo que amerita evaluar es ¿quién va a estar dispuesto en el resto del mundo a financiar el comercio de importación de bienes y servicios esenciales que se requiere para el proceso productivo, como al exportador que necesita ese recurso, si a la hora de pretender cobrar su crédito el deudor le exige que debe venir a su establecimiento en Buenos Aires?.

Ante esa perspectiva, puede sonar como música grata para los oídos de los hombres de la Bolsa que la Presidente les diga, como ocurrió en el acto de celebración de los 160 años de la entidad, que “con el proyecto de ley de cambio de jurisdicción para el pago de los bonos reestructurados, de Nueva York a Buenos Aires, se potenciará el mercado de capitales”.

Se sabe que fue sólo un mensaje de oportunidad, carente de sustento, dado el virtualmente inexistente mercado de capitales local (apenas cotizan regularmente unas 70 u 80 empresas, de las cuales menos de 10% concentran el 80% del mercado, con menos del equivalente a 10 millones de dólares por día) y un sistema financiero acotado, porque muchos ahorristas se resisten a confiar sus excedentes a tasas de interés que no compensan la inflación y mucho menos el riesgo de una devaluación del peso, como se dispuso en enero último.

El default de fines de 2001, principios de 2002, provocó que la proporción de depósitos sobre el PBI cayera a menos de la mitad, hoy, más de doce años después, se mantienen varios puntos por debajo de aquellos índices, los cuales eran bajos en una comparación internacional. Ahora, con una nueva cesación de pagos, aunque parcial, inicialmente, cuánto más volverá a caer la monetización de la economía y con ello la capacidad de financiamiento de la actividad productiva y comercial. Eso tendrá consecuencias negativas sobre el empleo, ya lo detectó el Indec, pese a que la Presidente lo mencionó superficialmente ayer en la Bolsa.

Aceleración hacia el desempleo

El deterioro de las variables reales, como la producción, la inversión y el empleo van camino a intensificarse a una velocidad muy superior a la que proyectan las cautas previsiones del consenso de las consultoras privadas. No se trata de hacer futurología, sino simplemente de observar la dinámica de esas variables en los últimos tres años y más aún las iniciativas de un equipo económico que carece de ideas innovadoras y superadoras y que por el contrario, impulsa proyectos fracasados.

Ya casi no hay sector de la economía que no dé señales de caída muy fuerte de la actividad productiva y comercial, interna y externa, que superan con creces las tímidas bajas que miden, en forma agregada, las consultoras privadas, en torno a menos de 2% en el primer semestre, y que sostienen que se ampliaría a un limitado rango de 3 a 3,5 por ciento, en el peor de los casos en la segunda mitad del año, porque “el ejercicio ya está jugado”, justifican.

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Tener casi todo no asegura ser un “país viable”

El lunes la Presidente destacó en un discurso donde inauguraba pequeñas obras que “Somos un país viable…y voy a contar una anécdota que me contó un presidente latinoamericano, que no es, precisamente, de nuestra ideología, es un buen hombre, buen gobernante, acaba de ganar elecciones, pero no es precisamente de nuestro pensamiento, él tiene un pensamiento un poquito hacia otro lado, pero no tiene nada que ver, no importa. Y me contaba, él estudió en Estados Unidos y me contaba la anécdota de un economista muy conocido, que no lo voy a nombrar porque sino se van a dar cuenta, que les hizo a él y a un grupo de amigos un ejercicio diciéndole: ‘Si mañana se terminara el comercio internacional, si de repente se decidieran no haber relaciones más comerciales en el mundo, o sea, nadie vende a nadie y nadie recibe ninguna exportación ni nadie importa nada, nada, ¿cuál es el único país que podría sobrevivir?’ Y este presidente, actual presidente, junto a un grupo de amigos también universitarios, un grupo de estudiosos, se quedaron mirándolo sorprendidos ‘y no –dijo y este conocido economista norteamericano, eso sí lo voy a decir, dijo- Argentina. ¿Por qué? Porque es el único país que tiene energía, agua potable, octavo territorio en el mundo y apto como pocos, recursos humanos altamente calificados, no densamente poblado y, bueno, y todo eso lo convierte en un país…” Cuando yo decía el otro día ‘país viable’, decía esto”.

Sin embargo, la historia Argentina desde su gestación, en 1810 con el Primer Gobierno Patrio, o si se quiere desde 1816 con la declaración de la Independencia de España, ha incurrido en reiteradas crisis, muchas de las cuales derivaron en default de la deuda pública y salvatajes de deudas privadas, escalando al tercer puesto entre los mayores repetidores en dos siglos y el quinto sesi se amplía al club a experiencias desde tiempos más antiguos, demostrando sus incapacidades para ser un país viable.

Claramente, la culpa no de está en la diosa naturaleza que le brindó al país recursos abundantes y vitales, como tierras fértiles y extensas, reservorios de agua y mineros, junto a un singular potencial energético, y también reconocidos talentos humanos, aunque estos no en abundancia y mucho menos en la esfera de la política.

Ya por 1950 un maestro de maestro de economistas, como fue Paul Samuelson, había detectado que en el mundo diferenciaba cuatro tipos de países: desarrollados, en desarrollo, Japón y la Argentina. El curso del tiempo no ha cambiado esas características. La Argentina, una vez más quiere diferenciarse de todo el resto y como lo intentaron Perón, Alfonsín, Menem y ahora los Kirchner, ha encumbrado en el poder a gentes que se creyeron capaces de generar movimientos hegemónicos que pudieran cambiar los destinos del país y su historia, hacia un lugar realmente destacado a tono con sus capacidades naturales.

Sin embargo, una vez más, se advierten a todas luces severas incapacidades de estadistas a los políticos que llegaron a conducir los destinos del país, esto es de trabajar más con el norte en el futuro que en transgredir el presente, en aras de méritos inmediatos. Se insiste con la receta, pese a que los resultados fueron y son, a la postre, singularmente negativos.

Eso es lo que se repite ahora en que se ha llevado al país al octavo default en su historia, pese a que algunos economistas del Gobierno, pero también de la oposición, pretenden minimizarlo al calificarlo de inducido, chiquito, efímero, a plazo fijo, o peor aún de negarlo, porque se han depositados los fondos, pero después de más de 30 días de mora aún no han llegado a manos de los beneficiarios, y no se cumple con la legislación extranjera que se eligió para resolver un nuevo litigio con acreedores, además de prorrogar el estado de cesación de pagos por más de 12 años con quienes no aceptaron las condiciones de canje voluntario, no compulsivo.

Condiciones necesarias, pero no suficientes

De ahí que una vez más queda al descubierto que contar con todos los recursos naturales y climas y en condiciones abundantes, junto a talento humano y alto potencial de desarrollo, sólo constituyen condiciones necesarias, pero no suficientes para que la Argentina no sólo pueda autoabastecerse, sino, principalmente, desarrollarse como lo han logrado y aspiran diversas economías. ¿Qué nos falta?: apertura, primero interior, donde la democracia sea ejercida con el respeto y acompañamiento de las minorías, y luego, exterior, no sólo en busca de financiamiento, que es uno de nuestros recursos escasos, sino también de conocimiento, como han hecho Japón, Taiwán y el resto de los Tigres Asiáticos, y también algunos patriotas en los primeros tiempos del siglo XIX, y ahora lo hacen China, India, además de Brasil, Rusia y Sudáfrica, entre otros.

Por el contrario, en la Argentina cada año se ve como los chicos pierden horas de clases, a veces por justos reclamos de mejoras salariales de los docentes y de las condiciones edilicias de los establecimientos, pero también muchas veces y cada vez más por inventados feriados puentes para fomentar más el consumo y la diversión de unos pocos, que el conocimiento y la capacitación de muchos.

Por su puesto que tampoco se puede aspirar a un país viable donde no sólo se niega, sino que se fomente la inflación, el default, la inseguridad física y juridica, el desacato a la justicia y el descuido y aprovisionamiento adecuado de los hospitales y el sistema educativo, entre otras grandes falencias.

Con default o sin default, el daño ya está hecho

Después de 43 días de insistir con posturas intransigentes y sin surgir una idea diferente a la rechazada por el juez y los holdouts para enfrentar el cumplimiento de una sentencia judicial adversa, apareció el intento de un aporte del sector financiero privado nacional para evitar un nuevo default, pero a último momento la iniciativa fue desestimada por el Gobierno y se aproxima la cesación de pagos, sin adjetivaciones (técnico, selectivo, inducido, express).

Fue justamente el sector al que repetidamente se lo cuestiona por supuestas abultadas ganancias, por su “gen especulativo y poco propenso a atender las necesidades de la economía real”, argumentan a menudo, el que una vez más intentó poner el pecho a las balas, pensando no sólo en el perjuicio que le ocasionaría a sus activos un nuevo default de la Argentina, sino fundamentalmente a la sociedad en su conjunto en términos de actividad, inflación, devaluación, desempleo y mayor aislamiento internacional. Los costos serán enormes, e impredecibles, por eso no se puede descartar una salida de este laberinto en pocos días, o semanas.

La industria bancaria representa sólo el 5% del PBI interno, pero una crisis financiera por descapitalización y pérdida de liquidez generaría singulares perjuicios sobre el 95% restante. Por tanto, si bien la reacción desesperada de último momento de la banca privada nacional puede atribuirse a una clara defensa de intereses corporativos, porque no tiene las espaldas que caracteriza a la banca extranjera y también a la pública (por su capacidad de obtener asistencia ilimitada del Tesoro nacional), no debieran desestimarse las consecuencias sobre una economía real ya jaqueada por la aceleración de la inflación, la profundización de la recesión, con su consecuente impacto sobre la angustia de las familias argentinas, y la vuelta de las tensiones cambiarias.

Nada de eso cambiará a partir de hoy, ni hubiera cambiado si se anunciaba un acuerdo en los términos de la iniciativa que presentó Adeba, porque en la medida en que sólo se intentaba comprar tiempo para llegar al 1 de enero de 2015, cuando desaparecerán los infundados temores a las derivaciones de la aplicación de la cláusula RUFO, la pasividad de la política económica seguirá con el “más de lo mismo”: creciente déficit fiscal, atraso cambiario para no avivar el fuego de la inflación, deterioro del superávit comercial y por tanto postergación de las inversiones privadas, y también las del sector público, y consecuentemente debilitamiento del consumo, por las pérdidas de oportunidades laborales, caída de las horas trabajadas y mayor desempleo.

Los últimos seis meses han dejado claro que Economía pareció comprar tiempo con la devaluación de enero para poder recuperar grados de libertad en el frente externo y mejorar el clima de negocios, pero no lo aprovechó. Por tanto, no existen razones de peso para pensar que ahora si se acordaba, o se acuerda en semanas sea diferente. En particular, porque el salvavidas de último momento para evitar un nuevo cuadro de default vino de la mano del sector privado, aunque con alguna ayuda del presidente del Banco Central de la República Argentina, y no de la creatividad e ingeniería de los equipos de Economía, que sólo fue capaz de alimentar el relato, y no lo abandonó el día D.

Perjuicio severo
Se agregó otra mancha al deterioro de la institucionalidad porque se ratificó el rechazo a un fallo desfavorable de una sentencia judicial por parte de una jurisdicción extranjera que eligió el propio país. Esto va más allá de si la resolución no fue justa, ni equitativa, ni avalada por organismos internacionales y presidentes de países amigos. Nadie dijo explícitamente que es de buena gente no acatar los fallos de la justicia, y menos cuando fue avalada en segunda instancia por la Cámara de Apelaciones y la Suprema Corte, de un país que voluntariamente propuso otro.

Me pregunto, ¿con este precedente, aún cuando se pueda resolver en días o semanas, sin llegar hasta el 1 enero de 2015, qué inversor del resto del mundo estará dispuesto a confiar sus ahorros a un país que ha mostrado no cumplir con las garantías de emisión de deuda en caso de conflicto de intereses?.

YPF lanzó una emisión de bonos por 5.000 millones de dólares para avanzar con su plan de inversiones en el desarrollo de Vaca Muerta, pero sólo pudo colocar 1.000 millones, y ahora seguirá trunco, o condicionado a aportes de los jubilados, con uso de fondos de la caja de la Anses, el Banco Nación y otras fuentes oficiales, que pueden fondear sus desequilibrios con emisión monetaria.

La generación del ahorro doméstico ha sido singularmente debilitada desde la aplicación del cepo cambiario a fines de 2011 y si bien es relevante en su stock, en un proporción largamente superior a 100.000 millones de dólares, no se advierten señales de política económica de cambio para tentarlos a que sean volcados a la actividad productiva. Todo lo contrario: aumentan los controles de precios, el aumento de la presión tributaria, el atraso cambiario y la descalificación de los sistemas judiciales del resto del mundo, y ahora, con el nuevo escenario, alimentará la fuga del sistema institucionalizado.

Con ese precedente, hablar de apetito inversor por parte de empresas y bancos extranjeros, parece constituir una parte más del relato y de las expresiones de buenos deseos de los interesados: Gobierno nacional y provincial y asesores financieros, más que en factores fundamentales sustentados en un clima de negocios no sólo favorable por el potencial de las riquezas subexplotadas de la Argentina, sino también por una demorada revalorización de las garantías constitucionales ofrecidas.

Los economistas sabemos muy bien que en la economía, como en cualquier orden de la vida, se puede hacer cualquier cosa, menos evitar las consecuencias. Con el default sucede otro tanto, se sabe cómo y cuándo se ingresa, pero no su extensión y efectos. Si realmente el escenario que brindó Kicillof es el correcto, la reestructuración de la deuda pública vencida a hoy y de los vencimientos que se acelerarán en los próximos seis meses, no lo podrá resolver un Gobierno débil y en retirada. Por eso, el consenso de los analistas descuenta una salida inmediata, para que, al menos, la recesión no sólo no se agrave a un rango de más de cuatro por ciento en lo que resta del año, sino para que no se extienda también hasta el 2015.

Desde el fallo de Griesa se dejó de generar riqueza por u$s100.000 millones

Ese es el lucro cesante desde el segundo trimestre de 2012, luego de que la Argentina sufriera el primer revés en la justicia de los EEUU en el pleito que iniciaron un pequeño grupo de bonistas que no aceptaron ingresar voluntariamente a los canjes de la deuda en default en 2005 y 2010.

El ejercicio es simple y muy conservador, dado que por el severo atraso cambiario el cálculo del PBI en dólares puede sufrir una depreciación sustancialmente mayor, en particular en comparación con el valor inflado pico de 635.000 millones, equivalente anual, que el Indec calculó para el cuarto trimestre de 2012 a precios de 2004 y luego redujo a 482.100 millones para los primeros tres meses de 2014, por efecto de la devaluación del peso en enero.

Después de una saludable recuperación de la actividad productiva y comercial desde 2003 hasta 2008 y con altibajos hasta 2011, el PBI mostró un virtual estancamiento en términos reales en adelante con 0,9% en 2012, casi 3% en 2013 y ahora se proyecta con caída entre un piso de 2%, sin default y máximo de 4 por ciento con nueva cesación de pagos.

Y si bien, gran parte del receso que hoy se manifiesta en pérdida de capacidad del sector privado para generar empleos y horas de trabajo; sostenida contracción del comercio exterior; caída de la tasa de inversión, con derrumbe de la inversión extranjera directa y disminución fuerte del poder de compra de la población, sea asalariada o jubilada, es consecuencia de un caprichoso e inexplicable cepo cambiario impuesto a fines de octubre de 2011, no hay duda de que esas restricciones se profundizaron desde que el juez Thomas Griesa dictara su fallo a favor de los holdouts a fines de febrero del año siguiente.

De ahí que si en lugar del estancamiento inicial que liberó a la Argentina de pagar el cupón de PBI en diciembre 2013 y también en igual mes del corriente año, la desaceleración de la actividad se hubiera frenado en la tasa tendencial o de ritmo del PBI potencial en torno a 3,5%, que es el disparador de ese premio a los bonistas que ingresaron a los canjes I y II, a fin de año el PBI sería unos 100.000 millones de dólares más alto al que se puede estimar hoy.

Claramente que en un país donde un día el ministro de Economía habla de “tipo de cambio de equilibrio de sustentabilidad macroeconómica”, para justificar la devaluación del 23 de enero último en más de 15%, para llevar el tipo de cambio oficial a ocho pesos por dólar, y seis meses después lo licúa con un ritmo inflacionario cercano a 20% en el período, al punto de provocar la octava caída interanual consecutiva de las exportaciones, el PBI en dólares puede volver a volar a la zona de los 650.000 millones, o derrumbarse a un rango de 350.000 millones, por decisión de una persona o, si se quiere, mini gabinete.

Golpe a todos los bolsillos
Pero en cualquier caso, no se podrá negar que gran parte de la sociedad argentina, como los sectores de la producción, el comercio y los servicios, vuelven a sufrir las consecuencias de haber extendido por más de doce años un estado de default que hasta hace apenas unos meses parecía camino a dejar atrás (acuerdo con empresas en el CIADI, pago generoso a Repsol por la expropiación de sus acciones en YPF, convenio muy benévolo con los acreedores del Club de París) y que ahora amenaza con multiplicarse, no sólo con los holdouts que cuentan con sentencia en firme a su favor, sino también con una parte de los bonistas que habían aceptado las reestructuraciones en 2005 y 2010, al cumplirse los 30 días de mora.

Y si bien podrá argumentarse que el próximo 31 de julio podría ingresarse en el cuarto default de la Argentina, aunque con un horizonte finito de poco más de cinco meses, hasta el 1 de enero de 2015, cuando expire la fatídica cláusula RUFO, me pregunto quién podrá garantizar que los bonistas reestructurados con legislación Nueva York no demanden a la Argentina también por cifras hipermillonarias y arrastre a todo el resto y por tanto que su arreglo se resuelva en horas?

De ahí que, de caer en una nueva cesación de pagos de parte de la deuda pública, por no haber mostrado diplomacia y habilidad para pedirle al juez Griesa que especifique que el pago de un fallo judicial constituye un mandato ineludible y que, por tanto, no puede vincularse a un “arreglo volunario” que dispare la cláusula RUFO, nadie podrá asegurar que su estado será acotado y transitorio y, menos aún sostener que “no pasará nada”.

La economía real no sólo se ha enfriado, sino que peor aún va ganando consenso entre los economistas profesionales, en particular los no vinculados a banderías políticas que pueden ser tentados por una retórica interesada, la expectativa de que de ingresar en un nuevo default, aunque sea parcial, o, peor aún se lo niegue porque se deposita el pago aunque nunca llegue a destino del acreedor, potenciará la recesión del primer semestre de 1,5 a 2% a una zona peligrosa de 3,5 a cuatro por ciento en el segundo, como ya indican los datos de la industria, la construcción, el comercio interior y también del comercio exterior.

La consecuencia de ese escenario no sólo será mayor destrucción de fuentes de empleo, por ahora disimulado con suspensiones parciales, sino también creciente pérdida de horas de trabajo y mayor deterioro del poder de compra de los salarios de bolsillo, junto a crecientes restricciones al acceso al crédito comercial con el resto del mundo que se contaba para impulsar emprendimientos productivos, obras de infraestructura e incluso financiar desequilibrios en las finanzas públicas de la nación y provincias.

Los precios cuidados siguen descuidados

La difusión de los datos de inflación de junio no contó con un discurso ad hoc del ministro de Economía para explicar lo inexplicable. Desde la jefatura de Gabinete de ministros se intentó tímidamente alentar el relatfo de la desaceleración del ritmo de alza de los precios, con lo miopía de quien sólo se contenta con ver distancias cortas. Claramente, se trata de una estrategia interesada de no levantar la mirada para no descubrir, una vez más, que en lugar de avanzar se sigue caminando para atrás, puesto que no sólo se han alcanzado las tasas de inflación interanual más altas desde diciembre de 2002, con casi 40%, (por un punto no se retrocedió diez años más), sino que siquiera se ha podido bajar a las subas informadas un año antes.

El ministro de Economía y su secretario de Comercio resaltaron hace pocas semanas el mérito de los Precios Cuidados para provocar una desaceleración de los aumentos y por eso “lograron acordar” la ampliación de la canasta original de 198 precios a más de 320 a partir de julio, para que generen un efecto imitación sobre los “aproximadamente 230.000 precios en más de 13.000 locales informantes” que, según cita la nota metodológica sobre el IPCNu, releva el Indec mensualmente. Sin embargo, de la paupérrima información que comenzó a brindar el organismo oficial de estadística desde febrero último sobre los precios al consumidor surge que en junio último de los nueve grandes capítulos que componen el agregado del IPCNu dos acusaron menores subas que un año antes, otros dos repitieron la variación y cinco se incrementaron en mayor medida.

Mientras que si se comparan los 20 subíndices relevantes se advierte que apenas un cuarto registró alzas inferiores a las de junio de 2013. De ahí que más allá de compararse canastas de precios diferentes, que responden a ajustes en la estructura de consumo de los hogares, lo cierto es que el índice general oficial saltó de 0,8 a 1,3 por ciento en los pasados doce meses.

Claramente, en comparación con los picos de aumentos detectados en enero y febrero, por efecto del impacto del severo ajuste cambiario y algunas subas de tarifas, se está frente a una desaceleración. Pero eso poco tuvo que ver con la inflación, y mucho con un intento, rápidamente abandonado, de recomposición de los precios relativos entre algunos bienes y servicios, o visto de otra forma entre el tipo de cambio, los salarios y las tasas de interés. La inflación es algo más complejo, ya que no se trata del mero aumento del índice general de precios al consumidor, sino de subas promedio generalizadas (las alzas superan con creces a las bajas, en cantidad e intensidad) y persistentes, por oposición a variaciones de “una vez”.

Entre los <strong>precios al por mayor también el Indec acaba de dar cuenta no sólo de que la suba del índice general fue en junio superior a la del año anterior (1,5 vs 1,3%), sino que, además, ese resultado no fue consecuencias de alzas en rubros aislados, sino que sobre 27 subcapítulos atenuaron la tasa de incremento apenas siete, otros dos la repitieron y en 18 se intensificó, con varios casos de saltos singulares como en el complejo textil y ropa, cuero, productos del papel, materiales para la construcción y equipos para medicina e instrumentos de medición, entre otros.

La excepción se observó en el caso del costo de construcción, donde habría comenzado a tener impacto el brusco cambio de giro de la actividad, al punto que de crecer a un ritmo de 7,4% anual en mayo de 2013 pasó a caer a una tasa de 4,4% doce meses después, ya que sobre 14 subsectores en ocho se registraron menores subas de precios que un año antes y seis evidenciaron una modesta aceleración. Pero aún así, y sacando el efecto del adelanto del primer ajuste salarial acordado en paritarias en abril último, en comparación con junio en 2013, se advirtió también una intensificación de la tasa de crecimiento de los precios de los materiales y gastos generales.

El común denominador no es otro que el desborde de las erogaciones del sector público respecto de los ingresos tributarios y las consecuentes necesidades crecientes de financiamiento con el uso y abuso de la emisión monetaria por parte del Banco Central que ha llevado a achicar el tamaño de la economía, desalentado aún más la inversión productiva, por la doble vía de afectar severamente la capacidad de consumo de las familias y la competitividad de las exportaciones, aún en los rubros históricamente más eficientes, como el agro y la nueva minería.

La restricción presupuestaria castiga el consumo y no baja la inflación
Para peor, el viento de cola que venía favoreciendo a la actividad productiva, y en particular a las finanzas públicas, por la vía de las retenciones abultadas sobre la mayor parte de las exportaciones, ha comenzado a virar mucho antes de lo esperado y por tanto afectará la estrategia que sigue Economía, luego de la fuerte devaluación del peso a fines de enero, de anclar el tipo de cambio, para forzar la desaceleración de la inflación.

El sector privado está ajustando rápida e intensamente, no sólo en lo que respecta al punto de giro de la producción de bienes durables y de inversión, como automotores, maquinarias de uso agrícola y construcción, con caídas siderales, sino también en el gasto de los hogares, al contraerse la capacidad de compra de los salarios y jubilaciones que en poco más de un semestre perdieron más de diez puntos porcentuales.

Mientras el sector público se resista a encuadrar las finanzas y sólo piense en recuperar la capacidad de endeudamiento para complementar el financiamiento de gasto corriente con emisión espuria, no habrá Precios Cuidados capaz de impedir que se siga transitando el probado camino minado de alta inflación y recesión, y consecuente destrucción de empleos netos y más déficit fiscal.

Sólo la habitual contabilidad creativa de la Secretaría de Hacienda que considera como ingreso corriente a las transferencias de utilidades contables del Banco Central, la Anses, PAMI y Fondos Fiduciarios, posibilitó mostrar en mayo un superávit fiscal, cuando en realidad registró un abultado desequilibrio que ya se multiplicó por más de cuatro en el acumulado de los primeros cinco meses del año y condiciona toda posibilidad de contener la suba de los precios y evitar la pérdida de competitividad, con el consecuente efecto recesivo y profundización de las tensiones en el sector externo de la economía.