Por: Daniel Sticco
El ministro de Economía parece satisfecho porque la tasa de inflación mensual desaceleró a la mitad de los picos que se registraron en el trimestre diciembre 2013 a febrero 2014, como siempre más alta en las mediciones privadas que en las del crecientemente devaluado Indec.
Sin embargo, los cálculos para agosto por parte de las consultoras privadas y del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires arrojaron alzas de entre 2,3% y 2,9%. Superan cómodamente el 2,1% que habían estimado para igual mes del año anterior. En el caso del índice oficial, nadie proyecta que descienda al rango de 0,8% de doce meses antes.
Pero peor aún, la brecha que se abrió en la tasa anualizada, de 25 a más de 40% en el caso de los privados y de 10,5 a 22% en el de la serie que el Indec se resiste a empalmar entre el IPC y el IPCNu, indican con claridad que achicar la inflación mensual a la mitad respecto de los máximos de comienzos del año no alcanzan para generar no sólo un cambio en las expectativas, sino más aún para evitar el persistente deterioro del poder de compra de los salarios y jubilaciones, como en la competitividad de las empresas.
En la óptica del ministro y de su equipo la inflación es producto de actos inescrupulosos de los actores del sector privado que hábilmente logran sortear los crecientes obstáculos, regulaciones, restricciones y cepos que su cartera fue imponiendo, en particular desde fines de octubre de 2011.
Ninguna chance le asigna al efecto que sobre el alza de los precios del promedio de la economía provocan la concurrencia de desmedidas políticas fiscales y monetarias expansivas, pese a que los mercados ya hace tiempo que dan señales de saturación de esas prácticas fallidas y que se contraponen a las que se aplican en el mundo, con muy pocas excepciones.
Algunos economistas se atreven a describir el escenario actual como el retorno a la ortodoxia más rancia por parte de Kicillof y su equipo, ya que ha desacelerado la inflación luego de los picos pre y post devaluación de enero, por la vía de provocar una fuerte recesión en los mercados de bienes durables y de inversión, como el automotor, motos, inmobiliario, y en menor medida en el de los no durables y semidurables, como alimentos, bebidas, textiles y cueros, entre otros (claramente en el sector privado, porque el gasto de Gobierno, hasta ahora posibilitó atenuar la caída del PBI). Y por esa vía, contraer las importaciones, para atenuar la pérdida de visas por parte del Banco Central.
Sin embargo, todos esos efectos negativos no sólo han sido insuficientes para encaminar la suba de los precios a niveles manejables y evitar la acumulación de distorsiones entre los niveles de las tarifas, el tipo de cambio, los salarios y las tasas de interés, sino que peor aún han contribuido a profundizar los desequilibrios y elevar la tasa de inflación de 25 a 40% en los últimos doce meses y, al ritmo actual ya hay modelos econométricos conservadores que anticipan un salto a 50% o más el año próximo, si no se introducen cambios de política hacia la ortodoxia plena, sin cosmética ni contabilidad creativa. Y, ni qué decir si se cae en otra devaluación de dos dígitos antes del fin de mandato presidencial.
Tormenta perfecta
Hasta ahora el gobierno pudo escapar al ajuste del gasto público, porque pudo financiar el déficit fiscal creciente con el cobro de retenciones de hasta 37,5% sobre las exportaciones del complejo sojero, de modo primario, y con el uso de parte de las reservas en divisas que el sector aportaba al Banco Central, para pagar vencimientos de deuda pública.
Pero ahora con el derrumbe de los precios internacionales de una proyección a más de 600 dólares la tonelada que tenía en su hoja de balance en 2011 a menos de 400 en los futuros a noviembre, y para peor, las inundaciones y la pérdida de competitividad de los campos alejados a más de 500 kilómetros de los puertos de salida al mundo, alteraron el panorama.
De hecho, el anticipo de liquidaciones de divisas en el primer trimestre del año determinó una brusca contracción en este tercer trimestre que termina y provocó el doble efecto de caída del cobro de retenciones y de acumulación de reservas por parte de la autoridad monetaria, fenómenos que se tradujeron en agosto en la intensificación de la emisión de dinero para financiar el rojo fiscal, y consecuentemente en una nueva aceleración de la inflación.
Y ya está ampliamente demostrado que la inflación, sobre todo cuando se acelera a tasas de dos dígitos altos, provoca caída del poder de compra de los salarios y de las jubilaciones, y con ello un aumento de los índices de pobreza e indigencia al rango de dos dígitos porcentuales de la población, como estimó el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, independientemente que lo nieguen sin justificación seria el jede de Gabinete, Jorge Capitanich y el ministro de Economía, Axel Kicillof. Eso no se puede discutir.