Ahorramos poco y escondemos mucho

La economía argentina arrastra una larga historia con muy pobres registros de tasa de inversión interna, reflejo de una débil vocación por el ahorro doméstico y de una recurrente fuga de capitales.

Claramente, la insistencia de los gobiernos de los últimos 80 años en querer volver a empezar, desconociendo los pocos y raros logros de las administraciones anteriores, explica gran parte de la debilidad que caracteriza a la moneda nacional y la pobre propensión a encarar emprendimientos de envergadura que no aseguren rápidas y altas tasas de ganancia.

Ahora se está frente a un escenario similar, después de cuatro años con estancamiento de la actividad económica y receso de la capacidad de generación de riqueza promedio por habitante, en un contexto de altísima inflación, y cepo para girar utilidades a casas matrices radicadas en el exterior.

Los datos a julio de la consultora de Orlando Ferreres sobre el desempeño de la inversión bruta interna fija, es decir, en construcciones y máquinas y equipos para la producción, dan cuenta de que no sólo se estancó en el nivel de marzo, sino que cayó a un paupérrimo 17% del PBI en valores corrientes, y 20% si se lo ajusta por inflación y tipo de cambio. Se trata de niveles que ubican a la Argentina por debajo de la mitad de la tabla en un listado de 179 países, posición 101, con 2,5 puntos porcentuales menos que el promedio mundial.

La consecuencia de semejante atraso, agravado por la veda al acceso al mercado internacional de capitales, aunque para algunos pueda ser un consuelo que esa tasa de inversión es mayor a la que registran países vecinos, como Brasil o Uruguay, es que se traduce en destrucción de fuentes de trabajo, porque la economía pierde competitividad, al punto que ya está en el puesto 104 sobre 144 países, según el último ránking del World Economic Forum.

Si a eso se agregan los efectos nocivos de una amplia vocación por el exceso de gasto público sobre los ingresos que se obtienen con el cobro de impuestos, al punto que no son pocos los políticos, incluidos algunos de los candidatos a la presidencia de la Nación, que sostienen que el déficit fiscal se puede corregir con el crecimiento de la economía, se comprende la costumbre que tienen muchos argentinos y residentes con capacidad de ahorro de atesorar en moneda extranjera, o en activos dolarizados.

Pero además, la larga historia de prohibiciones, exceso de regulaciones y hasta cepos, como el que en la actualidad rige para diversas operaciones de cambio, reservadas para muy pocos -menos del 6 por ciento de los trabajadores pueden comprar divisas para ahorro- incentiva la marginalidad de la economía, la cual se resiste a bajar del 40 ó 35%, sea en el mercado de trabajo, o en la generación agregada de riqueza.

De ahí que una de las metas que debería proponerse una buena administración del país es generar las condiciones para que los habitantes y empresas puedan recuperar capacidad de ahorro y se desactiven todas las normas y medidas que directa o indirectamente contribuyen a mantener altos índices de informalidad, como claramente acaba de pedir de Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios.

De lo contrario, no sólo en la Argentina se continuará “ahorrando poco y escondiendo mucho”, como sintetizó en una conferencia el economista jefe de un banco, sino también con repetidos episodios de tensiones en el mercado de cambios, como los que reaparecieron desde fines de julio.

Obstáculos versus incentivos para generar divisas

La economía argentina ingresó a fines de octubre de 2011 en una trampa de la que pocos se atreven a salir, al menos de modo acelerado, porque temen encontrarse con un escenario peor: mayores daños sobre las empresas y más aún sobre muchas de las personas ocupadas en ellas.

Sin embargo, no se explica la existencia de esos temores, no sólo a la luz de la larga historia de más de 70 años con controles y restricciones en el mercado de cambios, sino del escenario que enfrentan más del 90% de las naciones que se desenvuelven con una única paridad cambiaria, esto es con un único precio para la misma mercancía, como explicó a comienzos de semana Luis Secco en Infobae. El análisis del economista no se fundamentó en una retórica interesada a favor de tal o cual agrupación política, sino en una radiografía que hicieron los expertos del Fondo Monetario Internacional el último año, pero que pocos han reparado en analizarla.

Uno de los principales temores que alertan economistas, ministros de economía de provincias y hasta ex presidentes y el actual presidente del Banco Central, es el impacto que sobre la inflación podría provocar una liberación del mercado de cambios para todas las transacciones comerciales y financieras, habida cuenta de la brecha de más de 60% entre el artificial tipo de cambio oficial y el libre, blue, paralelo, marginal, o ilegal, como prefiera leer el lector y de más del 40% con las paridades implícitas en las operaciones bursátiles, definidas como “contado con liqui” o MEP.

Llama la atención que esos expertos en la materia aún no hayan asimilado las diferencias entre el cambio en el nivel general de precios y la inflación, que es un aumento generalizado y sostenido, esto repetido semana a semana, mes a mes, en el conjunto de los precios de la economía.

Un aumento de una vez se produciría en algunos precios de la economía si la libre flotación del tipo de cambio de pesos por dólar fuera parte de un plan integral y consistente de política económica que comprendiera no sólo el mercado de cambios, sino también las políticas monetaria, fiscal, tarifaria y comercial, para revertir los abultados desequilibrios macroeconómicos acumulados desde que se impuso el cepo a fines de octubre de 2011, aunque no necesariamente todos originados en esa restricción.

Por el contrario, una suba generalizada y persistente de la mayoría de los precios de la economía sería el efecto que provocaría una salida gradual y por tanto parcial del cepo cambiario, porque sólo, en el mejor de los casos, podría derivar en la pérdida de dinámica de los desequilibrios macroeconómicos, que se sintetizan en una tasa de inflación y tasas de interés en el rango de dos dígitos porcentuales anuales, pero no los eliminaría.

Cuidan reservas que igual se consumen
Durante casi cuatro años la política económica se concentró en poner obstáculos a la generación de divisas, para “cuidar” las reservas del Banco Central, pese a que se fueron consumiendo con el pago de compromisos financieros impostergables, y con el algunas importaciones básicas, como de energía, determinada gama de autos, motos e insumos para la industria electrónica, pero no mucho más. Aunque se lo disimuló con el swap de monedas con China, por el cual se abultaron las reservas en más de u$s8.000 millones.

Ahora, los equipos técnicos de los candidatos a la presidencia, desde el caso extremo del oficialismo, hasta los de la oposición, reconocen la necesidad de romper el cepo cambiario, aunque la mayoría se inclina por una estrategia gradualista, por sus explícitos temores a generar más inflación, pobreza y recesión.

Poco o nada manifiestan esos técnicos de tener intenciones de eliminar de una vez los obstáculos y recrear los incentivos para generar divisas tanto a través del comercio exterior, con una paridad cambiaria libre, y por tanto flotante, sacar las retenciones y cupos a las exportaciones de alimentos donde el país históricamente sobresalió por sus ventajas competitivas que brinda una geografía singular; y también a través de la atracción de inversiones con políticas que fomenten la explotación de los amplios recursos ociosos: naturales, humanos y financieros; junto a normas claras y contundentes que tiendan al restablecimiento del equilibrio fiscal, para despejar las inquietudes sobre aumento de la presión tributaria y emisión de dinero para financiar déficit creciente y, por supuesto, salir del estado de default parcial con bonistas, modo de facilitar el recupero del financiamiento externo.

En el mundo hay bastas experiencias de casos que han logrado salir de situaciones traumáticas de cepos cambiarios, alta inflación y cierre de la economía en forma rápida y sostenida, para dar paso a un estadio de crecimiento saludable, con más inversión, empleo y reducción de la pobreza.

Se sabe que el cuadro actual difiere del caso extremo de la crisis de 2001 y eso se considera una restricción para seguir una política de shock como ocurrió al comienzo de 2002, pero la capacidad ociosa en la industria si bien no es de 50% es elevada, con un promedio de casi 30% y el desempleo no es del 20%, pero bien medido el 6,6% que informó el Indec se convierte en más de 11%, si la tasa de participación de la población en el mercado de trabajo no hubiese caído de 46,7% a 44,5 por ciento.

Juan Carlos de Pablo recordó en su Newsletter semanal Contexto que “Rudiger Wilhelm Dornbusch se inmortalizó con una monografía que publicó en 1976. “Expectations and exchange rate dynamics” (Journal of political economy, 86, 6, diciembre). En el referido trabajo explicó que cuando se produce alguna alteración en el sistema económico, algunos mercados ajustan con más velocidad que otros. En particular, el mercado cambiario ajusta de manera instantánea. Por ende, cuando se produce alguna alteración, la modificación inicial del tipo de cambio exagera la modificación final (se produce “sobreajuste”). Ejemplo: en la Argentina, luego del abandono de la convertibilidad, el tipo de cambio pasó de $1 a $4, pero luego no siguió a $8 sino que se redujo a $3”. En ese año, aún sin la intervención del Indec, la tasa de inflación no voló al 200% entre puntas, sino a 40,9% y en 2003 había caído a 3,7% anual.

De ahí que no se explica que los equipos técnicos de dos de los tres candidatos sostengan en público, y también en privado, que “la inflación bajará al rango de un dígito en 4 años”, más aún cuando reconocen que los desequilibrios actuales no alcanzaron aún la magnitud que mostraban en el momento de la crisis económica e institucional de 2001. Por tanto, no hay explicaciones lógicas para convivir con obstáculos tanto tiempo, porque no hay duda, por los abundantes antecedentes, que si se aplican incentivos para generar divisas los resultados virtuosos sobre la sociedad y la economía se verán más temprano que tarde, que si se persiste con vallas que sólo se prometen levantar gradualmente.

Preguntas para el debate entre candidatos

Los candidatos a la presidencia de la Nación a partir del 10 de diciembre deberán vender algo más que sus buenas intenciones para restablecer el diálogo entre sus pares y ofrecer su compromiso para terminar con un país mejor, no sólo respecto del que recibirán sino también en el pico de su gestión, en el debate que se realizará el 4 de octubre.

Este punto no parece menor, habida cuenta de que después de 12 años de gobierno, la administración saliente y muchos de sus seguidores destacan como grandes logros los avances que en materia económico-social se obtuvieron respecto de años previos, como fueron la recesión y default de fines de 2001 y la depresión del año siguiente. Mientras ignoran los severos deterioros que se observaron entre 2011 y 2007, y más aún en la última etapa de gestión.

A partir de ahí, creo importante para entonces saber cuál es el diagnóstico que cada candidato hace de la situación actual, con números concretos, en especial en temas palpables por la sociedad, como inflación, pobreza, nivel de atraso cambiario y forma de eliminarlo, entre otros, para que a partir de allí definan cuales son las prioridades, medidas y efectos en el tiempo, en términos económicos, pero principalmente sociales.

En este punto, sería interesante que el grupo de notables que integran el Comité Estratégico de Argentina Debate se ocupe de obtener esos datos para que puedan ser mostrados con claridad. Continuar leyendo

La doble vía de Kicillof

El ministro de Economía debió repartir su agenda en las últimas semanas entre las funciones que le demanda una de las carteras más demandantes del Poder Ejecutivo Nacional y la campaña para pasar a ocupar a partir del 10 de diciembre una función legislativa como primer diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Lo curioso, aunque no tan curioso, es que sus acciones en la gestión se dan de bruces con los postulados que usa como bandera para acceder a una banca.

Los resultados de las acciones como viceministro primero, desde diciembre de 2011, y luego como ministro de Economía, desde noviembre de 2013, son contundentes en mostrar un virtual estancamiento de la generación de riqueza y destrucción de empleos netos; el paso de los superávit gemelos: de las finanzas públicas y el comercio exterior, a déficit simultáneos en los dos frentes, y, lo que es peor, se han acrecentado los bolsones de pobreza. Continuar leyendo

Se encarece lo abundante y se abarata lo escaso

La semana comenzó con la decisión del Banco Central de subir las tasas de interés para los depósitos a plazo fijo, junto con el aumento de la garantía para las colocaciones hasta un millón de pesos, como mecanismo de desaliento a la demanda de dólares y de activos nominados en moneda extranjera. Mientras, persiste el atraso cambiario de la paridad oficial, como ancla de la inflación.

De este modo, la política monetaria y cambiaria se aleja cada vez más de la ortodoxia, pese a los enormes costos que en términos sociales y económicos esa estrategia ha generado en los últimos cuatro años, según muestran con contundencia los datos del Indec a través de la Encuesta Permanente de Hogares y Encuesta Anual de Hogares Urbanos; el Estimador Mensual Industrial; el Intercambio Comercial Argentino, entre otros. Ya se sabe, al ministro esos temas les parece estigmatizantes y ahora agregó que “les hacen mal a la gente”.

Resulta contradictorio, aunque no curioso y ni sorprendente, que mientras el Directorio del Banco Central discutía en sus habituales reuniones la suba de las tasas de interés para los depósitos a plazo fijo a 23,5% anual, a apenas un punto porcentual, frente a una tasa de inflación que pese a descender por caminos no sólidos a 27 o 28% anual, avalaba la expansión de la cantidad de dinero en circulación, para financiar a un sector público que no tiene límite para gastar, aunque cada mes se amplía la brecha negativa con lo que cobra de impuestos.

La base monetaria comenzó julio con una desenfrenada carrera alcista, que la catapultó a más de $533.000 millones, con un salto superior a $50.000 millones en menos de 30 días, a un ritmo mayor a 38% anual y cuatro veces más fuerte que el aumento que registró en similar tramo del año anterior.

De este modo, frente a la abundancia de pesos, la respuesta de la autoridad monetaria fue encarecer mínimamente su valor, con las consecuencias negativas que eso deriva sobre el costo del crédito, cuando en todo mercado el exceso de oferta deprime el precio.

Si realmente a la autoridad monetaria le preocupa la fuga al dólar y quiere premiar al ahorrista debería de haber dispuesto el retiro del excedente de pesos con la suba de los encajes a los bancos y puesto fin al financiamiento del déficit fiscal. Sin duda que eso hubiera hecho volar el costo del dinero hasta niveles prohibitivos para los pocos tomadores de crédito: empresas y familias, pero la señal hubiese sido positiva para las expectativas, porque hubiera demostrado la intención de comenzar a eliminar los severos desequilibrios que afectan a la economía real.

Claramente que eso es lo que perciben los agentes económicos y por eso se recalentó el mercado cambiario, como el de activos dolarizados, porque es la natural fuga a la protección de los activos frente a una política que destruye riqueza: cae el PBI industrial en forma sostenida desde agosto de 2013, según las mediciones del Indec, y también el superávit de la balanza comercial de divisas, y drenan sin freno los dólares para ahorro al cambio oficial más un recargo a cuenta de impuestos y también para turismo; mientras persisten abultados atrasos en los pagos de importaciones y giro de dividendos de las empresas de capital extranjero. Amén del default técnico con bonistas reestructurados.

En este caso, la política del Banco Central consiste en “apreciar el peso”, o lo que es lo mismo, intensificar el atraso cambiario para el comercio exterior, porque la suba nominal de la paridad del peso con el resto de las monedas es casi la tercera parte del alza de los costos internos de la producción nacional.

Pero, la falta de divisas para hacer frente a los abultados compromisos externos de este segundo semestre aconsejaría hacer lo contrario, o buscar atajos, como la eliminación de las retenciones, la baja de impuestos a las empresas, facilitar el crédito a exportadores y hacer acuerdos comerciales bilaterales como han hecho Chile, Colombia, México, entre otros, para conquistar mercados dinámicos que permitan un mayor flujo de comercio. Hoy cayó más de 30% respecto del nivel de cuatro años antes.

De ahí que frente a la escasez de divisas y el drenaje de reservas que se proyecta por el pago el 3 de octubre del vencimiento del Boden 15 por más de u$s6.300 millones, de los cuales apenas la mitad se confía queden en las arcas del Banco Central porque corresponden a inversores institucionales que reinvertirán en nuevos títulos en moneda extranjera, y bonistas del exterior que no podrán cobrar hasta que no vengan al país, más otros compromisos y menor excedente e incluso déficit comercial, y ventas para ahorro y turismo, el BCRA sigue las órdenes de Economía y abarata día a día en términos reales el precio oficialde un recurso cada vez más escaso, como es el dólar.

Claramente no se trata de medidas sostenibles, sino destinadas exclusivamente a llegar al 10 de diciembre, sin importarle a las autoridades económicas y monetarias el crecimiento del deterioro social, porque como no lo mide oficialmente, creen que no existe, aunque muchos de los damnificados votan.

Suba del salario mínimo, vital y móvil: buenas y malas noticias

Empresarios y sindicalistas acordaron rápidamente el último martes aumentar 28,5%, en dos cuotas, el salario mínimo, vital y móvil de los actuales $4.716 por mes que rige desde enero tras una nueva reunión del Consejo del Salario reunido en el Ministerio de Trabajo. De esta manera, alcanzará a $5.590 desde agosto hasta diciembre y a $6.060 desde enero, casi punto de partida del nuevo gobierno.

La primera buena noticia es que a la hora de “cuidar” el salario base de los trabajadores el gobierno de Cristina Kirchner no se basa en los números que publica el Indec, ni en los Precios Cuidados, o el Ahora 12, sino se muestra flexible para que el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, homologue un aumento alineado con la inflación que detecta el promedio de las consultoras privadas que informan sus datos a un conjunto de legisladores de la oposición.

La otra buena noticia, aunque más no sea porque se está en un año electoral en el que es común jugar con las necesidades de mucha gente para brindarles una alegría a cambio de conquistar o asegurar la fidelidad de su voto, fue el adelanto del incremento del haber mínimo a agosto, cuando en los últimos tiempos se aplicó en septiembre y enero.

No hay mucho más para destacar por el lado positivo, pese a que la larga lista del lado negativo ameritaba hacer varias tachaduras para transformarlas en hechos concretos y positivos.

Cristina Kirchner destacó al fin del encuentro de las partes en el Ministerio de Trabajo que el salario mínimo aumentó 2.930% desde el 2003, cuando se retomó el funcionamiento del Consejo del Salario, y que en ese período el Gobierno “nunca debió laudar”, porque siempre se llegó a un acuerdo entre gremios y cámaras empresariales.

Sin embargo, omitió hacer referencia que pese a semejante corrección en doce años, el salario mínimo vital y móvil ha sido un umbral muy difícil de alcanzar para más del 40% de los trabajadores que aún se mantienen en la economía informal y un número también importante debe trabajar como contratista independiente, tanto de un privado como del sector público, por la persistencia de elevadas cargas laborales que no pueden ser soportadas por los empleadores.

Según la última Encuesta Permanente de Hogares del Indec, al cabo del primer trimestre de 2015 más del 40% del ingreso de la ocupación principal (jefe de hogar) recibía por todo concepto: salarios, asignaciones familiares y algún otro subsidio monetario, menos de un salario mínimo, vital y móvil que entonces era de 4.716 pesos. Mientras que poco más del 20% de los hogares urbanos no lograba reunir esa suma con los ingresos de todo el grupo familiar.

Si se tiene en cuenta que en el caso de los trabajadores convencionados, los cuales representan una mínima parte del total de empleados asalariados formales, los acuerdos de aumento de salarios homologados en los últimos meses se ubicó en el rango del 28,5% que se acordó para el SMVM pero pocos parten de una cuota de 18,5% y otra de 10% cinco meses después, ya que predominaron los ajustes escalonados en tres partes, la brecha negativa entre el ingreso real y mínimo lejos de achicarse seguirá ampliándose.

Otra mala noticia es para el caso de las empresas y, en particular pequeños empleadores, que el aumento casi por decreto del SMVM eleva sus costos de producción de bienes o servicios, sin que en contrapartida reciban un alivio impositivo o el derivado del incremento de las ventas, porque una economía con alta inflación y creciente presión tributaria sólo conduce al empobrecimiento del país, más allá de que siempre existan nichos que constituyen la excepción a la regla, como ocurre desde hace cuatro años.

Otra mala noticia, que aumenta la carga de la mochila que recibirá el próximo gobierno, es que al homologar el Ministerio de Trabajo un nuevo aumento del SMVM del 28,5% a tono con la Inflación Congreso para los últimos doce meses, otra vez con la presencia de la Presidente de la Nación, no hizo más que volver a poner al descubierto el default técnico que el Gobierno incurre con los bonistas que aceptaron en los canjes de deuda de 2005 y 2010, de títulos ajustables por CER. Es que el Coeficiente de Estabilización de Referencia se nutre de la variación del Índice de Precios Nacional Urbano del Indec, el cual sube casi la mitad que la tasa que arroja la inflación real, que una vez más se consideró para ajustar el salario mínimo, vital y móvil.

Para peor, el creciente desequilibrio de las finanzas públicas y su desbordado financiamiento con emisión de pesos, no sólo alimenta la inflación que erosiona con singular rapidez la capacidad de compra de los nuevos salarios, sino que además amplía la brecha entre la variación de las remuneraciones en el sector privado, en torno a 28%, y las del sector público, que en el caso de la administración central saltó a 46% en mayo último 39% en el promedio de los primeros cinco meses.

También se suma a la lista de las malas noticias que una vez más el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil se concentró en el último punto y volvió a postergar la discusión de políticas que contribuyan a incrementar la oferta de trabajo, la innovación y la productividad, y de ese modo contribuir al crecimiento sustentable de la generación de riqueza y a una mejor distribución de la riqueza.