Por: Daniel Sticco
La larga historia que tiene la Argentina en materia de inflación y sus grandes daños que ha provocado en los últimos setenta años, con algunas pocas excepciones, aún no llegó a calar hondo en gran parte de la dirigencia política, no sólo del pasado, sino también presente e incluso algunos de los que aspiran a gobernar, porque creen que se debe hacer una baja gradual del ritmo de aumento de los precios al consumidor.
Esta semana la Presidente destacó que “los sueldos después de las paritarias son bastante mejores, por lo que va a haber mayor capacidad” de ahorro de los trabajadores. “Va a ser la misma cuota que el año pasado, pero con una paritaria que no es la del año pasado”, enfatizó, al anunciar el Pro.Cre.Auto, destinado a “volver a una producción de 750 mil vehículos en los próximos 12 meses, a través del incentivo de la demanda con financiamiento blando”.
Claramente, Cristina Kirchner se refirió a que, en general, los salarios son “mayores” que los del año pasado por efecto de las paritarias, pero no necesariamente son mejores, porque pese al aumento promedio nominal de 28%, tanto para los trabajadores en relación de dependencia en la actividad privada, como en el sector público, su capacidad de compra disminuyó casi 8% en sólo un año, para quienes no vieron afectada la carga laboral horaria habitual.
La realidad de la Argentina de los últimos doce meses indica que no sólo ya se acumulan tres trimestres consecutivos de retracción del PBI en comparación con los tres meses en valores no afectados por la estacionalidad, sino también dos en el cotejo interanual, y en particular en muchos sectores ya no sólo no hay espacio para trabajar horas extras para reforzar el ingreso del trabajador, sino que peor aún sufren recorte de la jornada laboral semanal, como ocurre en la rama automotriz, la construcción, las inmobiliarias, y también en el comercio y la industria hotelera, entre otras.
Además, el aumento medio salarial de 28% se ha registrado en el empleo formal, pero éste representa apenas poco más de la mitad del total ocupados en el país, el resto se distribuye casi en partes iguales entre asalariados no registrados que perciben remuneraciones muy inferiores a la media nacional y trabajadores independientes, monotributistas y autónomos.
Menor capacidad de consumo
De ahí que si se considera la masa salarial y otras remuneraciones al trabajo, entendida por el producto de la cantidad de ocupados e ingreso de bolsillo, se llega a una disminución del poder de compra de la población superior a 10%, fenómeno que luce compatible con el notable receso que se observa en el consumo de bienes durables y también no durables, como diversos alimentos. Por tanto, si bien la dirigencia empresaria no pudo menos que respaldar la iniciativa del Gobierno de ampliar los créditos blandos para la compra de un auto 0Km, no cabe duda de que la efectividad de la medida quedará rápidamente demostrada que será mínima.
En primer término, porque suponer que una familia con un ingreso total 8.807 pesos puede comprar un auto pagando una cuota de 2.642 pesos, a los que deberá agregar como mínimo 200 pesos de seguro obligatorio contra terceros, otros 200 pesos para el pago de la patente y unos 400 pesos de combustibles, podrá vivir con un remanente de poco menos de 5.400 pesos al mes, es desconocer la carestía que afecta a la mayoría de los hogares argentinos.
El Indec acaba de informar que más de 40% de los jefe de hogar percibe un ingreso inferior a un salario mínimo vital y móvil de 3.600 pesos y que más de 60% de las familias obtiene por mes recursos monetarios mayores a los citados 8.807 pesos, incluyendo no sólo el fruto del trabajo, sino también el amplio set de planes sociales que instrumentó el Gobierno nacional.
Sólo el 20% de los hogares, que perciben un ingreso promedio mayor a 16.700 pesos, probablemente pueda acceder a los créditos blandos del Banco Nación para adquirir un auto económico de 94.000 pesos, siempre que del saldo de 12.300 pesos, no tenga que destinar 3.300 pesos para pagar un alquiler de un pequeño departamento y prescinda de gastos de viaje para ir al trabajo.
El Indec también comunicó el último martes que la brecha de ingresos entre el que más y menos gana se achicó de 14,2 a 13,8 veces en el caso de los hogares, y de 17,4 a 16,1 veces en el de los jefes de familia, en un contexto donde el organismo de estadística indicó que el conjunto de los trabajadores asalariados captó el 51,4% de la generación de riqueza de todo el país, 2,5 puntos porcentuales más que un año antes.
Ahora bien, en un contexto de alta inflación y consecuente tensión cambiaria que llevó a un fuerte aumento de la paridad entre el peso y el dólar en enero, ¿puede afirmarse que recibir una porción más grande de la generación del total de la riqueza en el país es condición suficiente para decir que se está mejor? La contundencia de las estadísticas oficiales mostraron claramente que no: en el primer trimestre de 2013 con un PBI equivalente anual de 585.667 millones de dólares el conjunto de los trabajadores asalariados obtuvo 283.362 millones de dólares, un año después el PBI en dólares bajó a 478.255 millones de dólares y los asalariados, considerados en forma agregada captaron 245.823 millones. De ahí surge una pérdida real en dólares de 14,2%, en sólo un año. El ejercicio al cambio libre determina un ingreso sustancialmente menor (164.668 millones de dólares para el último período), pero la pérdida en términos relativos fue similar, 12,1 por ciento.
Por tanto, si realmente hay voluntad política de querer reanimar la economía y mejorar la calidad de vida del conjunto de los trabajadores, con más salarios y mayores oportunidades laborales, es fundamental dejar de poner el carro delante de los caballos (incentivar el uso del crédito para consumo durable) y por el contrario comenzar a poner los caballos delante del carro: bajar la inflación con políticas tradiciones; impulsar el crédito para la inversión productiva; desarmar la maraña de fracasados programas de controles de precios: administrados, protegidos y cuidados; reducir la presión tributaria que pesa sobre los presupuestos de todos los trabajadores y de las empresas); encarar la disciplina fiscal en la ejecución del gasto; levantar el cepo cambiario, racionalizar los subsidios; eliminar las retenciones y ser más eficiente en el cobro de Ganancias a los sectores capaces de general altas rentas; junto con una salida consensuada del último capítulo del default por los canales institucionales, antes que por la vía de discursos, solicitadas y seudas conferencias de prensa del ministro de Economía.