Frente al recrudecimiento del rojo de las cuentas públicas, pese al escenario de recaudación récord de impuestos, muchos legisladores liderados por el oficialismo, pero también de grupos progresistas de izquierda, impulsan el tratamiento de un gravamen a la renta financiera.

Claramente que desde el punto de vista primario de la equidad tributaria y de la aceptada, aunque no siempre practicada, progresividad de los impuestos -“que pague más quién más gane”, no sólo en valores absolutos, sino en términos relativos a sus ingresos-, las iniciativas lucen razonables.

Más aún cuando entre algunos fundamentos que se esgrimen está la intención de revisar el tratamiento del Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría. Esto es, sobre la población asalariada que actualmente tributa a partir de salarios brutos de $8.630 mensuales por parte de los solteros y $11.563 para los casados con esposa y dos hijos en edad escolar, para tornarlo progresivo y no regresivo como hasta ahora.

El diputado por el Frente para la Victoria Héctor Recalde es el encargado de estudiar el proyecto oficial, el cual tituló “Impuesto a los Ingresos”, en el que propone el establecimiento de una alícuota especial a los dividendos de las empresas, renta financiera, distribución de utilidades, a la minería, juegos de azar y renta del trabajo. Una iniciativa de similares características fue presentada por el diputado Alfonso Prat Gay, quien a cambio propone desgravar el salario y los haberes jubilatorios.

Pero un análisis profundo de la historia tributaria de la Argentina indica que los impuestos llegan para quedarse, incluso los que se crearon con criterios de emergencia se convirtieron en permanentes, como Ganancias; o la suba de alícuota del IVA de 15 a 21% para financiar al Sistema de Seguridad Social cuando se crearon las AFJP no volvió al nivel previo cuando se suprimió el régimen privado en noviembre de 2008, o el impuesto al cheque, entre otros.

Por tanto no hay razón para creer que el propuesto impuesto a la renta financiera posibilitará extinguir, o al menos mejorar el tratamiento del impuesto a la cuarta categoría, más aún si se establecen umbrales de exención a partir de los cuales seguirán vigentes, porque rápidamente se puede licuar si no se aprueba una automática actualización por un índice que esté a prueba de no ser afectado por el manejo discrecional de la autoridad de turno.

Financiamiento espurio
La Presidente insiste con que “este Gobierno lleva 10 años sin crear impuestos”, pero la tasa de inflación de más de 20% al año desde 2007 equivale actualmente a un impuesto de 2,5% del PBI, sobre los sectores de ingresos fijos o cuasi fijos, como los salarios y las jubilaciones, ya que aumentan de a escalones, mientras que el alza de los precios de consumos esenciales y habituales de la población es continua. Representa más 6% de la presión tributaria nacional y casi 5% del total de impuestos federales.

A esa proporción se llega a partir del financiamiento espurio de las finanzas públicas con emisión monetaria, a través de los adelantos transitorios del Banco Central de la República Argentina al Tesoro Nacional, los cuales ya se aproximan a 50% de la base monetaria. Es decir es un factor determinante de generación de inflación.

Esa asistencia financiera a la Secretaría de Hacienda nació en enero de 1968 con una proporción cercana a 20% de la emisión primaria de dinero y estuvo vigente hasta que virtualmente se extinguió desde el advenimiento de la democracia en 1983. Pero volvió a resurgir desde la crisis de la convertibilidad en 2002, ante la incapacidad de la recaudación tributaria para financiar un gasto público sin límite de aumento.

Desde entonces se constituyó en una forma fácil de suplir el renunciamiento a una política de austeridad fiscal, esto es que el gasto no supere el nivel de los ingresos, y de cierre al financiamiento externo a bajas tasas de interés, en particular desde 2005 cuando los adelantos transitorios del BCRA vuelven a superar largamente el 20% de la base monetaria, como promedio del año, salta a 30,6% en 2010 y actualmente se ubica en 47,1% de esa referencia.

“Durante la segunda mitad del año, la asistencia monetaria al Tesoro (si no se emite deuda o se ajusta el gasto) superará los $80.000 millones, lo que implica un aluvión de pesos que deberá ser digerido por el mercado de dos maneras posibles: o el Banco Central esteriliza (reabsorbe) buena parte de esos pesos convalidando una suba de las tasas de interés, o la mayor liquidez se traslada a precios (inflación) y el dólar paralelo”, observan los economistas del Banco Ciudad de Buenos Aires.

De este modo, se prevé que a fin de año el financiamiento al Tesoro nacional por parte del BCRA superará largamente los $210.000 millones, con un salto equivalente a 12 puntos porcentuales de la base monetaria proyectada.

Además, se omite hacer referencia al aumento de las retenciones sobre las exportaciones agropecuarias, con la excepción del trigo, como a la suba de alícuotas en los gobiernos provinciales y municipales, afectados por la licuación de los giros de la coparticipación federal.

Prioridades
Por tanto, antes de pensar en sustituir un impuesto por otro o, peor aún, crear otro con la intención de recaudar hasta $12.000 millones por año, lo que tendrían que impulsar los legisladores es el respeto de sus mandatos por parte del Poder Ejecutivo nacional y sancionar cualquier desvío de la pauta de gastos aprobada. Es decir, no permitir que el Presupuesto Nacional se convierta en papel mojado antes de su implementación y eliminar la facultad que tiene el jefe de Gabinete de Ministros para reasignar partidas, y menos aún de incrementarla cuando no está asociada a un aumento de los recursos esperados.

A partir de allí, debieran legislar la penalización de los funcionarios y organismos que no cumplen con el rol de defender el valor de la moneda y de ese modo el poder de compra genuina de los ingresos de los trabajadores, porque son los responsables primarios de fomentar el impuesto inflacionario y con ello de los bolsones de pobreza e indigencia, pese a que se los intenta disimular con crecientes planes de asistencialismo.

Sólo llegada a esa instancia ameritaría pensar en la creación de un impuesto a la renta financiera, como rige en la mayor parte del mundo, y más ambicioso aún en una reforma integral del sistema tributario nacional, provincial y municipal y la correspondiente distribución federal, con criterios de equidad y progresividad.