Kicillof no hace buenos pronósticos

El ministro de Economía advirtió el último martes que los economistas ortodoxos son “eunucos de teoría y, por eso, no entienden la realidad y llevan 12 años de pronósticos fallidos”.

Mientras el ministro apelaba a esas descalificaciones de muchos de sus colegas, del país, de la región y del mundo, a pocas cuadras se reunía un grupo de dirigentes empresarios con editores de diarios, agencias de noticias y portales, e invitaban a la sociedad en su conjunto, comenzando por la dirigencia política, a tomar la posta de la Constitución y volver al respeto de las instituciones y la legalidad.

El funcionario -que disertó en un encuentro organizado por la Asociación de Economía para el Desarrollo de la Argentina (AEDA), sostuvo también que “el Estado es la herramienta más poderosa para crear mercado” y que “generar demanda es la mejor política para el crecimiento, porque si no hay demanda no va a haber inversión en la oferta”.

Claramente, me quedo con la “ortodoxia” que marca la Constitución y no con la heterodoxia de un ministro que en la teoría se dice que ha mostrado suficientes galardones académicos, pero que en la práctica es uno de los responsables del estancamiento de la economía, la consolidación de los niveles de pobreza, aunque le resulte “estigmatizante” hablar del tema y se resista a habilitar a los técnicos del Indec para que cumplan con la tarea de cuantificar esa realidad social, para poder diseñar las mejores políticas para erradicarla; y el cierre creciente de la economía, junto al retorno de un abultado déficit fiscal y del endeudamiento improductivo del fisco.

Es muy común entre la dirigencia política ver los defectos del vecino y opositores, e ignorar los propios, en particular cuando se tiene función ejecutiva y por tanto se influye en los resultados que tanto se critican.

Kicillof no pasa la prueba ácida de dar crédito a sus denuncias, porque es uno de los que más ha fallado en los pronósticos económicos. Claro está que me refiero a los que el Indec aún permite constatar, porque el cotejo con los datos reales lo degradarían mucho más.

Desde que asumió el cargo de ministro quien ahora trata de “eunucos de teoría” a los economistas del sector privado y más aún de partidos políticos opositores al gobierno nacional no ha logrado cumplir con las metas que fijó en sus presupuestos nacionales y que obligó a sus legisladores a aprobar casi a libro cerrado. “Mis pronósticos no son pasibles de cambios, porque yo no soy un eunuco de teoría”, parece pensar el ministro y lo hace saber a sus dependientes. Haz lo que digo, no lo que hago. Las pruebas están a la vista y grabadas en las páginas de Economía en Internet.

Como Axel Kicillof asumió la conducción de Economía en diciembre de 2011 cuando la presidente Cristina Kirchner lo había designado secretario de Política Económica y Planificación del Desarrollo, con funciones de viceministro, se puede decir que es el responsable de los supuestos del Presupuesto 2013 que se presentó en septiembre de 2012 al Congreso y siguientes, ya como ministro desde diciembre de 2013 cuando el anterior, Hernán Lorenzino dijo “me quiero ir”.

Para 2013 había previsto un aumento del PBI y del consumo de 4,4 y 4,3%, pero la realidad que midió el Indec marcó una suba de la creación de riqueza de apenas 2,9%, aunque alcanzó la meta de consumo. También cumplió con la meta de inflación oficial de 10,8%, pero no pudo lograr lo mismo en materia cambiaria, puesto que frente a un objetivo de 5,1 terminó el año en 6,52 pesos por dólar, tampoco la estimación de exportaciones e importaciones, las cuales quedaron más de 10% abajo.

El fenómeno se agravó en 2014, porque insistió con sus estimaciones optimistas y alejadas de la realidad, en lugar de tomar nota de los errores del pasado reciente. El PBI que había previsto que iba a crecer 6,2% terminó con un suba de apenas 0,5% y el consumo que había proyectado una expansión de 5,7%, cerró con una contracción de 0,1%. Y la inflación que había estimado en 9,9% terminó en 24%, casi una vez y media más. Otra vez, los datos del comercio exterior quedaron más debajo de las metas.

Probablemente, los pronósticos oficiales y privados mejorarían sustancialmente si de una vez por toda la dirigencia gobernante se limitara a respetar la ortodoxia, entendida por las enseñanzas y reglas que durante siglos fueron enriqueciendo a las sociedades modernas y que tienen ambiciones de desarrollo y progreso, en lugar de empeñarse con quedarse y volver al pasado donde abundaban las prácticas dictatoriales, absolutistas y cada vez más lejos de las buenas costumbres de convivencia.

La heterodoxia es necesaria en ocasiones, pero cuando se la adopta como regla, es señal de fracaso, como se advierte en la vigencia de la Ley de Emergencia Económica por más de 15 años, o en la multiplicación constante de los planes asistenciales, porque no se siguen políticas ortodoxas para terminar con el flagelo de la pobreza e indigencia, más aún en un país que produce alimentos para abastecer al equivalente a 11 argentinas, y podría duplicarse si se implementaran medidas pro empresa y pro argentina.

Lección aprendida a medias
La última. El ministro sostiene que “generar demanda es la mejor política para el crecimiento, porque si no hay demanda no va a haber inversión en la oferta”. Con esa definición Axel Kicillof parece haber olvidado que la inversión es también un componente vital de la demanda agregada, junto a las exportaciones. La oferta se compone por el PBI y las importaciones.

Se sabe que la inversión bruta interna fija representa alrededor de un tercio del consumo interno. Pero haberla descuidado con políticas de precios administrados; tipos de cambios múltiples; cepo al giro de dividendos por parte de las empresas multinacionales; y asfixiante presión tributaria, entre otras inseguridades jurídicas, han gravitado en contra del consumo de las familias, porque no sólo desalentaron a los emprendedores con capacidad de generar empleos y elevar la calidad de vida del conjunto de la población, sino porque, peor aún, derivó en la destrucción de puestos de trabajo privados, los cuales no pudieron ser compensados con una exagerada expansión de la dotación en el sector público.

Así se llegó a la situación actual de creciente déficit fiscal, inflación firme en el 2% por mes y sostenido deterioro de la balanza comercial, prenunciando un nuevo fracaso de los pronósticos que el ministro selló en el Presupuesto 2015.

La fiebre del gasto público exige tomar deuda

El ritmo de crecimiento del cobro de impuestos va perdiendo vitalidad, al punto que de haber aumentado durante años a un ritmo mayor al de la inflación, ahora corre de atrás en más de 10 puntos porcentuales, mientras que la expansión del gasto público se disimula con la acumulación de atrasos en los pagos a proveedores y contratistas.

Sólo la aparente “contabilidad creativa” le permite a la AFIP mostrar variaciones en diversos rubros que superan todo pronóstico de crecimiento nominal, pese a que no son objeto de análisis por parte de los funcionarios que sólo se limitan a resaltar cada mes como impulsores: “el aumento de la actividad, la suba de los salarios y la labor de fiscalización”, de modo muy general y nada particular, porque no resisten pruebas ácidas alguna.

Es que esos argumentos parecen muy endebles para explicar por qué el cobro de IVA sobre la producción nacional aceleró en abril la tasa de suba de 35 a más de 40% anual; aun cuano se percibe un claro efecto de sustitución de importacione; o que lo percibido por el gravamen a la transferencia de combustibles haya “volado” a un ritmo de más de 130% al año en el caso de combustibles diferentes a las naftas, gasoil y gas; 70% para las naftas y 99% para el gasoil y gas.

También excedió lo previsible el incremento de los recursos que recibió la Anses por parte de “aportes personales” a 35,6% en contraste con 29,7% que acusaron las contribuciones patronales y casi 62% por el rubro “otros” que agrupa a los pagos de monotributistas y de moratorias previsionales.

Sólo en esos tres rubros se pueden sumar más de $2.500 millones que posibilitaron a la AFIP cerrar abril con un crecimiento de la recaudación tributaria global por arriba de 21%, esto es superior en casi tres puntos porcentuales al que se hubiese anotado si esos rubros se hubieran limitado a aumentar como en los meses previos, en torno a 30 o 35% y más cerca de lo esperable en función de la inflación que estiman consultoras privadas, la devaluación del peso que aplica el Banco Central y el aumento de salarios que informa el Indec. Aún así, el resultado final no pudo ocultar un neto negativo en términos reales, esto es ajustado por la inflación.

Además, esa “ingeniería” no evita mostrar un acelerado deterioro de la contribución de los recursos tributarios para solventar el gasto público total, que no sólo es sustancialmente más alto, sino que además mantiene un ritmo de incremento interanual de 8 a 10 puntos porcentuales al año más alto, sólo en base caja. El devengado, esto es el ejecutado, pero no necesariamente pagado, mantiene una brecha aún mayor, por eso el déficit fiscal se ha multiplicando por diez en los primeros meses del año respecto de doce meses antes.

De ahí que la contrapartida ha sido una vez más el uso creciente del recurso de última instancia como es la expansión de la base monetaria por parte del Banco Central, ya que pasó de tasas en torno a 20% al año entre julio de 2013 hasta enero último, a 30% en febrero y marzo y escaló a más de 33% en abril, para poder asistir a las necesidades de la Tesorería.

En ese aspecto, las planillas del BCRA muestran cómo fue perdiendo grados de libertad para utilizar los instrumentos de esterilización monetaria, como son las Letras y operaciones de pases, porque en conjunto pasaron a exceder en un 10% al total de las reservas en divisas, esto es equivalen a más de u$s37.000 millones, con el agravante que mientras las Lebac crecen por devengamiento de intereses a un ritmo del 26% al 28% anual, las reservas se incrementan en pesos al ritmo de la devaluación de 12% en ese período. Semejante brecha es la que motivó la resurrección del denominado déficit cuasifical, a más de 1,5% del PBI.

Tampoco queda mucho margen para asistir al Tesoro con “adelantos transitorios”, porque ya suman más de $260.000 millones, equivalente a 56% de la base monetaria y casi dos veces y media la recaudación mensual de impuestos por parte de la AFIP.

El desendeudamiento ya fue!
Por eso, para sostener la fiebre del gasto público, más en un año electoral, el cual coincide con la concentración de abultados vencimientos de deuda pública hacia octubre por unos u$s7.000 millones entre Nación y provincias, tanto el ministro de Economía como el presidente del Banco Central ahora hablan del “fin de la política del desendeudamiento” abonan la ampliación de la emisión del set de bonos públicos con cargo a los próximos gobiernos.

Pero, mientras persista el estado de default parcial de la deuda pública, y las severas limitaciones para el acceso al mercado internacional de capitales, tanto en cantidad, como más aún en precio (más de 9% anual en dólares), la estrategia oficial no sólo contribuirá a profundizar la recesión, al quitar liquidez al mercado interno, sino que además, amenazará con reavivar la inflación y las tensiones cambiarias hacia el último trimestre.

Por ahora los mercados financieros juegan a favor del peso, por el seguro de cambio que brinda el Banco Central, pero la historia es muy rica en mostrar que esas maniobras no son sostenibles, porque naturalmente no son sustentables. Se trata de una película que muchos las vivieron, a otros se las contaron, y siempre hay quienes sólo prefieren experimentarla, tal vez por despreciar la historia, tal vez porque se muestran convencidos de que ahora será distinto, aunque se repitan todos los ingredientes que se usaron en el pasado y que condujeron a reiterados fracasos.

Ganancias ya casi grava la pobreza

Históricamente el Impuesto a las Ganancias, que sucedió al original bautizado a las rentas, comprendía a las empresas y a trabajadores, asalariados y autónomos de elevados ingresos, con el explícito propósito de contribuir a una mejor distribución de la riqueza hacia los que menos tienen, sea a través de su aporte indirecto al financiamiento de los planes sociales, sea para encarar obras de infraestructura en todo el país. Por eso lo recaudado con ese tributo es coparticipable con el conjunto de las provincias.

Sin embargo, desde la salida de la convertibilidad y el regreso a un ambiente de alta inflación, como mecanismo histórico de las políticas populistas para financiar el gasto social, se dejó arbitrariamente de actualizar los mínimos no imponibles en forma automática por la variación de los precios para el caso de los trabajadores (con muy limitadas excepciones) y no se reactivó la autorización de los ajustes por inflación de los balances de las empresas, en ese caso por la variación de los precios mayoristas no agropecuarios que calcula el Indec. Continuar leyendo

Endeudamiento improductivo y contractivo

Una Comisión Bicameral Permanente de Investigación de la Deuda Exterior quedó constituida en el Congreso Nacional con el objetivo de “echar luz sobre el origen del endeudamiento externo y hacer el seguimiento de la gestión y pago de los compromisos asumidos por el país desde la última dictadura”, y en particular sobre las condiciones de contratación en términos de tasas, plazos, comisiones y preferencias, a la hora de elegir a las entidades intervinientes y sectores privados involucrados, esto es desde el 24 de marzo de 1976 a la actualidad, con el claro propósito de demostrar que todo tiene pasado fue peor.

El diputado nacional kirchnerista Eric Calcagno fue designado como presidente de la Comisión que tiene un plazo de 180 días para emitir un informe sobre la forma en que fue encarado y resuelto el tema en los distintos gobiernos.

Se trata de un ejercicio de dudosa efectividad e implicancias de cara a un futuro donde se observa con nitidez cómo a pesar de crisis periódicas el mundo avanza hacia un nuevo estadio de desarrollo, a partir de la innovación para poder los países diversificar su oferta masiva de productos y servicios exclusivos o a lo sumo escasos, para poder superarse y elevar la calidad de vida de su gente con creciente capacitación y especialización para acceder a mejores salarios.

Entre extremos, en los últimos 39 años la deuda pública, interna y externa, se multiplicó por 30, si se toman los datos conocidos al 30 de junio de 2014 y por 37 si se compara con la que surge de la extrapolación al día a partir de los compromisos que asumió el Gobierno nacional desde entonces, junto al agregado de un déficit fiscal que, con el que genera el Banco Central con su política de regulación monetaria y cambiaria, se estima en torno a siete puntos del PBI. Pasó de u$s6.648 millones a u$s198.900 millones a junio último y a unos 250.000 millones en la actualidad. En ese período, la deuda externa privada se multiplicó por 23, se incrementó desde u$s9.738 millones a u$s70.230 millones a diciembre pasado.

Por tanto, a esta altura, sería deseable que la nueva comisión bicameral, si realmente tiene intenciones de llegar a algo, que se ocupe y preocupe para que no se repitan los factores que provocaron semejante brecha de crecimiento de la deuda pública total con la que experimentó la externa privada, en particular porque no se adviertan grandes factores de cambio en la calidad de vida de los habitantes y de la oferta productiva de las empresas, puesto que persisten enormes focos de escasez en materia de infraestructura educativa, hospitalaria, seguridad pública, energética, vial, entre otras.

En ese caso, la conclusión ya se puede adelantar: ese cuadro se explica por la recurrente indisciplina fiscal, definida por la alta diferencia negativa entre ingresos tributarios y gastos de la administración, que se financió con emisión de bonos o, como desde la crisis de la convertibilidad, con uso y abuso de emisión de dinero, con el consecuente impacto contractivo sobre la actividad, la inversión, el empleo y el aumento de la pobreza e indigencia, porque provocó una persistente pérdida de competitividad de las empresas con el resto del mundo y mantuvo una baja calidad de vida del promedio de los habitantes, al no poder dar suficiente respuesta a las necesidades sociales básicas.

La práctica de Hacienda de informar mes a mes el resultado de las finanzas públicas en base caja, esto por la diferencia entre los ingresos por el cobro de impuestos y aportes y contribuciones a la Seguridad Social, más los derechos aduaneros, y los gastos que se pagaron, y no los efectivamente incurridos pero no abonados, fue disimulando en cada período la real magnitud del déficit fiscal. Éste recién se puede calcular de modo más preciso casi con un año de atraso, cuando se difunden los datos de la deuda pública. Aunque en este caso también aparece un sesgo determinado por las diferencias de cambio que a menudo se verifican por las arbitrarias políticas públicas de atraso y apreciación del peso, según predominen los objetivos de estabilizar artificialmente la inflación con el rezago del tipo de cambio, o de fomentar la competitividad cambiaria de las exportaciones.

Por tanto, lo que requiere la Argentina hoy es que una Comisión Bicameral se reúna para impulsar un proyecto de ley que establezca una penalización creciente a los funcionarios de áreas responsables, hasta el grado presidencial, que con sus políticas provoquen niveles de déficit fiscal superiores a una pauta internacionalmente aceptada. Como punto extremo podría ser 3% del PBI. Y también a las autoridades que llevan a que la economía caiga en episodios de inflación de más de un dígito alto (superior a 6% anual), sin intervención del organismo oficial de estadística, fenómeno que merecería una pena aún mayor.

La dinámica de la deuda nominal
En los 39 años que se comprometió a investigar la Bicameral los gobiernos de facto estuvieron en siete, esto es en menos de un quinto del tiempo y la deuda pública total, externa e interna, se elevó en poco más de un décimo del total acumulado: u$s25.000 millones, (4,8 veces) y la externa del sector privado se acrecentó en u$s10.300 millones (4,3 veces), representaron en conjunto entre el 11 y 14% de la suba acumulada en ese período.

Bajo la administración de Ricardo Alfonsín la deuda pública total subió en u$s22.000 millones y la privada externa cayó en u$s7.300 millones, con lo que el neto explica entre 5 y 6% del incremento en los 39 años.

Mientras que los mayores saltos se observaron durante la gestión de los gobiernos asociados al peronismo: el menemismo acumuló en su ciclo de poco más de 10 años un expansión de las obligaciones financieras a plazo de u$s68.000 millones en el caso del sector público y u$s62.000 millones por parte de los privados, representando en conjunto entre 42% y 50% del total del período; y con el kirschnerismo se acrecentó entre 46.300 y 97.400 millones de dólares la pública (según se tome el saldo conocido al 30 de junio pasado, o el proyectado a hoy), pese a que en el medio se observó una quita neta de más de u$s66.000 millones a los bonistas afectados por el default de 2001 que aceptaron las propuestas de canje de 2005 y 2010. El uso de reservas del Banco Central para pagar algunos vencimientos sólo transformó deuda pública externa en deuda pública interna; en tanto la privada creció en u$s11.500 millones, equivaliendo en conjunto entre 20 y 33% del total.

Durante la transición desde el fracasado gobierno de la Alianza hasta la normalización institucional en mayo de 2003 la deuda pública avanzó en unos u$s31.000 millones y la privada externa cayó en u$s9.000 millones, explicó entre 8,5 y 10% del aumento acumulado en los citados 39 años.

Si el análisis del origen y destino de la deuda pública y privada se limitara a detectar su legitimidad, no cabe duda de que en primer caso sólo en muy pequeños tramos de los últimos 39 años tuvo su base en la mejora y aumento de la infraestructura en calidad y cantidad, mientras fue generalizado el uso de ese recurso para responder al clientelismo de la política que elevó el empleo improductivo y subsidios económicos a empresas y personas que no los necesitaban, más que por compensación de favores.

Paritarias e ilusión monetaria

A la luz del comienzo de las negociaciones salariales entre empresarios y trabajadores, con la intermediación del Ministerio de Trabajo para homologar lo que se convenga, muchos economistas y políticos se esperanzan en que ese proceso derive en la mejora del clima de negocios y consecuentemente del humor de las familias, porque inmediatamente proyectan una resurrección del consumo.

Claramente, que es el mejor deseo que esas expectativas no se vean defraudadas y que la economía empiece a salir más temprano que tarde de la faz recesiva que ya acumula más de 18 meses y cuya tendencia afianza su divorcio de lo que se prevé para el promedio mundial.

Sin embargo, pensar que el escenario puede cambiar de un día para otro por el mero hecho de que comenzará a cerrarse otra ronda de paritarias en los diferentes gremios, porque asumen que muchos trabajadores (los convencionados) van a recuperar capacidad de consumo, parece subestimar la magnitud del deterioro de los presupuestos personales, en forma generalizada por el efecto de la inflación diaria, y agravada en muchos casos por la vuelta de las suspensiones y despidos, y la acumulación de deudas, no necesariamente con el sistema financiero.

De ahí que en muchos casos, a medida que mejoren los haberes, los cuales como es práctica no tendrá lugar de “una vez”, sino en dos y hasta tres cuotas hasta fin de año e incluso principios del siguiente, sólo podrán cancelar compromisos pendientes, al tiempo que parte del aumento volverá a diluirse con una inflación que no sólo se manifiesta firme en el rango de 2% mensual, sino que además en muchos casos una porción variable de la suba nominal será absorbida inmediatamente por la AFIP porque considera a salarios que superan en más de dos veces al promedio como Ganancias, pese a que esa referencia no asegura esa condición, y menos aún capacidad de ahorro.

Sólo la ilusión monetaria que genera la nominalidad en una economía altamente inflacionaria, que mantiene a la Argentina en los primeros puestos del ránking mundial, como acaba de mostrar el Fondo Monetario Internacional con estimaciones tomadas de los organismos oficiales de cada país, puede hacer creer que el mero aumento de los salarios posibilitará elevar el poder de compra. Pero la realidad está muy lejos de avalar esa probabilidad.

Los primeros datos de actividad del primer trimestre, sea de recaudación, como de estimaciones privadas de la actividad manufacturera, revelan una recesión que ya acumula entre 13 y 18 meses, según el sector que se tome, mientras no se advierten señales de modificación de las políticas fiscal, monetaria y cambiaria, que justifiquen esperar un cambio de tendencia.

Incluso, en los mercados financiero y cambiario, que como es costumbre operan con la mira en el futuro, también se percibe un punto de giro, porque las perspectivas de cambio que percibían hasta una semana atrás se vieron alcanzadas por la incertidumbre que prevalece en la economía real.

Por tanto es deseable que ocurra un cambio y que la inversión, el consumo, la producción y el comercio exterior retomen la senda del crecimiento, pero eso no podrá ocurrir de modo sustentable y por tanto sostenido, sino viene acompañado de un giro hacia la disciplina fiscal y monetaria y desanudar las ataduras que afectan a la economía real, es decir tanto a la producción, como al empleo y consecuentemente al real poder de compra de los salarios.

La pobreza del Indec

Una mancha más apareció en el organismo oficial de estadística de la Nación, luego de que el director del Indec, Norberto Itzcovich, revelara la incapacidad de la entidad para calcular las tasas de pobreza e indigencia, pese a que más de 170 países lo hacen y entregan sus datos a Naciones Unidas, el Banco Mundial, la Cepal, la Organización Internacional del Trabajo y otros.

Hace más de un año que el Instituto de Estadísticas y Censos dejó de elaborar los índices de pobreza del país. Para justificar la insólita situación, su director, Norberto Itzcovich, publicó una columna de opinión titulada “La verdad sobre las mediciones de la pobreza” en defensa de la decisión, argumentando que “si la experimentamos con todas las combinaciones posibles en lugar de probar la sensibilidad de una de estas opciones a la vez (se refiere a diferentes opciones estadísticas), terminaríamos con una lista de 6.000 posibilidades por índice de pobreza. Para propósitos prácticos, es evidentemente imposible producir 6.000 estadísticas de pobreza cada vez que uno trata de responder a la pregunta de cuánta pobreza hay… Por lo tanto, la implicación principal para el análisis no es que hay 6.000 respuestas. Por el contrario, creemos que la conclusión es que a fin de hacer la estimación de la pobreza significativa, es necesario proporcionar una cuenta completa y explícita de las opciones metodológicas y sus supuestos”.

Claramente, se trató de una defensa de la respuesta que ante la pregunta sobre ¿cuántos pobres hay en la Argentina? dio el ministro de Economía, Axel Kicillof. “es estigmatizante”.

Sin embargo, la justiticación de Iztcovich parece extremadamente débil, porque no sólo en el resto del mundo las direcciones de estadística han encontrado la forma de concentrarse en la mejor combinación de estadísticas consensuadamente acordadas en seminarios y foros académicos internacionales, para que los datos que se obtengan sean comparables entre países, sino porque en su larga carrera en el organismo avaló durante muchos años los indicadores oficiales de pobreza.

Ciertamente, siempre hay espacio para avanzar en el diseño de estadísticas complementarias y superadoras que posibiliten obtener no sólo la mejor fotografía, sino también poder ver la película de la situación socioeconómica de cada geografía nacional, para poder diseñar las mejores políticas orientadas a exterminar con el flagelo de la pobreza, cuyo principal impulsor es la inflación.

Pero manifestar el director del Indec que el organismo carece del instrumental básico para poder medir trimestralmente los índices de pobreza e indigencia como lo hacía hasta 2013, significa denunciar que en menos de un año y medio el ente sufrió una brusca devaluación de sus capacidades profesionales y tecnológicas, que reafirma las dudas de los economistas profesionales y también de gran parte de la población, sobre la solidez del cálculo de otros indicadores singularmente complejos como son los del Estimador Mensual de Actividad Económica y trimestral del PBI, además de las series de precios, o de distribución del ingreso, y ni que hablar de la estimación de la variación de los salarios, incluso en el segmento en negro de la economía, el cual por definición opera oculto a los organismos de control y fiscalización, o no?.

Sostener que en el Indec el director no cuenta con los instrumentos y capacidades para determinar la mejor forma de cálculo de la pobreza, o de al menos copiar los procedimientos mundialmente aceptados para hacerlo, es como asegurar que en un restaurante formalmente habilitado no se pueda pedir un huevo frito porque el chef no sabe cómo romper un huevo sin que se le mezcle la yema con la clara en la sartén.

Más simple es pensar que el director del Indec se vio sorprendido por los resultados obtenidos a partir de los precios promedio de la economía, pese a estar atenuados por el sistema de “precios cuidados”, y debió aplicar el principio de revelación, el cual indica que si un dato es peor al que se esperaba se lo oculta, porque de otro modo se lo utilizaría para descalificar mediciones alternativas hechas por el sector privado o partes interesadas de la oposición al Gobierno.