Por: Daniel Sticco
Más de tres años de insistir con fracasadas políticas de controles de precios, precios administrados, tarifas singularmente bajas al punto de provocar la descapitalización de las empresas prestadoras de servicios públicos, cepo cambiario, penalización a las exportaciones con retenciones que ayudaron a crecer a países vecinos en mercados tradicionalmente argentinos, prohibición de girar dividendos al exterior e insistir con la deshonra de fallos internacionales para el pago de la deuda en default, y continuar con el aumento de la presión tributaria, tanto sobre las empresas como los trabajadores, a través del creciente impuesto inflacionario, no han hecho más que agravar la recesión, quitar oportunidades laborales para los jóvenes que inercialmente quieren incorporarse al mercado de trabajo e incentivar la ocupación marginal.
Eso fue lo que detectó con singular nitidez, aunque no puede asegurarse con plena precisión, la última Encuesta Permanente de Hogares del Indec, al registrar al cierre de 2014 un aumento de la población asalariada ocupada sin descuentos jubilatorio, esto es en negro, a poco más de un tercio, equivalente a 4,65 millones de personas. También se expandió la fuerza de trabajadores independientes en la marginalidad, a 2,57 millones de personas.
De este modo, sobre un total de 17,74 millones de personas que se estimó ocupadas en tareas remuneradas en el último trimestre de 2014 poco más de 7,2 millones lo hacían de manera precaria, porque no estaban cubiertas por aportes para una obra social, seguro de accidentes y ahorro para una jubilación. Se trata del 40,7% de aquel universo, la proporción más alta desde el segundo trimestre de 2013, cuando volvió a los índices de fines de 2010.
Pero la precariedad laboral no se limita sólo a esa franja de la población trabajadora, también involucra al 6,1% de los “subocupados demandantes”, esto personas que se emplean menos de 35 horas por semana, pese a que quieren y necesitan hacerlo por más tiempo, para poder acceder a una mejor calidad personal y familiar. Representan unas 1,06 millones de habitantes, a los cuales se suman 1,32 millones desocupados y otro tanto que no concurren al mercado de trabajo por el denominado “efecto desaliento”.
De ahí surge que la recesión, con inflación y crecientes trabas a la economía, el mercado laboral registra un estado de precariedad que afecta a más de 10 millones de personas, equivalente a 55,4% de la oferta total de trabajadores.
A tono con ese escenario, la Presidente de la nación dispuso ampliar el subsidio a través del Progresar para jóvenes que no estudian, no trabajan ni buscan trabajo, no sólo de $600 a $900 a partir de abril, sino también ampliar el espectro de alcance a los integrantes de familias cuyos ingresos no alcancen a tres salarios mínimos vital y móvil de $4.716 por mes, en lugar de uno, y también a los hijos de las empleadas domésticas.
Sin embargo, con esas políticas lejos de avanzar en la predicada “inclusión social”, se tiende a profundizar la marginación y el distanciamiento del resto del mundo, porque paralelamente no toman medidas conducentes a recrear la capacidad de las empresas de generar empleos a través de la inversión productiva y producción competitiva con el resto del mundo.
Un trabajo presentado por el economista Diego Giacomini en el Congreso Económico Argentino en el el espacio de EXPO EFI 2015 que habilitó por tercer año consecutivo la ExpoEFI2015, dio cuenta de que mientras desde 1998 a 2014 el PBI por habitante en la Argentina disminuyó 14%, en el promedio de los países de la región se elevó 72 por ciento.
No sólo eso, también mostró que si la Argentina hubiera tenido un crecimiento similar a la media de la región y tasas de inflación controlada en el rango de un dígito bajo, con políticas amigables para la inversión extranjera, el PBI por habitante hubiese pasado de los 14.000 dólares actuales a más de 30.000 al cambio oficial, o 23.000 a la paridad del mercado libre o contado con liqui.
Las últimas medidas, como el aumento del Progresar, o la segmentación de las retenciones sobre las exportaciones de cereales y oleaginosas en forma decreciente para productores de hasta 100 toneladas al año a un máximo de 700 toneladas, no invita a ser más productivo, porque quien aumente la cosecha recibirá menos devolución por tonelada y al mismo tiempo mantiene en situación de quebranto a más del 80% de la producción. Por el contrario, conducirán a consolidar un escenario de deterioro de la calidad del trabajo y consecuente aumento de las situaciones de pobreza e indigencia, en particular en las zonas de influencia de las economías regionales y las extensivas alejadas de los centros de distribución y consumo.