Oportunidad perdida de Kicillof

El ministro de Economía volvió de la Asamblea de Primavera del Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial con las manos vacías, porque desaprovechó la asistencia de los representantes de las principales potencias y acreedores de la Argentina para avanzar, en modo informal, hacia un acuerdo que posibilite al país volver a emerger y regenerar oportunidades de inversión y empleos de calidad, a través del cierre del capítulo del default parcial de la deuda pública.

La mayoría de los representantes de los 188 países miembros no va a ese tipo de foro a buscar algo específico, pero sin duda vuelven a sus estados con diversos logros, no sólo de tipo intelectual, porque aprovechan la posibilidad de pasar un par de jornadas completas con sus pares para discutir sobre las tendencias de sus países en forma particular, sino porque generan caminos para profundizar las oportunidades de negocios e inversiones bilaterales.

En el caso argentino, a juzgar por el balance que hizo Axel Kicillof en una improvisada conferencia de prensa, donde una vez más se puso el acento en la crítica a la prensa, el ministro fue claro: “No hay resultados porque no fui a buscar nada”.

Y claramente la Argentina necesitaba buscar muchas cosas, no sólo apoyo de los máximos dirigentes de los organismos de crédito multilateral, sino también el de muchos países para poder obtener una resolución del pendiente litigio con los bonistas que no aceptaron las condiciones de canje de deuda, y también de las naciones miembros del denominado Club de París, para encontrar una salida consensuada a más de una década de default, y poder recuperar la capacidad de ser sujeto de crédito.

Y ni que hablar de la necesidad de superar los obstáculos que impiden atraer inversores para explorar y explotar el reservorio hidrocarburífero de Vaca Muerta, revitalizar el paquete tecnológico en el agro, revertir las restricciones energéticas, generar oportunidades de negocios de exportación e importación y romper con la crónica tendencia de muchos residentes con capacidad de ahorro (personas, pero principalmente empresas) a hacerlo en moneda extranjera fuera del sistema financiero.

Pero el impedimento ideológico y la falta de convicción sobre que se está empezando a hacer algunas cosas bien justificaron que el ministro persistiera con la postura de no someter a la Argentina a la auditoría formal de los técnicos del Fondo a las cuentas públicas y política macroeconómica, como establece el reglamento constitutivo del organismo para todos los socios, sea o no su deudor, quiera o no acceder a alguna línea para financiar crisis de balanza de pagos o contar con el aval para acceder a otras líneas de crédito país-país, o de instituciones internacionales.

Obstáculos con costos sociales crecientes

Pese a que sin ese prerrequisito es imposible que la Argentina pueda aspirar a un crecimiento sustentable, con inclusión social y mejora de la distribución del ingreso entre el conjunto de los argentinos, como dijo aspirar el ministro y su Gobierno en la mañana del lunes último, más aún luego del virtual estancamiento del empleo en el último trienio, independientemente del contexto internacional, no porque lo diga el FMI, sino principalmente porque se insiste con no revaluar las instituciones e ir a contramano de la mayor parte del mundo.

Los primeros datos del primer trimestre de 2014 indican que la economía ingresó en una faz recesiva que aún no se sabe cuándo finalizará, según Juan Mario Jorrat, experto econometrista de la Universidad Nacional de Tucumán que estudia permanentemente el ciclo económico.

La tasa de inflación se afirmó arriba del tres por ciento mensual y la desaceleración esperada para abril no podrá perforar el piso de dos por ciento que era el ritmo que registró en el segundo semestre del año anterior. Para peor, la resistencia a frenar el aumento del déficit fiscal amenaza con recrear tensiones inflacionarias y cambiarias en el comienzo del tercer trimestre, cuando finalice la estacionalidad favorable de las exportaciones.

YPF debió tomar deuda a una escalofriante tasa de 8,75% anual en dólares, cuando Grecia pagó menos de cinco por ciento y naciones vecinas se pueden endeudar a un costo de tres a cuatro por ciento anual. Semejante brecha obedece al grado de incertidumbre que despierta una administración que se muestra hostil con el resto del mundo y que se manifiesta amante de romper los protocolos y los moldes de las instituciones, manipular las estadísticas y se muestra enemigo al diálogo franco y transparente no sólo en el orden interno, sino más aún con el resto del mundo. Amén que la petrolera mantiene un enorme rezago en el cumplimiento del plan de cuatro años 2013-17 de exploración y explotación del reservorio de Vaca Muerta, que tiene un objetivo de máxima de 37.200 millones de dólares y de mínima de 16.000 millones.

La devaluación de fines de enero aún no arrojó resultados positivos en términos de comercio exterior y del balance de divisas del turismo internacional y consecuentemente, las reservas del Banco Central no logran proyectar una tendencia de acumulación a tono con la estacionalidad alcista de las exportaciones del complejo oleaginoso y de la cosecha gruesa.

Y el empleo privado no sólo dejó de crecer desde fines de 2012, sino que “las empresas no proyectan despidos masivos, pero tratan de no reponer el puesto que se deja vacante, y en las PyME y en muchas economías regionales comienza a observarse cesantías por problemas de proveedores, restricciones financieras y alta presión tributaria”, dijo el abogado laboralista Julián de Diego.

Mirá lo que hago no lo que digo

Después de su relámpago viaje a Francia el 20 de enero último para comenzar las negociaciones con los acreedores del Club de París el ministro volvió con la receta mágica no autorizada por su ideología marxista: devaluar, subir las tasas de interés y bajar los subsidios a todos y todas las gentes, no a las empresas y al comercio.

Ahora parece encaminado a lo mismo, dijo el ministro que no fue a buscar nada al FMI y por eso no trajo nada, pero pocas horas después de una improvisada conferencia de prensa, mejor dicho, monólogo con la prensa, porque permitir sólo tres preguntas, de las cuales una era para alimentar su ego, la otra fue respondida parcialmente y la tercera no colmó las expectativas de los presentes, la Presidente reflotó el Plan de Competitividad de Domingo Cavallo en los 90, claramente con algunas variantes que pusieron el acento en los micro emprendedores, aunque no alivia el costo laboral del total de la nómina y, además, tiene un horizonte finito, ya que expira a los dos años de la incorporación de cada empleado, con el consecuente costo operativo de administrar la diferente antigüedad del personal.

Pero, como siempre, se avanza uno y se retrocede dos, porque es bienvenido un plan para reducir el costo laboral de las empresas, pero se hace en forma parcial, porque salvo para los micro emprendedores no baja el costo laboral para las empresas y tendrá un costo fiscal, porque no aparecen las luces para reasignar el gasto público, como primer paso para reducir la ineficiencia y despilfarro, menos aún forzar una reducción en términos reales, es decir que crezca menos que la inflación y que la recaudación tributaria, como política sólida para tender a la estabilización de los precios.

¿El FMI es duro o realista?

La presentación de un nuevo informe semestral del Fondo Monetario Internacional, con las perspectivas económicas de los países miembros, volvió a dejar la sensación de otro “más de lo mismo”. No sólo porque nuevamente ubica a la Argentina en el mismo rango que Venezuela, pese a que claramente aún existe un abismo, no sólo en lo referente a brecha cambiaria, de inflación, potencial económico, y más aún en cuanto a la situación política y social, sino principalmente porque, sin decirlo, parece insistir con la muletilla de los 80 del “ajuste fiscal”.

Desde el Gobierno, pero también muchos economistas de la oposición y consultores profesionales, destacan que en el primer trimestre de 2014, después de haber asimilado las nuevas funciones de modo formal, la dupla Kicillof- Fábrega, se abocaron a una vuelta a la denominada ortodoxia económica, como devaluar, bajar los salarios, subir las tasas de interés, reducir los subsidios, enfriar la economía, acordar las condiciones de expropiación de las acciones que Repsol tenía en YPF y que con esas herramientas ahora cuentan con argumentos de peso para recibir una aprobación y recomendación del FMI para que los acreedores del Club de París acepten consensuar la superación del capítulo del default y quedar habilitada la obtención de financiamiento internacional y a menores tasas.

En muy pocas líneas de las 80 páginas del trabajo de marras, los técnicos del FMI indican que “las perspectivas de la Argentina y Venezuela han vuelto a desmejorar”. Claramente, si se repara en la caída del 36% de las ventas de autos, de más de 40% en el caso de las motos, de 7% en el consumo masivo de alimentos, perfumería, ropa, y electrónicos, del promedio de los supermerados, y la caída real de la recaudación tributaria, entre otros, el diagnóstico está en lo cierto.. Mientras que si se observa el giro parcial de política, podría decirse que es exagerado.

“Se prevé que la actividad de la actividad en la Argentina y Venezuela se desacelerará marcadamente en 2014, aunque las perspectivas están sujetas a un alto grado de incertidumbre”, agrega el paper en otra breve referencia a los dos países, en contraste con las previsiones para la mayoría del resto de los países miembros del organismo. La aceleración de la inflación a un rango de 40% y más aún del ritmo de aumento del gasto público y consecuentemente del déficit fiscal, avalan esa consideración.

Y concluye, “las medidas administrativas adoptadas para reducir los desequilibrios internos y externos, entre ellas los controles de precios, de cambio y del comercio, están afectando aún más la confianza y la actividad. Y si bien ambos países ajustaron sus tipos de cambio y la Argentina elevó las tasas de interés, se precisan modificaciones importantes de las políticas para evitar un ajuste desordenado”. Esto es lo que parece subestimarse, y si bien las condiciones son muy distintas, no debiera olvidarse que tras la desprolija salida de la convertibilidad a fines de 2001 se necesitó de casi dos años para reencauzar la economía.

Rojo creciente en las cuentas públicas
El viernes último, la Secretaría de Hacienda difundió el resultado base caja de las finanzas de la administración central correspondiente a febrero, el cual pese a su dinámica desestabilizante, no afectó en demasía al mercado de deuda pública, por el contrario, muchos economistas aparecieron haciendo recomendaciones de compra de bonos públicos, de cara al largo plazo, en la convicción de que en algún momentos se harán los ajustes.

Eso es lo que recomiendan y volverán a hacerlo los técnicos del FMI al ministro Kicillof si en su participación en la Asamblea Anual hiciera un pedido informal de recibir una señal de inmediato apoyo para poder cerrar el capítulo del default con los acreedores del Club de París. No se puede esperar otra cosa cuando se acaba de difundir que el gasto público retomó un ritmo de crecimiento que no se veía desde fines de 2010, y se pasó de un paupérrimo superávit fiscal doce meses antes a un singular desequilibrio ahora, con empresas públicas que pierden el triple en el término de un año.

El descuido de las finanzas públicas, con la consecuente vuelta a un también alarmante aumento de la deuda pública: 14.000 millones de dólares en un año, pese a haber utilizado u$s7.000 millones de reservas del Banco Central para afrontar vencimientos y haber licuado otros 14.000 millones de dólares con la devaluación del peso, ha sido el principal factor determinante de la crisis de la convertibilidad a fines de 2001, y también lo es ahora que parece haberse agotado la capacidad de financiamiento con aumentos de impuestos, incluido el inflacionario.

Podrá evitarse la palabra ajuste, y también evitar hablar de inflación, devaluación, alza de tarifas, recesión, control de precios, etc., y volver a desoír las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, pero no podrá ocultarse que mientras la mayoría de los países dan claras señales de superación, la Argentina y Venezuela siguen retrocediendo en su contribución a la generación de la riqueza mundial y al comercio internacional, con el consecuente costo en términos de calidad de vida de la mayor parte de sus habitantes, al no poder ofrecer suficientes oportunidades laborales productivas.

En las puertas de otro default por disfrazar la realidad

Una semana atrás el ministro de Economía, junto a los técnicos del Indec, se presentó a la prensa para dar a conocer una apretada síntesis de la nueva forma de cálculo del PBI, que determinó que en lugar de crecer 4,9% en 2013 se había expandido 3%. Los mercados entendieron que se trató de una salida desesperada para ahorrarle al país más de 3.000 millones de dólares que debía destinar al pago de cupones que recibieron gran parte de los bonistas que aceptaron los canjes de 2005 y 2010, por un nivel de crecimiento inexistente, en un escenario donde las reservas del Banco Central ya perforaron el piso de 27.000 millones de dólares.

Sin embargo, de la lectura de la letra chica de los prospectos de canje de la deuda que fue declarada en cesación de pagos en los últimos días de 2001, surge con aparente claridad que el cambio de base de cálculo del PBI con una nueva estructura de precios, fenómeno que se prevé se repetirá una o dos veces antes de 2034, determinará una revisión de los parámetros disparadores del pago de una renta condicional a los tenedores de los nuevos bonos.

Así, para el caso actual, el principal mentor de los términos del canje, Guillermo Nielsen, estimó que con la nueva metodología de cálculo del PBI de 2013 el disparador de pago del cupón se reduce de 3,22% que se había establecido en base a los precios de 1993, a 1,75% a precios de 2004, mientras que bancos de inversión de Wall Street achican aún más esa referencia a 1,29 por ciento.

El Gobierno aún no ha dicho nada sobre este punto. Sólo hablaron los mercados, a través de singulares órdenes de venta de cupones, en la convicción de que hasta 2017 no verán un peso, por el receso actual y estancamiento proyectado con alta inflación, al menos hasta el año próximo.

A este grado de confusión se llegó por el estado de hipocresía en el manejo de las estadísticas públicas y en la falta de nobleza para reconocer los errores y enmendarlos sin apelar a mecanismos que pueden derivar en mayores costos a los que se pretende evitar.

Claramente, en 2014 no se puede seguir calculando la capacidad de generación de riqueza del conjunto de la población y empresas a los precios de 1993, porque no sólo se pasó de un escenario de incipiente estabilidad de precios y expectativas de crecimiento, tras haber pasado por dos episodios de hiperinflación, a otro de alta inflación con tendencia recesiva, sino porque también en los últimos 20 años cambiaron los hábitos de consumo, a la luz de las nuevas tecnologías.

Pero previamente hubiera sido más recomendable revaluar las estadísticas base del Indec, tanto de precios y de cantidades, sin cambios metodológicos, tras las denunciadas irregularidades que se cometieron desde 2007, las cuales hubieran arrojado un crecimiento de la economía inferior a tres por ciento, como estimó el consenso de las consultoras privadas con la metodología tradicional a precios de 1993.

La diferencia no es menor, porque haber llegado un número similar, pero por diferentes caminos, puede llevar a caer en un nuevo default, con el consecuente impacto negativo sobre la economía en términos de pérdida de oportunidades de empleo y mejora de la calidad de vida, si Economía decide aferrarse al umbral de 3,22% y comunicar formalmente el no pago del cupon del PBI, ahora o el 19 de septiembre próximo.

Se generaliza la caída de las variables reales
Mientras tanto, hoy se observa que desde que el Gobierno decidió comenzar a sincerar las estadísticas oficiales, aunque lo hace a ritmo lento y desprolijo, todos los indicadores básicos vinculados con la actividad se alinearon en la senda negativa.

El primero fue el reconocimiento del aumento de la inflación, el cual arrastró en sentido inverso a la estimación de crecimiento del PBI, más allá del comentado impacto sobre el no pago del cupón PBI y el ahorro posible de más de 3.000 millones de dólares.

Luego vino el efecto negativo sobre la mejora del poder de compra de los salarios de la aceptación de la escalada de los precios, aunque aún no se acepta el fracaso de los sistemas de controles, porque desde junio de 2013 el promedio de suba nominal de los salarios que calcula el Indec se ubica por debajo del alza real de los precios al consumidor, y se agravó en el primer trimestre del nuevo año.

Pese a ese desagio que sufren los presupuestos de las familias, el Gobierno, que dice que no quiere ser hipócrita, según manifestó la Presidente en uno de sus cuatro mensajes en cadena nacional en una semana, se opone al ajuste de los mínimos no imponibles de Ganancias, para asalariados y más aún para los trabajadores independientes, y menos aún de permitir el ajuste por inflación de las utilidades de las empresas, pese al impacto contractivo que esa decisión ejerce sobre el consumo y la inversión productiva.

Mientras que frente las incapacidades para generar confianza a través de la generación de un clima de negocios saludable, el Gobierno no encontró otra salida para reducir las tensiones cambiarias que endurecer severamente la política monetaria y dejar que las tasas de interés escalaran a niveles de asfixia financiera a las PyME y golpeara a un más las decisiones de consumo a crédito por parte de las familias.

De ahí que la recaudación de impuestos si bien volvió a superar en marzo la pauta presupuestaria de 25,5% de crecimiento interanual, no pudo equiparar a la tasa de aumento de los precios.

De ese modo se alejan las posibilidades de reducción del déficit fiscal, que no sólo es el principal factor de presión inflacionaria, por su financiamiento con emisión espuria del Banco Central, sino también de aumento de la deuda pública: 14.000 millones de dólares en el último año, pese a que el Gobierno usó unos u$s7.000 millones de reservas para pagar vencimiento y que por la devaluación de la moneda licuó otros 14.000 millones de dólares de deuda nominada en pesos.

El Gobierno en un brete

En el comienzo del undécimo año de Gobierno de un mismo signo político y continuidad estratégica, aunque con algunas modificaciones no menores entre la primera mitad y la segunda, se advierte que un largo período de crecimiento, inédito en 200 años, según afirma la Presidente, no ha sido suficiente para no depender del día a día.

Las familias no saben si podrán llegar a fin de mes con sus presupuestos, porque la aceleración brusca del ritmo inflacionario, a una tasa anualizada cercana a 50% en el primer bimestre, licuó las mejoras salariales y de jubilaciones anunciadas, pero aún no plenamente efectivizadas. Y para peor las posibilidades de que los miembros activos del hogar puedan hacer horas extras no sólo se han esfumado, sino que en varios casos, principalmente en la industria automotriz padecen los efectos del recorte de la semana laboral por suspensiones transitorias.

Y los datos del Indec sobre el desempeño de la actividad industrial en enero y febrero revelaron un proceso recesivo que se habría sostenido en marzo, según las expectativas empresarias que recogió el organismo oficial de estadística, con su consecuente impacto negativo sobre la generación de empleos.

Afortunadamente, el Gobierno, decidió abandonar su afán de mostrar un crecimiento irreal exagerado de 4,9% en todo 2013, dos puntos más que el estimado por el consenso de las consultoras privadas, y desistió avalar el trascendido de que honrará el 15 de diciembre el pago del cupón PBI que tienen incorporado los bonos de los canjes de deuda de 2005 y 2010.

Se trataba de unos 2.500 a 3.500 millones de dólares, equivalente a 28.000 millones de pesos al cambio oficial. Ahora con semejante ahorro podría destinar una pequeña parte de esos fondos a auxiliar a las provincias, principalmente de Buenos Aires, para que puedan acercar posiciones en las negociaciones para destrabar el conflicto docente, en beneficio de los chicos.

Aunque acá el Gobierno se metió en el brete: porque al sincerar el crecimiento menor a 3,22% no pagará el cupón, y por tanto no dilapidará recursos escasos por haber sobre estimado por mucho tiempo el crecimiento, por efecto de haber subestimado la inflación en 2013 , generará un singular malestar en los mercados financieros, porque se devalúa aún más la seguridad jurídica. Mientras que si no lo hacía, alimentaba tensiones cambiarias, porque agravaría la posición de reservas en divisas, ya que aún con toda la ingeniería financiera y cambiaria del Banco Central no logran subir en el período de estacionalidad favorable del comercio exterior.

En el orden social, se percibe que la denominada década ganada fue insuficiente para sacar del estado de pobreza a más de 40% de los jefes de hogar y 50% de las familias que según el Indec terminaron el último año con ingresos inferiores a uno y tres salarios mínimo vital y móvil, respectivamente. El escenario se agravará con el sorpresivo recorte de los subsidios al gas y agua para todos los consumidores, cuando lo recomendable era avanzar más agresivamente sobre los sectores menores vulnerables.

Sólo control monetario y cambiario
Después de la devaluación del peso, para borrar las expectativas de futuros mega ajustes, y detener la escalada del dólar en el mercado libre, el Banco Central se abocó a retirar en forma acelerada los pesos excedentes en la economía y dejar que escalaran las tasas de interés a niveles más cercanos a la inflación, y más altas aún para el financiamiento del consumo privado por la vía del uso de tarjeta de crédito.

Pero el costo de esa estrategia fue el citado enfriamiento de la actividad productiva y comercial, con su consecuente impacto negativo sobre la recaudación de impuestos, sólo sostenida por el efecto de la inflación, no mucho más.

Y pese a que los precios internacionales se mantuvieron en niveles superiores al promedio histórico, el receso interno no se tradujo en un repunte de los excedentes exportables, por el contrario declinaron en el primer bimestre y el superávit comercial se redujo a la mínima expresión en comparación con un año antes.

Mientras que el frente fiscal siguió desbordado con una dinámica del aumento del gasto que amplió la brecha respecto del curso que siguieron los ingresos tributarios, y acentuó el rojo fiscal, que fue el principal disparador de las tensiones inflacionarias y cambiarias desde que se impuso el cepo cambiario a fines de 2011. Y ahora con la rebaja de los subsidios no hay certeza de que cambie la tendencia, porque el ahorro que se logre se destinará a intensificar las asistencias a las familias de bajos ingresos y a jóvenes que no estudian, no trabajan y ni buscan trabajan, para alentarlos a que se capaciten.

Dada la estacionalidad favorable de la balanza comercial en el segundo trimestre, junto a la estrategia del Banco Central de forzar a los bancos a que se desprendieran de su posición en moneda extranjera excedente, el Gobierno cuenta con tres meses más para intentar reducir el déficit fiscal, fomentar el comercio exterior, sin restricciones al pago de importaciones, y bajar las presiones inflacionarias, no ya a través de fracasados y repetidos controles de precios, sino de una austera política de gasto que despeje temores de aumento de la presión tributaria.

Esto aparece así, porque al haber utilizado el Banco Central toda una batería de astringencia monetaria y de anticipo de liquidación de divisas por parte de los exportadores de los complejos de cereales y oleaginoso, desde julio comenzarán a reaparecer las tensiones cambiarias y financieras, cuya magnitud dependerá de lo que ahora hagan las secretarías de Hacienda y Comercio, con el respaldo de los ministerios de Planificación y de Industria.

Del ajuste al desajuste

La baja de los subsidios es un viejo reclamo de la denominada ortodoxia de los economistas, que ahora el Gobierno justifica como racionalidad del consumo de los hogares.

Pero la quita dividida en tres etapas se queda nuevamente a mitad de camino, como ocurriera hace más de dos años cuando se intentó hacer un llamado a un renunciamiento voluntario, porque no incluye a la energía eléctrica.

De ahí que se avanza poco en la reducción de la brecha tarifaria que favorece a los porteños y a los habitantes de la provincia de Buenos Aires en comparación con lo que paga la mayoría de los residentes en las restantes provincias.

Menos aún se avanzará en reducir significativamente el gap entre el promedio de tarifa de gas y agua que abona el promedio de los argentinos respecto de los habitantes en los países vecinos, Europa o los EEUU.

Ni qué hablar de que no se atiende al reclamo de los economistas de las consultoras privadas, y también de gran parte de los partidos de la oposición al Gobierno nacional, de que la base de la rebaja de los subsidios a los sectores de medianos a altos ingresos debiera seguir dos objetivos esenciales: reducir el gasto público para achicar el exagerado rojo fiscal y transferir recursos de usuarios a las empresas para que puedan intensificar sus inversiones para mejorar la calidad de los suministros.

Para el ministro de Economía bajar el gasto es hacer un ajuste, por eso opta por el camino opuesto; esto es, profundizar el desajuste, porque el supuesto ahorro que se obtendría con la rebaja de los subsidios se destinará a intensificar los planes asistenciales, principalmente la Asignación Universal por Hijo y el Plan Progresar, y en menor medida reforzar las finanzas de las empresas proveedoras de los servicios de gas y agua, aunque en proporciones no definidas.

Mientras que Kicillof y De Vido no consideran ajuste que para los consumos inferiores el monto a pagar de los servicios se duplicará en cinco mes y para los extremos se multiplicará por casi cuatro. Es cierto que en valores absolutos, los montos a pagar seguirán siendo paupérrimos respecto de otros consumos esenciales, como el transporte o el abono del celular.

De este modo, seguirán pendientes las medidas de racionalidad en el manejo del gasto público, entendido como tal que, al menos no crezca más que lo hacen los recursos tributarios. No hay economista o consultora privada que esté haciendo un llamado al recorte de las jubilaciones o de los salarios, como suelen esgrimir los ministros, sino simplemente atenuar la tasa de aumento nominal. Para que no queden dudas: si los ingresos suben 1.000 millones de pesos, lograr que el gasto, como extremo, no crezca más de 1.000 millones. De ese modo no bajará el déficit fiscal, pero al menos dejará de expandirse y elevar las presiones inflacionarias a través del financiamiento con emisión espuria por parte del Banco Central de la República Argentina.

Consumo racional

Se trata de una linda definición, pero pensar que quien tiene altos ingresos reducirá sus niveles de consumo de gas y agua porque la tarifa bimestral de gas podrá llegar a 500 pesos a fines de agosto es pensar que ese monto tiene un impacto relevante sobre sus presupuestos y que son individuos que lograron un buen pasar por haber dilapidado sus recursos.

Por el contrario, entre los consumos medios es posible esperar un uso más racional, pero si hubo despilfarro de gasto eso fue posible hasta 2011, comienzo de 2012, porque desde entonces, la aceleración de la suba de los precios, el freno de la actividad económica y, más recientemente, el encarecimiento del dinero, la reducción de oportunidades laborales y el recorte de la jornada laboral fueron forzando un manejo más cauteloso de los siempre menguantes presupuestos de las familias.

Deuda pública y salario mínimo, una relación desafortunada de la Presidente

En su mensaje a los legisladores y al pueblo argentino en la apertura de la sesiones ordinarias del Congreso Nacional, el 1 de marzo, la presidente Cristina Kirchner hizo referencia a la relación entre el total de la deuda pública externa y la cantidad de salarios mínimos vital y móvil por habitante “para que podamos tener una idea de cómo estamos posicionados”.

La relación no parece muy afortunada, por diferentes motivos:

En primer lugar, porque el acceso al salario mínimo vital y móvil no es para toda la población, sino, en el mejor de los casos, para el total de los trabajadores, los cuales según los últimos números del Indec ascienden a unos 17,85 millones de personas.

En segundo lugar, porque los números que desde el Ministerio de Economía o de Trabajo le acercaron a la Presidente están muy alejados de la realidad, porque, en el mejor de los casos se limitaría a los trabajadores registrados, sean asalariados o independientes, los cuales representan menos del 60% del total de los ocupados.

Cristina Kirchner dijo que en “el año 99, cada argentino debía 10,6 salarios mínimos, vitales y móviles de deuda externa. En 2003, eso había llegado a 25,6 salarios mínimos, vitales y móviles por argentino. A junio de 2013, estábamos en 1,9 salarios mínimos, vitales y móviles; no alcanzábamos a dos salarios mínimos, vitales y móviles luego de la reestructuración de deuda externa más exitosa de la que se tenga memoria”.

Sin embargo, si a los 58.400 millones de dólares de deuda externa pública que se registraba a fines de junio de 2013 se los convierte a pesos al “cambio oficial de equilibrio de convergencia macroeconómica” de ocho pesos y se lo divide por 42,3 millones de habitantes se obtiene una carga por persona de 11.055 pesos, la cual comparada con el salario mínimo vital y móvil actual de 3.600 pesos determina una proporción de 3,1 veces. Mientras que se eleva a 7,3 veces por cada trabajador (en blanco y en negro).

Desendeudamiento relativo y SMVM inalcanzable
No obstante, allí no se cierra la discusión sobre cuánto realmente debe cada argentino, por los compromisos a plazo del sector público en su conjunto, como si ya no contribuyera con el pago de sus impuestos sobre los consumos y ganancias. Es que una característica de la última década fue que el Gobierno siguió una “política de desendeudamiento” con el resto del mundo, a cambio de un abultado endeudamiento con el mercado interno, principalmente con el Banco Central, la Anses, el PAMI y también bancos privados, al punto de acumular el equivalente a 196.100 millones de dólares a fines de junio de 2013 (último dato oficial) y una proyección conservadora a hoy de unos 205.000 millones de dólares.

De ahí que si se repite el ejercicio anterior de convertir el total de la deuda del sector público a pesos al cambio de ocho pesos y se lo divide primero por habitante y luego por el SMVM surge una relación de 10,6 veces y trepa a 25,2 veces por trabajador.

En tercer lugar, y más importante, porque de la última información del Indec sobre distribución del ingreso surge que más de 42% de los jefes de hogar no llega a cobrar por todo concepto (salario y asistencia social) el equivalente a un salario mínimo vital y móvil. El cuadro es aún más inquietante, cuando de la misma fuente se desprende que más de 48% de las familias argentinas no logra reunir ingresos equivalentes a dos SMVM, pese a que su consumo es estimado por el propio organismo oficial de estadística en el equivalente a 3,09 adultos.

Por tanto, más que contentarse la Presidente por la indiscutida actualización del nivel del salario mínimo vital y móvil en la última década, debiera preocuparse porque sus ministros no logran que los actores del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario: dirigentes sindicales, empresarios y el propio Poder Ejecutivo Nacional, hagan cumplir aguas abajo el dictado de la Constitución Nacional: “el SMVM es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia por su jornada laboral, para asegurarle la satisfacción de sus necesidades básicas, esto es alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y cobertura previsional”.