Desde el fallo de Griesa se dejó de generar riqueza por u$s100.000 millones

Ese es el lucro cesante desde el segundo trimestre de 2012, luego de que la Argentina sufriera el primer revés en la justicia de los EEUU en el pleito que iniciaron un pequeño grupo de bonistas que no aceptaron ingresar voluntariamente a los canjes de la deuda en default en 2005 y 2010.

El ejercicio es simple y muy conservador, dado que por el severo atraso cambiario el cálculo del PBI en dólares puede sufrir una depreciación sustancialmente mayor, en particular en comparación con el valor inflado pico de 635.000 millones, equivalente anual, que el Indec calculó para el cuarto trimestre de 2012 a precios de 2004 y luego redujo a 482.100 millones para los primeros tres meses de 2014, por efecto de la devaluación del peso en enero.

Después de una saludable recuperación de la actividad productiva y comercial desde 2003 hasta 2008 y con altibajos hasta 2011, el PBI mostró un virtual estancamiento en términos reales en adelante con 0,9% en 2012, casi 3% en 2013 y ahora se proyecta con caída entre un piso de 2%, sin default y máximo de 4 por ciento con nueva cesación de pagos.

Y si bien, gran parte del receso que hoy se manifiesta en pérdida de capacidad del sector privado para generar empleos y horas de trabajo; sostenida contracción del comercio exterior; caída de la tasa de inversión, con derrumbe de la inversión extranjera directa y disminución fuerte del poder de compra de la población, sea asalariada o jubilada, es consecuencia de un caprichoso e inexplicable cepo cambiario impuesto a fines de octubre de 2011, no hay duda de que esas restricciones se profundizaron desde que el juez Thomas Griesa dictara su fallo a favor de los holdouts a fines de febrero del año siguiente.

De ahí que si en lugar del estancamiento inicial que liberó a la Argentina de pagar el cupón de PBI en diciembre 2013 y también en igual mes del corriente año, la desaceleración de la actividad se hubiera frenado en la tasa tendencial o de ritmo del PBI potencial en torno a 3,5%, que es el disparador de ese premio a los bonistas que ingresaron a los canjes I y II, a fin de año el PBI sería unos 100.000 millones de dólares más alto al que se puede estimar hoy.

Claramente que en un país donde un día el ministro de Economía habla de “tipo de cambio de equilibrio de sustentabilidad macroeconómica”, para justificar la devaluación del 23 de enero último en más de 15%, para llevar el tipo de cambio oficial a ocho pesos por dólar, y seis meses después lo licúa con un ritmo inflacionario cercano a 20% en el período, al punto de provocar la octava caída interanual consecutiva de las exportaciones, el PBI en dólares puede volver a volar a la zona de los 650.000 millones, o derrumbarse a un rango de 350.000 millones, por decisión de una persona o, si se quiere, mini gabinete.

Golpe a todos los bolsillos
Pero en cualquier caso, no se podrá negar que gran parte de la sociedad argentina, como los sectores de la producción, el comercio y los servicios, vuelven a sufrir las consecuencias de haber extendido por más de doce años un estado de default que hasta hace apenas unos meses parecía camino a dejar atrás (acuerdo con empresas en el CIADI, pago generoso a Repsol por la expropiación de sus acciones en YPF, convenio muy benévolo con los acreedores del Club de París) y que ahora amenaza con multiplicarse, no sólo con los holdouts que cuentan con sentencia en firme a su favor, sino también con una parte de los bonistas que habían aceptado las reestructuraciones en 2005 y 2010, al cumplirse los 30 días de mora.

Y si bien podrá argumentarse que el próximo 31 de julio podría ingresarse en el cuarto default de la Argentina, aunque con un horizonte finito de poco más de cinco meses, hasta el 1 de enero de 2015, cuando expire la fatídica cláusula RUFO, me pregunto quién podrá garantizar que los bonistas reestructurados con legislación Nueva York no demanden a la Argentina también por cifras hipermillonarias y arrastre a todo el resto y por tanto que su arreglo se resuelva en horas?

De ahí que, de caer en una nueva cesación de pagos de parte de la deuda pública, por no haber mostrado diplomacia y habilidad para pedirle al juez Griesa que especifique que el pago de un fallo judicial constituye un mandato ineludible y que, por tanto, no puede vincularse a un “arreglo volunario” que dispare la cláusula RUFO, nadie podrá asegurar que su estado será acotado y transitorio y, menos aún sostener que “no pasará nada”.

La economía real no sólo se ha enfriado, sino que peor aún va ganando consenso entre los economistas profesionales, en particular los no vinculados a banderías políticas que pueden ser tentados por una retórica interesada, la expectativa de que de ingresar en un nuevo default, aunque sea parcial, o, peor aún se lo niegue porque se deposita el pago aunque nunca llegue a destino del acreedor, potenciará la recesión del primer semestre de 1,5 a 2% a una zona peligrosa de 3,5 a cuatro por ciento en el segundo, como ya indican los datos de la industria, la construcción, el comercio interior y también del comercio exterior.

La consecuencia de ese escenario no sólo será mayor destrucción de fuentes de empleo, por ahora disimulado con suspensiones parciales, sino también creciente pérdida de horas de trabajo y mayor deterioro del poder de compra de los salarios de bolsillo, junto a crecientes restricciones al acceso al crédito comercial con el resto del mundo que se contaba para impulsar emprendimientos productivos, obras de infraestructura e incluso financiar desequilibrios en las finanzas públicas de la nación y provincias.

Los precios cuidados siguen descuidados

La difusión de los datos de inflación de junio no contó con un discurso ad hoc del ministro de Economía para explicar lo inexplicable. Desde la jefatura de Gabinete de ministros se intentó tímidamente alentar el relatfo de la desaceleración del ritmo de alza de los precios, con lo miopía de quien sólo se contenta con ver distancias cortas. Claramente, se trata de una estrategia interesada de no levantar la mirada para no descubrir, una vez más, que en lugar de avanzar se sigue caminando para atrás, puesto que no sólo se han alcanzado las tasas de inflación interanual más altas desde diciembre de 2002, con casi 40%, (por un punto no se retrocedió diez años más), sino que siquiera se ha podido bajar a las subas informadas un año antes.

El ministro de Economía y su secretario de Comercio resaltaron hace pocas semanas el mérito de los Precios Cuidados para provocar una desaceleración de los aumentos y por eso “lograron acordar” la ampliación de la canasta original de 198 precios a más de 320 a partir de julio, para que generen un efecto imitación sobre los “aproximadamente 230.000 precios en más de 13.000 locales informantes” que, según cita la nota metodológica sobre el IPCNu, releva el Indec mensualmente. Sin embargo, de la paupérrima información que comenzó a brindar el organismo oficial de estadística desde febrero último sobre los precios al consumidor surge que en junio último de los nueve grandes capítulos que componen el agregado del IPCNu dos acusaron menores subas que un año antes, otros dos repitieron la variación y cinco se incrementaron en mayor medida.

Mientras que si se comparan los 20 subíndices relevantes se advierte que apenas un cuarto registró alzas inferiores a las de junio de 2013. De ahí que más allá de compararse canastas de precios diferentes, que responden a ajustes en la estructura de consumo de los hogares, lo cierto es que el índice general oficial saltó de 0,8 a 1,3 por ciento en los pasados doce meses.

Claramente, en comparación con los picos de aumentos detectados en enero y febrero, por efecto del impacto del severo ajuste cambiario y algunas subas de tarifas, se está frente a una desaceleración. Pero eso poco tuvo que ver con la inflación, y mucho con un intento, rápidamente abandonado, de recomposición de los precios relativos entre algunos bienes y servicios, o visto de otra forma entre el tipo de cambio, los salarios y las tasas de interés. La inflación es algo más complejo, ya que no se trata del mero aumento del índice general de precios al consumidor, sino de subas promedio generalizadas (las alzas superan con creces a las bajas, en cantidad e intensidad) y persistentes, por oposición a variaciones de “una vez”.

Entre los <strong>precios al por mayor también el Indec acaba de dar cuenta no sólo de que la suba del índice general fue en junio superior a la del año anterior (1,5 vs 1,3%), sino que, además, ese resultado no fue consecuencias de alzas en rubros aislados, sino que sobre 27 subcapítulos atenuaron la tasa de incremento apenas siete, otros dos la repitieron y en 18 se intensificó, con varios casos de saltos singulares como en el complejo textil y ropa, cuero, productos del papel, materiales para la construcción y equipos para medicina e instrumentos de medición, entre otros.

La excepción se observó en el caso del costo de construcción, donde habría comenzado a tener impacto el brusco cambio de giro de la actividad, al punto que de crecer a un ritmo de 7,4% anual en mayo de 2013 pasó a caer a una tasa de 4,4% doce meses después, ya que sobre 14 subsectores en ocho se registraron menores subas de precios que un año antes y seis evidenciaron una modesta aceleración. Pero aún así, y sacando el efecto del adelanto del primer ajuste salarial acordado en paritarias en abril último, en comparación con junio en 2013, se advirtió también una intensificación de la tasa de crecimiento de los precios de los materiales y gastos generales.

El común denominador no es otro que el desborde de las erogaciones del sector público respecto de los ingresos tributarios y las consecuentes necesidades crecientes de financiamiento con el uso y abuso de la emisión monetaria por parte del Banco Central que ha llevado a achicar el tamaño de la economía, desalentado aún más la inversión productiva, por la doble vía de afectar severamente la capacidad de consumo de las familias y la competitividad de las exportaciones, aún en los rubros históricamente más eficientes, como el agro y la nueva minería.

La restricción presupuestaria castiga el consumo y no baja la inflación
Para peor, el viento de cola que venía favoreciendo a la actividad productiva, y en particular a las finanzas públicas, por la vía de las retenciones abultadas sobre la mayor parte de las exportaciones, ha comenzado a virar mucho antes de lo esperado y por tanto afectará la estrategia que sigue Economía, luego de la fuerte devaluación del peso a fines de enero, de anclar el tipo de cambio, para forzar la desaceleración de la inflación.

El sector privado está ajustando rápida e intensamente, no sólo en lo que respecta al punto de giro de la producción de bienes durables y de inversión, como automotores, maquinarias de uso agrícola y construcción, con caídas siderales, sino también en el gasto de los hogares, al contraerse la capacidad de compra de los salarios y jubilaciones que en poco más de un semestre perdieron más de diez puntos porcentuales.

Mientras el sector público se resista a encuadrar las finanzas y sólo piense en recuperar la capacidad de endeudamiento para complementar el financiamiento de gasto corriente con emisión espuria, no habrá Precios Cuidados capaz de impedir que se siga transitando el probado camino minado de alta inflación y recesión, y consecuente destrucción de empleos netos y más déficit fiscal.

Sólo la habitual contabilidad creativa de la Secretaría de Hacienda que considera como ingreso corriente a las transferencias de utilidades contables del Banco Central, la Anses, PAMI y Fondos Fiduciarios, posibilitó mostrar en mayo un superávit fiscal, cuando en realidad registró un abultado desequilibrio que ya se multiplicó por más de cuatro en el acumulado de los primeros cinco meses del año y condiciona toda posibilidad de contener la suba de los precios y evitar la pérdida de competitividad, con el consecuente efecto recesivo y profundización de las tensiones en el sector externo de la economía.

Privados ajustan forzados por el exceso de gasto público

El consenso de los economistas de las consultoras privadas mantiene pronósticos de un leve receso de la actividad productiva y comercial para el corriente año, en un rango de 1,5 a 2%, aunque con una aceleración de la caída a más de 2,5% en mayo y junio en la variación del PBI.

Esa supuesta modesta baja de la generación de riqueza en un escenario de aceleración de la tasa de inflación a 40% al año, aunque en los últimos meses se atenuó a un ritmo equivalente anual de 30%, ha instalado la idea de que se transita por un escenario de estanflación. Esto es de estancamiento con inflación.

Sin embargo, ¿se puede definir como estancamiento cuando el PBI real por habitante está deteriorándose a una tasa superior a 3,5% real en pesos en mayo y junio, y más de 20% en dólares? Más aún, cuando se advierte claramente que a la hora de medir el aporte del sector público y privado a la variación del PBI, el primero, que en términos de gasto representa el 50% del total de la economía, contribuye con un aumento de poco más de cinco puntos porcentuales en términos reales, mientras que el segundo resta unos diez puntos porcentuales.

El ejercicio es simple. En abril el gasto total del sector público se elevó 47,6% mientras que la inflación ascendió a 40%, de ahí surge un crecimiento en términos reales de 5,4% en comparación con un año atrás, con un aporte al total general de 2,7 puntos porcentuales. Por tanto, para llegar al resultado neto final de 2,5 puntos porcentuales negativo el conjunto de la actividad privada debió contraerse un 10,4 por ciento.

El pobre desempeño de los ingresos fiscales originados en el IVA -cayó más fuerte en términos reales sobre los productos de fabricación nacional, que sobre los de origen importado-, como en Ganancias, luce consistente no sólo con una contracción marcada de la actividad en el sector productivo, sino también comercial. Las ventas en supermercados bajan más de 7% en cantidades, similar a la disminución promedio de empleados por establecimiento que midió el Indec.

La misma fuente oficial dio cuenta de que en el quinto mes del año el transporte de cargas disminuyó casi 11% y en los primeros cinco meses la baja superó 23 por ciento.

Entre los bienes durables, como automotores, motos y viviendas, la declinación de la producción y ventas se ubicó en mayo y junio entre 15 y 37 por ciento respecto de los niveles de un año antes. Mientras que el conjunto de la actividad industrial y la construcción acusaron caídas de 7,4 y 4,4%, respectivamente, y las previsiones para julio y agosto no lucen mejores, habida cuenta de los altos valores relativos que mantenían en similar tramo del año anterior.

Sólo escapan al escenario recesivo la producción agrícola, tras un mal año previo, la elaboración de alimentos, excluida bebidas que declinan casi 10%; los servicios esenciales de electricidad, gas y agua y la industria financiera, aunque en este caso también se advierte una apreciable desaceleración.

Desplazamiento del crédito privado
Para peor, el abultamiento del déficit fiscal y la consecuente necesidad de financiamiento a través del uso y abuso de la emisión del Banco Central para transferir al Tesoro ganancias meramente contables, previa al cálculo del rojo que genera la hipermillonaria colocación de Letras a los bancos, está alimentando el crowdingout, esto es el debilitamiento del financiamiento a la actividad privada, y también de su liquidez, para asistir a un desequilibrado sector público.

La consecuencia directa de ese escenario no sólo es el deterioro de la capacidad de compra de los ingresos de las familias por la alta inflación que ese cuadro provoca, sino también el derrumbe de la inversión, la extranjera directa declinó 50%, informó el Indec y la local más de dos puntos de PBI, y la destrucción de empleos privados.

Para revertir ese cuadro que comienza a generar un círculo vicioso, porque torna insostenible una política fiscal expansiva con un sector privado que se estrangula con exceso de regulaciones y trabas inexplicables, como al ingreso de insumos y partes del resto del mundo necesarias para producir bienes finales no sólo para satisfacer el consumo interno, sino también la generación de divisas vía exportaciones de bienes terminados para pagar esas y otras importaciones, además de los servicios de la deuda pública y privada, más rentas de inversiones, será clave que el sector público acomode el ritmo de expansión del gasto a su capacidad de obtener recursos tributarios sin aumentar más la insoportable presión fiscal. Las áreas que requieren más atención son la política de subsidios y las pérdidas desmedidas de las empresas del Estado.

A partir de ahí, y en simultáneo, se torna imprescindible comenzar a generar un clima amigable para los negocios del conjunto del sector privado. Eso requiere empezar a desandar el camino iniciado a fines de 2011cuando con la imposición del cepo cambiario se agudizaron las trabas a las importaciones, se intensificaron los obstáculos a las exportaciones agropecuarias y se acentuaron los fracasados controles de precios y, más recientemente de las tasas de interés.

De lo contrario, los esperados progresos en la resolución de la saga de la deuda con los holdouts, que han hecho que el Índice de Riesgo País cayera ayer a 600 puntos básicos, volverá pronto a niveles elevados, porque los fundamentals no lucen consistentes con esa prima que impone el mercado financiero internacional.

La negativa del Gobierno a encuadrar las finanzas públicas, por considerar que eso sería provocar un cuadro recesivo, ha generado una severa contracción de la actividad en el ámbito privado que ya se manifiesta, naturalmente, en la pérdida de vitalidad de la recaudación y consecuente desborde del desequilibrio fiscal, pero principalmente en el creciente grado de angustia en las familias que ven perder el empleo de alguno de sus miembros, o recortada la jornada laboral y esfumarse las posibilidades de ocuparse a los jóvenes que buscan trabajo.

La negociación de la deuda afecta a la inversión

El Jefe de Gabinete de Ministros se muestra convencido de que la negociación de la deuda pública no guarda correlación alguna con la tasa de inversión de la economía. No sólo eso, para reafirmar su posición, claramente no comprobable en las estadísticas oficiales, como demostraré más adelante, dejó flotando la idea de una correlación inversa positiva: en 2001 la tasa de inversión era de 14,2% del PBI y había caído a 12% en la crisis de 2002 y subió a más de 21% del producto en 2005, pese a haber transitado el país más de tres años en estado de cesación de pagos y hoy está más abajo.

Sin embargo, un repaso menos ligero de la historia reciente de la economía argentina permite recordar que las tasas de inversión de comienzo del presente siglo fueron las más bajas de la historia contemporánea, con alguna excepción en los tiempos de la hiperinflación. Por tanto no parece un gran mérito superar esos pobres registros, aún en estado de default, si se avanzaba hacia un claro proceso de normalización de las instituciones.

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¿Los salarios subieron o realmente bajaron?

La larga historia que tiene la Argentina en materia de inflación y sus grandes daños que ha provocado en los últimos setenta años, con algunas pocas excepciones, aún no llegó a calar hondo en gran parte de la dirigencia política, no sólo del pasado, sino también presente e incluso algunos de los que aspiran a gobernar, porque creen que se debe hacer una baja gradual del ritmo de aumento de los precios al consumidor.

Esta semana la Presidente destacó que “los sueldos después de las paritarias son bastante mejores, por lo que va a haber mayor capacidad” de ahorro de los trabajadores. “Va a ser la misma cuota que el año pasado, pero con una paritaria que no es la del año pasado”, enfatizó, al anunciar el Pro.Cre.Auto, destinado a “volver a una producción de 750 mil vehículos en los próximos 12 meses, a través del incentivo de la demanda con financiamiento blando”.

Claramente, Cristina Kirchner se refirió a que, en general, los salarios son “mayores” que los del año pasado por efecto de las paritarias, pero no necesariamente son mejores, porque pese al aumento promedio nominal de 28%, tanto para los trabajadores en relación de dependencia en la actividad privada, como en el sector público, su capacidad de compra disminuyó casi 8% en sólo un año, para quienes no vieron afectada la carga laboral horaria habitual.

La realidad de la Argentina de los últimos doce meses indica que no sólo ya se acumulan tres trimestres consecutivos de retracción del PBI en comparación con los tres meses en valores no afectados por la estacionalidad, sino también dos en el cotejo interanual, y en particular en muchos sectores ya no sólo no hay espacio para trabajar horas extras para reforzar el ingreso del trabajador, sino que peor aún sufren recorte de la jornada laboral semanal, como ocurre en la rama automotriz, la construcción, las inmobiliarias, y también en el comercio y la industria hotelera, entre otras.

Además, el aumento medio salarial de 28% se ha registrado en el empleo formal, pero éste representa apenas poco más de la mitad del total ocupados en el país, el resto se distribuye casi en partes iguales entre asalariados no registrados que perciben remuneraciones muy inferiores a la media nacional y trabajadores independientes, monotributistas y autónomos.

Menor capacidad de consumo

De ahí que si se considera la masa salarial y otras remuneraciones al trabajo, entendida por el producto de la cantidad de ocupados e ingreso de bolsillo, se llega a una disminución del poder de compra de la población superior a 10%, fenómeno que luce compatible con el notable receso que se observa en el consumo de bienes durables y también no durables, como diversos alimentos. Por tanto, si bien la dirigencia empresaria no pudo menos que respaldar la iniciativa del Gobierno de ampliar los créditos blandos para la compra de un auto 0Km, no cabe duda de que la efectividad de la medida quedará rápidamente demostrada que será mínima.

En primer término, porque suponer que una familia con un ingreso total 8.807 pesos puede comprar un auto pagando una cuota de 2.642 pesos, a los que deberá agregar como mínimo 200 pesos de seguro obligatorio contra terceros, otros 200 pesos para el pago de la patente y unos 400 pesos de combustibles, podrá vivir con un remanente de poco menos de 5.400 pesos al mes, es desconocer la carestía que afecta a la mayoría de los hogares argentinos.

El Indec acaba de informar que más de 40% de los jefe de hogar percibe un ingreso inferior a un salario mínimo vital y móvil de 3.600 pesos y que más de 60% de las familias obtiene por mes recursos monetarios mayores a los citados 8.807 pesos, incluyendo no sólo el fruto del trabajo, sino también el amplio set de planes sociales que instrumentó el Gobierno nacional.

Sólo el 20% de los hogares, que perciben un ingreso promedio mayor a 16.700 pesos, probablemente pueda acceder a los créditos blandos del Banco Nación para adquirir un auto económico de 94.000 pesos, siempre que del saldo de 12.300 pesos, no tenga que destinar 3.300 pesos para pagar un alquiler de un pequeño departamento y prescinda de gastos de viaje para ir al trabajo.

El Indec también comunicó el último martes que la brecha de ingresos entre el que más y menos gana se achicó de 14,2 a 13,8 veces en el caso de los hogares, y de 17,4 a 16,1 veces en el de los jefes de familia, en un contexto donde el organismo de estadística indicó que el conjunto de los trabajadores asalariados captó el 51,4% de la generación de riqueza de todo el país, 2,5 puntos porcentuales más que un año antes.

Ahora bien, en un contexto de alta inflación y consecuente tensión cambiaria que llevó a un fuerte aumento de la paridad entre el peso y el dólar en enero, ¿puede afirmarse que recibir una porción más grande de la generación del total de la riqueza en el país es condición suficiente para decir que se está mejor? La contundencia de las estadísticas oficiales mostraron claramente que no: en el primer trimestre de 2013 con un PBI equivalente anual de 585.667 millones de dólares el conjunto de los trabajadores asalariados obtuvo 283.362 millones de dólares, un año después el PBI en dólares bajó a 478.255 millones de dólares y los asalariados, considerados en forma agregada captaron 245.823 millones. De ahí surge una pérdida real en dólares de 14,2%, en sólo un año. El ejercicio al cambio libre determina un ingreso sustancialmente menor (164.668 millones de dólares para el último período), pero la pérdida en términos relativos fue similar, 12,1 por ciento.

Por tanto, si realmente hay voluntad política de querer reanimar la economía y mejorar la calidad de vida del conjunto de los trabajadores, con más salarios y mayores oportunidades laborales, es fundamental dejar de poner el carro delante de los caballos (incentivar el uso del crédito para consumo durable) y por el contrario comenzar a poner los caballos delante del carro: bajar la inflación con políticas tradiciones; impulsar el crédito para la inversión productiva; desarmar la maraña de fracasados programas de controles de precios: administrados, protegidos y cuidados; reducir la presión tributaria que pesa sobre los presupuestos de todos los trabajadores y de las empresas); encarar la disciplina fiscal en la ejecución del gasto; levantar el cepo cambiario, racionalizar los subsidios; eliminar las retenciones y ser más eficiente en el cobro de Ganancias a los sectores capaces de general altas rentas; junto con una salida consensuada del último capítulo del default por los canales institucionales, antes que por la vía de discursos, solicitadas y seudas conferencias de prensa del ministro de Economía.

Un paso adelante que exige dar otros más

La decisión de la Presidente de cambiar el tono del discurso, pero sobre todo de desistir de cometer desacato, como había dicho el ministro de Economía cuando anunció que “habían tomado todos los recaudos para ofrecer un canje de bonos bajo legislación argentina y pagar en Buenos Aires”, y revertir el anuncio del jueves de su Jefe de Gabinete de que no enviaría a Nueva York a funcionarios y abogados para negociar con los holdouts bajo el paraguas del juzgado de Thomas Griesa, y anunciar formalmente la decisión de pagar las deudas a todos los bonistas, se inscribe en la línea que nunca se debió apartar: el respeto de las instituciones, nacionales y extranjeras.

Se podrá discutir si fue un giro con convicción o simplemente por necesidad para no agravar la recesión y provocar un default en cadena de la Nación, las provincias y también municipios y empresas, pero es innegable que se reaccionó positivamente a tiempo.

Se trata de un paso fundamental para coronar un proceso que se fue acelerando para dar solución a una de las asignaturas pendientes que impidieron al Gobierno, pero también a las empresas, acceder a condiciones de financiamiento internacional menos onerosas. Empezó con las compañías que demandaban al país en el CIADI; siguió, luego de dos años desde la confiscación de las acciones de Repsol en YPF, con el acuerdo de pagar esos papeles con nuevos títulos de la deuda; a posteriori, en cuestión de dos meses, se cerró un convenio para dejar atrás el largo período de cesación de pagos con el Club de París, con pagos en efectivo en cuatro años y ahora, en pocos días, se prevé transitar el último tramo del “puente”, como definió Mario Blejer, para poder acceder a las condiciones ventajosas que caracteriza al mercado de crédito externo y atraer capitales para inversiones productivas de largo plazo, muchos de los cuales son de residentes y están en blanco en el país, pero fuera del circuito financiero.

Proceso no exento de costos elevados
Sólo en el último año la generación de riqueza por el conjunto de los residentes pasó de crecer a una tasa de 9,3% al año, según el EMAE del Indec, a caer a un ritmo de 2,5% en mayo, conforme la estimación de la consultora Orlando Ferreres y Asociados. Significó la pérdida de unos 50.000 millones de dólares, cualquiera sea el tipo de cambio que se utilice, oficial o libre, porque en ese período ambas paridades corrieron parejas.

Con esa perspectiva, los 1.330 o 10.000 millones de dólares que se pagarán en 5 o 10 años a los bonistas que no aceptaron los canjes de deuda en 2005 y 2010, los cuales se suman a los 9.000 millones que se agregaron con los acuerdos con Repsol y el Club de París, también a plazo, no parecen tan dramáticos como aparentan cuando se los coteja con los casi 29.000 millones de dólares de reservas de divisas en el Banco Central el último jueves.

Además, se observaron costos tangibles, no sólo en términos de la caída de reservas del Banco Central en unos 10.000 millones de dólares, sino, peor aún, de pérdida de oportunidades para unos 200.000 trabajadores, más la destrucción neta de otros 100.000 empleos, y recortes de salarios para quienes sufrieron los recortes de la jornada laboral, sea por suspensiones o el fin de las posibilidades de hacer horas extras, en las industrias automotriz, la construcción, inmobiliarias, el comercio y también en el agro y la minería.

Ese cuadro agravó las ya debilitadas finanzas públicas, porque perdió brío la capacidad de recaudar impuestos, mientras el gasto público siguió su carrera ascendente, sacándole más distancia al crecimiento de los recursos genuinos amparado en el financiamiento inflacionario y provocando un peligroso incremento del déficit cuasi fiscal, esto es del rojo de las cuentas del Banco Central.

Programa integral de política económica
De ahí que, en simultáneo con las negociaciones que ya el viernes comenzaron los funcionarios y abogados del Gobierno con los representantes de los holdouts, y su acercamiento al juzgado de Thomas Griesa, es deseable que el equipo económico encare un plan integral de ordenamiento de todas las variables macroeconómicas relevantes, siguiendo los estándares internacionales, sin inventos, orientadas a desarmar la maraña de subsidios; el cepo cambiario; los ineficaces y dañinos precios cuidados, administrados y congelados; la depuración de los gastos improductivos y clientelares en la administración pública, y ajustar por inflación real desde diciembre de 2001 los mínimos no imponibles de Ganancias para los trabajadores, asalariados y más aún independientes, junto a la reglamentación de los ajustes por inflación de los balances de las empresas.

Sólo en los últimos doce meses si se hubiese evitado con una visión integral de la macro y micro economía el paso del crecimiento del PBI a un ritmo de 9,3% a una caída de 2,5%, y en su lugar la actividad se hubiera expandido a un rango de 4% y con menor inflación, se podrían haber generado las condiciones para reducir de 48 a 42% del PBI la presión fiscal y bajar la inflación del 27 a 20% o menos, en lugar de haberse duplicado. En ese hipotético escenario, se hubiesen generado las condiciones para reimpulsar la inversión productiva, con su consecuente efecto multiplicador sobre el empleo y la mejora real de los salarios.

Aún se está a tiempo de encarar ese proceso y provocar un cambio de expectativas en muy corto plazo, como se insinuó en Wall Street mientras en la Argentina se conmemoraba el Día de la Bandera.

Salvo Brasil, que muestra dificultades para crecer a una tasa mayor a 2% al año, el mundo sigue ofreciendo amplias oportunidades para la Argentina, sea en términos de acceso al crédito a tasas menos onerosas que las de los últimos meses, ya que el índice de Riesgo País puede caer de un rango de 800 puntos básicos de hace una semana a menos de 300 en corto plazo; sea para atraer capitales de inversión productiva de largo plazo; sea para encarar acuerdos comerciales bilaterales con naciones que mantienen vigorosas tasas de crecimiento como los países asiáticos, altamente demandantes de alimentos, pero también de conocimiento y de productos industriales.

De ahí que pareciera que llegada a esta instancia en que se probó el estado de casi pánico que genera caminar al filo de la cornisa y con pendiente negativa, llegó la hora de seguir dando pasos para adelante, dirigidos a la búsqueda de la recuperación plena de todas las instituciones, desde la aceptación del Congreso como ámbito de debate de las políticas públicas, no simplemente de la presentación sin derecho a discusión y aceptación de quitas y agregados como ocurrió con el Presupuesto 2014 y las negociaciones de la deuda pública; pasando por el reconocimiento de los fallos judiciales, locales e internacionales sin atajos; hasta el rol de independencia del Banco Central como garante de la estabilidad de los precios, para proteger de modo efectivo el valor de la moneda y con ello de los salarios y patrimonios de las empresas; junto a la transparencia de las mediciones y difusión de los datos del Indec de la realidad económica y social, además de la necesaria recuperación del equilibrio de las finanzas públicas, sin asfixiar la capacidad de pago de los contribuyentes, para no generar el camino a otro cuadro extremo de incapacidad de pago de la deuda pública; y una efectiva apertura al mundo de los negocios, tanto en términos de importaciones como de exportaciones.