Otra vez los ineficientes controles de precios

El Gobierno nacional, impulsado por el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, que considera que el precio de la carne está aún alto y que no ha bajado lo suficiente (“A nuestro entender todavía sigue siendo alto, porque el precio salida de industria de la costilla es de $65”, dijo al inicio de los feriados de Carnaval) se abocó a salir a la calle para controlar los precios.

No era la primera vez que funcionarios del Gobierno nacional alertaban a empresarios industriales y del comercio que si es necesario aplicar las normas vigentes y hasta abrir la competencia de las importaciones lo iban a hacer para que no haya abusos en la remarcación de precios.

Era sabido que entre los costos de la herencia recibida estaban la salida del cepo cambiario, por el consecuente atraso deliberado de la paridad entre el peso y el dólar, y el fin para gran parte de las retenciones que terminaron por deprimir las exportaciones de todo tipo, y la inflación contenida, porque levantar esos obstáculos iba a provocar un natural cambio de precios de los bienes que estaban constreñidos. No se escapó la cotización del dólar, pero sí la de muchos alimentos, no sólo la de la carne, la harina o la leche. Continuar leyendo

10 factores que debería contemplar la discusión paritaria

¿Quién puede asegurar hoy que la tasa de inflación de todo 2016, entre extremos, se ubicará en el rango de 20% a 25% que anticipó como meta objetivo el Gobierno o entre 32 y 38% como como comenzaron a estimar economistas de bancos de inversión internacional?

No se trata de antemano de desacreditar cualquier estimación, una siempre optimista por parte de las autoridades nacionales, y otras basadas en criterios que se asumen realistas a la luz del ritmo de expansión histórico de la cantidad de dinero o de los efectos del sinceramiento de algunas variables, singularmente atrasadas respecto de cualquier comparación histórica o internacional, como las tarifas. Sino simplemente de advertir que, a priori, se está frente a un cambio sustancial, tanto en lo político como en lo económico respecto de los doce años precedentes que no debieran ser desestimados.

Si realmente empresarios, trabajadores y Gobierno aspiran a un país que avance hacia una rápida desaceleración virtuosa de la inflación, esto es que no sea a costa de provocar mayor recesión, aumento de la pobreza y aislamiento del mundo, sino con crecimiento y mejora de la calidad de vida general de sus habitantes, la perspectiva de negociación no deberá ignorar el pasado, pero tampoco subestimar el futuro. La posibilidad de revertir una historia pendular y de crisis cada siete a 10 años, con un primer año malo de fuerte ajuste, como pasó en 1990 o 2002, para no ir más lejos, siempre es viable, aunque no necesariamente probable que se repita.

Una incompleta lista de factores que las partes participantes en las negociaciones paritarias de salarios, sea entre trabajadores dependientes del estado y sus empleados, como los docentes, o entre privados, para aumentar la posibilidad de un escenario de ganar- ganar, cada una de las partes, debería contemplar:

1. El cambio de signo político de Gobierno, pero fundamentalmente de estilo, claramente abierto al diálogo, dispuesto a comenzar a revertir los severos desequilibrios monetario, cambiario, fiscal y la realidad social, y fundamentalmente el objetivo de exterminar las decisiones discrecionales y por tanto arbitrarias;

2. Una de las primeras medidas que tomó el Gobierno, previo a la supresión del cepo cambiario, fue la eliminación de las retenciones a las exportaciones de trigo, maíz, economías regionales, y leve baja para el complejo sojero. A partir de ahí, algunos analistas, pero principalmente sindicalistas, alertaron por la inmediata transferencia de ingresos al sector más poderoso de la economía, el cual representa dos de cada tres dólares que generan las ventas totales de la producción nacional al resto del mundo, pero menos de 10 dólares por cada 100 dólares de riqueza que genera el conjunto de residentes en un año: trabajadores, empresarios y Gobierno. Sin embargo, si bien muchos precios al consumo se han elevado en respuesta a esos cambios, la transferencia de ingresos no se produce de una vez, sino que de ocurrir lo hará gradualmente, en la medida que se vendan primero los productos que estaban retenidos en los campos, menos de 10% de la producción total, y luego gradualmente al ritmo que madure el ciclo productivo que según los casos va de seis meses a tres años como la actividad ganadera; luego de las severas pérdidas que provocó en el último cuatrienio el atraso cambiario y la baja de las cotizaciones internacionales, con la excepción de los combustibles;

3. Lo mismo puede decirse del efecto del sinceramiento cambiario que implicó el fin del cepo. Para algunos dirigentes interesados en llevar agua para su molino, como ciertos líderes sindicales que buscan validar sus pergaminos, hablan de un salto de más de 40% respecto del nivel que tenía la paridad oficial entre el peso y el dólar antes del 17 de diciembre. Pero no sólo a aquella paridad de referencia accedían los que participaban del comercio exterior, entre exportaciones e importaciones no más de un cuarto de los que generan riqueza; más unos 7 de cada 100 trabajadores que la AFIP validó hasta el 16 de diciembre para comprar divisas para ahorro y otro tanto que recibían un reintegro del pago a cuenta del 35% de sus gastos con tarjeta en el resto del mundo. El resto, entre el 70% de los generadores de riqueza y más de 90% de los trabajadores que querían o necesitaban comprar un dólar deberían acudir al sofisticado sistema de compra por el canal bursátil (dólar liqui y MEP), en su amplia mayoría al circuito libre, marginal o blue a valores superiores a los actuales. De ahí que para la mayoría de la sociedad la devaluación del peso, o lo que es lo mismo, la caída de los salarios en dólares se produjo a lo largo de los pasados cuatro años. Por tanto, si se consideraba que con los ajustes en paritarias y la movilidad jubilatoria en ese período se compensaba ese efecto, queda invalidado el argumento de la necesidad de recuperar poder adquisitivo por una devaluación que no fue tal;

4. Aún no se definieron las correcciones que tendrán las tarifas de los servicios de gas, agua y del transporte público de pasajeros, además de los movimientos estacionales de los precios de los artículos y servicios escolares y la ropa de la nueva temporada, los cuales como la energía eléctrica, absorberán una parte creciente del salario de los trabajadores, porque en los últimos años fueron aumentados muy por debajo de cualquier pauta salarial y de inflación, y sólo se sostuvieron con la transferencia de subsidios de la Nación, los cuales a la postre alimentaban la inflación, porque el déficit de las finanzas públicas requería del auxilio de la emisión de dinero por parte del Banco Central. Esa política no sólo derivó en estancamiento del PBI, sino peor aún en la escalada de la pobreza, que ahora se aspira a extinguir en cuatro años;

5. Desde la crisis de 2001, los datos informados por el Indec hasta noviembre 2015, el promedio de salarios de los trabajadores registrados en el sector privado aumentó 1.450%, mucho más que el 922% que experimentó la nómina del sector público en su conjunto, y también, aunque con menor brecha, que el 1.390% de la inflación que midió el Indec hasta diciembre de 2006 y el empalme con el consenso de las estimaciones de las consultoras privadas hasta el cierre de 2015. En ese tramo, la jubilación mínima se incrementó 2.766%, aunque se mantiene en un nivel absoluto indudablemente bajo: 4.299 pesos. De ahí que, en promedio, no se está frente a un singular desfase en la relación precios y salarios, al menos respecto de la situación prevaleciente en los últimos 15 años;

6. Las finanzas de las empresas, en particular de las medianas y pequeñas no pasan por un buen momento, porque si bien nominalmente, en promedio, subieron sus precios y actualizaron los salarios de la nómina para minimizar la conflictividad laboral, enfrentan los efectos del estancamiento del mercado interno en los últimos cuatro años, contracción del negocio de exportación por el atraso cambiario en ese período; más la pérdida de productividad que provocó la discrecional política de aprobación de importaciones, tanto de insumos básicos, como de máquinas y repuestos que no se fabrican localmente. Ese cuadro luce congruente con el anuncio de la AFIP de que decidió diseñar un plan de financiación permanente de deudas que reglamentará en los próximos días;

7. Diferencia entre el cambio del nivel de precios de un bien o servicio y la inflación. Esta última se define como “el aumento persistente y generalizado de los precios de la economía”, mientras que la corrección de una vez del valor de las tarifas de luz, o gas, o agua, que según dijo el ministro Juan José Aranguren, será por única vez en el corriente año; no puede proyectarse como la tasa de inflación a un año vista;

8. Expectativas y realidad. Uno de los reaseguros que tomó el Banco Central de la República Argentina como parte de su objetivo de reducir la inflación a un dígito en cuatro años y contribuir a la recreación del ahorro y el crédito en moneda nacional fue subir la tasa de interés de las Lebac de 28 a 38% anual. A poco más de 50 días de esa medida, la renta que ofrece por esos títulos bajó a 30,5% anual, y se aproximó al nivel previo. La otra, fue iniciar un proceso de sacar del mercado el excedente de pesos que presiona sobre la inflación: la base monetaria que acusaba un ritmo de aumento de más de 45% anual hasta el 9 de diciembre, ahora se atenuó a 32%. Y en la medida en que las autoridades de Hacienda decidan actuar con mayor ímpetu en la reducción del abultado déficit fiscal, la tasa de emisión podrá converger más temprano que tarde a la zona de 20 por ciento;

9. Un rápido encuadramiento de las finanzas públicas permitiría una mayor velocidad de desaceleración de la expansión monetaria y con ello de las expectativas de inflación, fenómeno que se considera clave para reanimar la inversión productiva, local y extranjera, y de ese modo impulsar el empleo privado y absorber la destrucción de puestos improductivos e incluso no comprobados pero altamente remunerados que ya comenzó en el sector público nacional; de ahí la importancia de no sólo mostrar audacia y fortaleza para recuperar la disciplina fiscal, sino fundamentalmente de apoyarla desde todos los sectores;

10. Suba del mínimo no imponible de Ganancias a un salario de bolsillo de $29.266, se argumenta como un factor de compensación de una menor tasa de negociación de suba salarial por parte de las empresas. Sin embargo, ese beneficio recaerá sobre no más del 10% de los asalariados registrados y menos del 5% del total de los trabajadores, de ahí que si ese fuera el criterio para calmar las demandas de los gremios más poderosos y de altas remuneraciones relativas como petroleros, camioneros y bancarios; también debiera pensarse en una medida compensatoria para el resto de los trabajadores, ocupados y más aún desempleados, como suba de las asignaciones familiares y de los planes asistenciales.

Cambio de estrategia
Frente a semejante escenario, de arrastre y proyectado, bien podría plantearse que las partes, empresas y sindicatos, pero también el Gobierno, evalúen la posibilidad de definir un criterio de pauta anual para las negociaciones de salarios en paritarias, pero sin fijar ni montos ni tasas de ajuste.

Claramente, en un ambiente de alta inflación por más de ocho años, pero que también se proyecta para 2016, algunos con desaceleración, otros con intensificación, es impensable, encontrar un punto de acuerdo para fijar una tasa de referencia, aunque luego se la dividida en dos o tres partes. Pero existe una alternativa que ya han comenzado a seguir algunos sectores, como el del mercado de venta de automotores: acordar un aumento de salarios cada tres meses sobre la base de la tasa de inflación real de los últimos tres meses.

Un avance lo dio el Ministerio de Hacienda y Finanzas, al reconocer como factor de actualización del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) para los títulos de la deuda pública ajustables por inflación, las mediciones que hacen las Direcciones de Estadística del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de San Luis, las cuales determina mes a mes.

Si esa referencia fuese aceptada y el período de ajuste pactarlo de modo trimestral, aunque para la primera actualización podría partirse de la última suba de los salarios, en algunos gremios fue en julio, en otros agosto, septiembre u octubre, y en los siguientes cada tres meses, se podría contribuir al objetivo de converger a una menor tasa de inflación sin que nadie pierda.

Y dado que se está frente a una situación excepcional de cambio de Gobierno y de políticas, también se podría acordar que la actualización de los salarios se pacte para todos a partir del corriente mes o a lo sumo del próximo, para equiparar las aguas con las medidas que favorecieron a algunas empresas productoras de bienes y servicios.

El shock a cuenta gotas es enemigo de las expectativas

El Gobierno experimentó exitosamente la salida del cepo cambiario sin que hasta ahora se cumplieran los vaticinios de muchos economistas que recomendaban el gradualismo, al menos para los primeros 100 días, porque de lo contrario se corría el riesgo de caer en una espiral inflacionaria provocada por una violenta depreciación del peso.

A poco más de 40 días de la acertada decisión de comenzar a normalizar la economía, eliminando restricciones que causaron sólo daños a la mayoría de los argentinos, sea por la destrucción de las reservas del Banco Central, al erosionar groseramente la competitividad de la producción nacional, sea por la destrucción de las oportunidades laborales, sea por haber resultado un ancla fallida contra el control de la inflación, aquellos temores virtualmente desaparecieron.

Sin embargo, en materia fiscal, el Gobierno sigue respondiendo a las recetas de quienes aconsejan un avance gradual hacia el encuadramiento del desmadre que recibió en las finanzas públicas, con anuncios parciales y resoluciones confusas sobre los cambios en los cuadros tarifarios y asignaciones discrecionales en el reparto de los fondos coparticipables con las provincias, pese a que de ese modo en poco contribuye a corregir los singulares problemas de fondo.

De ahí que no sorprendió que en el primer mes de Gobierno la confianza de los consumidores se haya mostrado mezquina en su evolución, con una modesta baja 1,6%, atenuada por una leve mejora en la Capital Federal y en menor medida en la Provincia de Buenos Aires, donde ganó el actual oficialismo, dada la brusca caída que un informe para la Universidad Torcuato Di Tella detectó en el resto del país.

Ese escenario determinó que por segunda semana consecutiva el Banco Central tuviera que limitar al mínimo en la última licitación de Lebac la política de absorción del abultado excedente monetario que recibió en herencia, más los $40.000 millones que debió inyectar al mercado en compensación por la irresponsable venta de dólares a futuro a una paridad singularmente subsidiada por el equipo que respondía a las decisiones e iniciativas de Alejandro Vanoli en el último mes de la presidencia de la Nación de Cristina Kirchner.

Inflación, recesión y algo más
Uno de los grandes costos que está enfrentando el presidente Mauricio Macri es que el gradualismo en la corrección de los grandes frentes abiertos en el plano fiscal, que ha dejado un arrastre de déficit de más de 7% del PBI, es que en lugar de haber provocado un cambio de una vez en el nivel de precios relativos de la economía, con la eliminación de las retenciones, con la excepción del complejo sojero, el sinceramiento cambiario; la supresión de los subsidios a los consumos de luz y gas para los sectores de altos ingresos; congelamiento nominal del gasto público -dado el colchón que tiene incluido en sobreprecios en las contrataciones, empleados ñoquis, y superposición de tareas y asignaciones de gastos, en particular en publicidad y propaganda, y asesorías externas-, está provocando una espiral inflacionaria que sólo en las expectativas de todos los bien intencionados se espera que se corte hacia el comienzo del segundo semestre, aunque a costa de una nueva recesión del consumo y la producción.

Los índices de inflación reconocidos oficialmente hasta que el Indec vuelva a publicar el Índice de Precios al Consumidor Nacional Urbano, arrojó en diciembre 3,9% en el caso de la medición de la Dirección de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires y 6,5% en la estimación de la Dirección Provincial de Estadística y Censos de San Luis; y se proyecta otro tanto, para enero, y también para febrero con los aumentos que comenzarán a regir para los cuadros tarifarios de luz, pese a que se atenuarán con el establecimiento de una tarifa social, y para los pasos por los puestos de peajes, y marzo con la estacionalidad de los productos y servicios escolares, el cambio de temporada para la ropa y los servicios de turismo para la temprana Semana Santa.

Este no es el mejor escenario para evitar tensiones y reclamos de los gremios de recomposición salarial muy superiores a las metas objetivo que anunció el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prar-Gay, del 20 a 25%, y menos aún respecto de la banda más cercana al extremo que anticipo Mauricio Macri en Davos.

Todavía se está a tiempo para anunciar un plan concreto de reordenamiento fuerte de las finanzas públicas, que facilite la tarea del Banco Central de tender a la estabilidad monetaria y de los precios, clave para poder reimpulsar el crédito hipotecario, como se han fijado como objetivos relevantes los nuevos presidentes del Banco Nación, Carlos Melconian y del Provincia de Buenos Aires, Juan Curutchet, y dejar para presentar al Congreso el 1 de marzo las discusiones también relevantes de cambios en la coparticipación federal de impuestos; reforma tributaria, Asignación Universal por Hijo y prioridades en el plan de obras públicas, entre otras iniciativas.

De lo contrario, los anuncios y decisiones casi diarias de política económico-social lejos de contribuir a mejorar el escenario para volver a crecer y reconstruir la confianza, pueden llevar a realimentar un estado de incertidumbre que podría tornase creciente a medida que se diluye la clásica “luna de miel” que acompaña inicialmente a todo nuevo gobierno.

El camino lento encontró un obstáculo que persistirá después de Davos

La autoridad monetaria no pudo avanzar el último martes en la reducción del índice de confianza que refleja el curso de las tasas de interés de corto plazo, vía la colocación de Lebac, la debió sostener en 31% anual y retirar del mercado apenas $2.548 millones de un excedente que se mantiene elevado (más de 50 veces ese monto) y presiona sobre la inflación.

Se puede asumir que la competencia de instrumentos de absorción monetaria y, a la vez fuente de financiamiento del sector público en su conjunto, como la emisión de Bonar 2020 por USD 5.000 millones, unos $70.000 millones, pudo haber contribuido a ese resultado. Pero como la licitación fue declarada desierta porque el rendimiento que buscaron los inversores superó con creces las expectativas de Hacienda, aún restarían esterilizar más de $110.000 millones.

La cuenta parece sencilla: para equilibrar la cantidad de dinero primario con las reservas en divisas a un cambio en torno de $14 por dólar la base monetaria no debería superar los $350.000 millones, esto es $250.000 menos que el nivel actual. De ese total, unos $75.000 millones pueden sostenerse porque el plan para salir rápido del cepo cambiario logró disipar la demanda de los importadores; mientras que otros $60.000 millones se requieren para las transacciones en una economía que entre diciembre y enero acumuló casi 10% de inflación. Continuar leyendo

Prat-Gay habló de objetivos y poco del programa

El ministro de Hacienda y Finanzas Públicas parece haberse tomado en serio la decisión del presidente Mauricio Macri de no constituirse en un súper ministro de Economía, como casi históricamente predominó en la Argentina, y conformar un equipo de notables, dado que en las últimas semanas virtualmente estuvo ausente de los medios, al menos en comparación con la mayor parte de su entorno.

Luego de un par de semanas en la que se habían mostrado mediáticamente muy activos los ministros de: Energía con señales para la inversión en el sector y el anuncio de la inmediata revisión de los cuadros tarifarios; Producción con la actualización de los Precios Cuidados; Agroindustria con los anuncios de precios sostén para la lechería y búsqueda de recuperar mercados; Modernización sobre la necesidad de racionalizar el empleo público clientelar y sin escritorio; Interior en lo que respecta a la preparación de una nueva Ley de Coparticipación; e incluso el director de la AFIP con avances en la normalización del pacto fiscal con la sociedad con la devolución de impuestos retenidos y estudio de una reforma tributaria integral de Ganancias, Monotributo y Bienes Personales, entre otros, y el presidente del Banco Central, en este caso a través de señales contundentes sobre el curso de la tasa de interés y de la flotación cambiaria “limpia”, esto es sin intervención, con fuerte esterilización de gran parte del exceso de pesos que recibió de la conducción anterior, Alfonso Prat-Gay decidió hablar de la pesada herencia recibida: “la basura es mucha y no es nuestra, la dejó el kirchnerismo, pero estamos dispuestos a limpiarla”, dijo ayer con firmeza, luego de haber mantenido un encuentro en la mañana con el presidente Mauricio Macri.

Sin duda que la ausencia de declaraciones de Alfonso Prat-Gay hasta ayer no significaba que estuviera inactivo y despreocupado por definir las pautas del Presupuesto de 2016 y los objetivos para el cuatrienio, una herramienta largamente esperada por los agentes económicos para definir sus prometedoras decisiones de inversión frente a un escenario que se presenta como “pro mercado”, y en especial en elaborar la estrategia para arribar a un pronto acuerdo de pago con los holdouts, que se considera clave para delinear el plan financiero del año, con la vuelta a los mercados de deudas y obtener una rápida mejora de las calificaciones de riesgo de las evaluadoras de riesgo soberano, amén de otras medidas necesarias de política económica para que el país pueda lograr el anhelado grado de inversión.

Dichos e interpretaciones
Es cierto que cuando habló Prat-Gay, en particular sobre su visión entre la relación de los aumentos salariales y el nivel de empleo, sus palabras fueron interesadamente mal interpretadas por algunos caciques sindicales, porque luego del sinceramiento del mercado de cambios y la eliminación de las retenciones se asistió a un relevante aumento de precios, en particular de los alimentos, que disparó la inflación de diciembre a un rango del 4%, con el consecuente efecto negativo sobre el salario real y el consumo de las familias de menores recursos.

Mientras que con el silencio del ministro de Hacienda y Finanzas parecieran haberse revertido o atenuado esas inquietudes de los sindicatos y los pedidos de ajustes salariales de hasta 50%, de la mano de una sintonía fina con el Banco Central, que posibilitó que las tasas de interés se aproximen a las que regían antes del fin del cepo cambiario y se desacelera el ritmo de suba de precios, en particular en los alimentos, aunque ahora enero se proyecta también alto de la mano de los servicios; garaje, expensas, medicina prepaga, entre otros, y del incremento de los combustibles pese a la fuerte baja del petróleo.

Pero lo hecho y anunciado en los casi primeros 30 días sin cepo cambiario aparece muy desbalanceado entre los sectores que rápidamente recibieron el impacto positivo, como los exportadores; el agro; los importadores de autos de alta gama y los que arrastraban demoras de hasta tres años en las devoluciones de impuestos por parte de la AFIP, y quienes por el contrario acusaron los efectos negativos del encarecimiento de los alimentos, pese a que muchos de ellos ya se habían disparado en los últimos ocho años, como el caso de la carne vacuna que derivó en una contracción del consumo por habitante en más de 13%, de 69 a 60 kilos promedio por año.

Sin embargo, ayer el ministro de Hacienda y Finanzas consideró que no es extrapolable al resto del año de la corrección de precios relativos entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre, porque “los datos de la primera mitad de enero muestran que la inflación ha retornado a los niveles de septiembre y octubre, y por tanto si esto se mantiene corroborará que sólo hubo una pequeña joroba”.

Ver para creer
No obstante, del lado de los empresarios se advierte en muchos casos en estricto off the record que aún faltan señales concretas sobre el plan para achicar un insoportable déficit fiscal que permitan convencer a los accionistas sobre que realmente todo el peso del ajuste no se depositará sobre sus hombros en compensación por la reducción de la presión tributaria, sino también en muestras concretas de baja real del gasto público, más allá de la quita de los subsidios a los sectores de mayores ingresos y de revertir algunos casos resonantes de sobrepoblación ocupacional en varios organismos, que posibilite describir un sendero de real baja de la inflación con tasas de interés convergentes entre las que se requieren para equilibrar el mercado cambiario y monetario y las que demandan los proyectos de inversión productiva de largo plazo.

Al respecto, cabe destacar que tras el último encuentro del ex presidente de Chile, Sebastián Piñera con Mauricio Macri, el empresario habría dicho: “No puedo contar lo que Mauricio Macri me dijo en nuestra reunión pero sí puedo contar lo que yo le dije a él: La situación económica argentina es muy crítica, está mucho peor de lo que la gente piensa. El país está en el club junto a Venezuela y Brasil, del gigantesco déficit fiscal. El panorama económico mundial no va a ser favorable en los dos próximos años, con lo cual Argentina no podrá tomar velas como en otras oportunidades sino remos” esquematizó el chileno, quien además aclaró que una cosa es conseguir reuniones con naciones líderes y otra, inversiones de ellas”.

Sin duda que ese cuadro se corresponde con el que describió ayer Prat-Gay, cuando reveló que “con el corte hecho a hoy, porque en algún momento había que hacerlo, el déficit fiscal primario (antes del pago de 2,3% del PBI de intereses) que para el ministro de Economía anterior era de 2,3% del PBI, para el nuevo Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas fue de 5,8% del PBI, el más alto de los últimos 30 años, y sube a 7% del PBI, el mayor de los pasados 40 años si agrega la deuda flotante que se elevó de $60.000 millones a más de $110.000 millones y los efectos de las promesas de campaña”.

Y si bien el ministro consideró que el objetivo de bajar la inflación de una herencia del 30% a un rango de 20 a 25% para fin de 2016 “no es optimista sino realista”, dijo, parece que es muy cautelosa la previsión del recorte del rojo fiscal financiero de 8% del PBI a 6% en el corriente, pese a que la atribuyó a que “la respuesta de los sectores liberados de la ataduras del cepo y todas las restricciones para operar no serán inmediatas, no obstante que ya cambió el humor, en especial en diversas economías regionales”.

El ministro se jugó por el shock para salir del cepo cambiario y eliminar la mayor parte de las retenciones, como también lo hizo el Banco Central con la suba de las tasas de interés, para desalentar la dolarización en la nueva etapa, y hasta ahora les fue muy bien, al punto que de consolidarse será motivo de estudio por las nuevas y viejas generaciones de economistas.

Pero, por el contrario, apostó al “gradualismo, aunque con firmeza” para reducir el déficit fiscal, probablemente influido por sus creencias keynesianas de que una baja más drástica de la brecha negativa entre ingresos y gastos genere una bruta recesión, pese a que fue semejante magnitud de desequilibrio en la ejecución presupuestaria la principal causa de haber convivido los últimos ocho años con una tasa de inflación superior al 20% y provocado el estancamiento de la actividad agregada, pérdida de mercados externos y destrucción de empleos privados.

Por eso que es aquí en dónde parecieran concentrarse las dudas de muchos empresarios que quieren ver antes de lanzarse a invertir en proyectos de larga maduración cuál será la respuesta de un Congreso donde el Gobierno no tiene mayoría a las propuestas de ley destinadas a “normalizar” la economía y tender a la anhelada promesa de campaña de “pobreza cero” y también de los sindicatos en las próximas negociaciones de salarios en paritarias.

Consciente de ese cuadro Alfonso Prat-Gay aclaró que sólo explicitó algunos de sus objetivos de su cartera: bajar el déficit fiscal y también la inflación y resolver la deuda con los holdouts. Mientras que dejó pendiente la presentación del programa y el rediseño del Presupuesto de 2016, tema que se comprometió a trabajar hasta el 1 de marzo cuando se reabran las sesiones ordinarias en el Congreso.

Los riesgos de una política económica con diferentes sintonías

Por tercera semana consecutiva la autoridad monetaria dispuso un nuevo recorte de la tasa de referencia para el costo del dinero en el mercado entre privados, porque quiere transmitir que las tensiones inflacionarias que generaron las expectativas del fin del cepo cambiario tienden a disiparse.

Así, el interés ofrecido por las Letras del BCRA que tuvo un pico del 38% anual antes del 17 de diciembre pasó a 35% en la primera semana sin cepo; luego se ajustó a 33% siete días después y ahora a 32% para el plazo de 35 días y descendió a 28,9% anual para el tramo más largo de 252 días.

De ese modo no sólo el directorio de la autoridad monetaria refleja un aumento de la confianza en que avanza firme hacia el sendero de tender a un objetivo de inflación para todo el año en un rango de 20 a 25%, como dijo el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, sino que lo está logrando pese a haber retirado del circuito financiero otros $23.000 millones, casi 4% de la base monetaria. Continuar leyendo