Nada rompe el silencio de la oposición

La crisis se acentúa trimestre a trimestre, mes a mes y día a día, pero los principales referentes de los partidos de la oposición al Gobierno nacional, en particular del área económica, parecen anestesiados e incapaces para hacer oír sus voces de preocupación y buscar consensos, para lograr cambios de políticas que posibiliten que ese proceso primero se frene y luego se revierta.

La semana comenzó con la confirmación de la suba del desempleo por tercer trimestre consecutivo, aunque atenuada por dos fenómenos: el aumento del efecto desaliento que se manifestó en el retiro del mercado de trabajo de más de 340 mil trabajadores en términos simples, pero en casi 540 mil en términos reales, por el crecimiento vegetativo de la población; y las inconsistencias a las que nos tienen acostumbrados las estadísticas del Indec: la Encuesta Permanente de Hogares no constituye la excepción.

Luego apareció la primera estimación seria de variación de la producción del conjunto de las manufacturas, la cual para la consultora Orlando Ferreres arrojó una caída de 6,1% con amplia mayoría de sectores en receso, por efecto de la contracción simultánea y creciente del consumo interno y también de las exportaciones.

Y el martes, sorpresivamente por la fecha, aunque esperado por las tendencias de corto plazo, apareció en el Boletín Oficial el decreto 2129 del 13 de noviembre, con la firma de la Presidente, al parecer en el sanatorio donde estaba internada, que dispuso el aumento del gasto público en unos 57.000 millones de pesos y un salto del déficit fiscal aceptado para el corriente año equivalente a 5% del PBI.

Estos indicadores fueron precedidos por la aceleración de la inflación respecto de un año atrás a un rango firme de más de 40% en doce meses, no obstante que la actividad en su conjunto se afirma en una recesión que para el tercer y cuarto trimestre por arriba del cuatro por ciento.

Y sin embargo, del lado del Gobierno niegan de diversas formas la magnitud de la crisis, y por tanto sus efectos sociales que se manifiestan abiertamente en despidos, suspensiones, vacancias de locales y el reimpulso de la informalidad. Sólo se atina a culpar al escenario internacional, aunque premios nobel que en el pasado avalaban la política económica de la última década ahora la cuestionan abiertamente en seminarios organizados por funcionarios del propio gobierno, como hizo Paul Krugman.

Estrategia que no atiende las necesidades del presente

Por el contrario, los máximos referentes de los partidos que aspiran a competir por la sucesión del gobierno a partir del 10 de diciembre de 2015 sólo se concentran en tejer alianzas y pelear para que un puñado de trabajadores sean eximidos del Impuesto a las Ganancias sobre el medio aguinaldo, para que no lo pierdan en forma plena antes de fin del año, pese a que semejante confiscación del fruto del trabajo y justo reclamo sólo comprende a menos del 10% de la masa de trabajadores registrados y a menos del 7% del total de los ocupados.

Del restante 93%, como de casi el 15% de desocupados o más que surge del reprocesamiento de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares, no se habla, y se los mantiene en el olvido, pese a que en algún momento se los irá a buscar para captar su voto.

El momento es ahora. Trece meses, hasta el cambio de gobierno, es mucho tiempo, para dejarlo al libre albedrío, bajo la convicción de que cuánto en peor estado se llegue en el plano económico y social a las elecciones mayor será la contundencia del triunfo opositor, con probabilidad de lograrlo, incluso, en primera vuelta.

Quienes así piensan, que a juzgar por los hechos, hoy no parecen ser pocos, estarían subestimando que un mayor deterioro del escenario económico y social les impedirá imponer giros de política que posibiliten superar rápidamente los efectos inerciales de la crisis y consecuentemente aliviar la carga de los que hoy ya padecen de angustias y privaciones. Basta con recordar el tiempo que le llevó a Carlos Menem preparar la economía para dejar atrás la hiperinflación y Néstor Kirchner para revertir la depresión de 2002.

La salida traumática de la crisis de 2001 derivó en una depresión en 2002 y sólo por la tonificación de los precios de la soja y de otras materias primas que vende la Argentina se pudo pasar de la etapa de la recuperación a la del crecimiento a partir del sexto año, aunque rápidamente se interrumpió, porque la Argentina de los últimos 60 años se especializó en crisis y sus salidas, pero nunca en lograr dar el paso siguiente al del crecimiento genuino, entendido por la superación del pico previo a la recesión y menos aún pensar en estadios de desarrollo, sin uso de contabilidades creativas y atraso cambiario, para mostrar una potencialidad y solvencia superior a la real.

Mantener el silencio, y guardar las recetas para reordenar la economía hasta cuando les toque gobernar, con la esperanza de que el sólo cambio de presidente y equipo atraerá masivamente capitales de riesgo, es desconocer la historia argentina y sobreestimar el apetito de los inversores.

Es cierto que las autoridades del gobierno se muestran cerradas a abrirse al diálogo y, más aún reacias a validar iniciativas de la oposición. Pero no por eso se debe abandonar el intento y menos aún renunciar a la prédica y búsqueda del respaldo popular para lograr consensos que lleven a la vuelta de la racionalidad y la institucionalidad, por sobre la discrecionalidad y el abuso de autoridad para controlar los mercados.

Se acepta el ajuste privado pero no el público

Cada semana aparecen nuevos indicadores que dan cuenta de una agudización del cuadro recesivo, con alta inflación, destrucción de empleos en el sector privado y sostenida expansión del gasto público asistido por el financiamiento sin límite por parte del Banco Central de la República Argentina.

Tanto la serie de despidos y suspensiones de la consultora Tendencias Económicas, como el relevamiento mensual de SEL Consultores, revelaron que en los últimos meses se intensificó la destrucción de empleos, principalmente en las empresas privadas, y que las proyecciones de las compañías líderes para el próximo año anticipan que ese proceso se extenderá.

Además, el proceso de destrucción de puestos de trabajo en la producción, el comercio, las inmobiliarias y en otros servicios, como los que ofrecen las concesionarias de automotores, las compañías de salud, las casas de cambio y sociedades de Bolsa, entre otras, se da en un escenario de baja de los salarios en términos reales, porque las empresas buscan mostrarse “amarretes” en las concesiones de ajustes a la tasa de inflación, a cambio de mostrarse también conservadoras a la hora de reducir la nómina de personal.

Claramente, la severa contracción de la actividad productiva y comercial que provoca la continuidad y agudización del cepo cambiario, pese a las probadas consecuencias negativas, y que se agravó con la decisión de las nuevas autoridades del Banco Central de acentuar el atraso cambiario respecto del aumento de los costos de las empresas, porque profundizó la pérdida de competitividad de la producción nacional, explica la política laboral que siguen las empresas privadas.

Por el contrario, no se perciben esas tendencias en el sector público, donde el gasto crece a una tasa que supera en más de siete puntos porcentuales a la tasa de inflación que miden las consultoras privadas y duplica en exceso a la suba de precios que reconoce el Indec, el empleo se expande a una tasa de 2,7% por año y acumula más de 6 por ciento en el trienio y por tanto la masa salarial crece más que en el ámbito privado.

Hay que destacar que pese a que el empleo del sector público representa menos de un cuarto del total de los puestos de trabajo en el sector privado y que la población crece a un ritmo inferior a uno por ciento al año, entre 2011 y 2014 se elevó en una proporción de casi uno a (90.000 nuevos puestos netos versus 110.000 fuera de ese ámbito).

Más recesión o reactivación de calidad
Frente a esa realidad, los economistas referentes de los partidos políticos que con más chances de ganar en las próximas elecciones presidenciales, aseguran que sus programas económicos se caracterizarán por el gradualismo más que por ajuste de shock, porque “encarar un plan de severo ajuste fiscal no será soportado socialmente, sería un caos, afirman”. Aquí cabe recordar una vieja reflexión del líder radical Ricardo Balbín: “Los argumentos que usan los políticos para llegar, no sirven luego para sostenerse”.

Pero la pregunta que surge de inmediato es ¿no están viviendo en los agentes económicos del sector privado un caos creciente desde hace tres años, por no ir más lejos, -aunque sin llegar al extremo de la crisis del verano de 2002- soportando no sólo exceso de regulaciones, precios administrados y “cuidados”, aumento de la presión tributaria, sea por suba de alícuotas en los impuestos y tasas provinciales y municipales, sea por el empecinamiento del Poder Ejecutivo de no autorizar los ajustes por inflación de los balances y en el caso de las personas físicas la actualización de las escalas y mínimos no imponibles de Ganancias, tanto para asalariados como más aún para trabajadores autónomos; la discrecionalidad en la forma y tiempo de autorización de los pagos de importaciones, aún de insumos y partes esenciales para la salud; los cupos o directamente prohibiciones de exportar y ahora las denuncias de supuestas maniobras de evasión, lavado de dinero y sobre y subfacturación de importaciones y exportaciones; así como sanciones a casas de Bolsa, de cambio y también bancos por no haber cumplido en tiempo y forma con algunas formalidades menores; además de la discrecionalidad en el manejo de la política cambiaria, centrada en cerrar cada vez más la economía, porque aleja la competitividad de la producción nacional con la del resto del planeta?

Por el contrario, en el sector público nacional reconocen que se asiste a la profundización de la política fiscal expansiva, entendida por el aumento sin techo del gasto público, con brecha creciente sobre lo que posibilita la dinámica de la recaudación de impuestos y los pedidos de anticipación de liquidación de exportaciones a las cerealeras y sojeras, como el señalado impuesto inflacionario por no ajustar los mínimos no imponible. Y que esa brecha neta negativa entre ingresos y gastos es la responsable no sólo del exceso de emisión por parte del Banco Central, sino también de la sostenida pérdida de reservas de divisas porque el Poder Ejecutivo ha decidido desde 2007 usar esa caja para pagar gastos corrientes, como importaciones de energía, gas y petróleo, además de los crecientes servicios de la deuda pública.

Corregir semejantes distorsiones en las finanzas públicas, que, como se dijo, arrastran a desequilibrios en lo monetario y cambiario, porque terminan afectando la balanza de pagos por la cuenta comercial y también capital, al desalentar la llegada de inversiones de largo plazo y su financiamiento, más allá del conflicto con los holdouts, no pareciera que se pueda hacer en forma efectiva con políticas gradualistas. Requieren acciones de shock como en su momento fueron el Plan Austral en 1985, o la Convertibilidad en 1991, para no ir más lejos, pero a diferencia de esas experiencias fallidas, en lugar de abortarlos a mitad de camino, se requiere sostenerlo con el norte puesto en el saneamiento de las cuentas públicas y la liberación de las ataduras que se le fueron imponiendo al sector privado.

Se suele argumentar que hacer eso hoy implicaría profundizar la recesión y generar un caos social, con una tasa de desempleo que se podría desbocar a más de 20% de la población económicamente activa. Sin embargo, quienes así piensan están subestimando el caos que enfrenta gran parte de la actividad privada que reconoce que los empleados están perdiendo poder de compra y a muchos de ellos se les envía el telegrama de despido, además de que no repone las vacantes que se producen, porque por el aumento de los costos y la pérdida de competitividad cambiaria, ve caer los niveles de ventas y las ganancias, que sólo crecen nominalmente y son transferidas en proporciones crecientes a la AFIP, pero no vuelven en mejores servicios e infraestructura para la sociedad.

Está claramente demostrado que la empresa privada es sensiblemente más eficiente que la pública, y por tanto bajar el gasto en la administración, despidiendo a punteros políticos y aplicando una política racional de remuneraciones, en particular para los nuevos puestos para “jóvenes sobresalientes” que no encontraban una ocupación en la actividad privada productiva, y reduciendo la presión tributaria a empresas y trabajadores; junto con la eliminación de los cepos, cupos y toda la maraña de prohibiciones que afectan el clima de negocios, y reducción de la presión tributaria, redundarán en una singular tonificación de la actividad productiva y comercial que con la generación de empleos de calidad compensará con creces aquella destrucción de empleos improductivos.

Cambio de escenario transitorio

En los últimos 35 días se observó un singular cambio de tendencia en la escalada del tipo de cambio libre, luego de que se perfilaba a más de 16 pesos por unidad, a menos de 14 en la actualidad, a partir de la astringencia monetaria y consecuente suba de las tasas de interés; la política del miedo con intimidaciones y suspensiones de entidades cambiarias y bursátiles; la flexibilización de ventas de dólares para ahorro con el propósito de inducir a su venta a mayor precio en el circuito marginal; el ingreso del swap de China y nuevos acuerdos con cerealeras y sojeros para que anticipen la liquidación de exportaciones con el propósito de fortalecer las debilitadas reservas del Banco Central y el incentivo a operaciones bursátiles con bonos y acciones de alta liquidez para obtener singulares ganancias de corto plazo.

Todo eso fue acompañado con versiones emanadas de las propias fuentes oficiales y siempre contradictorias de que se avanza hacia una negociación definitiva con los holdouts a partir de enero cuando supuestamente expire la cláusula RUFO que exige conceder a los bonistas reestructurados en los canjes I y II las mismas condiciones que se pueda acordar con los fondos en litigio, si son mejores.

A partir de allí comenzaron a tejerse expectativas de un rápido retorno de la Argentina al mercado internacional de deuda y destrabar el ingreso de inversores del resto del mundo para los diversos emprendimientos que la Argentina tiene pendientes como Vaca Muerta; otras obras energéticas y de infraestructura; la minería y el reimpulso de la agricultura para alcanzar la demorada meta de las 150 millones de toneladas, entre otras.

Sobre esa base empezaron a plantearse pronósticos de algunos economistas y consultoras de empresas y bancos que indican la continuidad de la pax cambiaria hasta todo el 2015, porque se lograría equilibrar la oferta con la conocida demanda de divisas para enfrentar los abultados compromisos externos del gobierno nacional hasta entonces, y en consecuencia arriesgan que el PBI podrá volver a crecer a un rango de 3 a 4 por ciento, luego de un trienio de estancamiento neto.

Otros desequilibrios presentes y sin atención
Sin embargo, en dichos estudios y análisis pareciera subestimarse al extremo la persistencia de crecientes desbarajustes en los indicadores macroeconómicos, entre los que se destacan los asociados a las finanzas públicas, la política monetaria y cambiaria y consecuentemente la inflación y sobreestimarse el esperado y deseado flujo de capitales, si se cierra el capítulo del default con los holdouts.

Los datos acumulados correspondientes a los primeros diez meses de 2014 indican que mientras los recursos fiscales totales crecieron 40,6% en los pasados doce meses, luego de las valiosas transferencias de utilidades contables del Banco Central, la Anses, el PAMI y los fondos fiduciarios, los gastos devengados, esto es ejecutados pero no necesariamente pagados, se elevaron 47,7%. De ahí surgió que el rojo de las cuentas públicas se multiplicó por 2,8 veces, a más de 78.600 millones de pesos.

La tasa de inflación se aceleró en ese período de 26 a más de 41% y el tipo de cambio oficial, luego del salto a 8 pesos a fines de enero, apenas aumentó siete por ciento, provocando una apreciación de la moneda nacional en más de 24 puntos porcentuales y con ello desalentó al extremo las exportaciones, la única fuente genuina de generación de divisas, al afectar aún más la deteriorada competitividad de la producción nacional.

Con ese escenario, sumado a la continuidad del cepo cambiario y ahora a la política de generar miedos en la plaza con la presencia de gendarmes, policías y suspensiones de casas de Bolsa, de cambio e incluso de sanciones a bancos por causas administrativas que datan de más de cinco años, algunas vinculadas con la demora en poner las mamparas que separan a la atención del público en cajas de las colas de espera en los salones de las entidades, no sorprende que la inversión extranjera directa haya caída en el año a la mínima expresión.

Y en la economía real, pese a la inquietante aceleración de la inflación, en muchos sectores se observan precios reprimidos, como también ocurre en contrapartida con las tarifas y diversos subsidios, cuya regularización requerirá atención en algún momento, los cuales no han impedido que el consumo se derrumbara a una tasa de 10% en supermercados y shopping y del 5 a 7 por ciento en los comercios tradicionales, fenómeno que ha disparado los índices de vacancia de locales.

Mientras que los indicadores de inversión, más de la actividad privada que en el sector público, también se consolidó la tendencia contractiva, fenómeno que redundó en destrucción de empleos y disminución de las oportunidades laborales para los jóvenes que esperaban incorporarse al mercado de trabajo.

También las exportaciones muestran tasas crecientes de disminución.

De ahí que del lado de la demanda agregada, a menos de dos meses del cierre del año, ya se observa un arrastre fuertemente negativo para el año próximo, que limitará cualquier impacto inicial de reversión del ciclo.

En tanto del lado financiero, en un año electoral, no cabe esperar el regreso a la disciplina fiscal y por tanto si se llegara a cerrar el capítulo del default no será una condición suficiente para despejar la reaparición de tensiones cambiarias, a la espera de un plan económico integral que posibilite comenzar a reordenar todas las variables.

Por eso pareciera que la actual pax cambiaria es más transitoria que duradera, porque no se sustenta en la recreación de la confianza y en la revisión de políticas que provocaron severos desequilibrios, en particular desde que rige el cepo cambiario.

Más controles y menos ideas

Día a día los indicadores de la economía real y financiera muestran un severo deterioro y paso a un estado de desbarajuste cuya reversión provocará mayores costos cuánto más lejos se asuma la necesidad de implementar un cambio drástico. Pero frente a esa realidad, cuya máxima expresión es la destrucción de empleos privados y generalización del recorte de la jornada laboral, con su consecuente efecto contractivo sobre los ingresos nominales de muchos trabajadores, las autoridades económicas se muestran ausentes y sólo aparecen para actos protocolares o almuerzos con algunos empresarios para hablar sobre las preocupaciones de las consecuencias del plan de gobierno, en lugar de aceptar planteos sobre las causas que explican el delicado cuadro actual.

Esa actitud explica que en las últimas semanas se haya decidido intensificar el cepo cambiario a las importaciones. Y en la presente, en invadir la city con mega operativos policíacos con ayuda de oficiales de la Comisión Nacional de Valores, del Banco Central, de la Unidad de Investigación Financiera y del INAE, en la seguridad de que no iban a encontrar nada que comprometiera a entidades financieras, casas de Bolsa y casas de cambio, porque el objetivo no era ese sino sólo atemorizar al público para que dejara de operar.

Por un momento esa estrategia posibilitó achicar el volumen de operaciones y con ello también el precio del nuevo índice de riesgo país: el dólar contado con liqui. Sin embargo, en la medida en que no se dé un giro rotundo en la política, ese curso de los precios será meramente transitorio, porque seguirán vivas las causas que los impulsan, como la agudización de la pérdida de capacidad de generación de divisas que el Indec dio cuenta en su informe sobre el Intercambio Comercial Argentino en septiembre.

Con una soja que en sólo cuatro meses pasó de 558 a 334 dólares la tonelada en el mercado internacional, aunque a los productores argentinos se les retiene compulsivamente el 35% de esos precios antes de cualquier impuesto o gasto, el equipo económico encontró el argumento fácil para explicar las dificultades que enfrenta para acumular reservas. Pero no alcanza para culpar por qué se acelera la inflación, se profundiza la recesión y que el saldo comercial fuera en septiembre el menor para ese mes en los últimos catorce años.

Estrategia incompleta
Y como de las causas de los problemas no se habla, Economía decidió trabajar contrarreloj en el armado de un nuevo festival de bonos en busca del financiamiento que necesita para llegar a fin de mandato sin las arcas vacías. Pero el objetivo no podrá ser alcanzado si, como se ve a diario en el Boletín Oficial, el Jefe de Gabinete sigue autorizando aumentos del gasto público y validando la incorporación de personal en los diferentes organismos del estado, a costa de ampliar a niveles ya insoportables del déficit fiscal, que llevan a fogonear la inflación y alimentar el atraso cambiario para comercio exterior.

La emisión de bonos ajustables por la paridad cambiaria oficial no generará divisas, pero sí quitará grados de libertad a la hora de tener que devaluar, salvo que se opte por una severa baja del gasto público que posibilite bajar retenciones, ajustar balances por inflación y elevar los mínimos no imponibles para los asalariados, o simplemente persiga el objetivo de limitar la acción del próximo gobierno, al cual ya le espera una tarea ardua para revertir el déficit fiscal, la escalada de la inflación, la destrucción de empleos y seducir a inversores en actividades productivas de largo plazo.

La ceguera del equipo económico no le permite ver como cada medida que implementó en los últimos tres años tuvo el efecto opuesto al buscado, y por tanto no advierte que la solución está a la vuelta de la esquina: incentivar el ahorro, quitar el cepo a la exportación e importación y, abandonar la indisciplina fiscal, para poder liberar recursos al sector privado, que es el único que podrá revertir este ciclo que se encamina a una depresión más temprana que tarde.

No se trata de ser apocalíptico, sino simplemente de aceptar que el paso de una economía que crecía al 5% a otra que cae más de 4%, y más aún en el caso de la industria manufacturera, o que la inflación se desbocó de 25% a más de 40% y las reservas del Banco Central mantienen una tendencia fuertemente contractiva en un escenario de recesión interna y cepo creciente a las importaciones, dan claras muestras de que la economía hace meses que abandonó la etapa de la estanflación (estancamiento con inflación) para ingresar en un estadio de alta recesión.

Por ahora las estimaciones de las consultoras privadas y del Fondo Monetario indican que el receso es modesto para este año y algunos incluso arriesgan un punto de quiebre en 2015, pero las correcciones que ya se advierten en diversos estudios y los nuevos indicadores de comercio exterior del Indec anticipan que el último trimestre será peor de lo que esperaban. El cuadro sólo podrá cambiar si el equipo económico decide comenzar a revisar los desaciertos de política en lugar de seguir actuando infructuosamente contra las consecuencias.

Alimentan nuevos buitres para bajar el dólar

Desde la llegada de Alejandro Vanoli al Banco Central el tipo de cambio libre bajó poco más de 6% y en comparación con el pico anotado como valor de cierre el 24 de septiembre la caída se acentúa a 7,7 por ciento.

Para lograr ese objetivo, que frente a la virtual quietud del tipo de cambio oficial para el comercio exterior pese a la erosión que provoca la inflación, determinó un cierre de la brecha máxima de casi 88 a 73 por ciento, no mediaron acciones de política económica destinadas a reordenar las variables claves como déficit fiscal, aumento de la competitividad cambiaria y freno a la emisión como única fuente de financiamiento del rojo de las finanzas públicas, que contribuyeran a cambiar las expectativas.

Por el contrario, se apeló a otra vieja receta, como la intervención en el mercado de capitales con ventas de acciones y bonos en poder de organismos públicos, como la Anses, principalmente, pese a que fue tan probada y fracasada como los controles de precios y el cierre de la economía, aún para insumos y máquinas claves para sostener el proceso productivo y generar divisas con posteriores exportaciones.

Y dado que se trata de operaciones de suma cero, porque a cada vendedor se contrapone un comprador, lo relevante es mirar la tendencia de los precios, los cuales bajan cuando son más los que venden que los que compran y viceversa.

Hoy, con esa pobre estrategia el gobierno nacional está alimentando a los futuros buitres (en la jerga de varios funcionarios), porque les está asegurando sustanciales ganancias en menos de un año, cada vez más acentuada en la medida en que se persista con esa línea sin mediar un plan de fondo.

El Índice Merval de la Bolsa de Comercio acumula una caída de 23% en la primera quincena de octubre, pero en algunas acciones líderes, esto es de alta liquidez, la baja se intensificó a más de 28% en el caso de YPF y 26% en el de Grupo Financiero Galicia, por citar algunos casos. De ahí surge que para volver al nivel previo el mercado deberá experimentar un salto entre 30% en el caso del indicador líder y 40% en el de los papeles de la petrolera.

En el caso de los bonos de la deuda pública, los más transados pasaron de ofrecer una renta anual en dólares de 11 a 12 por ciento, a casi 20 por ciento, en contraste con 4 o 5 por ciento que pagan diversos países de la región.

Baja porque subió y sube porque se especula
Claramente, la pérdida mencionada se relativiza porque surge luego de un recorrido inusualmente alcista, al menos en valores nominales, alimentada hasta fines de junio por la expectativa de un arreglo entre el gobierno y los holdouts con los acuerdos que se fueron cerrando con empresas que litigaban en el CIADI; el Club de París y últimamente con el pago a Repsol por la expropiación de su tenencia mayoritaria en YPF, y desde julio por la incertidumbre que disparó el default parcial de la deuda pública.

Pero la ganancia que seguramente provendrá a partir de enero de 2015 si se accede a una negociación con los bonistas que recibieron la ratificación del fallo favorable del juez Thomas Griesa luego del supuesto o posible vencimiento de la cláusula RUFO, a un poco más adelante si se afirman las expectativas de un giro de política con un nuevo gobierno que se muestre amigable con los mercados y organismos internacionales, será equivalente a la que buscan los fondos especulativos que tanto se ocupan las autoridades del gobierno en demonizar.

Los beneficios serán aún más singulares, para los amantes de tomar riesgo con operaciones más sofisticadas, como las opciones, para quienes se anticipen al cambio de tendencia de los precios. ¿Serán catalogados como buitres, simplemente por ser inversores que concurren libremente a un mercado de competencia en el que según las expectativas adoptan posturas compradoras o vendedoras, de suma cero. Y por tanto se alentará en lo que resta de mandato más controles y regulaciones?.

La indisciplina fiscal y las tensiones cambiarias

Septiembre cerró con un crecimiento de la recaudación tributaria del 37,5% en comparación con un año atrás, y para muchos constituyó una sorpresa, porque superó sus expectativas. La sorpresa parece lógica, habida cuenta de que frente a una economía que se derrumba a tasas inquietantes, no sólo en la industria automotriz y de electrónica a tasas de dos dígitos porcentuales, sino también en el mercado inmobiliario y la construcción, o el consumo masivo y el transporte, agravado con una brutal contracción del intercambio comercial con el resto del mundo por el cepo y atraso cambiario y una inflación que ya se posicionó en más de 41 por ciento, los ingresos de la AFIP acusaron una baja real de apenas 2,5 por ciento.

Sin embargo, un análisis fino del origen del fuerte aumento nominal de los recursos agregados de la DGI, Aduana y Anses, permitió advertir que el impuesto inflacionario le sacó a los trabajadores y empresas sólo en septiembre y únicamente por la vía de dos tributos 2.250 millones de pesos: 2.213 millones por Ganancias ficticias y 41 millones por bienes personales pese a que valen menos en términos reales. Se trata del equivalente a 3,2 puntos porcentuales del crecimiento interanual de dichos recursos. Sin ese aporte, la baja real se hubiese aproximado a 4,7%, que es lo que hoy está marcando la caída del PBI en las estimaciones privadas más realistas.

El ejercicio es muy simple. Se trata de depurar del salto de lo percibido por Ganancias y Bienes Personales el efecto del aumento de la masa de contribuyentes por los incrementos que recibieron en sus salarios e ingresos por la inflación: en un caso a través de los ajustes acordados en paritarias y en otro por la suba de precios que disparan los mayores costos, al resistirse la AFIP a elevar los mínimos no imponibles y las escalas de deducciones especiales que rigen desde 2001 para las personas físicas, como de reinstaurar el ajuste por inflación, acorde a una economía inflacionaria de dos dígitos porcentuales elevados y en aceleración, para las jurídicas. La planilla de septiembre mostró que en esos dos tributos se pasó repentinamente de un salto de 38 a 39% anual promedio hasta agosto a 55% en Ganancias y 51% en Bienes Personales el mes siguiente.

Recursos fiscales insuficientes
Semejante salto de la tasa de confiscación de los ingresos de los trabajadores y de las empresas que tiene su correlato en la caída del consumo y de la actividad de la mayoría de los agentes económicos no fue suficiente para cubrir las necesidades de cobertura de un gasto público desbordado y que acelera al punto de debilitar las fuerzas del sector privado para sostenerse en pie.

Por eso se intensifica la recesión, cae el empleo y se realimenta la desconfianza en el peso, al punto de haber forzado el cambio de otro presidente del Banco Central, como si la causa del problema fuera netamente de origen monetario. En ese flanco se advierten las consecuencias de la indisciplina fiscal que ha llevado al uso y abuso de la emisión espuria, con su impacto sobre el mercado de cambios.

Así se desprende de los informes semanales de la autoridad monetaria. A cinco días de cerrar septiembre la principal y casi única fuente de expansión de la cantidad de dinero de base fue el sector público con más de 10.000 millones de pesos. Por quinto mes consecutivo la expansión de base para disimular el verdadero rojo fiscal se ubicó en el rango de los once dígitos: más de 10.000.000.000 de pesos.

Y sólo en un día, el jefe de Gabinete de ministros, Jorge Capitanich, dispuso al inicio de octubre la autorización de aumento del gasto público en 10 dígitos: 6.228 millones, de los cuales 5.600 millones deberán ser financiados con más impuesto inflacionario y transferencias al Tesoro por la vía de la emisión del Banco Central, recursos de la Anses y de otros organismos, como el PAMI y fondos fiduciarios. Con semejante aumento de partidas, los datos de la Secretaría de Hacienda indican que el presupuesto de gastos para todo 2014 se elevó en 62,7% respecto del que finalmente se autorizó para el año anterior.

De ahí que la pax cambiaria de los últimos días sólo es explicable por una tregua que el mercado le concedió a las nuevas autoridades monetarias, luego de que repentinamente el ministro de Economía y el nuevo presidente del Banco Central decidieran iniciar una ronda de diálogo con los empresarios y banqueros, no sólo de compañías nacionales, sino también extranjeras, después de que hasta la semana anterior habían sido denunciados como los responsables de la crisis, la demanda de los holdouts y las tensiones que se manifestaron en la disparada del dólar libre y la aceleración de la inflación.

Pero la calma no podrá extenderse por mucho tiempo si la política monetaria y fiscal mantienen su carrera alcista y se postergan las decisiones de fondo para comenzar a reordenar la macroeconomía, empezando por la vuelta a la austeridad en la expansión del gasto público, al menos al ritmo de la inflación; la reducción de la presión fiscal y empezar a desarmar los nudos que fueron estrangulando la economía real. No hacerlo, bajo la excusa de que con eso se profundizará la recesión, sin medir el efecto severamente contractivo que genera en el conjunto de la actividad privada, reavivará las tensiones cambiarias más temprano que tarde.

Creer que el cuadro podría comenzar a despejarse a partir de enero 2015, cuando supuestamente quede sin efecto la cláusula RUFO que impide cerrar un acuerdo con los holdouts en los términos que falló el juez Griesa, porque destrabará el acceso al mercado internacional de deuda, es desconocer la vocación expansiva de gasto de este gobierno, más aún en un año electoral, y por tanto no asegura la reducción del desequilibrio fiscal, sino, en el mejor de los casos, un cambio de la fuente de financiamiento con un Pagadiós y las mismas consecuencias negativas sobre la economía en su conjunto.