Transcurridos los primeros ocho meses con restricciones al mercado de cambios para alentar el consumo de productos nacionales en detrimento de los foráneos, el cepo no sólo generó malestar en mucha gente sino probablemente en los funcionarios responsables de recaudar para el Estado.

La simple lectura de la planilla de recaudación de la AFIP muestra mes a mes un claro deterioro de los ingresos vinculados con el comercio exterior y la insuficiente reacción de los vinculados con la actividad doméstica con bienes nacionales a la sustitución de importaciones.

El caso extremo fue agosto, donde el cobro de tributos aduaneros apenas subió 1,1% en comparación con un año antes, pese a la suba de los precios de las materias primas y una devaluación del peso de poco más de 10%. Reflejó con nitidez la contracción de las compras en el exterior del 17% que anticipó la Presidente de la Nación.

En contrapartida, “volaron” los ingresos tributarios vinculados con la producción nacional: subieron más de 45%. Pero la mala noticia para el fisco fue que la suma del cobro impositivo y aduanero arrojó un modesto incremento de 28,7% que, prima facie, superó en un par de puntos la variación del promedio de precios de la economía, pero se mantuvo muy por debajo del ritmo de expansión del gasto público, no tanto del pagado, sino del realmente ejecutado.

De hecho, el desempeño en agosto de la caja fiscal del lado de los ingresos tributarios fue genuinamente mucho menor, pero se disimuló con el freno de los reintegros y devoluciones de impuestos a los exportadores, además de un crecimiento que luce exagerado de lo percibido por las transferencias de combustibles.

La foto de las finanzas públicas luce aún más deslucida cuando se mira el acumulado de los ocho meses, porque la suma de lo impositivo y aduanero apenas alcanzó para empardar a la inflación que miden las consultoras privadas, pero resultó insuficiente para cubrir el pago de los gastos de la Nación.

De ahí que se debió apelar en forma creciente a otras fuentes, como el Banco Central, la Anses y otros entes y empresas públicas, para ocultar el rojo primario.

Menor actividad
El reinvento de las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importaciones, con aprobaciones a cuentagotas y discrecionales, junto al cepo cambiario creciente mes a mes, llevaron a un serio perjuicio del ritmo productivo, con el consecuente impacto negativo sobre el empleo, el consumo y, como se dijo, la recaudación tributaria.

Una cosa es alentar la sustitución de importaciones, con políticas activas que incentiven el desarrollo de industrias competitivas internacionalmente y generación de empleos netos y otra muy distinta es lo que se está haciendo, con claros fines de sostener el superávit comercial, porque no sólo conspiró contra las finanzas públicas, sino también de las provincias, que vieron recortadas las transferencias para obras públicas.

En estos días se advierten generalizadas expresiones de buenos deseos de los economistas profesionales que indican que se comenzó a transitar un segundo semestre mejor que el primero en materia de actividad y que el Gobierno comenzará a flexibilizar la aprobación de importaciones.

Pero los datos de recaudación, como de producción y venta de automotores, del mercado inmobiliario, de ventas minoristas, del comercio exterior y de búsqueda de trabajadores por parte de las empresas, mantienen altas tasas de caída en comparación con los niveles de un año atrás, que, hasta ahora, contradicen esos pronósticos.

Algo está fallando en el “modelo productivo”

Me parece que la mejor manera de impulsar el desarrollo de la producción nacional, en condiciones de eficiencia y calidad internacional, es desarrollando el mercado de capitales, alentando el ahorro interno en un marco de estabilidad macroeconómica de precios, e incentivando la conquista amplia de mercados externos, no cerrarlos o limitarlos como se ha hecho con el trigo, los lácteos, la carne vacuna y ahora también con el biodiesel al elevar al extremo las retenciones, porque ha derivado en represalias que afectaron a toda la industria, además de reducir la presión tributaria y cuidar el valor de la moneda nacional.

Sí debe haber controles contra el dumping y las prácticas de producción en condiciones infrahumanas, así como la protección transitoria de la industria incipiente, y, si se quiere, cupificar las importaciones hasta un límite del mercado interno, como hacen muchas naciones desarrolladas.

Pero llevar al extremo de querer controlar hasta el aire que se respira porque “hay que tenerle un poquito de miedo” a la Presidente, cambiar por decreto la costumbre de pensar y ahorrar en dólares que provocaron repetidas crisis en la Argentina en los últimos 100 años, por no ir más atrás, sólo está conduciendo a un insoportable deterioro de las finanzas públicas.

Es que la contrapartida de la menor capacidad de recaudar ha llevado a elevar el impuesto inflacionario y erosionar día a día los presupuestos de las familias y también la caja de las empresas.

Ayer los diversos indicadores oficiales de precios mostraron otra vez una singular discrepancia, que explica cómo afecta la coyuntura de diversa manera a los argentinos. El costo de vida aumentó en un año 10%, los precios al por mayor 12,8%, la canasta de indigencia 14,7%, la de pobreza 15,4% y el costo de construcción 26,5 por ciento.