El país es forzado a vivir con billetes de 100 pesos

El Banco Central continúa impulsando la emisión de billetes de máxima denominación, cien pesos, y fuerza a muchas familias y comerciantes a perder cada dìa -centavos y hasta pesos- en el redondeo en las compras al menudeo de bienes no bancarizables, como un poco de pan, una golosina, una fruta, o verdura, o un jabón de tocador desnudo, entre múltiples necesidades cotidianas, porque no logra hacerse de dinero de las mínimas nominaciones de 2, 5, 10, 20 y hasta de 50 pesos y no está comúnmente aceptado en esos casos el pago con tarjeta de débito y menos aún con tarjetas de crédito.

Cada vez es más frecuente el reclamo de un vendedor a un consumidor de un bien o servicio, como el taxi: ¿no tiene más chico?, y la respuesta se repite cada segundo: “no!, el banco no entrega billetes de menos de cien pesos”, por lo tanto hay alguien que gana o pierde con el redondeo, por capricho del poder político.

La razón es muy simple: Sobre 100 billetes en circulación al cierre de la primera quincena de diciembre 34,5% correspondían a papeles de 50 a 2 pesos y el 65,5 por ciento restante a los de cien. Pero cuando se recalcula la participación de estos últimos en términos del valor del papel moneda en circulación se eleva a poco más de 91 por ciento del total.Esto quiere decir que del valor de la circulación monetaria en poder del público menos de 10% está compuesta por billetes de nominación inferior a la máxima, fenómeno que complica al extremo las transacciones cotidianas.

Inflación y bancarización
No obstante, el Gobierno nacional, y la nueva autoridad monetaria, han decidido, pese al contexto inflacionario de 24% en la medición del Indec y de 40% en los cálculos privados, mantener la política de emisión preferencial de billetes de 100 pesos, los cuales ya suman 3.052 millones papelitos y alcanzó el equivalente a casi 74 por habitante. Mientras que de las denominaciones de 2 a 50 pesos circulan en conjunto un total que es la mitad de la de 100 pesos, pero en valor representan por habitante menos del 10 por ciento de sus disponibilidades.

Semejante disparidad se profundiza quincena a quincena, porque el Gobierno y la autoridad monetaria miran más el costo de la impresión de los billetes, más bajo en términos relativos cuanto más alta es su nominación, porque todos demandan el mismo gramaje de papel y tinta, que las desventuras que enfrenta más de la mitad de los ciudadanos, y el supuesto deseo, indefendible, de alentar la bancarización de todas las transacciones. Al tiempo, que consideran que con esa estrategia evitan reconocer la brutal tasa de inflación acumulada en los últimos siete años.

Frente a este escenario, argumentan que es necesario que se use más el plástico no sólo para viajar, o pagar los impuestos y el valor de los servicios, sean públicos como teléfono, gas, agua, o privados, como colegios, expensas y compras en centros de compras, entre otros, sino que se extienda a los bienes que se venden a menos de 50 y 20 pesos, aunque no se toman las medidas conducentes a ese proceso, como combatir en serio la economía en negro y exterminar la inflación.

Del lado de los banqueros, salvo raras excepciones, es común escuchar que el Banco Central debería lanzar billetes de 200 y hasta de 500 pesos para “aumentar la seguridad, reducir el costo operativo de los bancos y que se termine el problema de faltante de dinero en los cajeros automáticos”.

Sin embargo no ocurre a menudo oír argumentos sobre que corregir un problema en el extremo superior del mercado no soluciona los costos operativos que se acumulan en el extremo inferior, no sólo porque el poder adquisitivo promedio de las familias se mantiene en niveles inferiores a los 10.000 pesos, sino también que más de un 35% se desempeña en la informalidad y que la mayoría de los alimentos y artículos de limpieza que consumen la mayor parte de los hogares no sólo tienen precios inferiores a 50 pesos, sino que se expenden en lugares donde la presencia de bancos es muy baja y casi ninguno se ha especializado en entregar cambio en forma ágil.

Pero no sólo eso, la mayoría de los países en desarrollo y más aún los altamente desarrollados tienen en circulación billetes con máxima nominación que equivalen a casi diez veces el peso argentino, en el caso de los EEUU y hasta más de 80 en el de Europa, y sus índices de bancarización (relación de depósitos y préstamos con el PBI) es superior entre cuatro y cinco veces.

De ahí que entre las asignaturas pendientes que se prevén que quedarán para el próximo gobierno no sólo estarán la superación de los desequilibrios macroeconómicos, sino también la de equilibrar la proporción de la circulación de billetes de todas las nominaciones necesarias para las transacciones al menudeo y también el lanzamiento de emisiones apropiadas para grandes operaciones.

El peso se devalúa sí o sí

Desde que asumió la conducción del Banco Central, y el último martes lo ratificó en su presentación en el Senado ante la Comisión de Acuerdos para transformar su cargo en comisión por permanente durante seis años, Alejandro Vanoli reafirmó su postura de desalentar expectativas devaluatorias porque la inflación se está desacelerando. Y para no dejar dudas destacó “yo no me hago cargo de una devaluación que no hice. Me hago cargo de mi gestión, desde el 1 de octubre. La devaluación al inicio de mi gestión no fue un tema. Yo no la quiero hacer, no la he hecho. En este contexto, no sería una medida que mejore la competitividad”.

Y más allá de que es recomendable que un presidente del Banco Central no hable del valor de la moneda nacional, generalmente se alude a la devaluación cuando sube el tipo de cambio oficial de pesos por dólar y sus equivalencias en otras monedas, porque claramente se pasa a requerir mayor cantidad de la moneda nacional para obtener una divisa.

Sin embargo, poco se dice sobre que el peso se devalúa internamente día a día, a un ritmo de más de 2% por mes y casi 40% al año, porque las familias, las empresas y el propio Gobierno necesitan cada vez más cantidad de dinero para adquirir una cantidad fija de bienes y servicios.

No se trata de un juego de palabras, sino de una realidad cotidiana cuya incapacidad o desidia por resolverlo, porque se la niega, ha llevado a consolidar un escenario de singular deterioro de las variables monetarias, financieras y en particular reales, porque el fenómeno llevó a la recesión, el desaliento a la inversión y la consecuente destrucción de empleos y muerte acelerada de empresas incipientes.

Generalmente, cuando se deprecia el peso frente a cualquier divisa mejora la competitividad cambiaria, porque el valor de producción de los productos exportables se abaratan en términos de moneda extranjera, y se encarecen los bienes y servicios que se importan. De ese modo, mejora el resultado del intercambio y el excedente del intercambio posibilita acumular reservas, despejar las tensiones cambiarias y vuelve a apreciarse la moneda nacional sino se utilizan canales de compensación.

Esos canales de compensación, pocas veces utilizados como parte de la política exterior, pueden ser el pago de deuda externa; la flexibilización de los giros de divisas al resto del mundo sea por transferencias de utilidades, inversiones en el exterior para generar nuevas rentas futuras; o favorecer las compras de tecnologías de punta para mejorar la competitividad de las empresas y dar curso a obras de infraestructura demoradas por la recurrente restricción externa, entre otras alternativas.

Sin embargo, en la Argentina del cepo cambiario, con enamoramientos por la paridad cuasi fija, hasta que no da más, como ocurrió hace once meses, la devaluación de la capacidad de compra de la moneda nacional por el contexto de inflación acelerada, deriva en pérdida de competitividad de la producción nacional, mientras que las importaciones también caen por el cierre de la puerta de entrada, al no darle seguridad a los proveedores de la fecha de pago.

Baja sólo relativa
Se podrá insistir con que la inflación se está desacelerando, sea que se la mire por el desagio que le agrega el Indec mes a mes, sea por las estimaciones privadas e incluso de direcciones provinciales de estadística, como la de San Luis y el gobierno de la Ciudad, o por la dinámica de la nominalidad de los salarios, el gasto público en remuneraciones y jubilaciones, entre otras alternativas, respecto de los meses previos recientes, pero todavía se mantiene en niveles singularmente elevados.

Es probable que el ritmo de alza de los precios comience a atenuarse en comparación con los picos que se anotaron entre diciembre de 2013 y febrero de 2014, pero eso no cambiará la realidad de acumulación de un severo rezago del ritmo de ajuste del tipo de cambio respecto de la tasa de inflación, que continuará minando cualquier posibilidad de reanimación de la actividad productiva y comercial.

Los economistas saben bien que se pueden devaluar los costos de las empresas sin alterar la paridad del tipo de cambio oficial a través de la reducción de la presión tributaria; la eliminación de las contribuciones patronales sobre la nómina salarial o su consideración como pago a cuenta de IVA o de otro impuesto; la extinción del impuesto al cheque; la inversión en infraestructura vial, portuaria y de servicios esenciales de luz, gas y agua, para generar economías externas y también de la baja nominal del costo del dinero y la eliminación de las retenciones sobre las exportaciones. Pero eso requiere de un severo recorte del gasto improductivo e ineficiente y disciplina fiscal en todos los ámbitos, principalmente nacional, pero también provincial y municipal.

Pero eso casi nunca se ha logrado, porque cuando se lo intenta aparece el rechazo infundado a las “políticas de ajuste”, pese a que se ha caído de un desbarajuste generalizado, cómo ocurrió en repetidas veces en los pasados 70 años, que derivaron hasta llegar a extremos de hiperinflación y depresión.

Por ahora sólo se pasó del estancamiento con inflación a recesión con más inflación, pero insistir con negar el precio de la devaluación del peso, sea en términos de poder adquisitivo de moneda extranjera, sea en términos de adquisición de bienes y servicios dentro de las fronteras, sólo conducirá a mayor contracción de la actividad productiva y comercial, con las consecuentes derivaciones en destrucción de empleos, deterioro de las cuentas fiscales que, como ahora, ya no se podrán solventar exclusivamente con emisión del Banco Central, sino también del retorno al canje de deudas y aumento del endeudamiento interno y externo.

Los ministros tienen una mirada parcial de las estadísticas

Axel Kicillof y Débora Giorgi, junto al recaudador, Ricardo Echegaray, parecen tener la misma escuela: analizan las estadísticas oficiales sin considerar el contexto, sea local o internacional. De ese modo, logran el objetivo buscado, mostrar a sus conciudadanos que se superan las metas, que se logran resultados superiores a los esperados y que quienes ven una realidad diferente están equivocados y por tanto deben replantearse un cambio en sus posturas.

El común denominador es el análisis nominal de las estadísticas, sea de precios, salarios, PBI, consumo, empleo y desempleo, fiscal, monetarias, y también del comercio exterior, sin pasar a la depuración en términos reales, y menos aún por el filtro del cotejo con el desempeño de esos indicadores en el resto del mundo y en particular en el vecindario que, con diferentes productos, se ha favorecido como la Argentina del auge de los precios de las materias primas y consecuentemente de la mejora de los términos del intercambio, esto es de precios de exportación que subieron más que los de importación, amén de perder de vista las relaciones intersectoriales. Continuar leyendo

Kicillof ve un país y un mundo diferente al real

En la Argentina ya nos hemos acostumbrado a que los indicadores oficiales niegan una realidad que inquieta más a las familias y pequeñas empresas que a los principales dirigentes de la oposición y menos aún a los del oficialismo. Los primeros porque la sufren, los segundos porque su mirada está puesta más en 2016 que en resaltar la crisis y las medidas que deberían tomarse para superarla porque pareciera que temen ser catalogados como “la cadena del desánimo” y los últimos porque sienten la necesidad de sostener el relato y no admiten la posibilidad del fracaso de las nuevas, aunque reiteradamente probadas y fracasadas viejas recetas.

Primero fue con la inflación, aunque se amagó con corregir el desvío con las mediciones privadas a comienzos del año con la elaboración de un nuevo índice nacional que nunca se desagregó, porque pronto se volvió a la práctica desde 2007 de subestimarla en un cincuenta por ciento.

Luego, fue el cálculo del PBI, más alto para la óptica de los técnicos del Indec y más bajo, e incluso ahora negativo, en las diferentes estimaciones privadas que se hacen en Buenos Aires, Córdoba o expertos de la Universidad Nacional de Tucumán.

Más recientemente se agregaron los datos laborales, donde no sólo se publicitó que tímidamente subió el desempleo en términos relativos, sino que además el Indec comunicó un leve aumento del empleo en el agregado de los 31 aglomerados urbanos en cantidad de personas. Pero no sólo la proyección al total país permitió advertir un salto más grande de la tasa de desempleados que la anunciada, sino también una drástica destrucción de empleo y que bien medida la provincia del Chaco acusa una tasa de desocupación de dos dígitos porcentuales en contraste con pleno empleo relativo y absoluto que informó el organismo oficial de estadística.

Y en la 62 Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción el ministro de Economía, Axel Kicillof, sorprendió al anfitrión, Gustavo Weiss, al desestimar su preocupación por el receso que afecta al sector, como consecuencia de la parálisis del mercado inmobiliario y la destrucción de más de dos por ciento de la nómina, con la mención de que la actividad sigue batiendo récord de permisos de construcción, con un nivel que supera en un 40% el promedio de la convertibilidad, y el secretario de Obras Públicas al vaticinar que se espera cerrar el año con récord de despachos de cemento.

Sin embargo, pocos minutos después el Indec se ocupaba de informar que la caída de las exportaciones en octubre fue la más intensa desde la crisis de 2009, y también excedió a la baja de las importaciones. Además, por los desaciertos de la política económica del ministro desde que era viceministro, omitió hacer referencia que el comercio exterior argentina registra el peor desempeño en más de 20 años en su gravitación en el intercambio mundial de bienes.

Y ayer, el organismo oficial de estadística dio cuenta de que tanto las ventas en supermercados como en grandes centros de compras (shopping) mantienen una contracción en términos reales de más de 6%, la cual no se corresponde con la “capacidad de ahorro” de gran parte de los asalariados, como dijo en su reaparición pública de la Presidente, después de 25 días de convalecencia.

Pero no sólo eso, el ministro de Economía transmitió las preocupaciones de la mayoría de los 19 presidentes de los países del G-20 que representan junto a la Argentina un 85% del PBI mundial, la persistencia de la “segunda peor crisis de la historia económica mundial” y que recordó que “el FMI definió como la nueva mediocridad”, pese a que pocos minutos antes el Departamento de Comercio de los EEUU comunicó que el PBI registró con 4,2% el mayor crecimiento en los últimos once años.

De ahí que se podrá insistir con negar la realidad, pero la crisis se acentúa, la inflación supera el 40%, el déficit fiscal ya bordea el 7% del PBI, el consumo se derrumbó, la inversión ya no alcanza para reponer el envejecimiento del acervo productivo y el Banco Central agotó la capacidad de financiamiento al Tesoro con emisión y llevó a abandonar la política de desendeudamiento de la peor manera: con el retorno de los bonos ajustables, por ahora por el tipo de cambio oficial.

Nada rompe el silencio de la oposición

La crisis se acentúa trimestre a trimestre, mes a mes y día a día, pero los principales referentes de los partidos de la oposición al Gobierno nacional, en particular del área económica, parecen anestesiados e incapaces para hacer oír sus voces de preocupación y buscar consensos, para lograr cambios de políticas que posibiliten que ese proceso primero se frene y luego se revierta.

La semana comenzó con la confirmación de la suba del desempleo por tercer trimestre consecutivo, aunque atenuada por dos fenómenos: el aumento del efecto desaliento que se manifestó en el retiro del mercado de trabajo de más de 340 mil trabajadores en términos simples, pero en casi 540 mil en términos reales, por el crecimiento vegetativo de la población; y las inconsistencias a las que nos tienen acostumbrados las estadísticas del Indec: la Encuesta Permanente de Hogares no constituye la excepción.

Luego apareció la primera estimación seria de variación de la producción del conjunto de las manufacturas, la cual para la consultora Orlando Ferreres arrojó una caída de 6,1% con amplia mayoría de sectores en receso, por efecto de la contracción simultánea y creciente del consumo interno y también de las exportaciones.

Y el martes, sorpresivamente por la fecha, aunque esperado por las tendencias de corto plazo, apareció en el Boletín Oficial el decreto 2129 del 13 de noviembre, con la firma de la Presidente, al parecer en el sanatorio donde estaba internada, que dispuso el aumento del gasto público en unos 57.000 millones de pesos y un salto del déficit fiscal aceptado para el corriente año equivalente a 5% del PBI.

Estos indicadores fueron precedidos por la aceleración de la inflación respecto de un año atrás a un rango firme de más de 40% en doce meses, no obstante que la actividad en su conjunto se afirma en una recesión que para el tercer y cuarto trimestre por arriba del cuatro por ciento.

Y sin embargo, del lado del Gobierno niegan de diversas formas la magnitud de la crisis, y por tanto sus efectos sociales que se manifiestan abiertamente en despidos, suspensiones, vacancias de locales y el reimpulso de la informalidad. Sólo se atina a culpar al escenario internacional, aunque premios nobel que en el pasado avalaban la política económica de la última década ahora la cuestionan abiertamente en seminarios organizados por funcionarios del propio gobierno, como hizo Paul Krugman.

Estrategia que no atiende las necesidades del presente

Por el contrario, los máximos referentes de los partidos que aspiran a competir por la sucesión del gobierno a partir del 10 de diciembre de 2015 sólo se concentran en tejer alianzas y pelear para que un puñado de trabajadores sean eximidos del Impuesto a las Ganancias sobre el medio aguinaldo, para que no lo pierdan en forma plena antes de fin del año, pese a que semejante confiscación del fruto del trabajo y justo reclamo sólo comprende a menos del 10% de la masa de trabajadores registrados y a menos del 7% del total de los ocupados.

Del restante 93%, como de casi el 15% de desocupados o más que surge del reprocesamiento de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares, no se habla, y se los mantiene en el olvido, pese a que en algún momento se los irá a buscar para captar su voto.

El momento es ahora. Trece meses, hasta el cambio de gobierno, es mucho tiempo, para dejarlo al libre albedrío, bajo la convicción de que cuánto en peor estado se llegue en el plano económico y social a las elecciones mayor será la contundencia del triunfo opositor, con probabilidad de lograrlo, incluso, en primera vuelta.

Quienes así piensan, que a juzgar por los hechos, hoy no parecen ser pocos, estarían subestimando que un mayor deterioro del escenario económico y social les impedirá imponer giros de política que posibiliten superar rápidamente los efectos inerciales de la crisis y consecuentemente aliviar la carga de los que hoy ya padecen de angustias y privaciones. Basta con recordar el tiempo que le llevó a Carlos Menem preparar la economía para dejar atrás la hiperinflación y Néstor Kirchner para revertir la depresión de 2002.

La salida traumática de la crisis de 2001 derivó en una depresión en 2002 y sólo por la tonificación de los precios de la soja y de otras materias primas que vende la Argentina se pudo pasar de la etapa de la recuperación a la del crecimiento a partir del sexto año, aunque rápidamente se interrumpió, porque la Argentina de los últimos 60 años se especializó en crisis y sus salidas, pero nunca en lograr dar el paso siguiente al del crecimiento genuino, entendido por la superación del pico previo a la recesión y menos aún pensar en estadios de desarrollo, sin uso de contabilidades creativas y atraso cambiario, para mostrar una potencialidad y solvencia superior a la real.

Mantener el silencio, y guardar las recetas para reordenar la economía hasta cuando les toque gobernar, con la esperanza de que el sólo cambio de presidente y equipo atraerá masivamente capitales de riesgo, es desconocer la historia argentina y sobreestimar el apetito de los inversores.

Es cierto que las autoridades del gobierno se muestran cerradas a abrirse al diálogo y, más aún reacias a validar iniciativas de la oposición. Pero no por eso se debe abandonar el intento y menos aún renunciar a la prédica y búsqueda del respaldo popular para lograr consensos que lleven a la vuelta de la racionalidad y la institucionalidad, por sobre la discrecionalidad y el abuso de autoridad para controlar los mercados.

Se acepta el ajuste privado pero no el público

Cada semana aparecen nuevos indicadores que dan cuenta de una agudización del cuadro recesivo, con alta inflación, destrucción de empleos en el sector privado y sostenida expansión del gasto público asistido por el financiamiento sin límite por parte del Banco Central de la República Argentina.

Tanto la serie de despidos y suspensiones de la consultora Tendencias Económicas, como el relevamiento mensual de SEL Consultores, revelaron que en los últimos meses se intensificó la destrucción de empleos, principalmente en las empresas privadas, y que las proyecciones de las compañías líderes para el próximo año anticipan que ese proceso se extenderá.

Además, el proceso de destrucción de puestos de trabajo en la producción, el comercio, las inmobiliarias y en otros servicios, como los que ofrecen las concesionarias de automotores, las compañías de salud, las casas de cambio y sociedades de Bolsa, entre otras, se da en un escenario de baja de los salarios en términos reales, porque las empresas buscan mostrarse “amarretes” en las concesiones de ajustes a la tasa de inflación, a cambio de mostrarse también conservadoras a la hora de reducir la nómina de personal.

Claramente, la severa contracción de la actividad productiva y comercial que provoca la continuidad y agudización del cepo cambiario, pese a las probadas consecuencias negativas, y que se agravó con la decisión de las nuevas autoridades del Banco Central de acentuar el atraso cambiario respecto del aumento de los costos de las empresas, porque profundizó la pérdida de competitividad de la producción nacional, explica la política laboral que siguen las empresas privadas.

Por el contrario, no se perciben esas tendencias en el sector público, donde el gasto crece a una tasa que supera en más de siete puntos porcentuales a la tasa de inflación que miden las consultoras privadas y duplica en exceso a la suba de precios que reconoce el Indec, el empleo se expande a una tasa de 2,7% por año y acumula más de 6 por ciento en el trienio y por tanto la masa salarial crece más que en el ámbito privado.

Hay que destacar que pese a que el empleo del sector público representa menos de un cuarto del total de los puestos de trabajo en el sector privado y que la población crece a un ritmo inferior a uno por ciento al año, entre 2011 y 2014 se elevó en una proporción de casi uno a (90.000 nuevos puestos netos versus 110.000 fuera de ese ámbito).

Más recesión o reactivación de calidad
Frente a esa realidad, los economistas referentes de los partidos políticos que con más chances de ganar en las próximas elecciones presidenciales, aseguran que sus programas económicos se caracterizarán por el gradualismo más que por ajuste de shock, porque “encarar un plan de severo ajuste fiscal no será soportado socialmente, sería un caos, afirman”. Aquí cabe recordar una vieja reflexión del líder radical Ricardo Balbín: “Los argumentos que usan los políticos para llegar, no sirven luego para sostenerse”.

Pero la pregunta que surge de inmediato es ¿no están viviendo en los agentes económicos del sector privado un caos creciente desde hace tres años, por no ir más lejos, -aunque sin llegar al extremo de la crisis del verano de 2002- soportando no sólo exceso de regulaciones, precios administrados y “cuidados”, aumento de la presión tributaria, sea por suba de alícuotas en los impuestos y tasas provinciales y municipales, sea por el empecinamiento del Poder Ejecutivo de no autorizar los ajustes por inflación de los balances y en el caso de las personas físicas la actualización de las escalas y mínimos no imponibles de Ganancias, tanto para asalariados como más aún para trabajadores autónomos; la discrecionalidad en la forma y tiempo de autorización de los pagos de importaciones, aún de insumos y partes esenciales para la salud; los cupos o directamente prohibiciones de exportar y ahora las denuncias de supuestas maniobras de evasión, lavado de dinero y sobre y subfacturación de importaciones y exportaciones; así como sanciones a casas de Bolsa, de cambio y también bancos por no haber cumplido en tiempo y forma con algunas formalidades menores; además de la discrecionalidad en el manejo de la política cambiaria, centrada en cerrar cada vez más la economía, porque aleja la competitividad de la producción nacional con la del resto del planeta?

Por el contrario, en el sector público nacional reconocen que se asiste a la profundización de la política fiscal expansiva, entendida por el aumento sin techo del gasto público, con brecha creciente sobre lo que posibilita la dinámica de la recaudación de impuestos y los pedidos de anticipación de liquidación de exportaciones a las cerealeras y sojeras, como el señalado impuesto inflacionario por no ajustar los mínimos no imponible. Y que esa brecha neta negativa entre ingresos y gastos es la responsable no sólo del exceso de emisión por parte del Banco Central, sino también de la sostenida pérdida de reservas de divisas porque el Poder Ejecutivo ha decidido desde 2007 usar esa caja para pagar gastos corrientes, como importaciones de energía, gas y petróleo, además de los crecientes servicios de la deuda pública.

Corregir semejantes distorsiones en las finanzas públicas, que, como se dijo, arrastran a desequilibrios en lo monetario y cambiario, porque terminan afectando la balanza de pagos por la cuenta comercial y también capital, al desalentar la llegada de inversiones de largo plazo y su financiamiento, más allá del conflicto con los holdouts, no pareciera que se pueda hacer en forma efectiva con políticas gradualistas. Requieren acciones de shock como en su momento fueron el Plan Austral en 1985, o la Convertibilidad en 1991, para no ir más lejos, pero a diferencia de esas experiencias fallidas, en lugar de abortarlos a mitad de camino, se requiere sostenerlo con el norte puesto en el saneamiento de las cuentas públicas y la liberación de las ataduras que se le fueron imponiendo al sector privado.

Se suele argumentar que hacer eso hoy implicaría profundizar la recesión y generar un caos social, con una tasa de desempleo que se podría desbocar a más de 20% de la población económicamente activa. Sin embargo, quienes así piensan están subestimando el caos que enfrenta gran parte de la actividad privada que reconoce que los empleados están perdiendo poder de compra y a muchos de ellos se les envía el telegrama de despido, además de que no repone las vacantes que se producen, porque por el aumento de los costos y la pérdida de competitividad cambiaria, ve caer los niveles de ventas y las ganancias, que sólo crecen nominalmente y son transferidas en proporciones crecientes a la AFIP, pero no vuelven en mejores servicios e infraestructura para la sociedad.

Está claramente demostrado que la empresa privada es sensiblemente más eficiente que la pública, y por tanto bajar el gasto en la administración, despidiendo a punteros políticos y aplicando una política racional de remuneraciones, en particular para los nuevos puestos para “jóvenes sobresalientes” que no encontraban una ocupación en la actividad privada productiva, y reduciendo la presión tributaria a empresas y trabajadores; junto con la eliminación de los cepos, cupos y toda la maraña de prohibiciones que afectan el clima de negocios, y reducción de la presión tributaria, redundarán en una singular tonificación de la actividad productiva y comercial que con la generación de empleos de calidad compensará con creces aquella destrucción de empleos improductivos.