Entre la realidad y los pronósticos de los economistas

El cambio que propuso y propone el Gobierno no sólo se manifiesta en el estilo de comunicación sobre la herencia, o mejor dicho las hipotecas recibidas, y sobre los reaseguros que fue tomando para atenuar el impacto de las medidas de “normalización” de la economía, sino también en la gestión de las grandes empresas y bancos.

Ya no seguimos tanto a pie juntillas los pronósticos y escenarios que plantean los economistas externos, aunque no prescindimos de ellos, sino que ponemos más el acento en mirar los datos de la realidad, tanto de nuestros números como de los clientes”, destacaron en un encuentro privado banqueros de fuste, y en otro hicieron lo propio encumbrados empresarios. Continuar leyendo

Otra vez una ley laboral desgasta a un gobierno no peronista

El Gobierno nacional sigue pagando los costos de haber elegido el gradualismo para disciplinar las finanzas públicas y ordenar la cataratas de regulaciones y subsidios que afectan a muchos y benefician a pocos, mientras que en algunos casos ha optado por reforzar prácticas nocivas, como dar preferencias a inversiones de unos en detrimento de otros, y en extender un régimen de “precios cuidados” que dice exitoso, pero que no está probado haber contribuido a bajar la inflación y reducir la pobreza, cuando las causas de la inflación pasan por otro costado.

Ya a cinco meses de Gobierno no hay excusas para no hacer un balance claro de las hipotecas recibidas, no tanto para liberarse de culpas, sino para explicar a la sociedad en su conjunto el por qué de algunas decisiones “antipáticas” pero necesarias para poder iniciar el esperado camino de la reactivación, las inversiones generadoras de empleos y conducir a una drástica baja de la inflación, con políticas propias de países exitosos, incluidas la cobertura de ingresos a casi la mitad de la población que no tiene resto para esperar a que maduren esas iniciativas.

Confiar en que con el anuncio cada mes de medidas que ponen más el acento en los aumentos autorizados de precios de bienes y servicios, públicos y privados, que en la reducción de los costos laborales y la disminución de la presión tributaria sobre la aún baja proporción de la economía formal, al tiempo que se emiten señales contradictorias en la regulación de las tasas de interés, cobrarán impulso las inversiones productivas, es desestimar el efecto negativo sobre las expectativas de que “todo aumenta y seguirá aumentando”, mientras crece el descontento en parte de la sociedad no menor que aún no ha visto recompuesto sus salarios, y más aún de los trabajadores informales, autónomos y monotributistas, que casi siempre se los deja afuera, y cuando se los intenta incorporar para aliviar su situación de ingresos se aclara que deberán esperar la sanción de proyectos de ley que no se sabe cuánto tiempo demorará su tratamiento en las cámaras legislativas, como el paquete de medidas anunciado para las pymes.

Finanzas públicas poco claras
Aún la sociedad no conoce casi nada sobre la realidad fiscal, más allá de datos agregados que poco aportan a brindar transparencia en el manejo de las finanzas públicas, como cuántos empleados tiene hoy la administración pública en condición de personal efectivo en relación de dependencia y el registro de asistencia a sus tareas habituales; total de contratados y casos que aparecen en la nómina pero que nunca asistieron a una partición pública.

Tampoco se conoce cómo ha evolucionado la nómina de proveedores y concentración de los contratos de obra pública; y ni que hablar sobre la evolución mensual de la estadística de perceptores de los innumerables planes de asistencia social y los giros discrecionales de fondos a las provincias “amigas”.

Muy pocos discuten la influencia del déficit de 7% del PBI que arrastran las finanzas públicas en la determinación de una alta tasa de inflación, porque provoca enormes necesidades de financiamiento del Banco Central con emisión. Sin embargo, aún el secretario de Hacienda, Gustavo Marconato, no ha brindado un conferencia de prensa para explicar qué encontró en su área, y qué políticas decidió instrumentar para explicar cuáles son los lineamientos y metas cuantitativas para reducir el rojo fiscal a la meta cercana a 5% del PBI que anunció el ministro Alfonso Prat-Gay.

Mantenerse a la defensiva, y esperar a que se manifiesten desvíos negativos, porque la economía se demora en reactivar, y por eso se tienen que instrumentar concesiones que deriven en incremento del gasto social, y aumentar la presión tributaria, como ocurrió con el caso de los cigarrillos a comienzo de mayo, sólo contribuirá a perder puntos, como en estos días ocurre con el mercado laboral, pese a que parecía de manual que un gobierno no peronista iba a enfrentar su primer embate en ese frente.

Así le ocurrió al presidente Raúl Alfonsín en 1984, a poco de asumir, cuando su proyecto de ley de reordenamiento sindical (mejor conocido como “Ley Mucci” debido a que su impulsor fue el entonces Ministro de Trabajo, Antonio Mucci) no fue aprobado; y luego sufrió algo parecido el presidente Fernando de la Rúa con su Ley de Flexibilización Laboral, aprobada en 2000 en la Cámara de Diputados con apoyo de la Alianza y el rechazo del PJ, y en abril de ese año el Senado la convirtió en ley con el apoyo de algunos senadores peronistas, porque tras la sanción de la norma, Hugo Moyano, entonces jefe de la CGT disidente, denunció que el ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, le había dicho que para los senadores del PJ tenía “la Banelco”, en alusión al pago de supuestas coimas.

El despertar de un sueño que se creyó que no era tal

Durante dos períodos presidenciales muchos argentinos disfrutaron de un sueño placentero que les mostraba estar participando de un Estado ideal, de baja inflación y alto crecimiento sustentable de la economía, porque generaba empleos y de ese modo aseguraba la continuidad de la fiesta del consumo, y no existían costos de vivir en default parcial de la deuda pública permanente, y tampoco por la pérdida o el achicamiento de mercados externos, porque el cepo cambiario reducía las importaciones y se creía que así se contenía la fuga de capitales.

Sin embargo, gran parte de la población que no llegó a vivir ese sueño y que, por el contrario, se mantuvo despierta (aunque muchas veces dudaba de ese Estado porque advertía que estaba sumergido en una pesadilla), un día pudo decidir que era tiempo de cambio y por tanto se debía no sólo comenzar a reencauzar la economía para revertir una insoportable realidad social de una singular legión de excluidos que nunca aparecía en la siesta profunda en la que estaban muchos de los votantes: 30% de pobres, producto de más de 11% de la oferta laboral desempleada y creciente desaliento en el mercado de trabajo que había marginado a casi un 3% de la población, un 6% de la oferta laboral total que pasó a formar parte de los “desalentados”.

Frente a ese escenario el nuevo Gobierno se propuso seguir una hoja de ruta compleja, porque optó por medidas de shock para unos casos, que resultaron exitosas, y por el gradualismo para otros, con saldo parcial.

En el primer caso se ubicaron las medidas para salir del cepo cambiario, eliminar la mayor parte de las retenciones a las exportaciones, cerrar un rápido acuerdo con los holdouts para superar un pleito judicial después de casi 10 años con pago en efectivo, subir las asignaciones familiares y corregir parte de las distorsiones que generaba el congelamiento del mínimo imponible de Ganancias sobre los salarios de una pequeña parte de los asalariados y menos aún de jubilados y pensionados.

Mientras que en el segundo caso se situaron los aumentos de las tarifas de luz y gas, principalmente para sincerar los cuadros tarifarios en la limitada, pero amplia, área del Gran Buenos Aires; luego las correspondientes al transporte público de pasajeros para la misma región, y luego el agua, a lo que se agregó el sostenido aumento del precio de las naftas, aun en momentos en que baja la cotización internacional del barril del petróleo.

Hacen, pero no se ve
Y si bien el Gobierno nacional implementó la creación de la tarifa social para todos esos casos, con una cobertura que abarcó a más de tres millones de familias, a excepción de los combustibles, y elevó el alcance de las asignaciones familiares, de efecto inmediato, que se agregó a la estacional suba semestral de las jubilaciones y de la asignación universal por hijo, la sensación generalizada y la prédica diaria de los principales formadores de opinión, con muy pocas excepciones, es que “el Gobierno hizo una fenomenal transferencia de ingresos a los sectores más fuertes, como los empresarios del campo, la industria y la minería, mientras aún no le dio nada a los sectores postergados”, como los trabajadores, los desempleados de antes y los nuevos que se dispararon por el efecto de dichas medidas.

No sólo eso, la elección del gradualismo para los aumentos espaciados de las tarifas de los servicios públicos, los combustibles y también los servicios privados, junto con las autorizaciones de alza de los precios todavía “administrados”, como la medicina prepaga, la televisión por cable y otros, han provocado el resurgimiento de expectativas fundadas de un cuadro inflacionario sostenido que no sólo impide al Banco Central delinear un sendero de baja de las tasas de interés al nivel compatible con una meta de 25% de inflación, y con ello demorar el esperado ingreso de capitales de inversión productiva, sino que, peor aún, ha disparado decisiones de despidos en algunas industrias, en particular en las ramas de la construcción y de la altamente dependiente del ritmo de la economía de Brasil y del valor del petróleo en el mundo.

Con ese escenario, ya hay economistas que vaticinan enormes dificultades para que el Gobierno no sólo logre cumplir la meta de 25% de inflación, sino la de bajar el déficit fiscal a un 5% del PBI, casi el doble del promedio mundial.

Sin embargo, desde el presidente Mauricio Macri hasta sus ministros y secretarios de Estado se muestran confiados en que el cuadro cambiará radicalmente en el segundo semestre, porque ya habrán cesado los ajustes de tarifas y combustibles y los asalariados registrados volverán a contar con “ingresos nuevos” para “precios nuevos”.

No obstante, para llegar a esa instancia no sólo faltan transitar dos largos meses, sino que aún queda pendiente una respuesta de alivio para quienes están desempleados y diariamente se suman otros, más los sectores carenciados de menos de 18 años y de más de 60, que no están en condiciones de concurrir al mercado de trabajo.

Subestimación del pasado y sobrerreacción del presente
Durante los últimos cuatro años la economía no generó empleos privados netos, y el sector público, pese a haber creado una enorme cantidad de puestos por año, no llegó a absorber a la totalidad de las más de 230 mil personas que anualmente deberían haberse sumado al mercado de trabajo, para no agravar el desempleo, por lo que quedaron sin respuesta en ese período más de quinientas mil personas en todo el país.

Sin embargo, el sueño en el que estaban muchos de los beneficiarios de un modelo que dejó pesadas hipotecas por todos lados hizo que ese fenómeno no adquiriera la entidad que ahora ha tomado la denuncia sindical de más de 127 mil despidos en tres meses, mientras que nada se dice de los esfuerzos que está haciendo la mayor parte de las empresas para sostener e incluso incrementar levemente la nómina.

De ahí que se aliente desde las fuerzas de oposición a tomar medidas antiempleo, porque incluso en los casos en los que no se prevean despidos ni reacciones anticipadas en esa dirección, se deberán incrementar las previsiones contables, con el consecuente impacto alcista sobre los costos laborales y, por tanto, de subas de precios, esto es, de la inflación.

No es fácil despertarse de un largo sueño y encontrarse con una realidad que durante años se negó a gran parte de la sociedad, porque se consideró que vivía de “sensaciones”, y reaccionar rápidamente para no caer en estado de angustia. Y menos aún, recuperarse de una larga pesadilla.

El Gobierno todavía está a tiempo de abandonar el gradualismo y disponer de una vez todas las correcciones tarifarias que considere que restan y, al mismo tiempo, acordar con empresarios y sindicatos medidas de emergencia para compensar a los trabajadores y a la sociedad del impacto real de esas acciones sobre los sectores carenciados y con ingresos inferiores al promedio nacional, para esperar inmediatamente después un cambio de las tendencias inflacionarias como ocurrió en los primeros meses del Plan Austral, en junio de 1985; de la convertibilidad, en 1991 e incluso luego de la crisis de fines de 2001, principios de 2002.

Quienes aseguran que ya se está en la última etapa de los aumentos y que se quiere evitar un daño social, por eso no se encara una drástica reducción del desequilibrio fiscal, que es una de las claves del desmadre de los precios, no advierten que no sólo muchos economistas dudan del logro de una baja efectiva de ese déficit, sino que, peor todavía, aventuran un nuevo aumento de la presión tributaria.

Esa línea fue abonada al cierre de abril, cuando el ministro Alfonso Prat-Gay anticipó a la prensa la decisión de disponer una drástica suba del impuesto a la venta de cigarrillos, bajo el argumento de buscar recursos para asistir a las provincias, cuando es posible esperar enormes ahorros con sólo no validar los sobreprecios denunciados en la obra pública pendiente de pago y en los nuevos proyectos de obras de infraestructura, así como eliminar de la nómina los empleos y los subsidios inexistentes, sólo registrados para alimentar las fuentes de corrupción que también se denuncian a diario en los tribunales.

Aún hay muchos políticos amantes de los cepos a la economía

No pasó una semana desde que el Gobierno logró levantar el último gran cepo que limitaba la capacidad de generación de riqueza y por tanto de inversión y de empleos netos, antes habían sido el cepo cambiario, con sus derivados sobre las importaciones y el mercado inmobiliario, entre otros, y las retenciones, que rápidamente un grupo de legisladores de la oposición al Gobierno nacional y gran parte del sindicalismo se alinearon en busca de imponer un nuevo cepo.

Ahora es el turno de ponérselo al mercado de trabajo, para que las empresas que consideren que acumularon un exceso de personal tras cuatro años de estancamiento de la actividad y derrumbe de las exportaciones a Brasil, y no perciban una recuperación inmediata no puedan achicar la nómina.

Así se desprende de los objetivos planteados en la comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, donde la oposición logró dictamen de mayoría para declarar la emergencia ocupacional con un proyecto de consenso entre los doce presentados por los distintos bloques. La iniciativa plantea prohibir los despidos hasta el 31 de diciembre de 2017 y que en caso de que suceda, haya doble indemnización para el trabajador.

El dictamen tuvo el apoyo de los bloques del Frente para la Victoria, Federal UNA, el bloque Justicialista y el socialismo. El Frente de Izquierda firmó un despacho propio en el mismo sentido pero se manifestó dispuesto a acompañar el de mayoría en caso de que se necesite el número.

Está claro que frente a la posibilidad de un cepo al mercado de trabajo las decisiones de reducción de la nómina de personal que estaban en el plano del análisis de los costos y beneficios de desprenderse de un empleado en el que se invirtió en capacitación y conocimiento de la empresa, y el pago de las indemnizaciones normales, más las vacaciones y el aguinaldo trabajado proporcional, aceleren el trámite.

“Si a mí me están sobrando empleados y soy una gran empresa, despido hoy”, dijo la líder de la Coalición Cívica y diputada aliada a Cambiemos, Lilita Carrió, al advertir la reacción que podrían tener los privados mientras avanza la iniciativa en el Congreso. Y agregó: “Sepan los trabajadores que parece que los están defendiendo, pero los están echando”. Para la diputada, la mejor medida sería “bajarle los aportes patronales a las Pymes”, aunque, “Ley pareja, Ley rigurosa, sería recomendable un cambio de carácter universal, sin discriminaciones.

La experiencia local y la ausencia de ese tipo de legislación de cepo laboral en la mayor parte del planeta, aún en los momentos de crisis severas, demuestran con singular contundencia que, como en los casos de otros cepos en la economía y en la sociedad, que atentan contra las libertades individuales y societarias, que la imposición de un traba y penalización para quien despida personal sólo derivarán en más perjuicios que beneficios sobre quienes se quieren proteger, porque asegurará la veda a la generación de empleos para más de tres millones de personas que por efecto desaliento, ante la falta de oportunidades, forman parte de una creciente legión que en los últimos años las estadísticas oficiales no incluían como parte de los trabajadores, porque habían desistido de buscar un puesto rentado formal.

El vaso menos lleno
A esa situación se vuelve a llegar, como ya ocurrió a mediados de los 70, y se repitió 30 años después, y ahora se intentará otra vez, porque hábilmente los sindicatos difundieron a la prensa sus denuncias de despidos y suspensiones en los últimos meses, como lo han hecho siempre, e instalaron la cifra de la destrucción de más de 127.000 empleos en tres meses.

Sin embargo, tanto en el pasado como ahora, nunca los sindicatos se han ocupado de difundir con similar precisión y por rama de actividad la nómina de las incorporaciones de trabajadores a un puesto rentado, y menos aún independiente, sea en empresas exitentes o nuevas y en micro emprendimientos.

Al respecto, cabe notar que en un reciente análisis retrospectivo la consultora IDESA concluyó que en los últimos 12 años la economía destruyó 8 millones de empleos, sobre un total actual de 18 millones, pero, en contrapartida, generó 10 millones de puestos.

De ahí surgió no sólo que en ese período la estadística oficial de la Encuesta Permanente de Hogares acusó un aumento neto del empleo en 2 millones de personas, con un promedio equivalente anual inferior a 170 mil, esto inferior al 1% de la fuerza laboral activa, sino que la destrucción de puestos representó el 80% de los nuevos empleos, esto es el saldo fue expansivo, y se explica por la natural rotación de ocupaciones y pasos de la actividad asalariada a una independiente y también a la inversa.

En este punto, cabe destacar que los trabajadores autónomos representan casi un cuarto del total, y de su dinámica pocas veces se la menciona, salvo para englobarla como una actividad precaria, pese a que involucra a millones de profesionales y personas que lo eligieron como opción de vida.

Por tanto, pretender tomar una medida que garantizará la destrucción anticipada de empleos en los sectores afectados por una crisis coyuntural derivada de los vicios que se intentan enmendar en la rama de la construcción, en particular la abocada a la obra pública, más el efecto del fenómeno climático que restó días hábiles de actividad; o el receso de las exportaciones de automotores, autopartes y también de productos siderúrgicos y textiles a Brasil, basada en una denuncia parcial de los sindicatos, sólo contribuirá a demorar aún más la esperada ola de inversiones que prometería una economía sin cepo cambiario, sin cepo al pago de parte de la deuda externa y con tipo de cambio y cuadros tarifarios sin anclajes y con menor brecha entre las provincias.

El uso discrecional de los índices de inflación

Se sabe desde que comenzó su gestión el nuevo Gobierno que la Argentina está en Emergencia Estadística, porque el Indec que recibió de la gestión anterior se encontró con más máquinas trituradoras de documentos que números confiables sobre la situación socioeconómica del país.

Sin embargo, eso no debiera habilitar para el uso discrecional de los índices oficiales de precios al consumidor alternativos considerados por el Poder Ejecutivo confiables, como son los que elaboran las direcciones de estadísticas y precios de los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires y de San Luis, para no dejar un vacío en la actualización cada mes del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), el cual no sólo se utiliza para determinar los valores técnicos de los bonos de la deuda pública ajustables por inflación, sino también muchos contratos entre privados.

A primera vista puede resultar comprensible la intención de las autoridades económicas de que la variación de los precios que se utilice para actualizar el CER no esté contaminado por factores puntuales y circunstanciales, como fue el caso en los últimos meses de los aumentos de tarifas de servicios públicos a un ámbito geográfico limitado, como la Ciudad de Buenos Aires y parte del Gran Buenos Aires. Al menos esa fue la justificación para que el Ministerio de Hacienda y Finanzas decidiera tomar el Índice de San Luis para determinar los valores del CER para el período marzo a abril, después de dos meses que se había inclinado por el de la Ciudad.

Casualmente, en los tres casos de usos alternativos a los del Indec, a la espera de que el organismo oficial de estadística vuelva a calcular el Indice de Precios al Consumidor, Alfonso Prat-Gay decidió elegir el que menos aumentó, el de la Ciudad de Buenos Aires, pero para el nuevo período del 26 de marzo al 25 de abril, optó por tomar el de San Luis, que aumentó 2,7% en contraste con 4% que volvió a registrar el índice para CABA.

Sin embargo, optar para un coeficiente que legalmente se diseñó para ajustar documentos contractuales y compromisos de pago, como son las emisiones de títulos públicos, la discrecionalidad de un organismo del Estado no parece una buena contribución hacia la “normalización de las estadísticas”, en particular por el alcance de la medida.

Es que, si bien es comprensible la preocupación de Hacienda por no afectar un coeficiente de relevancia con factores de carácter coyuntural, no lo es que se lo excluya totalmente, dada la relevancia de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires como generadora de riqueza y concentración de población que ya fue ampliamente subsidiada con tarifas públicas muy inferiores al promedio nacional, y ahora se la beneficia, aunque seguramente sin esa intención, con un coeficiente de estabilización de referencia de contratos y deudas menor al que hubiese resultado con la inflación del distrito.

De ahí que para evitar esa situación cuestionable, tal vez hubiese sido recomendable, como una alternativa que despeje cualquier sospecha de discrecionalidad, actualizar el CER por la variación de los promedios generales de los índices de precios de CABA y de San Luis, y no con el que resulte menor en cada mes, al menos eso es lo que ha sucedido hasta ahora.

Nuevo IPC
Mientras tanto habrá que esperar que el Indec difunda el nuevo IPC, el cual está previsto para junio, con la variación de mayo respecto de abril, en lugar de agosto o septiembre como había propuesto la nuevamente desplazada Directora Técnica de Precios, Graciela Bevacqua, que era el tiempo mínimo que consideraba necesario para reconstruir una medición a prueba de críticas de expertos.

Mientras tanto cabe esperar la “presentación del proceso de elaboración del Índice de Precios al Consumidor (IPC)” que algún técnico del Indec hará el próximo martes 12 de abril, según el calendario del organismo de difusión a la prensa.

El balance económico del Gobierno requiere un plazo mínimo de 360 días

En los últimos días se ensayaron diversos análisis a modo de primer test del Gobierno de Cambiemos, encabezado por el presidente Mauricio Macri, con motivo de los primeros 100 días que se cumplieron el 10 de marzo, sin ser muy rigurosos con las fechas.

Sin embargo, en el terreno económico no sólo se trata de muy poco tiempo, porque está aceptado que para evaluar la performance de la actividad agregada y a partir de ahí de sus derivados el consumo, el comercio exterior, las finanzas públicas, el empleo, la inversión y la situación monetaria y el nivel de pobreza de la población, se requieren al menos de dos trimestres o tres para advertir si se está frente a más de lo mismo agravado, o de un cambio de carácter permanente, sustentable, o meramente accidental o débil.

Pero además, en la Argentina, por esas cosas de las crisis institucionales recurrentes desde la vuelta a la democracia en 1983 los presidentes asumen el 10 de diciembre, con la excepción de la crisis de fines de 2001-2002 que determinó reiniciar el ciclo por única vez el 25 de mayo de 2003, pero con finalización el 10 de diciembre de 2007, cuando antes de los golpes de estado de los 70 y 80 las asunciones ocurrían al comienzo del último trimestre, un 12 de octubre, o a mitad de año, entre junio y julio.

Este no es un punto menor, que debería ser revisado con la votación legislativa de una addenda a la Constitución Nacional, porque no es lo mismo comenzar un gobierno a comienzos de un tercer trimestre en el que casualmente empiezan los trabajos de elaboración del Presupuesto de Gastos y Recursos para el período entrante y las pautas plurianuales para los tres años siguientes de mandato, que hacerlo sobre el filo del cierre del año calendario y fiscal en el que, además, hereda un Presupuesto aprobado por el oficialismo viejo, como ocurre ahora en que la ciudadanía votó el recambio.

Pero además, desde la óptica meramente del análisis económico no es lo mismo hacer un balance de los primeros 180 en el período de alza estacional de la actividad, que hacerlo justo en el de baja, y para peor en un contexto de una conocida herencia de destrucción de las estadísticas básicas que impiden no sólo conocer los números reales y contrastarlos con las estimaciones de las consultoras privadas, sino tampoco contar con series ajustadas por estacionalidad.

De ahí que luego de una acelerada etapa de normalización de las estadísticas y de las relaciones internacionales, tanto comerciales, como financieras, para lo cual el 14 de abril se ha fijado como punto de partida del antes y después, habrá que esperar el desempeño de las variables económicas de lo que resta del segundo trimestre y todo el tercero, para poder evaluar con números concretos, más que con sensaciones y percepciones sesgadas, según lugares de residencia, bandera política o situación de ingreso, sobre los progresos o fracasos registrados.

Eso nos lleva, como mínimo, al 10 de diciembre próximo, que es la fecha en la que el Indec podrá mostrar los datos relevantes de actividad, empleo, inversión, deuda pública al 30 de septiembre, que se informan cada tres meses con amplia desagregación, y el Gobierno presentar sus metas revisadas para el nuevo año en que a través de la renovación parcial de las cámaras legislativas podrá percibir la real evaluación de la población de su primer año y medio de gestión.

Segundo trimestre clave
El primer trimestre de Gobierno, a contramano de la estacionalidad baja de la actividad productiva y comercial, ha sido singularmente intenso en el flanco político, tanto en lo que respecta a la construcción de poder interno a una velocidad que sorprendió tanto a propios como más aún extraños, como en las relaciones diplomáticas, y en especial en espinoso terreno de las finanzas internacionales con holdouts que aparecían como intransigentes e indomables.

Ahora se espera que adquiera mayor protagonismo el frente económico y social, en lo que por la elección del gradualismo gran parte de la sociedad deberá enfrentar el dolor de las recomposiciones de los cuadros tarifarios de gas, agua, transporte y comunicaciones, y las empresas ajustar sus presupuestos a las definiciones de subas salariales que se acuerden en paritarias, la mayoría concentradas en ese período; mientras que el Banco Central no podrá sostener una política de tasas de interés en torno a 40% anual, si quiere contribuir a recomponer los índices de bancarización y de crédito al consumo de corto plazo, como de inversión productiva y en especial hipotecario y prendario.

Eso requerirá también replantear las modestas previsiones de Hacienda y Finanzas de baja del déficit fiscal, porque con un rojo heredado de más de 7% del PBI, equivalente a más de dos meses de ingresos fiscales genuinos, reducirlo a cerca de 5% del PBI implicará que el Tesoro nacional continúe dependiendo del auxilio financiero del Banco Central y del uso del fondo de ahorro de los jubilados, esto es del impuesto inflacionario, aunque sea atenuado en las metas a un rango aún inquietante de 20 a 25% anual.

En su visita a Buenos Aires el presidente Barack Obama dijo que una de las claves de sus buenos resultados económicos, con 72 meses consecutivos de crecimiento del empleo y reducción del déficit fiscal, fue el haber tomado las medidas duras, antipáticas, de una sola vez: “A veces el dolor a corto plazo y el tener que tomar acciones decisivas en una etapa temprana es lo más oportuno, en lugar de dejar las cosas para mañana y terminar con una serie de problemas que se perpetúan”, dijo.

El gradualismo que eligió Alfonso Prat-Gay, sostenido y alentado por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, para avanzar no sólo en metas más ambiciosas de disciplina fiscal, sobre todo a la luz del desmadre encontrado en todas las reparticiones públicas en materia de sobre dotación de personal no sólo física, sino también nominal, esto es inexistente para justificar movimientos de fondos a destinos desconocidos pero sospechados, presupuestos descabellados tanto de obras públicas no hechas pero pagadas, como de bienes y servicios, deudas no registradas con proveedores del estado; sino también en la normalización de todos los cuadros tarifarios, pero también de los planes asistenciales y régimen tributario integral, para asalariados, autónomos, monotributistas y empresas (ajustes por inflación), explica el deterioro de las expectativas inflacionarias y con ello de las posibilidades de rápida maduración de las esperadas inversiones productivas, dado que la mayoría no pasan del estado de los anuncios y promesas, a la espera de gran parte de esas soluciones.