Suba del salario mínimo, vital y móvil: buenas y malas noticias

Empresarios y sindicalistas acordaron rápidamente el último martes aumentar 28,5%, en dos cuotas, el salario mínimo, vital y móvil de los actuales $4.716 por mes que rige desde enero tras una nueva reunión del Consejo del Salario reunido en el Ministerio de Trabajo. De esta manera, alcanzará a $5.590 desde agosto hasta diciembre y a $6.060 desde enero, casi punto de partida del nuevo gobierno.

La primera buena noticia es que a la hora de “cuidar” el salario base de los trabajadores el gobierno de Cristina Kirchner no se basa en los números que publica el Indec, ni en los Precios Cuidados, o el Ahora 12, sino se muestra flexible para que el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, homologue un aumento alineado con la inflación que detecta el promedio de las consultoras privadas que informan sus datos a un conjunto de legisladores de la oposición.

La otra buena noticia, aunque más no sea porque se está en un año electoral en el que es común jugar con las necesidades de mucha gente para brindarles una alegría a cambio de conquistar o asegurar la fidelidad de su voto, fue el adelanto del incremento del haber mínimo a agosto, cuando en los últimos tiempos se aplicó en septiembre y enero.

No hay mucho más para destacar por el lado positivo, pese a que la larga lista del lado negativo ameritaba hacer varias tachaduras para transformarlas en hechos concretos y positivos.

Cristina Kirchner destacó al fin del encuentro de las partes en el Ministerio de Trabajo que el salario mínimo aumentó 2.930% desde el 2003, cuando se retomó el funcionamiento del Consejo del Salario, y que en ese período el Gobierno “nunca debió laudar”, porque siempre se llegó a un acuerdo entre gremios y cámaras empresariales.

Sin embargo, omitió hacer referencia que pese a semejante corrección en doce años, el salario mínimo vital y móvil ha sido un umbral muy difícil de alcanzar para más del 40% de los trabajadores que aún se mantienen en la economía informal y un número también importante debe trabajar como contratista independiente, tanto de un privado como del sector público, por la persistencia de elevadas cargas laborales que no pueden ser soportadas por los empleadores.

Según la última Encuesta Permanente de Hogares del Indec, al cabo del primer trimestre de 2015 más del 40% del ingreso de la ocupación principal (jefe de hogar) recibía por todo concepto: salarios, asignaciones familiares y algún otro subsidio monetario, menos de un salario mínimo, vital y móvil que entonces era de 4.716 pesos. Mientras que poco más del 20% de los hogares urbanos no lograba reunir esa suma con los ingresos de todo el grupo familiar.

Si se tiene en cuenta que en el caso de los trabajadores convencionados, los cuales representan una mínima parte del total de empleados asalariados formales, los acuerdos de aumento de salarios homologados en los últimos meses se ubicó en el rango del 28,5% que se acordó para el SMVM pero pocos parten de una cuota de 18,5% y otra de 10% cinco meses después, ya que predominaron los ajustes escalonados en tres partes, la brecha negativa entre el ingreso real y mínimo lejos de achicarse seguirá ampliándose.

Otra mala noticia es para el caso de las empresas y, en particular pequeños empleadores, que el aumento casi por decreto del SMVM eleva sus costos de producción de bienes o servicios, sin que en contrapartida reciban un alivio impositivo o el derivado del incremento de las ventas, porque una economía con alta inflación y creciente presión tributaria sólo conduce al empobrecimiento del país, más allá de que siempre existan nichos que constituyen la excepción a la regla, como ocurre desde hace cuatro años.

Otra mala noticia, que aumenta la carga de la mochila que recibirá el próximo gobierno, es que al homologar el Ministerio de Trabajo un nuevo aumento del SMVM del 28,5% a tono con la Inflación Congreso para los últimos doce meses, otra vez con la presencia de la Presidente de la Nación, no hizo más que volver a poner al descubierto el default técnico que el Gobierno incurre con los bonistas que aceptaron en los canjes de deuda de 2005 y 2010, de títulos ajustables por CER. Es que el Coeficiente de Estabilización de Referencia se nutre de la variación del Índice de Precios Nacional Urbano del Indec, el cual sube casi la mitad que la tasa que arroja la inflación real, que una vez más se consideró para ajustar el salario mínimo, vital y móvil.

Para peor, el creciente desequilibrio de las finanzas públicas y su desbordado financiamiento con emisión de pesos, no sólo alimenta la inflación que erosiona con singular rapidez la capacidad de compra de los nuevos salarios, sino que además amplía la brecha entre la variación de las remuneraciones en el sector privado, en torno a 28%, y las del sector público, que en el caso de la administración central saltó a 46% en mayo último 39% en el promedio de los primeros cinco meses.

También se suma a la lista de las malas noticias que una vez más el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil se concentró en el último punto y volvió a postergar la discusión de políticas que contribuyan a incrementar la oferta de trabajo, la innovación y la productividad, y de ese modo contribuir al crecimiento sustentable de la generación de riqueza y a una mejor distribución de la riqueza.

Mejor que lo previsto, no significa estar mejor

La tasa de inflación continúa dando muestras de desaceleración, tanto respecto de los últimos meses como más aún en comparación con el desborde que tuvo lugar en la primera mitad de 2014. Eso puede llamar a engaño de creer que se está mejor.

Pero la realidad social que acaba de difundir el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina reveló que el cuadro de pobreza e indigencia a fines de 2014 resultó sustancialmente peor que el estimado para el año anterior, y nada indica que en el primer semestre de 2015 se verificó un punto de inflexión.

Una de las causas de ese deterioro no es otra que la persistencia de una elevada tasa de aumento de los precios al consumo, provocada por el creciente déficit fiscal que se financia con emisión de dinero por parte del Banco Central.

Aún así hay quienes creen ver entre los empresarios de compañías líderes que “el pesimismo mostrado en la medición de fines de 2014 no se vio convalidado en la realidad de este período”, según una de las conclusiones que surgieron de la Encuesta de Expectativas de Ejecutivos que realiza D´Alessio IROL para IDEA.

Sin embargo, a la hora de hacer una evaluación de la situación económica del primer semestre sólo 17% de los ejecutivos, esto es uno de cada seis, dijo que su empresa estaba mejor o moderadamente mejor, en contraste con 53%, poco más de uno cada dos, que estaba moderadamente peor o mucho peor. De ahí surgió un saldo de respuesta negativo de 36% de los 182 consultados.

Y si bien las previsiones para la segunda mitad del corriente año se interpretaron como mejores, el sondeo de marras también dejó un resultado neto de nuevo deterioro de 12% de los casos, habida cuenta de que frente a 29% de respuestas positivas se contrapuso 41% que indicaron que presupuestan nuevo retroceso, se agrega al arrastre desfavorable de los últimos años.

Frente a ese cuadro, que ha llevado a un sostenido debilitamiento de la inversión productiva, por inquietante aumento de la capacidad ociosa en las fábricas, pero también en el mercado laboral y en el sistema financiero en su conjunto, no parece descabellado pensar que “ya finalizando el actual mandato, los empresarios prevén que no habrá mayores sobresaltos”, concluye el trabajo de D´Alessio IROL para IDEA.

Esa reflexión no implica que “lo peor ya pasó”. Por el contrario, el sondeo de expectativas determinó que “se ha ampliado la brecha de la capacidad disponible, como consecuencia de la retracción de las ventas y sólo una de cada cuatro empresas opera por sobre el 85% de su potencial, cuando antes del cepo cambiario esa proporción se daba en la mitad de las compañías consultadas”.

Demasiado sesgo economicista

Un punto que parece inquietante es que según el citado relevamiento de D´Alessio IROL para IDEA es que muchos empresarios “requieren de los candidatos presidenciales definiciones sobre cuatro puntos: educación, justicia, seguridad y política impositiva”, y agregan que “la competitividad cambiaria está más determinada por el tipo de cambio que por factores estructurales”.

Sin negar la relevancia de esos cuatro puntos, parece necesario resaltar la importancia de recuperar las instituciones básicas de respeto a la división de poderes; velar por preservar el valor de la moneda con un Banco Central que cumpla con su rol de regulador en lugar de actuar como un prestramista de útima instancia del Gobierno nacional; la solvencia fiscal; honrar los fallos judiciales, tanto nacionales como internacionales; fomentar la innovación y desarrollo como prerrequisito para impulsar el emprendedorismo y con ello la generación de empleos de calidad, con apertura de la economía. Sólo así se podrá llegar a una genuina política inclusiva, que potencie el mercado interno, la inversión y el comercio exterior.

Un nuevo informe del Foro Económico Mundial (WEF, en sus sigas en inglés) observa que “en general el país sigue enfrentando condiciones macroeconómicas adversas”, que lo ubican en el puesto 102 sobre 144 naciones evaluadas, y que afectan su acceso al crédito (134); padece de débiles instituciones (137), y se ubica negativamente en el ránking de corrupción (139). También calificó al gobierno de ineficiente, con un puntaje que lo encasilló en el lugar 142, casi al final de la tabla. Con ese escenario, no sorprende que también catalogue a la Argentina como altamente ineficiente en los mercados de bienes (141), laboral (143), y en el financiero (129).

Estos indicadores que revelan los obstáculos para el desarrollo del país y la consecuente reducción del strong>elevado núcleo duro de pobreza y de economía informal, no parece que sólo se puedan corregir con una revisión de la política tributaria y cambiaria, como surge del informe de expectativas de los ejecutivos que hizo D´Alessio IROL para IDEA.

Y tampoco pareciera que se pueda lograr con acciones gradualistas, en particular en lo que respecta al objetivo de volver a la tasa de inflación de un dígito anual abajo, como proponen muchos economistas que temen hablar de políticas de disciplina fiscal de shock para reimpulsar la actividad productiva con el énfasis puesto en la inversión productiva y en infraestructura, junto con las exportaciones, que incentiven el empleo privado para absorber no sólo a los desocupados sino también a los activos ociosos en el sector público.

En medio de un desbarajuste no se puede ganar competitividad

“Para que una economía crezca y pague sus compromisos debe crecer, ser competitiva y evitar ajustes que deterioren su capacidad de pago”, escribió el lunes último Alejandro Vanoli en Twitter, utilizando un canal de comunicación poco común en el mundo para un presidente del Banco Central.

Dicho así parece una receta muy sencilla, casi de sentido común, que no requiere haber pasado por los claustros universitarios y mucho menos haber hecho cursos de especialización y masters en economía, microfinanzas y managment, para comprender por qué es así, y no hay otro modo.

Pero estamos en la Argentina, y la autoridad monetaria que se hace tiempo para comunicarse por la red social con sus seguidores, no necesariamente con sus pares, y probablemente menos con sus vecinos de Economía, no se ha dedicado a analizar por qué hace ya varios años, como mínimo cuatro, que las empresas radicadas en el país no logran crecer y el propio Gobierno no les deja pagar la totalidad de sus compromisos, porque la política así lo ha decidido unilateral y discrecionalmente.

A eso y no a otra cosa han contribuido en primer lugar el cepo cambiario, las DJAI y otras restricciones que desde fines de 2011 se dispusieron para el movimiento de divisas por parte de la economía real, y la continuidad de la no actualización de los balances por inflación, mientras que en los últimos tiempos se sumaron mayor flexibilidad para la venta de dólares para tenencia o ahorro de las familias, el atraso cambiario y tarifario, y la consecuente destrucción de oportunidades laborales.

Además, se fueron agregando otros factores que día a día contribuyen a ahondar la pérdida de competitividad de la producción nacional, tanto de los sectores con mayores ventajas comparativas con el resto del mundo, como el agro, en particular de explotación extensiva como la producción de cereales, oleaginosas y la ganadería, como más aún de la industria manufacturera, como la inflación en un rango de dos dígitos altos; consecuente suba de los salarios en una proporción similar, junto a la creciente presión tributaria, también a tasa de dos dígitos porcentuales, en tanto que el tipo de cambio sube a la mitad y hasta la tercera parte de esas variables.

Eso no es todo. La restricción energética lleva en este invierno en el que por el atraso tarifario y manejo discrecional, ya que gran parte de los sectores de mayores ingresos pagan por sus consumos mucho menos que los que están limitados por no tener acceso al sistema interconectado de luz y gas natural, y a los que se les corta el suministro, como a industrias, porque se las fuerza a operar con generación alternativa con mayor costo.

La lista podría ampliarse, pero creo que la descripción es suficientemente extensa y comprueba que ese coctel de discrecionalidad y la persistencia en varios rubros de precios administrados, han erosionado al extremo la competitividad y rentabilidad de la producción nacional, la cual se manifiesta no sólo en una sostenida aceleración del ritmo de caída de las exportaciones, y también de las importaciones, sin que eviten esos movimientos la extinción del superávit de la balanza comercial con el resto del mundo, sino también en la contracción del consumo de bienes durables y también no durables.

El Indec emite señales de alerta pero no se las toman en cuenta

La consecuencia de esa política ya no la puede ocultar ni el Indec, porque en la última Encuesta Anual de Hogares Urbanos, correspondiente al tercer trimestre de 2014, reveló que no sólo en el último año se destruyeron 409.000 empleos netos y sino también que hay más de 43% de los desocupados que llevan más de seis meses parados, según el último análisis del Instituto de Estudios Laborales y Sociales de la UCES, y otra porción importante de ex ocupados que no aparecen en la estadística por haber abandonado la búsqueda de una nueva oportunidad laboral, al verse desalentandos por el continúo fracaso que provoca una economía cerrada y con baja inversión en capital físico.

Es más, expertos internacionales mostraron en un seminario organizado por el Banco Ciudad y el IAE que “una economía aislada del mundo y que desalienta la competitividad no permite promover el emprendedorismo, para generar empleos y mejores salarios, en base a la innovación e incorporación de tecnología de punta”.

Para peor, sin anuncios ni publicidad, la Secretaría de Finanzas actualizó la serie de la deuda pública que estaba limitada al primer semestre de 2014 al total del año, y mostró que a tono con el desequilibrio creciente de las finanzas públicas, creció en sólo seis meses en u$s22.800 millones, a un ritmo de casi 20% por año, sin que se observen en contrapartida mejoras relevantes en la infraestructura.

Por el contrario, el fuerte aumento de la deuda pública proyecta más necesidades financieras para su repago, con sus consecuentes efectos sobre las finanzas del sector privado, y consecuentemente sobre las posibilidades competitivas de las empresas, en particular las PyME que fueron las más afectadas desde que se impuso el cepo cambiario y las restricciones comerciales y financieras a fines de 2011, y se sostienen en la actualidad.

Pese a ese cuadro, hay algunos economistas, no sólo del oficialismo, sino incluso de algunas consultoras privadas, como Elypsis, que consideran que “el aumento de la pérdida de competitividad ya no es tal, porque la diferencia entre la tasa de inflación real y la de devaluación nominal del peso comenzó a ser neutralizada con la depreciación del dólar en el mundo”.

Y no sólo eso, sostienen que “los desequilibrios que enfrenta la economía, principalmente la falta de dólares, podrá corregirse a partir de 2016 con políticas gradualistas, a partir de la solución del financiamiento internacional con un acuerdo del próximo Gobierno con los holdouts, cualquiera sea el signo que triunfe en las elecciones presidenciales, dado el poder del presidente sobre cualquier aparato partidario”. Incluso, afirman que “el abultado desequilibrio fiscal, del orden de 5,5% del PBI, no genera impacto inflacionario, porque en la actualidad tiene efecto monetario neutro”.

Sin embargo, los mismos analistas observan que “la desaceleración de la inflación habría encontrado un piso en torno a 1,5 a 1,7% al mes, con 0,5% en los precios controlados y administrados y 1,8 a 2% en el resto”, mientras que el tipo de cambio oficial sube 1%. De ahí surge una brecha negativa de competitividad cambiaria cercana a 1% nominal y 0,5% real por mes, que se agrega a la que se arrastra en forma acumulativa desde hace cuatro años, con magnitudes elevadas y variables según los sectores de actividad.

El ajuste ya afecta a los alimentos

La política oficial de incentivo al consumo sigue sin registrar resultados positivos, no sólo en términos agregados de producción y ventas de la industria, el comercio y el transporte, según las cifras del Indec, sino que ahora se manifiesta también en el consumo básico de las familias que se sostienen en base a ofertas y traslado de primeras a segundas y terceras marcas y en la mayor inactividad de las plantas elaboradoras de alimentos y bebidas.

La serie de Utilización de la Capacidad Instalada en la Industria Manufacturera del Indec dio cuenta de que en mayo el promedio del sector fabricante de alimentos y bebidas operó con una capacidad ociosa de más de un tercio del potencial de los establecimientos. Se amplió en los últimos doce meses en más de tres puntos porcentuales.

Esa estadística había sorprendido el mes previo cuando indicó que en abril el uso de las plantas de alimentos había crecido a 75,3%, desde un mínimo de 63% en marzo, pero rápidamente la debilidad del mercado interno y más aún de exportación volvió a elevar la capacidad ociosa en casi diez puntos el mes siguiente.

También se registró mayor parálisis en el uso de diversas líneas de producción en otros sectores, con la consecuente suspensión de personal, como en la rama textil, equivalente de 24 a 27% del potencial; en la elaboración de metálica básica de 15% a 27%; y en la industria automotriz del 50 a casi 55 por ciento.

Las excepciones fueron las industrias del papel; de minerales no metálicos y de productos químicos y del caucho y plástico, las cuales se caracterizan por ser más intensivas en capital físico que humano.

Aliciente de carácter parcial
Ahora, con el cobro de los salarios en varios gremios con el incremento acordado en paritarias y el agregado del medio aguinaldo, en el Gobierno, como en muchas consultoras, esperan una tonificación del consumo que contribuya a devolver impulso a la actividad productiva y comercial, junto a los servicios de transporte y comunicaciones.

Sin embargo, no debiera perderse de vista que el ajuste de salarios convencionados sólo comprende a una franja del 50% de los trabajadores en relación de dependencia registrados, mientras que no incluye al 33% de los asalariados ocupados en negro; a los cuentapropistas que representan más de un cuarto de la población empleada, y por supuesto a los jubilados y pensionados cuyos haberes aumentan en marzo y septiembre.

Además, la incertidumbre que genera el flanco político tras la oficialización de las fórmulas a presidente y los movimientos en el sector judicial, han despertado la preferencia de muchos agentes económicos por la dolarización de carteras, fenómeno que conspira contra la deseada tonificación del consumo y reducción de la alta capacidad ociosa, la cual ahora llegó a la industria de los alimentos.

Los excesos y defectos del fin de ciclo

Cualquiera que sea el resultado final de las elecciones presidenciales pareciera que no hay grandes dudas sobre los grandes desequilibrios que afectan a la economía en su conjunto, los cuales se ven con clara nitidez en la sociedad civil y empresaria. En todo caso, las diferencias profundas entre los candidatos se localizan en las convicciones, prioridades y formas de nivelación de las principales variables, ya que nadie desconoce su existencia y consecuencias.

Entre esos grandes desequilibrios se advierten la presencia de enormes excesos, y también de notables defectos, que han conducido a un estado de estancamiento o moderada recesión con alta inflación, creciente aislamiento del mundo financiero y comercial, con un resultado intolerable de destrucción de empleos y aumento de la pobreza.

Entre los excesos sobresale la dinámica de un gasto público improductivo e ineficiente, porque no ha resultado funcional al crecimiento del empleo agregado. En el mejor de los casos sólo se verifica incremento en el segmento de los trabajadores aportantes al Sistema Integrado Provisional Argentino, pero no en el resto de la casi mitad de las provincias excluidas de ese régimen, ni de los ocupados como cuentapropistas y en negro. Por el contrario, ha sido uno de los principales responsables de haber derivado en abultado déficit fiscal y alta inflación.

Junto a estas dos últimas variables que se han disparado largamente de los estándares internacionales, se agrega el desborde de las tasas de interés que tanto Economía como el Banco Central deben convalidar para cubrir las necesidades de financiamiento del desequilibrio fiscal y la parcial esterilización del consecuente exceso de emisión monetaria, con el costo equivalente a no haber desendeudado el país y pagar tasas internacionales. Lo que supuestamente se ganó por un lado (último dato de deuda pública es a junio de 2014) se perdió por el otro.

El regreso al viejo camino de la colocación de deuda pública para pagar gasto corriente (aunque muchas veces se lo asocie a inversiones en infraestructura ferroviaria o energética), principalmente en el mercado interno y con tasas cada vez más elevadas, ahora en términos reales, es una de las consecuencias del capricho de decidir no honrar los fallos internacionales. La consecuencia es el retiro de liquidez del sector privado, con el consecuente impacto contractivo sobre el consumo y la inversión privada.

Otro exceso es la presión tributaria sobre los contribuyentes activos. Y pese a haberse tornado en muchos casos insoportable no da muestras de detenerse, sino por el contrario de profundizarse con la persistente alta inflación, mientras no se aplica la movilidad al mínimo no imponible de los trabajadores, sean asalariados, o más aún autónomos, ni se permite a las empresas ajustar sus balances por la variación de los precios mayoristas. Y ahora se suma un proyecto de crear impuestos al consumo para asistir al deporte amateur.

Mientras que entre los grandes defectos o atrasos de las variables macroeconómicas se destacan en primer lugar el cuadro social, con más del 40% de los jefes de hogar que no logran reunir en un mes recursos monetarios equiparables a un salario mínimo, vital y móvil de $4.716, sumando el fruto de un trabajo precario con las diversas asistencias sociales, como salario familiar; y otros complementos, mientras que más del 20% de los hogares “vive” con recursos menores a ese umbral, porque les resulta insuficiente la cobertura de la Asignación Universal por Hijo, el Plan la Madre y el Niño, y otras que se otorgan en los ámbitos provinciales.

Una de las causas de ese escenario es la baja prioridad que en los últimos años se ha dado a la inversión en infraestructura, como energética, vial, portuaria, de telecomunicaciones, con regulaciones tarifarias que no cubren siquiera el pago de los salarios en muchas empresas, y en otras las necesarias inversiones en mantenimiento.

De ahí el colapso energético ni bien aparecen las primeras altas o bajas temperaturas, como ocurre en la actualidad. El escenario no es parejo en el orden nacional, habida cuenta de que en el caso de las tarifas eléctricas se registran diferencias de hasta 10 veces entre provincias, donde es más bajo en alguna de las más ricas, o al menos donde se genera la mayor parte del PBI.

Otro rezago insostenible es el del tipo de cambio oficial, porque su utilización como ancla inflacionaria ha erosionado la competitividad de la producción nacional, más aún en los casos de la agrícola y economías regionales castigadas con retenciones sobre las exportaciones. Un estudio de IERAL de Fundación Mediterránea muestra que mientras por efecto de la baja de los precios internacionales de las materias primas el promedio de la región registró desde 2011 caída de sus ventas al resto del mundo del orden de 15% en dólares, en la Argentina la baja superó el 32 por ciento.

El cuadro se intensifica porque la consecuencia del desaliento a la inversión y las exportaciones ha sido el freno a las importaciones con cepos, DJAI y autorizaciones de pago a proveedores discrecionales, aún de insumos y partes esenciales para fabricar productos de posterior exportación, generando un círculo vicioso que conspira contra el crecimiento y el empleo y alimenta la pobreza en la población. Se estima que el atraso de pagos al exterior se ubica en torno a u$s6.800 millones.

También, por el cepo cambiario, se acumulan demoras en la autorización para el giro de dividendos al exterior por parte de las empresas de capital extranjero. La consecuencia de esa política llevó a la virtual extinción de la inversión extranjera directa, otra fuente generadora de empleos y mayores salarios.

Finalmente y no menos importante, otro gran retraso que acusa la economía argentina es el de la capacidad de compra del promedio de los trabajadores, pese a que ha alcanzado una participación récord en el reparto del PBI entre los factores de producción, con algo más de 52 por ciento. Algunos analistas estiman que el ingreso medio por habitante por año en torno a u$s13.000 que calcula Economía podría triplicarse en el mediano plazo si los grandes desvíos descriptos precedentemente, en una apretada síntesis, tendieran a alinearse a los parámetros que predominan entre más de 200 países.

Perpetuar los subsidios no es buena idea

En la 24 cadena nacional del año, en plena campaña electoral, cuando quedan apenas seis meses para terminar su ciclo de ocho años, la Presidente anunció el aumento del 30% de las asignaciones familiares, por embarazo y también la universal por hijo. Pero dio un paso más, que constituye una trampa para los partidos de oposición: anunció que enviará al Congreso de la Nación un proyecto de ley que buscará fijar la movilidad de la AUH, con el objetivo de que no se licue en las futuras gestiones.

Claramente se trata de una trampa de campaña, porque fuerza al conjunto de los legisladores a aprobar rápidamente el proyecto y ser funcionales al objetivo del oficialismo de seducir al electorado, bajo el riesgo de quedar como insensible quién se atreviera a plantear un análisis más profundo de la medida, en busca de proponer acciones legislativas y ejecutivas que posibiliten asegurar empleos de calidad para todos los residentes, antes que quedarse en el tardío pedido de ajuste automático por un índice que asegure la estabilidad de poder de compra del beneficio social. Continuar leyendo