El ajuste ya afecta a los alimentos

La política oficial de incentivo al consumo sigue sin registrar resultados positivos, no sólo en términos agregados de producción y ventas de la industria, el comercio y el transporte, según las cifras del Indec, sino que ahora se manifiesta también en el consumo básico de las familias que se sostienen en base a ofertas y traslado de primeras a segundas y terceras marcas y en la mayor inactividad de las plantas elaboradoras de alimentos y bebidas.

La serie de Utilización de la Capacidad Instalada en la Industria Manufacturera del Indec dio cuenta de que en mayo el promedio del sector fabricante de alimentos y bebidas operó con una capacidad ociosa de más de un tercio del potencial de los establecimientos. Se amplió en los últimos doce meses en más de tres puntos porcentuales.

Esa estadística había sorprendido el mes previo cuando indicó que en abril el uso de las plantas de alimentos había crecido a 75,3%, desde un mínimo de 63% en marzo, pero rápidamente la debilidad del mercado interno y más aún de exportación volvió a elevar la capacidad ociosa en casi diez puntos el mes siguiente.

También se registró mayor parálisis en el uso de diversas líneas de producción en otros sectores, con la consecuente suspensión de personal, como en la rama textil, equivalente de 24 a 27% del potencial; en la elaboración de metálica básica de 15% a 27%; y en la industria automotriz del 50 a casi 55 por ciento.

Las excepciones fueron las industrias del papel; de minerales no metálicos y de productos químicos y del caucho y plástico, las cuales se caracterizan por ser más intensivas en capital físico que humano.

Aliciente de carácter parcial
Ahora, con el cobro de los salarios en varios gremios con el incremento acordado en paritarias y el agregado del medio aguinaldo, en el Gobierno, como en muchas consultoras, esperan una tonificación del consumo que contribuya a devolver impulso a la actividad productiva y comercial, junto a los servicios de transporte y comunicaciones.

Sin embargo, no debiera perderse de vista que el ajuste de salarios convencionados sólo comprende a una franja del 50% de los trabajadores en relación de dependencia registrados, mientras que no incluye al 33% de los asalariados ocupados en negro; a los cuentapropistas que representan más de un cuarto de la población empleada, y por supuesto a los jubilados y pensionados cuyos haberes aumentan en marzo y septiembre.

Además, la incertidumbre que genera el flanco político tras la oficialización de las fórmulas a presidente y los movimientos en el sector judicial, han despertado la preferencia de muchos agentes económicos por la dolarización de carteras, fenómeno que conspira contra la deseada tonificación del consumo y reducción de la alta capacidad ociosa, la cual ahora llegó a la industria de los alimentos.

Los excesos y defectos del fin de ciclo

Cualquiera que sea el resultado final de las elecciones presidenciales pareciera que no hay grandes dudas sobre los grandes desequilibrios que afectan a la economía en su conjunto, los cuales se ven con clara nitidez en la sociedad civil y empresaria. En todo caso, las diferencias profundas entre los candidatos se localizan en las convicciones, prioridades y formas de nivelación de las principales variables, ya que nadie desconoce su existencia y consecuencias.

Entre esos grandes desequilibrios se advierten la presencia de enormes excesos, y también de notables defectos, que han conducido a un estado de estancamiento o moderada recesión con alta inflación, creciente aislamiento del mundo financiero y comercial, con un resultado intolerable de destrucción de empleos y aumento de la pobreza.

Entre los excesos sobresale la dinámica de un gasto público improductivo e ineficiente, porque no ha resultado funcional al crecimiento del empleo agregado. En el mejor de los casos sólo se verifica incremento en el segmento de los trabajadores aportantes al Sistema Integrado Provisional Argentino, pero no en el resto de la casi mitad de las provincias excluidas de ese régimen, ni de los ocupados como cuentapropistas y en negro. Por el contrario, ha sido uno de los principales responsables de haber derivado en abultado déficit fiscal y alta inflación.

Junto a estas dos últimas variables que se han disparado largamente de los estándares internacionales, se agrega el desborde de las tasas de interés que tanto Economía como el Banco Central deben convalidar para cubrir las necesidades de financiamiento del desequilibrio fiscal y la parcial esterilización del consecuente exceso de emisión monetaria, con el costo equivalente a no haber desendeudado el país y pagar tasas internacionales. Lo que supuestamente se ganó por un lado (último dato de deuda pública es a junio de 2014) se perdió por el otro.

El regreso al viejo camino de la colocación de deuda pública para pagar gasto corriente (aunque muchas veces se lo asocie a inversiones en infraestructura ferroviaria o energética), principalmente en el mercado interno y con tasas cada vez más elevadas, ahora en términos reales, es una de las consecuencias del capricho de decidir no honrar los fallos internacionales. La consecuencia es el retiro de liquidez del sector privado, con el consecuente impacto contractivo sobre el consumo y la inversión privada.

Otro exceso es la presión tributaria sobre los contribuyentes activos. Y pese a haberse tornado en muchos casos insoportable no da muestras de detenerse, sino por el contrario de profundizarse con la persistente alta inflación, mientras no se aplica la movilidad al mínimo no imponible de los trabajadores, sean asalariados, o más aún autónomos, ni se permite a las empresas ajustar sus balances por la variación de los precios mayoristas. Y ahora se suma un proyecto de crear impuestos al consumo para asistir al deporte amateur.

Mientras que entre los grandes defectos o atrasos de las variables macroeconómicas se destacan en primer lugar el cuadro social, con más del 40% de los jefes de hogar que no logran reunir en un mes recursos monetarios equiparables a un salario mínimo, vital y móvil de $4.716, sumando el fruto de un trabajo precario con las diversas asistencias sociales, como salario familiar; y otros complementos, mientras que más del 20% de los hogares “vive” con recursos menores a ese umbral, porque les resulta insuficiente la cobertura de la Asignación Universal por Hijo, el Plan la Madre y el Niño, y otras que se otorgan en los ámbitos provinciales.

Una de las causas de ese escenario es la baja prioridad que en los últimos años se ha dado a la inversión en infraestructura, como energética, vial, portuaria, de telecomunicaciones, con regulaciones tarifarias que no cubren siquiera el pago de los salarios en muchas empresas, y en otras las necesarias inversiones en mantenimiento.

De ahí el colapso energético ni bien aparecen las primeras altas o bajas temperaturas, como ocurre en la actualidad. El escenario no es parejo en el orden nacional, habida cuenta de que en el caso de las tarifas eléctricas se registran diferencias de hasta 10 veces entre provincias, donde es más bajo en alguna de las más ricas, o al menos donde se genera la mayor parte del PBI.

Otro rezago insostenible es el del tipo de cambio oficial, porque su utilización como ancla inflacionaria ha erosionado la competitividad de la producción nacional, más aún en los casos de la agrícola y economías regionales castigadas con retenciones sobre las exportaciones. Un estudio de IERAL de Fundación Mediterránea muestra que mientras por efecto de la baja de los precios internacionales de las materias primas el promedio de la región registró desde 2011 caída de sus ventas al resto del mundo del orden de 15% en dólares, en la Argentina la baja superó el 32 por ciento.

El cuadro se intensifica porque la consecuencia del desaliento a la inversión y las exportaciones ha sido el freno a las importaciones con cepos, DJAI y autorizaciones de pago a proveedores discrecionales, aún de insumos y partes esenciales para fabricar productos de posterior exportación, generando un círculo vicioso que conspira contra el crecimiento y el empleo y alimenta la pobreza en la población. Se estima que el atraso de pagos al exterior se ubica en torno a u$s6.800 millones.

También, por el cepo cambiario, se acumulan demoras en la autorización para el giro de dividendos al exterior por parte de las empresas de capital extranjero. La consecuencia de esa política llevó a la virtual extinción de la inversión extranjera directa, otra fuente generadora de empleos y mayores salarios.

Finalmente y no menos importante, otro gran retraso que acusa la economía argentina es el de la capacidad de compra del promedio de los trabajadores, pese a que ha alcanzado una participación récord en el reparto del PBI entre los factores de producción, con algo más de 52 por ciento. Algunos analistas estiman que el ingreso medio por habitante por año en torno a u$s13.000 que calcula Economía podría triplicarse en el mediano plazo si los grandes desvíos descriptos precedentemente, en una apretada síntesis, tendieran a alinearse a los parámetros que predominan entre más de 200 países.

Perpetuar los subsidios no es buena idea

En la 24 cadena nacional del año, en plena campaña electoral, cuando quedan apenas seis meses para terminar su ciclo de ocho años, la Presidente anunció el aumento del 30% de las asignaciones familiares, por embarazo y también la universal por hijo. Pero dio un paso más, que constituye una trampa para los partidos de oposición: anunció que enviará al Congreso de la Nación un proyecto de ley que buscará fijar la movilidad de la AUH, con el objetivo de que no se licue en las futuras gestiones.

Claramente se trata de una trampa de campaña, porque fuerza al conjunto de los legisladores a aprobar rápidamente el proyecto y ser funcionales al objetivo del oficialismo de seducir al electorado, bajo el riesgo de quedar como insensible quién se atreviera a plantear un análisis más profundo de la medida, en busca de proponer acciones legislativas y ejecutivas que posibiliten asegurar empleos de calidad para todos los residentes, antes que quedarse en el tardío pedido de ajuste automático por un índice que asegure la estabilidad de poder de compra del beneficio social. Continuar leyendo

La clase media, un sector en extinción

La catarata de bytes y derroche de tinta que generó el anuncio de la Presidente en la FAO de que la Argentina había reducido los índices de pobreza y de hambre a menos de 5% de la población permitieron abrir los ojos sobre la realidad que afecta al país, porque llevó a cotejar con otras naciones, en particular con las más desarrolladas, las cuales aparecen como cada vez más lejanas, los indicadores que hacen referencia a la calidad de vida del conjunto de los habitantes.

No hay duda de que en comparación con el escenario recesivo que disparó la crisis institucional de 2001 y que derivó en una singular depresión el año siguiente con una salida traumática de la convertibilidad fija entre el peso y el dólar, porque careció de plan integral y sustentable y se basó en el default con acreedores internacionales que aún no se quiere cerrar plenamente pese a un fallo judicial adverso, cualquier indicador económico o social es hoy mejor que entonces.

Pero la mala noticia es que hace cuatro años que la economía, bien medida, dejó de crecer, porque el exagerado incentivo al consumo interno, sin un correlato con incentivos similares a los otros componentes de la demanda agregada como las exportaciones y la inversión bruta interna, derivó no sólo en la destrucción de empleos, sino también cerró oportunidades laborales a centenares de miles de jóvenes. Esos indicadores de por sí impiden mejorar indicadores claves como los de estado de pobreza e indigencia.

Más cantidad, por menos calidad
De ahí que pese a los esfuerzos que hizo el Gobierno inicialmente con los subsidios sociales y la movilidad jubilatoria, incorporando a miles de personas que nunca aportaron como amas de casa, y otras con pocos años laborales declarados, sólo pudo reducir en los últimos años el estado de indigencia, pero a costa de incrementar sensiblemente el segmento que revista como pobre y de ingresos medios bajo, según demostró un nuevo trabajo del Instituto de Estudios Laborales y Sociales de la Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales.

Es que uno de los determinantes del escenario recesivo de los últimos años, coincidente con la imposición del cepo cambiario a fines de 2011, tras agotarse los efectos de la intervención del Indec desde 2007 para subestimar la inflación y los índices sociales vinculados como la pobreza e indigencia, fueron la aceleración del alza de los precios que provocó el financiamiento del abultado déficit fiscal con emisión del Banco Central y ahora se agregó la colocación de deuda entre bancos, empresas y algunos particulares, y también el cierre de la economía.

Esas restricciones, junto a las crecientes necesidades de importación de energía, por el agotamiento de las reservas comprobadas, impidieron al Gobierno mantener el poder de compra de los subsidios sociales, como las Asignaciones Familiares, Asignación Universal por Hijo, Plan Familias, y otros, porque sus preferencias presupuestarias se concentraron en otras áreas, como promover el empleo en la administración pública para una minúscula proporción de la población, para atenuar el impacto de la destrucción de empleos privados.

El resultado final que se desprende de la estadística del Indec de Distribución del Ingreso de los Hogares y su relación con el salario mínimo vital y móvil, es que en los últimos siete años el sector que reunió recursos monetarios medio y medio alto apenas representó el 11% del total; el de ingreso medio bajo se elevó de 29 a 33%, y también se incrementó la proporción de pobres de 30 a 32% del total. Por el contrario declinaron las posiciones extremas: dos puntos porcentuales la de altos ingresos a 1% del total y 4 puntos porcentuales la franja de indigencia que pasó de 27 a 23% de los hogares.

La continuidad por espacio de más de 13 años de los planes asistenciales, con menos presupuesto relativo, pero mayor cantidad de beneficiarios, por espacio de más de 13 años, no hace más que certificar que la buscada inclusión social constituye un objetivo inalcanzable con políticas que se apoyan en la intervención del organismo oficial de estadísticas; cierre de la economía; persistencia del default selectivo, y desequilibrio fiscal que erosiona las reservas del Banco Central y alimenta el impuesto inflacionario, porque perpetúan la estanflación, y con ello alimentan la pobreza, sostienen elevada la indigencia y destruye lo que una vez fue la clásica clase media de la población, que comprendía a una nutrida porción de la población.

El déficit fiscal y el peso de la deuda pública están en los peores niveles desde 2001-02

El último dato de las finanzas públicas correspondiente a marzo fue de un desequilibrio primario de 6% del PBI del mes antes, y escaló a 8,7% del PBI después del pago de intereses. El desendeudamiento se abandonó en 2012.

Esas proporciones surgen de comparar las brechas negativas entre ingresos totales (antes de los aportes de Anses y Banco Central a la Tesorería General de la Nación) y los gastos pagados con el PBI equivalente mensual, que reflejaron las cuentas del sector público no financiero en base caja, esto es entre los recursos tributarios y de Anses percibidos y los compromisos efectivamente pagados.

La crónica del momento dio cuenta de cómo de un excedente informado de $3.570 millones en marzo de 2014, antes del pago de los servicios de la deuda pública, se pasó un año después a un rojo de $17.429 millones; mientras que el resultado final negativo de $4.366 millones, se elevó a 27.895 millones de pesos. En ese período, los aportes de la Anses y Banco Central se redujeron de $12.897 millones a 6.050 millones de pesos.

El rojo fiscal primario de marzo fue de 6% del PBI del mes y el final subió a 8,7%

Se sabe que las finanzas públicas no pasan por su mejor momento, más allá de que en un año electoral es habitual un relajamiento de la política de gasto y propaganda, como el viernes último informó el Boletín Oficial por decisión compartida y aislada de los ministros Aníbal Fernández y Axel Kicillof, porque pese a la recesión que ha llevado a que la industria automotriz acumule 17 meses con caída de ventas; a un mercado inmobiliario que no repunta de modo significativo pese a haber bajado a los peores niveles en casi 20%; aumentan los índices de locales comerciales vacíos en las principales ciudades del país y el efecto desaliento afecta por año a más de 200 mil nuevos trabajadores, en un escenario de apreciable baja de los precios de exportación, las erogaciones de Hacienda han tomado una dinámica singular.

marzo mayor rojo fiscal 2001

El resultado es que el déficit fiscal real, esto es sin la denominada “contabilidad creativa” que representa contabilizar como recursos genuinos en lugar de nueva deuda, aunque sea intra sector público, a la miríada de millones de pesos que mes a mes transfieren la Anses y el Banco Central a la Secretaría de Hacienda, alcanzó niveles en términos del PBI que no se veían desde la crisis de 2001 y 2002, con 6% primario y 8,7% final, cuando un año antes fueron equivalentes a 3% y 5,6% del PBI, respectivamente.

Mientras los recursos crecieron 32,2%, los gastos se elevaron 44,8 por ciento.

Semejante salto, producto de una aceleración singular desde 2012, cuando el rojo antes del pago de intereses había subido de 0,6% del PBI mensual en marzo de 2011 a 1,3%, luego se incrementó el año siguiente a 2,4% y ascendió a 3% el año posterior, fue la consecuencia de la ampliación de la brecha negativa entre el crecimiento de los recursos tributarios genuinos (32,2%) y el de los gastos (44,8%) de entre 3 y 8 puntos porcentuales en el primer trimestre de 2014 a más de 12 puntos ahora.

Esa brecha deberá cerrarse por la vía de la disciplina fiscal y el aliento a la actividad productiva y comercial, sustentada no sólo en el consumo del sector público, sino en particular en el privado, junto a la inversión y las exportaciones, de lo contrario, constituirá una de las tantas mochilas pesadas que recibirá el próximo gobierno, cualquiera sea el signo partidario.

El mito del beneficio del desendeudamiento

Hasta el año último Economía cubría la brecha creciente entre gastos y recursos genuinos con el aumento de la presión tributaria, el impuesto inflacionario que significa postergar las actualizaciones de los mínimos no imponibles de Ganancias a los asalariados, pero también a jubilados, pensionados, autónomos y empresas, como a través de la negativa a permitir los ajustes de los balances por inflación, pese a que el ritmo de alza de los precios ya arrastra más de siete años por arriba del 20% al año; y giro anticipado de ganancias contables de la Anses y Banco Central.

Pero en los últimos meses, el agotamiento natural de esas fuentes, llevó a que tuviera que acudir a la emisión de deuda, principalmente en el mercado interno a tasas del 27 a 28% al año y en el exterior, acotada y a medida de inversores “amigos” que exigieron tasas en dólares del 9% anual, esto es entre dos y tres veces más que las que pagan países vecinos.

Los intereses de la deuda ya representan 2,7% del PBI, pese al desendeudamiento

Además, como ese proceso coincidió con los efectos de las regularizaciones de la deuda externa con los países que integran el denominado Club de París y también con Repsol, la deuda pública total que había caído a un mínimo de 33,4% del PBI en 2011 retomó la senda alcista hasta 42,8% en junio de 2014. Desde entonces, se dejó de informar su actualización, aunque se estima que actualmente supera el nivel del 53,7% del PBI que existía al momento de la caída del gobierno de Fernando de la Rúa, en diciembre de 2001.

costo deuda sube 3 pbi

La conjunción del singular aumento del endeudamiento con la sobretasa que acepta pagar el ministro Axel Kicillof, que es el costo de no cerrar el pleito con los bonistas de acuerdo al fallo desfavorable de la justicia de los EEUU que eligió el Gobierno argentino, explica que el servicio de la deuda pública haya trepado en marzo último a casi 3% del PBI del mes, casi el doble de la relación que predominó en la década previa.

Kicillof no hace buenos pronósticos

El ministro de Economía advirtió el último martes que los economistas ortodoxos son “eunucos de teoría y, por eso, no entienden la realidad y llevan 12 años de pronósticos fallidos”.

Mientras el ministro apelaba a esas descalificaciones de muchos de sus colegas, del país, de la región y del mundo, a pocas cuadras se reunía un grupo de dirigentes empresarios con editores de diarios, agencias de noticias y portales, e invitaban a la sociedad en su conjunto, comenzando por la dirigencia política, a tomar la posta de la Constitución y volver al respeto de las instituciones y la legalidad.

El funcionario -que disertó en un encuentro organizado por la Asociación de Economía para el Desarrollo de la Argentina (AEDA), sostuvo también que “el Estado es la herramienta más poderosa para crear mercado” y que “generar demanda es la mejor política para el crecimiento, porque si no hay demanda no va a haber inversión en la oferta”.

Claramente, me quedo con la “ortodoxia” que marca la Constitución y no con la heterodoxia de un ministro que en la teoría se dice que ha mostrado suficientes galardones académicos, pero que en la práctica es uno de los responsables del estancamiento de la economía, la consolidación de los niveles de pobreza, aunque le resulte “estigmatizante” hablar del tema y se resista a habilitar a los técnicos del Indec para que cumplan con la tarea de cuantificar esa realidad social, para poder diseñar las mejores políticas para erradicarla; y el cierre creciente de la economía, junto al retorno de un abultado déficit fiscal y del endeudamiento improductivo del fisco.

Es muy común entre la dirigencia política ver los defectos del vecino y opositores, e ignorar los propios, en particular cuando se tiene función ejecutiva y por tanto se influye en los resultados que tanto se critican.

Kicillof no pasa la prueba ácida de dar crédito a sus denuncias, porque es uno de los que más ha fallado en los pronósticos económicos. Claro está que me refiero a los que el Indec aún permite constatar, porque el cotejo con los datos reales lo degradarían mucho más.

Desde que asumió el cargo de ministro quien ahora trata de “eunucos de teoría” a los economistas del sector privado y más aún de partidos políticos opositores al gobierno nacional no ha logrado cumplir con las metas que fijó en sus presupuestos nacionales y que obligó a sus legisladores a aprobar casi a libro cerrado. “Mis pronósticos no son pasibles de cambios, porque yo no soy un eunuco de teoría”, parece pensar el ministro y lo hace saber a sus dependientes. Haz lo que digo, no lo que hago. Las pruebas están a la vista y grabadas en las páginas de Economía en Internet.

Como Axel Kicillof asumió la conducción de Economía en diciembre de 2011 cuando la presidente Cristina Kirchner lo había designado secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo, con funciones de viceministro, se puede decir que es el responsable de los supuestos del Presupuesto 2013 que se presentó en septiembre de 2012 al Congreso y siguientes, ya como ministro desde diciembre de 2013 cuando el anterior, Hernán Lorenzino dijo “me quiero ir”.

Para 2013 había previsto un aumento del PBI y del consumo de 4,4 y 4,3%, pero la realidad que midió el Indec marcó una suba de la creación de riqueza de apenas 2,9%, aunque alcanzó la meta de consumo. También cumplió con la meta de inflación oficial de 10,8%, pero no pudo lograr lo mismo en materia cambiaria, puesto que frente a un objetivo de 5,1 terminó el año en 6,52 pesos por dólar, tampoco la estimación de exportaciones e importaciones, las cuales quedaron más de 10% abajo.

El fenómeno se agravó en 2014, porque insistió con sus estimaciones optimistas y alejadas de la realidad, en lugar de tomar nota de los errores del pasado reciente. El PBI que había previsto que iba a crecer 6,2% terminó con un suba de apenas 0,5% y el consumo que había proyectado una expansión de 5,7%, cerró con una contracción de 0,1%. Y la inflación que había estimado en 9,9% terminó en 24%, casi una vez y media más. Otra vez, los datos del comercio exterior quedaron más debajo de las metas.

Probablemente, los pronósticos oficiales y privados mejorarían sustancialmente si de una vez por toda la dirigencia gobernante se limitara a respetar la ortodoxia, entendida por las enseñanzas y reglas que durante siglos fueron enriqueciendo a las sociedades modernas y que tienen ambiciones de desarrollo y progreso, en lugar de empeñarse con quedarse y volver al pasado donde abundaban las prácticas dictatoriales, absolutistas y cada vez más lejos de las buenas costumbres de convivencia.

La heterodoxia es necesaria en ocasiones, pero cuando se la adopta como regla, es señal de fracaso, como se advierte en la vigencia de la Ley de Emergencia Económica por más de 15 años, o en la multiplicación constante de los planes asistenciales, porque no se siguen políticas ortodoxas para terminar con el flagelo de la pobreza e indigencia, más aún en un país que produce alimentos para abastecer al equivalente a 11 argentinas, y podría duplicarse si se implementaran medidas pro empresa y pro argentina.

Lección aprendida a medias
La última. El ministro sostiene que “generar demanda es la mejor política para el crecimiento, porque si no hay demanda no va a haber inversión en la oferta”. Con esa definición Axel Kicillof parece haber olvidado que la inversión es también un componente vital de la demanda agregada, junto a las exportaciones. La oferta se compone por el PBI y las importaciones.

Se sabe que la inversión bruta interna fija representa alrededor de un tercio del consumo interno. Pero haberla descuidado con políticas de precios administrados; tipos de cambios múltiples; cepo al giro de dividendos por parte de las empresas multinacionales; y asfixiante presión tributaria, entre otras inseguridades jurídicas, han gravitado en contra del consumo de las familias, porque no sólo desalentaron a los emprendedores con capacidad de generar empleos y elevar la calidad de vida del conjunto de la población, sino porque, peor aún, derivó en la destrucción de puestos de trabajo privados, los cuales no pudieron ser compensados con una exagerada expansión de la dotación en el sector público.

Así se llegó a la situación actual de creciente déficit fiscal, inflación firme en el 2% por mes y sostenido deterioro de la balanza comercial, prenunciando un nuevo fracaso de los pronósticos que el ministro selló en el Presupuesto 2015.