Aún hay muchos políticos amantes de los cepos a la economía

No pasó una semana desde que el Gobierno logró levantar el último gran cepo que limitaba la capacidad de generación de riqueza y por tanto de inversión y de empleos netos, antes habían sido el cepo cambiario, con sus derivados sobre las importaciones y el mercado inmobiliario, entre otros, y las retenciones, que rápidamente un grupo de legisladores de la oposición al Gobierno nacional y gran parte del sindicalismo se alinearon en busca de imponer un nuevo cepo.

Ahora es el turno de ponérselo al mercado de trabajo, para que las empresas que consideren que acumularon un exceso de personal tras cuatro años de estancamiento de la actividad y derrumbe de las exportaciones a Brasil, y no perciban una recuperación inmediata no puedan achicar la nómina.

Así se desprende de los objetivos planteados en la comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, donde la oposición logró dictamen de mayoría para declarar la emergencia ocupacional con un proyecto de consenso entre los doce presentados por los distintos bloques. La iniciativa plantea prohibir los despidos hasta el 31 de diciembre de 2017 y que en caso de que suceda, haya doble indemnización para el trabajador.

El dictamen tuvo el apoyo de los bloques del Frente para la Victoria, Federal UNA, el bloque Justicialista y el socialismo. El Frente de Izquierda firmó un despacho propio en el mismo sentido pero se manifestó dispuesto a acompañar el de mayoría en caso de que se necesite el número.

Está claro que frente a la posibilidad de un cepo al mercado de trabajo las decisiones de reducción de la nómina de personal que estaban en el plano del análisis de los costos y beneficios de desprenderse de un empleado en el que se invirtió en capacitación y conocimiento de la empresa, y el pago de las indemnizaciones normales, más las vacaciones y el aguinaldo trabajado proporcional, aceleren el trámite.

“Si a mí me están sobrando empleados y soy una gran empresa, despido hoy”, dijo la líder de la Coalición Cívica y diputada aliada a Cambiemos, Lilita Carrió, al advertir la reacción que podrían tener los privados mientras avanza la iniciativa en el Congreso. Y agregó: “Sepan los trabajadores que parece que los están defendiendo, pero los están echando”. Para la diputada, la mejor medida sería “bajarle los aportes patronales a las Pymes”, aunque, “Ley pareja, Ley rigurosa, sería recomendable un cambio de carácter universal, sin discriminaciones.

La experiencia local y la ausencia de ese tipo de legislación de cepo laboral en la mayor parte del planeta, aún en los momentos de crisis severas, demuestran con singular contundencia que, como en los casos de otros cepos en la economía y en la sociedad, que atentan contra las libertades individuales y societarias, que la imposición de un traba y penalización para quien despida personal sólo derivarán en más perjuicios que beneficios sobre quienes se quieren proteger, porque asegurará la veda a la generación de empleos para más de tres millones de personas que por efecto desaliento, ante la falta de oportunidades, forman parte de una creciente legión que en los últimos años las estadísticas oficiales no incluían como parte de los trabajadores, porque habían desistido de buscar un puesto rentado formal.

El vaso menos lleno
A esa situación se vuelve a llegar, como ya ocurrió a mediados de los 70, y se repitió 30 años después, y ahora se intentará otra vez, porque hábilmente los sindicatos difundieron a la prensa sus denuncias de despidos y suspensiones en los últimos meses, como lo han hecho siempre, e instalaron la cifra de la destrucción de más de 127.000 empleos en tres meses.

Sin embargo, tanto en el pasado como ahora, nunca los sindicatos se han ocupado de difundir con similar precisión y por rama de actividad la nómina de las incorporaciones de trabajadores a un puesto rentado, y menos aún independiente, sea en empresas exitentes o nuevas y en micro emprendimientos.

Al respecto, cabe notar que en un reciente análisis retrospectivo la consultora IDESA concluyó que en los últimos 12 años la economía destruyó 8 millones de empleos, sobre un total actual de 18 millones, pero, en contrapartida, generó 10 millones de puestos.

De ahí surgió no sólo que en ese período la estadística oficial de la Encuesta Permanente de Hogares acusó un aumento neto del empleo en 2 millones de personas, con un promedio equivalente anual inferior a 170 mil, esto inferior al 1% de la fuerza laboral activa, sino que la destrucción de puestos representó el 80% de los nuevos empleos, esto es el saldo fue expansivo, y se explica por la natural rotación de ocupaciones y pasos de la actividad asalariada a una independiente y también a la inversa.

En este punto, cabe destacar que los trabajadores autónomos representan casi un cuarto del total, y de su dinámica pocas veces se la menciona, salvo para englobarla como una actividad precaria, pese a que involucra a millones de profesionales y personas que lo eligieron como opción de vida.

Por tanto, pretender tomar una medida que garantizará la destrucción anticipada de empleos en los sectores afectados por una crisis coyuntural derivada de los vicios que se intentan enmendar en la rama de la construcción, en particular la abocada a la obra pública, más el efecto del fenómeno climático que restó días hábiles de actividad; o el receso de las exportaciones de automotores, autopartes y también de productos siderúrgicos y textiles a Brasil, basada en una denuncia parcial de los sindicatos, sólo contribuirá a demorar aún más la esperada ola de inversiones que prometería una economía sin cepo cambiario, sin cepo al pago de parte de la deuda externa y con tipo de cambio y cuadros tarifarios sin anclajes y con menor brecha entre las provincias.

El uso discrecional de los índices de inflación

Se sabe desde que comenzó su gestión el nuevo Gobierno que la Argentina está en Emergencia Estadística, porque el Indec que recibió de la gestión anterior se encontró con más máquinas trituradoras de documentos que números confiables sobre la situación socioeconómica del país.

Sin embargo, eso no debiera habilitar para el uso discrecional de los índices oficiales de precios al consumidor alternativos considerados por el Poder Ejecutivo confiables, como son los que elaboran las direcciones de estadísticas y precios de los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires y de San Luis, para no dejar un vacío en la actualización cada mes del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), el cual no sólo se utiliza para determinar los valores técnicos de los bonos de la deuda pública ajustables por inflación, sino también muchos contratos entre privados.

A primera vista puede resultar comprensible la intención de las autoridades económicas de que la variación de los precios que se utilice para actualizar el CER no esté contaminado por factores puntuales y circunstanciales, como fue el caso en los últimos meses de los aumentos de tarifas de servicios públicos a un ámbito geográfico limitado, como la Ciudad de Buenos Aires y parte del Gran Buenos Aires. Al menos esa fue la justificación para que el Ministerio de Hacienda y Finanzas decidiera tomar el Índice de San Luis para determinar los valores del CER para el período marzo a abril, después de dos meses que se había inclinado por el de la Ciudad.

Casualmente, en los tres casos de usos alternativos a los del Indec, a la espera de que el organismo oficial de estadística vuelva a calcular el Indice de Precios al Consumidor, Alfonso Prat-Gay decidió elegir el que menos aumentó, el de la Ciudad de Buenos Aires, pero para el nuevo período del 26 de marzo al 25 de abril, optó por tomar el de San Luis, que aumentó 2,7% en contraste con 4% que volvió a registrar el índice para CABA.

Sin embargo, optar para un coeficiente que legalmente se diseñó para ajustar documentos contractuales y compromisos de pago, como son las emisiones de títulos públicos, la discrecionalidad de un organismo del Estado no parece una buena contribución hacia la “normalización de las estadísticas”, en particular por el alcance de la medida.

Es que, si bien es comprensible la preocupación de Hacienda por no afectar un coeficiente de relevancia con factores de carácter coyuntural, no lo es que se lo excluya totalmente, dada la relevancia de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires como generadora de riqueza y concentración de población que ya fue ampliamente subsidiada con tarifas públicas muy inferiores al promedio nacional, y ahora se la beneficia, aunque seguramente sin esa intención, con un coeficiente de estabilización de referencia de contratos y deudas menor al que hubiese resultado con la inflación del distrito.

De ahí que para evitar esa situación cuestionable, tal vez hubiese sido recomendable, como una alternativa que despeje cualquier sospecha de discrecionalidad, actualizar el CER por la variación de los promedios generales de los índices de precios de CABA y de San Luis, y no con el que resulte menor en cada mes, al menos eso es lo que ha sucedido hasta ahora.

Nuevo IPC
Mientras tanto habrá que esperar que el Indec difunda el nuevo IPC, el cual está previsto para junio, con la variación de mayo respecto de abril, en lugar de agosto o septiembre como había propuesto la nuevamente desplazada Directora Técnica de Precios, Graciela Bevacqua, que era el tiempo mínimo que consideraba necesario para reconstruir una medición a prueba de críticas de expertos.

Mientras tanto cabe esperar la “presentación del proceso de elaboración del Índice de Precios al Consumidor (IPC)” que algún técnico del Indec hará el próximo martes 12 de abril, según el calendario del organismo de difusión a la prensa.

El balance económico del Gobierno requiere un plazo mínimo de 360 días

En los últimos días se ensayaron diversos análisis a modo de primer test del Gobierno de Cambiemos, encabezado por el presidente Mauricio Macri, con motivo de los primeros 100 días que se cumplieron el 10 de marzo, sin ser muy rigurosos con las fechas.

Sin embargo, en el terreno económico no sólo se trata de muy poco tiempo, porque está aceptado que para evaluar la performance de la actividad agregada y a partir de ahí de sus derivados el consumo, el comercio exterior, las finanzas públicas, el empleo, la inversión y la situación monetaria y el nivel de pobreza de la población, se requieren al menos de dos trimestres o tres para advertir si se está frente a más de lo mismo agravado, o de un cambio de carácter permanente, sustentable, o meramente accidental o débil.

Pero además, en la Argentina, por esas cosas de las crisis institucionales recurrentes desde la vuelta a la democracia en 1983 los presidentes asumen el 10 de diciembre, con la excepción de la crisis de fines de 2001-2002 que determinó reiniciar el ciclo por única vez el 25 de mayo de 2003, pero con finalización el 10 de diciembre de 2007, cuando antes de los golpes de estado de los 70 y 80 las asunciones ocurrían al comienzo del último trimestre, un 12 de octubre, o a mitad de año, entre junio y julio.

Este no es un punto menor, que debería ser revisado con la votación legislativa de una addenda a la Constitución Nacional, porque no es lo mismo comenzar un gobierno a comienzos de un tercer trimestre en el que casualmente empiezan los trabajos de elaboración del Presupuesto de Gastos y Recursos para el período entrante y las pautas plurianuales para los tres años siguientes de mandato, que hacerlo sobre el filo del cierre del año calendario y fiscal en el que, además, hereda un Presupuesto aprobado por el oficialismo viejo, como ocurre ahora en que la ciudadanía votó el recambio.

Pero además, desde la óptica meramente del análisis económico no es lo mismo hacer un balance de los primeros 180 en el período de alza estacional de la actividad, que hacerlo justo en el de baja, y para peor en un contexto de una conocida herencia de destrucción de las estadísticas básicas que impiden no sólo conocer los números reales y contrastarlos con las estimaciones de las consultoras privadas, sino tampoco contar con series ajustadas por estacionalidad.

De ahí que luego de una acelerada etapa de normalización de las estadísticas y de las relaciones internacionales, tanto comerciales, como financieras, para lo cual el 14 de abril se ha fijado como punto de partida del antes y después, habrá que esperar el desempeño de las variables económicas de lo que resta del segundo trimestre y todo el tercero, para poder evaluar con números concretos, más que con sensaciones y percepciones sesgadas, según lugares de residencia, bandera política o situación de ingreso, sobre los progresos o fracasos registrados.

Eso nos lleva, como mínimo, al 10 de diciembre próximo, que es la fecha en la que el Indec podrá mostrar los datos relevantes de actividad, empleo, inversión, deuda pública al 30 de septiembre, que se informan cada tres meses con amplia desagregación, y el Gobierno presentar sus metas revisadas para el nuevo año en que a través de la renovación parcial de las cámaras legislativas podrá percibir la real evaluación de la población de su primer año y medio de gestión.

Segundo trimestre clave
El primer trimestre de Gobierno, a contramano de la estacionalidad baja de la actividad productiva y comercial, ha sido singularmente intenso en el flanco político, tanto en lo que respecta a la construcción de poder interno a una velocidad que sorprendió tanto a propios como más aún extraños, como en las relaciones diplomáticas, y en especial en espinoso terreno de las finanzas internacionales con holdouts que aparecían como intransigentes e indomables.

Ahora se espera que adquiera mayor protagonismo el frente económico y social, en lo que por la elección del gradualismo gran parte de la sociedad deberá enfrentar el dolor de las recomposiciones de los cuadros tarifarios de gas, agua, transporte y comunicaciones, y las empresas ajustar sus presupuestos a las definiciones de subas salariales que se acuerden en paritarias, la mayoría concentradas en ese período; mientras que el Banco Central no podrá sostener una política de tasas de interés en torno a 40% anual, si quiere contribuir a recomponer los índices de bancarización y de crédito al consumo de corto plazo, como de inversión productiva y en especial hipotecario y prendario.

Eso requerirá también replantear las modestas previsiones de Hacienda y Finanzas de baja del déficit fiscal, porque con un rojo heredado de más de 7% del PBI, equivalente a más de dos meses de ingresos fiscales genuinos, reducirlo a cerca de 5% del PBI implicará que el Tesoro nacional continúe dependiendo del auxilio financiero del Banco Central y del uso del fondo de ahorro de los jubilados, esto es del impuesto inflacionario, aunque sea atenuado en las metas a un rango aún inquietante de 20 a 25% anual.

En su visita a Buenos Aires el presidente Barack Obama dijo que una de las claves de sus buenos resultados económicos, con 72 meses consecutivos de crecimiento del empleo y reducción del déficit fiscal, fue el haber tomado las medidas duras, antipáticas, de una sola vez: “A veces el dolor a corto plazo y el tener que tomar acciones decisivas en una etapa temprana es lo más oportuno, en lugar de dejar las cosas para mañana y terminar con una serie de problemas que se perpetúan”, dijo.

El gradualismo que eligió Alfonso Prat-Gay, sostenido y alentado por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, para avanzar no sólo en metas más ambiciosas de disciplina fiscal, sobre todo a la luz del desmadre encontrado en todas las reparticiones públicas en materia de sobre dotación de personal no sólo física, sino también nominal, esto es inexistente para justificar movimientos de fondos a destinos desconocidos pero sospechados, presupuestos descabellados tanto de obras públicas no hechas pero pagadas, como de bienes y servicios, deudas no registradas con proveedores del estado; sino también en la normalización de todos los cuadros tarifarios, pero también de los planes asistenciales y régimen tributario integral, para asalariados, autónomos, monotributistas y empresas (ajustes por inflación), explica el deterioro de las expectativas inflacionarias y con ello de las posibilidades de rápida maduración de las esperadas inversiones productivas, dado que la mayoría no pasan del estado de los anuncios y promesas, a la espera de gran parte de esas soluciones.

En 8 años la Argentina dilapidó más de USD 98.000 millones

Ese fue el crecimiento del poder de compra de las exportaciones que estimó el nuevo Indec desde enero de 2008 hasta diciembre de 2015 por la diferencia entre el aumento de los precios de los productos que más vende la Argentina al resto del mundo, principalmente alimentos, y el incremento de las cotizaciones de los productos que más importa, insumos y máquinas para la producción y automotores.

Curiosamente, la mayor ganancia comenzó a registrarse en el año en que Cristina Kirchner finalizaba su primera presidencia y que decidió coronarlo con la implementación del cepo cambiario, a partir de noviembre de 2011, con poco más de USD 17.000 millones y alcanzó el pico el año siguiente con USD 18.500 millones.

Sin embargo, el desacierto de esa medida, que fue el puntapié inicial que condujo al estancamiento de la actividad agregada, con el consecuente efecto contractivo sobre la inversión productiva y el empleo, por un lado, y la derivación natural en el salto exponencial de los bolsones de pobreza e indigencia, por el otro, impidió que semejante ganancia de los términos de intercambio con el resto del mundo se tradujera en una clara mejora de la solvencia externa del país.

Por el contrario, pese al régimen de control de cambios, en el que todas las transacciones del comercio exterior debían pasar por las ventanillas del Banco Central, la posición de reservas brutas en divisas en la entidad, lejos de crecer en un monto aproximado a dichos US 98.000 millones, se derrumbaron en casi USD 21.000 millones, puesto que pasaron de USD 45.711 millones a USD 24.816 millones, luego de sumar USD 11.000 millones del canje de monedas con el Banco Central de China.

Tampoco semejante viento de cola sobre el saldo positivo del comercio exterior argentino redundó en una disminución de la deuda pública total, en moneda extranjera y nacional, pese a que en esos ocho años se hizo alarde de modo reiterado de una supuesta política de desendeudamiento y se avanzó en 2010 con el canje de la deuda en default del 72% a 93% de los bonistas, con quita de más de 70%. Los últimos datos de la deuda pública al 30 de septiembre de 2015, difundidos por el gobierno de entonces, dieron cuenta de un pasivo que pasó de USD 144.729 millones a fines de 2007 a USD 239.959 millones, ocho años después.

Y tampoco se advierten aumentos en los activos tangibles, tales como mejora en la infraestructura vial, portuaria, vivienda, sanitaria, seguridad pública y ni que hablar energética.

Cabe destacar que luego de la crisis de fines de 2001 y 2002, el ex presidente Néstor Kirchner recibió una economía con una deuda pública registrada de unos USD152.000 millones y merced al canje de deuda de 2005 finalizó su mandato con un pasivo de USD 144.700 millones. Esa fue la herencia que recibió la primera presidencia de Cristina Kirchner, y pese a la supuesta política de desendeudamiento, reforzada con la reapertura del canje de la deuda en default en 2010, concluyó su primer período de Gobierno con una deuda pública que se elevó a USD 179.000 millones.

Los cuatro años siguientes fueron aún más críticos, pese a que fue el período en que más mejoraron los términos del intercambio comercial con el resto del mundo, porque ese pasivo se catapultó a USD 240.000 millones, al 30 de septiembre de 2015, que es el último dato conocido.

Peor, pero no tanto
Ahora el escenario cambió sustancialmente, por el ciclo de baja de los precios internacionales de las materias primas, con un promedio de caída de más de 15% en 2015 en el caso de los productos exportables y de 12% en el de los bienes que se importan, principalmente combustibles.

Sin embargo, no sólo en el caso del último trimestre de ese año se observó una mejora de los términos del intercambio de casi 4%, sino también que en un análisis retrospectivo se advierte que los precios internacionales continúan resultando favorables para la Argentina en más de 26% respecto del nivel que tenían diez años antes.

A ese efecto se agrega que desde el 17 de diciembre, con el levantamiento del cepo cambiario, que siguió a la medida previa de eliminación de la mayor parte de las retenciones a las exportaciones, se incrementó sustancialmente la capacidad competitiva de la producción nacional.

Es hora de que Prat-Gay encare una enérgica disciplina fiscal

El éxito del fin del cepo cambiario, porque no se dieron ninguna de las catastróficas profecías de los timoratos de siempre, así como el rápido acuerdo alcanzado con los holdouts más duros -sólo resta la aprobación del Congreso- debieran ser fuertes motivadores para avanzar aceleradamente hacia la búsqueda de la disciplina fiscal, condición sine qua non para atacar de cuajo el flagelo de la inflación y con ello comenzar a exterminar la pobreza.

Ya se ha dicho, y no parece ocioso reiterarlo, el destacado esfuerzo que está haciendo el Banco Central por sacar del circuito financiero el enorme excedente de pesos que dejó el Gobierno anterior, estimado en más de 30% de la cantidad de dinero en circulación al 9 de diciembre. Sin embargo, se sabe que la respuesta de los mercados a esa política de esterilización es lenta, entre 12 y 18 meses, y siempre y cuando se puedan cerrar todos los grifos que alimentaron semejante inyección de pesos.

Pero la pesada hipoteca que recibió el Gobierno, con muy pocos activos y una enorme carga de pasivos, como las compensaciones por la irresponsable y hasta supuestamente delictiva de venta de USD 17.000 millones de reservas a precios de liquidación, según se desprende del llamado a indagatoria por el juez Claudio Bonadío a la ex presidente Cristina Kirchner, al ex ministro de Economía Axel Kicillof y al ex presidente del Banco Central, por esa acción que se estimó implicará una inyección adicional al mercado de más de $100.000 millones, equivalente a otro 20% de la base monetaria, exige un esfuerzo adicional del Banco Central, el cual se manifestó en el salto de las tasas de interés de las Lebac a 37% anual.

Si bien se puede argumentar que el aumento del costo del dinero tendrá un carácter transitorio y que no debería trasladarse rápidamente a las tasas de interés de las colocaciones a plazo fijo y menos aún al costo del dinero para las empresas y familias, no se podrá evitar que una suba de casi seis puntos porcentuales anuales en una licitación para absorber apenas poco más del 2% de la cantidad de dinero en circulación, sea interpretada por los mercados como una señal clara de las restricciones para desacelerar la inflación y con ello todo lo que viene asociado: alza del dólar, caída de los salarios, aumento de la pobreza, demora de las inversiones productivas, etc., etc.

De ahí que pareciera que el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, debiera ya abandonar su vocación gradualista para poner en caja las finanzas públicas, como se interpreta el objetivo que anunció de reducir el déficit fiscal antes del pago de intereses del corriente año de 5,9% del PBI heredado a 4,9%, y presentar un plan integral de disciplina fiscal, severo recorte y hasta eliminación de los subsidios económicos, esto es a empresas y familias con ingresos muy superiores al promedio nacional, acompañando por otros Ministerios con un rápido encuadramiento de las tarifas de gas, agua, transporte y telefonía, y la equivalente compensación a los sectores más desprotegidos con un refuerzo adicional de los subsidios sociales y hasta la recomendación de un aumento salarial, a modo de anticipo de lo que finalmente cada sector negocie en paritarias, luego de que se niveles todas las variables que habían quedado desfasadas .

Sólo así, y con un Banco Central que está obligado a compensar las pérdidas de las operaciones de venta de dólares a futuro a precio de remate por la anterior administración con una expansión adicional de base de hasta $70.000 millones hasta junio, pero al mismo tiempo a no abandonar su objetivo de desacelerar la creación primaria de dinero, las expectativas de inflación empezarán a ceder, clave para preparar el terreno para la llegada de inversiones, tanto del exterior, como más aún de los residentes que, como pocos en el mundo guardan parte de sus ahorros en moneda en cajas de seguridad bancaria.

Cambios de precios relativos versus inflación
Claramente, una estrategia de ese tipo es temida por el efecto inmediato sobre la suba de las tasas de interés y su supuesto impacto sobre una actividad económica que no crece, pese a que el estancamiento con alta inflación, destrucción de empleos y creciente pobreza tuvo lugar en un escenario de singular excedente de pesos y tasas de interés reales negativas, esto es que no le compensaba al ahorrista el efecto de la suba de los precios de los bienes y servicios que intentaba postergar su consumo.

Se sabe también que el uso del crédito ha sido muy escaso en los últimos cinco años, al punto que el Presidente dijo en su mensaje a la Asamblea Legislativa que en ese lustro “la Argentina dejó de recibir USD 100.000 millones y con eso se impidió que se generaran unos dos millones de puestos de trabajo”. De ahí que como estrategia antiinflacionaria y por corto plazo, subir drásticamente los encajes para retirar del mercado todo el excedente de pesos de una vez a costo cero para el BCRA, pareciera la medida recomendada para enfriar las expectativas de inflación e ingresar en serio en la etapa de normalización de las finanzas públicas, clave para recuperar la senda del crecimiento y atacar de cuajo la inflación y la pobreza.

Eso requiere que el gasto se concentre en lo relevante, y los ahorros que se obtengan con la limpieza de los focos de corrupción, de la eliminación de los sobreprecios en las contrataciones de bienes, servicios y obra pública y se prescinda del pago de salarios a quien no trabaja (ñoqui), se destinen tanto a exterminar el agobiante déficit fiscal heredado, como a encarar las tareas imprescindibles en materia de obras de infraestructura no hechas en la última década.

De ahí que no se comprende como el ministro de Hacienda y Finanzas que tuvo la convicción y la firmeza para enfrentar sin titubeos el fin del cepo cambiario y de la mayor parte de las retenciones, y haber logrado en tres meses lo que otros no pudieron, no quisieron o no supieron lograr en 15 años, estar próximo al fin del default de la deuda pública, se muestre tan cauteloso en impulsar una rápida disciplina fiscal y acompañar la ardua tarea que le compete al Banco Central, para transmitir a la sociedad civil y a las empresas la convicción de que ese es plan antiinflacionario, clave para acelerar las inversiones; primero serán las financieras para enfrentar los vencimientos de deuda; luego llegarán los créditos de organismos internacionales para reactivar las obras de infraestructura y finalmente las productivas en ampliaciones de plantas, renovación tecnológica y llegada de nuevas empresas.

Fuerte lobby por Ganancias, muy pobre por salarios y los desempleados

La decisión del Gobierno de Mauricio Macri de comenzar a “normalizar” el sistema tributario, primero vía la eliminación generalizada de las retenciones sobre las exportaciones y baja parcial para el complejo oleaginoso, y ahora con la suba del mínimo no imponible de Ganancias y la extensión del alcance a los trabajadores autónomos, y se proyecta avanzar con la revisión del mínimo no imponible sobre los bienes personales y también con la aplicación de un IVA diferenciado para la compra de alimentos para jubilados y sectores de bajos ingresos, probablemente a través de un sistema de devoluciones hasta cierto nivel de compra, parece haber generado más rechazos que adhesiones, tanto de altos dirigentes sindicales, como Hugo Moyano, hasta encumbrados economistas y periodistas supuestamente especializados.

Semejante reacción, al punto de que se insiste en que “con la suba del mínimo no imponible, pero sin cambiar las escalas, se sigue cobrando el impuesto al trabajo”, dijo Hugo Moyano, pero también lo sostuvo una amplia legión de comunicadores, analistas, políticos de oposición y encumbrados artistas y personalidades de la televisión abierta, parece exagerada si se tiene en cuenta que en la Argentina los asalariados alcanzados por Ganancias representan menos de 7% del total de los trabajadores, o dicho de otro modo, 1 por cada 15 ocupados en una tarea rentada, en blanco y negro. Continuar leyendo